Basilio Mariano Simón
Expediente 1371/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1371/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Basilio Mariano Simón
Actuaciones
- Principal
MESA IV-B. an Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1371/2021, promovido por **, contra los actos de la autoridad que se mencionara más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, el quejoso considera que los magistrados integrantes de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, han incumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, debido a la omisión en que ha incurrido para acordar el ocurso ante ellos presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno en el toca penal JOTPC/16/2016 de su índice; circunstancia que constituye el acto reclamado en esta instancia. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Basilio Mariano Simón, promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, al que correspondió por razón de turno. El quejoso denunció la violación de los artículos 1, 14, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 1371/2021. En proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Basilio Mariano Simón; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; además que se otorgó la intervención conducente al agente del Ministerio Público adscrito. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se impugna un acto omisivo, aunado a que la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo indirecto tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el órgano jurisdiccional, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa atribuye a los magistrados integrantes de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la omisión en que ha incurrido para acordar el ocurso que recibió el catorce de octubre de dos mil veintiuno en el toca penal JOTPC/16/2016 de su índice. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir informe justificado el magistrado presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, negó la existencia del acto reclamado, debido a que indicó que por acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el toca penal JOTPC/16/2016 de su índice, acordó el escrito del quejoso presentado el catorce de octubre pasado, en el sentido de que ordenó remitir copia certificada al Juzgado de Ejecución Penal de Santa María Ixcotel, Oaxaca, del cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo directo 200/2017 del índice del otrora Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, dirigido a la carpeta de ejecución 292/2019, para que sea debidamente integrada y el aquí impetrante tenga acceso a algún beneficio preliberacional (cuyas copias certificadas exhibe). Sin embargo, de la constancia certificada que la misma responsable exhibió con el oficio de cuenta, se observa que el proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, se notificó a la parte quejosa hasta el once de enero de dos mil veintidós, es decir, más de un mes después de la presentación de la demanda de amparo origen de este asunto -nueve de diciembre de dos mil veintiuno-. Documentales a la que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Motivo por el cual, negativa del informe justificado se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado. VI. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Este órgano jurisdiccional advierte que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter omisivo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- quedó plenamente acreditado que el quince de octubre de dos mil veintiuno, fue dictado un acuerdo en el toca penal JOTPC/16/2016 del índice de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde proveyó el escrito del quejoso presentado el catorce de octubre del año pasado, ordenando remitir copia certificada al Juzgado de Ejecución Penal de Santa María Ixcotel, Oaxaca, del cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo directo 200/2017 del índice del otrora Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, dirigido a la carpeta de ejecución 292/2019, para que sea debidamente integrada y el aquí impetrante tenga acceso a algún beneficio preliberacional; dicho proveído, se notificó al aquí quejoso el once de enero de dos mil veintidós. Se llega a tal conclusión, con base en las constancias exhibidas en autos, del proveído antes referido y su notificación. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación que destruyó por completo los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dictar acuerdo al escrito de petición del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, que dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En ese orden, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados en su demanda, al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo. VII. DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Como está ordenado en auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se ordena hacerle del conocimiento al promovente del amparo esta resolución, por lo que, con fundamento en los artículos con fundamento en el artículo 26, fracción I incisos a) y k) de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordena girar atento despacho al Juez Penal de Etla, Oaxaca, para que comisione a quien corresponda, se haga presente en Reclusorio de la Villa de Etla, Oaxaca, a fin de que notifique esta determinación al interno aquí quejoso Basilio Mariano Simón. En estricto acato al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dadas las restricciones para el ingreso al local que ocupa este órgano constitucional, se autoriza que la comunicación oficial que al efecto se gire, contenga únicamente la firma del secretario(a) que corresponda asistir al Juzgado de Distrito, de conformidad con el rol interno de trabajo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra el acto reclamado a la autoridad responsable por las razones referidas en apartado VI de esta resolución. SEGUNDO. Se ordena girar atento despacho al Juez Penal de Etla, Oaxaca, para que comisione a quien corresponda, se haga presente en Reclusorio de la Villa de Etla, Oaxaca, a fin de que notifique este fallo al interno aquí quejoso Basilio Mariano Simón. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la secretaria de acuerdos encargada del Juzgado Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca, mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho identificado como 294/2021 (con número de origen 194/2021); en consecuencia, dése de baja la referida comunicación oficial como debidamente diligenciada en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del magistrado presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal Colegiada, mediante el cual, niega la existencia de los actos reclamados y ténganse como prueba de su parte, las documentales que aporta en copia simple; con lo anterior, dése vista a las partes. Ahora bien, de las constancias que -en copia simple- exhibe por la autoridad responsable se advierte el acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el toca penal JOTPC/16/2016 de su índice, donde presuntamente acordó el escrito del quejoso presentado el catorce de octubre pasado, en el sentido de que ordenó remitir copia certificada al Juzgado de Ejecución Penal de Santa María Ixcotel, Oaxaca, del cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo directo 200/2017 del índice del otrora Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, dirigido a la carpeta de ejecución 292/2019, para que sea debidamente integrada y el aquí impetrante tenga acceso a algún beneficio preliberacional. Sin embargo, no menciona la fecha en que notificó el aludido acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, al aquí quejoso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, a fin de estar en posibilidad de dictar una sentencia conforme a derecho, requiérase al magistrado presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que en el término de tres días remita copia certificada, legible y completa del acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el toca penal JOTPC/16/2016 de su índice, de la notificación que haya hecho al quejoso de dicho proveído y del oficio por el que se envió al juez de ejecución las constancias que refiere en el citado auto. Se apercibe a la aludida autoridad responsable que de no cumplir con lo solicitado sin causa justificada, se le impondrá una multa, en su carácter de persona física, consistente en cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el ordinal 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1371/2021. Admisión. con fundamento en los normativos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite la demanda de amparo promovida por Basilio Mariano Simón. Informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomado en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlo y, en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Apercibido que de no rendir el informe justificado y remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cien unidades de medida y de actualización (UMA), que asciende a un monto de ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos, cero centavos, moneda nacional ($ 8,688. 00 M. N.). También, cuando las partes tengan conocimiento de causa de sobreseimiento alguna, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Igualmente deberán informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo contra el mismo acto o alguno diverso relacionado con la causa penal de origen. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes respectivos a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se les impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo vigente. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional, se fijan las catorce horas con veinte minutos del catorce de enero de dos mil veintidós. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5º, fracción IV, 26, fracción I, inciso K), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, este auto en forma personal, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, entregándole copia íntegra del mismo. Domicilio del quejoso. Toda vez que el quejoso solicita que se le hagan las notificaciones en el lugar donde se encuentra interno -Reclusorio de la Villa de Etla, Oaxaca-, con fundamento en el artículo 26, fracción I inciso a) de la Ley de Amparo, al ser este proveído el auto inicial del juicio, se ordena hacerlo del conocimiento del promovente de manera personal, así como los subsecuentes que contengan algún requerimiento o vista que deba hacerse de su conocimiento directo, caso contrario, los autos de mero trámite se ordena le sean notificados mediante lista, por conducto de las personas que autoriza para tal efecto. Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 26 fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordena girar atento despacho al Juez Penal de Etla, Oaxaca, para que comisione a quien corresponda, se presente en Reclusorio de la Villa de Etla, Oaxaca, a fin de que notifique la presente determinación al interno aquí quejoso *** En estricto acato al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dadas las restricciones para el ingreso al local que ocupa este órgano constitucional, se autoriza que la comunicación oficial que al efecto se gire, contenga únicamente la firma del secretario(a) que corresponda asistir al Juzgado de Distrito, de conformidad con el rol interno de trabajo. Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4º y 17 de la Constitución Federal, 3º, 15, 27, fracción II y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo oficial 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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