Barbara Trava Villanueva

Expediente 1085/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1085/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Barbara Trava Villanueva
  • BARBARA TRAVA VILLANUEVA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Jorge Alberto Barrientos Domínguez, apoderado de la parte quejosa Bárbara Trava Villanueva, con un anexo; por medio del cual da cabal cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de ocho de noviembre de la presente anualidad; en tales condiciones, se acuerda: DESECHAMIENTO Del análisis de la demanda de amparo se desprende que el promovente reclama el auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal 112/2021 por el Juez de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente con sede en Teziutlán, Puebla, en la que se resolvió negar la audiencia inicial solicitada por el Ministerio Público para la formulación de la imputación al no contar con las exigencias del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que no se acreditó la existencia de un hecho con clasificación preliminar de fraude, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla. Sin embargo, respecto a dichos actos el juicio de amparo es improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora bien, el artículo 467 fracción VI del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 467. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de Control: VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan;". De lo transcrito se advierte que contra la resolución que ponga término al procedimiento penal, procede el recurso de apelación; por lo que si en el caso concreto se controvierte el auto de auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal 112/2021 por el Juez de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente con sede en Teziutlán, Puebla, en la que se resolvió negar la audiencia inicial solicitada por el Ministerio Público para la formulación de la imputación al no contar con las exigencias del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que no se acreditó la existencia de un hecho con clasificación preliminar de fraude, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, esta determinación es impugnable a través del recurso previsto en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la víctima dentro del proceso 112/2021, ahora parte quejosa previo a acudir a esta instancia jurisdiccional, debió agotar el medio de defensa ordinario previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, el recurso de apelación, susceptible de modificar, revocar o nulificar el auto combatido. Máxime, que la quejosa no es extraña al proceso natural, pues tal como lo refirió en la demanda, se vinculó al procedimiento, incluso refiere que se impuso de los autos y al tener conocimiento de la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, fue que interpuso el recurso de revocación; además, el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación: "Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así, se advierte que la parte inconforme no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie hace ver el promovente del amparo. Aunado a que de conformidad con los artículos 108, 109, fracciones XIV y XXV, 459, fracción II, y 467, fracción VI del Código Nacional de Procedimientos Penales las resoluciones que pongan término al procedimiento o lo suspendan procede apelación interpuesta por la víctima u ofendido pues se le reconoce legitimación para impugnar aquellas determinaciones que pongan fin al proceso. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de apelación por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente respecto de la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, ello con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Por otra parte, el suscrito considera que en relación con la resolución pronunciada el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno dentro de la causa penal 112/2021 por el Juez de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente con sede en Teziutlán, Puebla, en la que se resolvió desechar de plano el recurso de revocación interpuesto por la aquí parte quejosa en contra del auto emitido el seis de septiembre del mismo año, se actualiza un diverso motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, por el cual procede de igual manera a desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, contra ese acto el juicio de amparo resulta improcedente, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Como se ve, el segundo de los numerales transcritos limita la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dentro de un juicio, pues para la ejercibilidad de la acción de amparo resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 transcrito, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De esta manera, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que la resolución dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno dentro de la causa penal 112/2021 por el Juez de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente con sede en Teziutlán, Puebla, en la que se resolvió desechar de plano el recurso de revocación interpuesto por la aquí parte quejosa en contra del auto emitido el seis de septiembre del mismo año; no transgrede materialmente derechos sustantivos previstos en la constitución y tratados internacionales, al no afectar a la parte inconforme en la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, etcétera. Pues si bien, la parte quejosa manifiesta que con su actuar la responsable viola sus derechos humanos consagrados en el artículo 20, inciso B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vulnerar su derecho de acceso a la justicia, lo cierto es que de los antecedentes que narró y de la información que proporcionó en el escrito con el que cumplió con la prevención, se observa que la resolución que pudiera estar relacionada con ese derecho es la de seis de septiembre de dos mil veintiuno que negó la citación de la imputada para audiencia inicial, contra la cual, como se vio con antelación, procede recurso de apelación. De esta manera, la determinación que desecha el recurso de revocación -interpuesto en contra del auto de seis de septiembre del año en curso-, implica una decisión de mero trámite que no decidió sobre los derechos fundamentales de la quejosa que como víctima u ofendida le asisten, porque sobres éstos, la decisión fue tomada en la determinación de seis de septiembre de dos mil veintiuno. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Jorge Alberto Barrientos Domínguez, apoderado de la parte quejosa Bárbara Trava Villanueva, con un anexo; por medio del cual da cabal cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de ocho de noviembre de la presente anualidad; en tales condiciones, se acuerda: DESECHAMIENTO Del análisis de la demanda de amparo se desprende que el promovente reclama el auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal 112/2021 por el Juez de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente con sede en Teziutlán, Puebla, en la que se resolvió negar la audiencia inicial solicitada por el Ministerio Público para la formulación de la imputación al no contar con las exigencias del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que no se acreditó la existencia de un hecho con clasificación preliminar de fraude, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla. Sin embargo, respecto a dichos actos el juicio de amparo es improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora bien, el artículo 467 fracción VI del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 467. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de Control: VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan;". De lo transcrito se advierte que contra la resolución que ponga término al procedimiento penal, procede el recurso de apelación; por lo que si en el caso concreto se controvierte el auto de auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal 112/2021 por el Juez de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente con sede en Teziutlán, Puebla, en la que se resolvió negar la audiencia inicial solicitada por el Ministerio Público para la formulación de la imputación al no contar con las exigencias del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que no se acreditó la existencia de un hecho con clasificación preliminar de fraude, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, esta determinación es impugnable a través del recurso previsto en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la víctima dentro del proceso 112/2021, ahora parte quejosa previo a acudir a esta instancia jurisdiccional, debió agotar el medio de defensa ordinario previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, el recurso de apelación, susceptible de modificar, revocar o nulificar el auto combatido. Máxime, que la quejosa no es extraña al proceso natural, pues tal como lo refirió en la demanda, se vinculó al procedimiento, incluso refiere que se impuso de los autos y al tener conocimiento de la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, fue que interpuso el recurso de revocación; además, el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación: "Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así, se advierte que la parte inconforme no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie hace ver el promovente del amparo. Aunado a que de conformidad con los artículos 108, 109, fracciones XIV y XXV, 459, fracción II, y 467, fracción VI del Código Nacional de Procedimientos Penales las resoluciones que pongan término al procedimiento o lo suspendan procede apelación interpuesta por la víctima u ofendido pues se le reconoce legitimación para impugnar aquellas determinaciones que pongan fin al proceso. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de apelación por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente respecto de la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, ello con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Por otra parte, el suscrito considera que en relación con la resolución pronunciada el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno dentro de la causa penal 112/2021 por el Juez de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente con sede en Teziutlán, Puebla, en la que se resolvió desechar de plano el recurso de revocación interpuesto por la aquí parte quejosa en contra del auto emitido el seis de septiembre del mismo año, se actualiza un diverso motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, por el cual procede de igual manera a desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, contra ese acto el juicio de amparo resulta improcedente, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Como se ve, el segundo de los numerales transcritos limita la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dentro de un juicio, pues para la ejercibilidad de la acción de amparo resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 transcrito, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De esta manera, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que la resolución dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno dentro de la causa penal 112/2021 por el Juez de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente con sede en Teziutlán, Puebla, en la que se resolvió desechar de plano el recurso de revocación interpuesto por la aquí parte quejosa en contra del auto emitido el seis de septiembre del mismo año; no transgrede materialmente derechos sustantivos previstos en la constitución y tratados internacionales, al no afectar a la parte inconforme en la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, etcétera. Pues si bien, la parte quejosa manifiesta que con su actuar la responsable viola sus derechos humanos consagrados en el artículo 20, inciso B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vulnerar su derecho de acceso a la justicia, lo cierto es que de los antecedentes que narró y de la información que proporcionó en el escrito con el que cumplió con la prevención, se observa que la resolución que pudiera estar relacionada con ese derecho es la de seis de septiembre de dos mil veintiuno que negó la citación de la imputada para audiencia inicial, contra la cual, como se vio con antelación, procede recurso de apelación. De esta manera, la determinación que desecha el recurso de revocación -interpuesto en contra del auto de seis de septiembre del año en curso-, implica una decisión de mero trámite que no decidió sobre los derechos fundamentales de la quejosa que como víctima u ofendida le asisten, porque sobres éstos, la decisión fue tomada en la determinación de seis de septiembre de dos mil veintiuno. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    ... Vista la demanda de amparo promovida por Bárbara Trava Villanueva, por conducto de su apoderado Jorge Alberto Barrientos Domínguez, fórmese el expediente correspondiente registrándose con el número 1085/2021. PREVENCIÓN A fin de acordar lo procedente respecto a la procedencia del juicio de amparo intentado por la inconforme, con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se le previene a la parte impetrante de amparo para que en el plazo de cinco días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, mediante escrito aclaratorio cumpla con lo que dispone el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, manifieste bajo protesta de decir verdad, si a través de la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo por terminado o concluido el procedimiento de donde deriva el acto reclamado, para lo cual deberá transcribir dicha resolución y la diversa de veintiséis de octubre de la presente anualidad que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra de la primera de las mencionadas, o en su caso deberá exhibir copia de esas determinaciones dictadas dentro de la carpeta administrativa judicial 112/2021 del índice del Juzgado de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente con sede en Teziutlán, Puebla. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. En el entendido que de no resultar ciertos los datos que proporcione la quejosa, podría incurrir en la responsabilidad a que se refiere el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Apercíbase a la parte quejosa, que de no cumplir con lo ordenado en el tiempo fijado se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona. COMUNICACIONES NO PROCESALES Respecto a su solicitud de que se realicen las notificaciones en el correo electrónico que indica parte quejosa, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. En términos de los artículos 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno citado y 29 del acuerdo general 21/2020 invocado, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. FORMA DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES. En atención a que en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios y despachos derivados del presente asunto, a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa acta circunstanciada en la que se certifiquen las razones de la imposibilidad, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o por correo certificado, según corresponda. INSTRUCCIÓN ACTUARIO JUDICIAL. Se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que tan luego practique las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo, integre al expediente electrónico la razón circunstanciada de envío, recepción y confirmación de tales notificaciones y acompañamiento de los anexos ordenados o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad. Lo anterior en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente electrónico. Además, de existir la necesidad de practicar alguna notificación derivada del presente expediente que exija su presencia física en el lugar de la notificación, la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la propia integridad y salud y de las partes con las que se entienda la notificación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa con entrega de la impresión de este acuerdo con evidencia criptográfica.

  4. Principal

    ... Vista la demanda de amparo promovida por Bárbara Trava Villanueva, por conducto de su apoderado Jorge Alberto Barrientos Domínguez, fórmese el expediente correspondiente registrándose con el número 1085/2021. PREVENCIÓN A fin de acordar lo procedente respecto a la procedencia del juicio de amparo intentado por la inconforme, con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se le previene a la parte impetrante de amparo para que en el plazo de cinco días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, mediante escrito aclaratorio cumpla con lo que dispone el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, manifieste bajo protesta de decir verdad, si a través de la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo por terminado o concluido el procedimiento de donde deriva el acto reclamado, para lo cual deberá transcribir dicha resolución y la diversa de veintiséis de octubre de la presente anualidad que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra de la primera de las mencionadas, o en su caso deberá exhibir copia de esas determinaciones dictadas dentro de la carpeta administrativa judicial 112/2021 del índice del Juzgado de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente con sede en Teziutlán, Puebla. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. En el entendido que de no resultar ciertos los datos que proporcione la quejosa, podría incurrir en la responsabilidad a que se refiere el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Apercíbase a la parte quejosa, que de no cumplir con lo ordenado en el tiempo fijado se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona. COMUNICACIONES NO PROCESALES Respecto a su solicitud de que se realicen las notificaciones en el correo electrónico que indica parte quejosa, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. En términos de los artículos 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno citado y 29 del acuerdo general 21/2020 invocado, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. FORMA DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES. En atención a que en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios y despachos derivados del presente asunto, a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa acta circunstanciada en la que se certifiquen las razones de la imposibilidad, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o por correo certificado, según corresponda. INSTRUCCIÓN ACTUARIO JUDICIAL. Se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que tan luego practique las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo, integre al expediente electrónico la razón circunstanciada de envío, recepción y confirmación de tales notificaciones y acompañamiento de los anexos ordenados o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad. Lo anterior en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente electrónico. Además, de existir la necesidad de practicar alguna notificación derivada del presente expediente que exija su presencia física en el lugar de la notificación, la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la propia integridad y salud y de las partes con las que se entienda la notificación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa con entrega de la impresión de este acuerdo con evidencia criptográfica.

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