Basilia Escalona Lima

Expediente 1331/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1331/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Basilia Escalona Lima

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. RAZÓN ACTUARIAL Vista la razón de cuenta de la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante la cual informa la imposibilidad existente a fin de notificar a la quejosa Basilia Escalona Lima, el auto de seis del presente mes y año, en virtud de que la misma egresó del Centro Penitenciario de Puebla el dos del mes y año en curso. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista el proveído de mérito, así como los subsecuentes autos aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio correcto en la ciudad de Puebla para tal efecto.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, seis de diciembre de dos mil veintidós. SE ACEPTA COMPETENCIA Y RADICACIÓN Agréguese el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, mediante el cual en cumplimiento al auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, remite por carecer de competencia, en razón del territorio, los autos originales del juicio de amparo 1106/2022 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ***, en nombre de la quejosa ***, contra actos del Juez Sexto de lo Penal en la ciudad de Puebla, con sede esta ciudad y otras autoridades. Acúsese recibo. En atención a las razones expuestas, este órgano jurisdiccional ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y SE AVOCA al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1331/2022. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. DESECHAMIENTO Del análisis integral del oficio de cuanta del que se advierte que el promovente Víctor Luis Cruz, en nombre de la quejosa Basilia Escalona Lima; sin embargo, no se evidencia con qué carácter promueve el mismo. Razón por la cual, el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia por lo cual procede desechar de plano la demanda de amparo. En efecto, en el caso Víctor Luis Cruz, promueve a nombre de la citada quejosa; sin embargo, de las manifestaciones se advierte que carece de legitimación para instar el presente juicio, pues pretende reclamar a las autoridades responsables la orden de aprehensión dictada contra la quejosa dentro del proceso penal 129/97 del índice del Juzgado Sexto de lo Penal, en la ciudad de Puebla y su ejecución. No obstante lo anterior, no se evidencia que tenga reconocido el carácter de defensor particular de la persona a quien refiere como impetrante y, por tanto, no puede instar el presente juicio en su representación. Se afirma lo anterior, pues en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo el juicio puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general por el acto reclamado conforme a lo establecido por el diverso 5º, fracción I, de la misma ley, quien podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia normatividad. Así mismo, se destaca que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que la propia ley lo permita. Por su parte, en el arábigo 11 de la ley de la materia se establece que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre y cuando lo acredite con las constancias conducentes, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en tal sentido, lo que se precisa en el diverso 14 del mismo cuerpo normativo en donde se indica que ante dicha manifestación, bajo protesta de decir verdad, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, le remita la certificación correspondiente. Lo anterior se advierte de los numerales citados cuyo texto es el siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión." Como se ve, el juicio de amparo sólo podrá promoverse por la persona directamente afectada por el acto de autoridad, así como por su representante legal o apoderado, precisando que en este último supuesto se faculta para hacerlo al defensor de la parte quejosa que tenga reconocida esa calidad ante la autoridad responsable que emitió el mismo, situación que si bien basta con la simple manifestación, bajo protesta de decir verdad, para que se pueda dar trámite a la demanda, no se actualiza en el caso concreto, pues de la demanda de amparo no se advierte con que calidad promueve, ni que tenga reconocida dicha calidad en la causa penal de la que refiere se origina la orden de aprehensión que impugna. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6º, 11 y 14, en contrario sentido, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo conforme al diverso 113 del mismo cuerpo normativo. Cabe destacar que en el caso no resulta procedente prevenir al promovente para que justifique la representación con la que refiere comparecer al presente juicio, pues de acuerdo con lo expuesto en este proveído resulta evidente que no ostenta la calidad de defensor particular de la persona que indica en la demanda. De igual manera, no pasa inadvertido por el suscrito que del análisis integral del ocurso no aparece hecho alguno en el que se refiera la imposibilidad para que ésta pudiera promover de manera personal el presente juicio ni que se reclame alguno de los actos a que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia, por lo que al no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en dicho numeral, el presente juicio tampoco podía ser iniciado por el ocursante, para que se estuviera en aptitud de proceder conforme a lo establecido en el mismo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZADO Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor Luis Cruz Guzmán, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. SE GIRA EXHORTO Ahora bien, toda vez que el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el ubicado en Calle de María Auxiliadora 221 Fraccionamiento Los Pinos, de la ciudad de Veracruz, por única ocasión, se ordena girar exhorto vía sise al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, en turno, a fin de que notifique de manera personal el presente auto. Así mismo, deberá constreñir a la parte requerida para que dentro del término de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en este Municipio de Puebla para oír y recibir sus notificaciones personales, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo las subsecuentes se les harán por medio de lista, aún las de carácter personal, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se solicita al aludido juez exhortado que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al actuario judicial encargado de practicar el emplazamiento, para que de ser necesario se pueda constituir en el domicilio proporcionado en distintos días y horas inhábiles. Por último, se solicita al juez exhortado para que una vez que reciba la presente comunicación, se sirva ordenar su inmediata diligenciación y con la misma prontitud, remita a este juzgado federal la correspondiente constancia de emplazamiento; en aras de privilegiar el contenido del artículo 24 de la ley de la materia. Asimismo, del escrito de cuenta, se advierte que la quejosa Basilia Escalona Lima, se encuentra interna en el Centro de Reinserción Social de Puebla; en consecuencia, se ordena notificar el presente proveído en el lugar de su reclusión. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL PROVEIDO DE DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Puebla, Puebla, seis de diciembre de dos mil veintidós. SE ACEPTA COMPETENCIA Y RADICACIÓN Agréguese el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, mediante el cual en cumplimiento al auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, remite por carecer de competencia, en razón del territorio, los autos originales del juicio de amparo 1106/2022 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ***, en nombre de la quejosa ***, contra actos del Juez Sexto de lo Penal en la ciudad de Puebla, con sede esta ciudad y otras autoridades. Acúsese recibo. En atención a las razones expuestas, este órgano jurisdiccional ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y SE AVOCA al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1331/2022. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. DESECHAMIENTO Del análisis integral del oficio de cuanta del que se advierte que el promovente Víctor Luis Cruz, en nombre de la quejosa Basilia Escalona Lima; sin embargo, no se evidencia con qué carácter promueve el mismo. Razón por la cual, el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia por lo cual procede desechar de plano la demanda de amparo. En efecto, en el caso Víctor Luis Cruz, promueve a nombre de la citada quejosa; sin embargo, de las manifestaciones se advierte que carece de legitimación para instar el presente juicio, pues pretende reclamar a las autoridades responsables la orden de aprehensión dictada contra la quejosa dentro del proceso penal 129/97 del índice del Juzgado Sexto de lo Penal, en la ciudad de Puebla y su ejecución. No obstante lo anterior, no se evidencia que tenga reconocido el carácter de defensor particular de la persona a quien refiere como impetrante y, por tanto, no puede instar el presente juicio en su representación. Se afirma lo anterior, pues en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo el juicio puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general por el acto reclamado conforme a lo establecido por el diverso 5º, fracción I, de la misma ley, quien podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia normatividad. Así mismo, se destaca que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que la propia ley lo permita. Por su parte, en el arábigo 11 de la ley de la materia se establece que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre y cuando lo acredite con las constancias conducentes, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en tal sentido, lo que se precisa en el diverso 14 del mismo cuerpo normativo en donde se indica que ante dicha manifestación, bajo protesta de decir verdad, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, le remita la certificación correspondiente. Lo anterior se advierte de los numerales citados cuyo texto es el siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión." Como se ve, el juicio de amparo sólo podrá promoverse por la persona directamente afectada por el acto de autoridad, así como por su representante legal o apoderado, precisando que en este último supuesto se faculta para hacerlo al defensor de la parte quejosa que tenga reconocida esa calidad ante la autoridad responsable que emitió el mismo, situación que si bien basta con la simple manifestación, bajo protesta de decir verdad, para que se pueda dar trámite a la demanda, no se actualiza en el caso concreto, pues de la demanda de amparo no se advierte con que calidad promueve, ni que tenga reconocida dicha calidad en la causa penal de la que refiere se origina la orden de aprehensión que impugna. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6º, 11 y 14, en contrario sentido, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo conforme al diverso 113 del mismo cuerpo normativo. Cabe destacar que en el caso no resulta procedente prevenir al promovente para que justifique la representación con la que refiere comparecer al presente juicio, pues de acuerdo con lo expuesto en este proveído resulta evidente que no ostenta la calidad de defensor particular de la persona que indica en la demanda. De igual manera, no pasa inadvertido por el suscrito que del análisis integral del ocurso no aparece hecho alguno en el que se refiera la imposibilidad para que ésta pudiera promover de manera personal el presente juicio ni que se reclame alguno de los actos a que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia, por lo que al no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en dicho numeral, el presente juicio tampoco podía ser iniciado por el ocursante, para que se estuviera en aptitud de proceder conforme a lo establecido en el mismo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZADO Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor Luis Cruz Guzmán, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. SE GIRA EXHORTO Ahora bien, toda vez que el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el ubicado en Calle de María Auxiliadora 221 Fraccionamiento Los Pinos, de la ciudad de Veracruz, por única ocasión, se ordena girar exhorto vía sise al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, en turno, a fin de que notifique de manera personal el presente auto. Así mismo, deberá constreñir a la parte requerida para que dentro del término de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en este Municipio de Puebla para oír y recibir sus notificaciones personales, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo las subsecuentes se les harán por medio de lista, aún las de carácter personal, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se solicita al aludido juez exhortado que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al actuario judicial encargado de practicar el emplazamiento, para que de ser necesario se pueda constituir en el domicilio proporcionado en distintos días y horas inhábiles. Por último, se solicita al juez exhortado para que una vez que reciba la presente comunicación, se sirva ordenar su inmediata diligenciación y con la misma prontitud, remita a este juzgado federal la correspondiente constancia de emplazamiento; en aras de privilegiar el contenido del artículo 24 de la ley de la materia. Asimismo, del escrito de cuenta, se advierte que la quejosa Basilia Escalona Lima, se encuentra interna en el Centro de Reinserción Social de Puebla; en consecuencia, se ordena notificar el presente proveído en el lugar de su reclusión. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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