Baruch Anselmo Gonzalez Velazquez

Expediente 758/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
758/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Baruch Anselmo Gonzalez Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como, el diverso numeral 7.1.1 apartado 1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este asunto, es susceptible de depuración, ya que se negó el amparo solicitado. Devolución de anexos Finalmente, devuélvanse a la Jueza Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, los anexos remitió con su informe justificado -copia certificada del juicio ********************a tres tomos y un disco óptico que contiene la audiencia de nueve de mayo de dos mil veintidós, relativa al mismo expediente-; sin que haya lugar a solicitar el acuse respectivo, en virtud se ser actuaciones en copia certificada.

  2. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las diez horas con ocho minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 758/2022-IV-C; estando en audiencia pública Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria de Juzgado Alejandra Viera Maldonado, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. Abierta la audiencia, la Secretaria de Juzgado procede a realizar la relación de constancias que obran en autos y en el expediente electrónico, consistentes en la demanda de amparo; la constancia de notificación a la representación social de la adscripción, informe justificado rendido por la autoridad responsable y emplazamiento de la parte tercero interesada. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionados los autos y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, el cual deberá ser considerado al resolver el presente juicio de amparo. PERIODO PROBATORIO Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el periodo probatorio y la Secretaria de Juzgado da cuenta con las pruebas siguientes: Pruebas de la autoridad responsable: **** Asimismo, la Secretaria de Juzgado certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de cuenta, en razón de su propia y especial naturaleza; por tanto, al no existir alguna otra pendiente por desahogar, se cierra este periodo. PERIODO DE ALEGATOS Enseguida, se abre la fase de alegatos y la Secretaria de Juzgado hace constar que el agente del ministerio público se abstuvo de formular pedimiento, en tanto que las partes no vertieron alegatos dentro del presente juicio de amparo. CIERRE DE AUDIENCIA Acto continuo, se cierra el periodo de alegatos y, al no haber diligencias pendientes que practicar, se da por concluida la audiencia en las etapas referidas, por lo que se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A: Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo número 758/2022-IV-C; promovido por *****, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales *****, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el doce de mayo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México; *****, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales *****, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos reclamados del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, consistentes en la audiencia de aveniencia nueve de mayo de dos mil veintidós, en la que confirmó las medidas provisionales y el desechamiento del recurso de revocación interpuesto contra la confirmación de las medidas provisionales, dictadas dentro del expediente 178/2022, considerando vulnerados sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 del Pacto Federal. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 758/2022-IV-C, previa aclaración, por auto de siete de junio de dos mil veintidós, se desechó la demanda por considerarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado consistente en la reiteración de las medidas provisionales había sido sustituido por la determinación que inadmitió el recurso de revocación hecho valer por la parte quejosa. TERCERO. Recurso de queja fundado y admisión de la demanda. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de queja del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que lo radicó con el número 193/2022 y en sesión ordinaria virtual de once de agosto de dos mil veintidós, declaró fundado el medio de impugnación. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, por auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado la admitió la demanda de amparo, asimismo, requirió el informe de ley, dando la intervención correspondiente a la representación social de la adscripción, asimismo, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada *****; y por auto de veintinueve de septiembre del año en curso, con fundamento en el artículo 8º de la Ley de Amparo se designó un representante especial al menor de edad. Seguido el juicio por el trámite correspondiente, se celebró la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es legalmente competente legalmente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 1°, fracción I; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se trata de un acto emitido dentro de un juicio del orden familiar cuya ejecución se realizará dentro del territorito donde este órgano de control ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" Así, se obtiene que lo que la parte quejosa reclama del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, es: La determinación de nueve de mayo de dos mil veintidós, en la cual, en la segunda audiencia de aveniencia, reiteró las medidas provisionales decretadas dentro del expediente ****. La determinación por la cual se inadmitió el recurso de revocación hecho valer contra la reiteración de las medidas provisionales decretadas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. En ese sentido, es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, materia común, tomo XIII, página 775 y registro digital 811057, que a la letra se integra de la siguiente forma: "INFORME JUSTIFICADO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió consistentes en copia certificada del expediente ***** y el disco certificado que contiene la audiencia de nueve de mayo del año en curso; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, párrafo segundo, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Consideración que, además, se apoya en la jurisprudencia 226, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, Tomo VI, página 153 y registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto las partes no hicieron valer la actualización de alguna de ellas, ni este Juzgador estima que se deba analizar de oficio una causa de improcedencia, por lo cual procede el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del asunto, se hará una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado, así como de la sentencia emitida en el diverso juicio de amparo 394/2022 de esta estadística, el cual se encuentra visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; misma que constituye un hecho notorio para este Juzgador en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en virtud de que se trata de un diverso asunto sujeto a esta potestad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 10, libro 55, junio de 2018, tomo I, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Antecedentes que se relatan de la forma siguiente: ***** Hasta aquí los antecedentes más importantes del acto reclamado. SEXTO. Cuestión previa. Como cuestión previa, en el presente asunto, debemos recordar que se reclama la determinación de nueve de mayo del año en curso, emitida en la segunda audiencia de aveniencia, en la que la Juez responsable confirmó las medidas provisionales decretadas en el juicio de origen, específicamente por cuanto hace a la guarda y custodia del menor de edad a favor de su progenitora, y en consecuencia, el quejoso también se duele de la inadmisión del recurso de revocación hecho valer por la parte quejosa respecto de la confirmación de tales medidas, por lo que este Juzgador estima que atendiendo a la ejecutoria emitida por la Superioridad y a la continencia de la causa, únicamente se procederá a tener como acto destacado la confirmación de las medidas provisionales. Esto, en virtud de que por la naturaleza del procedimiento la determinación por medio de la cual se confirmaron las medidas provisionales es irrecurrible, de conformidad con el artículo 2.377 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.II.C. J/10 C (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, con registro digital: 2020510, Décima Época, Materias(s): Civil, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 3699, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con rubro y texto: "DIVORCIO INCAUSADO. A LAS MEDIDAS PROVISIONALES QUE SE DICTAN EN LA SENTENCIA QUE LO DECRETA, LES ES APLICABLE LA MISMA REGLA DE IRRECURRIBILIDAD ESTABLECIDA PARA LA RESOLUCIÓN DE AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De conformidad con el numeral 2.377 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en un procedimiento de divorcio incausado, cuando los cónyuges no concilian todos sus intereses mediante el o los convenios propuestos el Juez emitirá por regla general, los siguientes pronunciamientos: a) Decretará el divorcio; b) Ordenará girar oficio al Registro Civil; c) Fijará la aprobación de los puntos del convenio respecto de los cuales hubo acuerdo y no transgreden la ley; d) Hará pronunciamiento en torno a las medidas precautorias y provisionales; y e) Otorgará a las partes un plazo común de cinco días para que conforme a los requisitos de una demanda, formulen sus pretensiones y ofrezcan medios de prueba, respecto de los puntos que no hayan sido objeto de consenso y los demás que estimen convenientes; además, la resolución que decreta el divorcio será irrecurrible en términos del artículo 2.379 del mismo ordenamiento. Asimismo, en la práctica judicial se ha suscitado que los Jueces familiares al dictar formal sentencia de divorcio incausado, que resuelve en definitiva ese aspecto, suelen emitir también pronunciamientos sobre medidas provisionales, que no constituyen propiamente una decisión definitiva sobre los temas que incluyen, lo que imprime a ese documento el carácter de acto compuesto por generar una diversidad de consecuencias jurídicas; el cual, se estima también con la cualidad de indivisible para efectos de su impugnación, atento a la dependencia que los pronunciamientos provisionales tienen con la declaración de divorcio, pues requieren de su emisión para nacer a la vida jurídica. En ese sentido, atendiendo al principio de continencia de la causa, en cuanto a no escindir los actos jurídicos compuestos para su impugnación y evitar la posibilidad de que se emitan resoluciones contradictorias o imposibles de ejecutar, se estima que para ambos tipos de determinaciones resulta aplicable la misma norma de irrecurribilidad prevista en el citado artículo 2.379 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, lo que no genera que las partes queden en estado de indefensión, habida cuenta que para el caso de que consideren violados sus derechos, tienen plena aptitud para promover el juicio constitucional de amparo, que constituye un recurso rápido y sencillo. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de las inconformidades hechas valer en contra del acto reclamado, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. El peticionario del amparo aduce que existe una franca violación al interés superior de su hijo, dado que la Juez responsable en el acto reclamado reiteró las medidas provisionales que ya había determinado, dejando de observar que el menor fue sustraído del hogar que era el domicilio conyugal, sin su consentimiento, aunado a que tiempo antes el infante llevaba viviendo con un señor que es agresivo e inclusive agredió a la Notificadora adscrita al juzgado responsable; máxime que el pequeño tenía casi cuatro años viviendo con él sin que se desprenda elemento alguno que implique un perjuicio al ser su papá. Aunado a ello, expone que es incorrecta la decisión de la Juez en el sentido de reiterar la guarda y custodia del menor a favor de la progenitora, pasando por alto que el dieciocho de abril de dos mil veinte, se detectó un rechazo del niño hacia el quejoso por existir alienación parental, por lo que debe de cuestionarse si dicha conducta estuvo fundada o no. Indica que existen diversos indicios de los cuales debe de presumirse que hay un perjuicio para el menor de edad, dado que obra en autos el boletín de alerta ODISEA, medio de búsqueda que debe conducir a hacernos la pregunta en dónde estaba su hijo al momento en que la tercero interesada estaba desaparecida o si estaba en su casa, con quién dejó al menor de edad, ya que puede darse el supuesto de que nuevamente lo abandone por varios días y con quién lo dejaría. En esa línea, sostiene que debe ponderarse la alienación parental que ha tenido el menor de edad durante tres meses en aras de velar por su interés superior, así como acorde con lo definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el cual determinó que el cambio de guarda y custodia debe ser gradual mismo que debe ser a su favor e inclusive puede decretarse una guarda y custodia compartida. Se estima que infundados los conceptos de violación. Para corroborar lo anterior, se debe tener en cuenta que las resoluciones dictadas por autoridades deben estar ajustadas a derecho, y respetando el derecho humano de legalidad que está tutelado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo". En efecto, la norma constitucional transcrita consagra el derecho humano de legalidad consistente en la debida fundamentación y motivación, que obliga a todas las autoridades en sus actos y más aún cuando éstos son tendentes a realizar un acto de molestia en los particulares o gobernados. En el caso particular, es necesario tener en cuenta lo establecido en el capítulo IX, "Del divorcio incausado", estatuido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que en sus artículos 2.373 al 2.377 dicen: "CAPÍTULO IX DEL DIVORCIO INCAUSADO Requisitos Artículo 2.373. La solicitud de divorcio podrá presentarse por uno de los cónyuges, sin necesidad de señalar la razón que lo motive, debiendo acompañar: I. Acta de matrimonio en copia certificada; II. Acta de nacimiento de los hijos, en copia certificada; y III. Propuesta de convenio que habrá de regular las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener: a) La designación sobre la guarda y custodia de las niñas, los niños y los adolescentes o incapaces quedará preferentemente al cuidado de la madre y el domicilio donde vivirán. b) El régimen de visita y convivencia respecto del progenitor que no ejercerá la guarda y custodia de los menores; c) La designación del cónyuge que seguirá habitando, en su caso, el domicilio donde se haga vida en común; d) La cantidad que por concepto de alimentos se propone, para atender las necesidades de los hijos y en su caso del cónyuge a quien deba darse alimentos, la forma, lugar y temporalidad para hacerlo, los elementos que permitan al Juez fijar la pensión propuesta, así como la garantía para asegurar su cumplimiento. La cónyuge que carezca de bienes y que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de las y los hijos tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al cuarenta por ciento del total del sueldo, hasta que las y los hijos cumplan la mayoría de edad o que se dediquen al estudio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. Tratándose de las y los hijos mayores de edad discapacitados, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, al cuidado de la cónyuge, el cónyuge deberá proporcionarlos de por vida. La cónyuge que no tenga hijas o hijos y que carezca de bienes o que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección y atención, tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al treinta por ciento del total delsueldo, por el tiempo que haya durado el matrimonio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. El cónyuge que se encuentre imposibilitado física y mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, tendrá derecho a alimentos, el cual no será inferior al veinte por ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el matrimonio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. En la resolución que se dicte con respecto a los alimentos, se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. Los alimentos determinados por convenio o sentencia, se modificarán de acuerdo a los ingresos del deudor alimentario. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará a lo que obtenga el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. Cuando no sean comprobables el salario o ingresos del deudor alimentario, la o el juez resolverá tomando como referencia la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en el último año, la cantidad correspondiente no podrá ser inferior a una unidad de medida y actualización por cada acreedor alimentario. e) La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, después de decretado el divorcio; y f) Tratándose del régimen de separación de bienes, la forma de repartir los bienes adquiridos durante el matrimonio, en los términos previstos por el artículo 4.46 del Código Civil del Estado. En la solicitud, se podrá pedir la aplicación de medidas precautorias, acompañando en su caso, la documentación que se estime necesaria. Se exhibirá copia de la solicitud y documentos exhibidos para traslado. Procedimiento Artículo 2.374.- Presentada la solicitud, de no existir prevención alguna, el juez admitirá a trámite la petición, dando vista al otro cónyuge y, proveerá sobre las medidas precautorias solicitadas o las que estime necesarias para salvaguardar el interés superior de los menores o incapaces. Además, se señalará día y hora para una audiencia de avenencia que tendrá verificativo después de nueve y antes de quince días, contados a partir de la notificación del propio auto. Vista por edictos Artículo 2.375.- Si el otro cónyuge no se localiza en el domicilio señalado, no tiene uno fijo o se ignora su paradero, la notificación se hará por edictos. La audiencia se señalará dentro de los cinco días siguientes a la fecha de exhibición de las publicaciones que contengan los edictos respectivos. Audiencia de Avenencia Artículo 2.376.- En la audiencia de avenencia el juez tratará de conciliar a las partes, para continuar con el matrimonio, no habiéndose obtenido la conciliación, citará a una segunda audiencia con el mismo propósito, en un término de tres días, y si en esta segunda audiencia de conciliación no se logra avenir a las partes, continuará la misma y el juez las escuchará sobre la propuesta del convenio, en la que se podrán modificar o adicionar las cláusulas del mismo a petición de los interesados. De manifestar su conformidad con los términos del convenio y, de no haber observación alguna por el juzgador, se aprobará y elevará a la categoría de cosa juzgada, decretando la disolución del vínculo matrimonial y, en su caso, la terminación de la sociedad conyugal. La aprobación del convenio podrá ser sólo sobre los puntos en que haya consenso, respecto de los restantes se procederá conforme al precepto legal siguiente. Falta de consenso en el convenio Artículo 2.377.- De no llegar a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos del convenio o de inasistir a la audiencia respectiva el cónyuge citado, se decretará la disolución del vínculo matrimonial y, en su caso, la terminación de la sociedad conyugal; apercibiendo a las partes de abstenerse de ocultar, enajenar, dilapidar bienes y efectos patrimoniales generados durante el matrimonio hasta en tanto se resuelva en definitiva. En la propia audiencia, se decidirá sobre las medidas precautorias y provisionales, entre otras las referentes a los alimentos, guarda y custodia de menores o incapaces y, régimen de convivencia. Se otorgará a las partes un plazo común de cinco días para que conforme a los requisitos de una demanda, formulen sus pretensiones, hechos y ofrezcan sus medios de prueba, respecto de los puntos que no hayan sido objeto de consenso y los demás que estimen convenientes. Con los escritos que presenten las partes, se les dará vista para que manifiesten lo que a su interés convenga, opongan defensas y excepciones y ofrezca los medios de prueba respectivos, por un plazo de cinco días. De la interpretación de los artículos transcritos podemos advertir que la solicitud de divorcio podrá presentarse por uno de los cónyuges, sin necesidad de señalar la razón que lo motive, en la cual se deberán acompañar los requisitos establecidos en la ley. Una vez presentada la solicitud, de no existir prevención alguna, el juez admitirá a trámite la petición, dando vista al otro cónyuge y, proveerá sobre las medidas precautorias solicitadas o las que estime necesarias para salvaguardar el interés superior de los menores o incapaces, donde señalará día y hora para una audiencia de avenencia que tendrá verificativo después de nueve y antes de quince días, contados a partir de la notificación del propio auto. Llegada la fecha para la audiencia de aveniencia, en la misma, el juez tratará de conciliar a las partes, para continuar con el matrimonio, no habiéndose obtenido la conciliación, citará a una segunda audiencia con el mismo propósito, en un término de tres días, y si en esta segunda audiencia de conciliación no se logra avenir a las partes, continuará la misma y el juez las escuchará sobre la propuesta del convenio, en la que se podrán modificar o adicionar las cláusulas del mismo a petición de los interesados. En caso de manifestar su conformidad con los términos del convenio y, de no haber observación alguna por el juzgador, se aprobará y elevará a la categoría de cosa juzgada, decretando la disolución del vínculo matrimonial y, en su caso, la terminación de la sociedad conyugal; la aprobación del convenio podrá ser sólo sobre los puntos en que haya consenso, respecto de los restantes se procederá conforme al precepto legal siguiente. En diversos supuesto, en caso de no llegar a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos del convenio o de inasistir a la audiencia respectiva el cónyuge citado, se decretará la disolución del vínculo matrimonial y, en su caso, la terminación de la sociedad conyugal; apercibiendo a las partes de abstenerse de ocultar, enajenar, dilapidar bienes y efectos patrimoniales generados durante el matrimonio hasta en tanto se resuelva en definitiva. De igual manera, en la propia audiencia, se decidirá sobre las medidas precautorias y provisionales, entre otras las referentes a los alimentos, guarda y custodia de menores o incapaces y, régimen de convivencia. Ahora bien, en el presente asunto debemos recordar que ****, por propio derecho, demando´ de *****, la disolucio´n del vi´nculo matrimonial, al que adjunto´ un convenio de la guarda y custodia respecto del menor de identidad reservada de iniciales *****; asi´ como un re´gimen de convivencias y el pago de alimentos; de dicha demanda conoció la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de Me´xico, quien la admitió y señaló fecha para la primera audiencia de avenencia, reservándose proveer lo relativo a las medidas provisionales, previniendo a la actora para que aclarara el domicilio y la persona con la cual habitaba el menor, en virtud de que no se adverti´a dicha circunstancia. Fue así que dieciocho de febrero de dos mil veintido´s, la juez de origen decreto´ como medidas provisionales en lo que nos interesa la guarda y custodia del menor a favor de su progenitora; como pensio´n alimenticia provisional a cargo de *****, y a favor del menor el veinte por ciento (20) de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibi´a el obligado alimentario y no se fijo´ la pensio´n que solicitaba la accionante, hasta en tanto el demandado se pronunciara con relacio´n a esa medida provisional. Sin embargo, ante el recurso de revocación hecho valer por el demandado, el diecise´is de marzo de dos mil veintido´s, se declaro´ parcialmente fundado y se modifico´ el auto antes mencionado, a fin de que previamente a decretar la medida provisional se escuchara al menor de iniciales ***** una vez que se llevó a cabo la escucha del menor, el dieciocho de abril de dos mil veintido´s, la juez reitero´ la guarda y custodia provisional del menor a favor de su progenitora, establecio´ un re´gimen de convivencias del menor con su progenitor no custodio, supervisado en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Me´xico; y ordeno´ llevar a cabo el desahogo de diversas periciales en materia de psicologi´a y trabajo social. Finalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la primera audiencia de avenencia, el nueve de mayo de dos mil veintido´s (segunda audiencia de avenencia), una vez que se decretó la disolución del vínculo matrimonial, se confirmaron las medidas provisionales decretadas en autos de dieciocho de febrero y dieciocho de abril del an~o en curso. En ese sentido, por cuanto hace a la decisión de nueve de mayo de dos mil veintidós dictada en la segunda audiencia de avenencia relativa a confirmar las medidas provisionales decretadas en autos de dieciocho de febrero y dieciocho de abril del an~o en curso, no le asiste la razón al quejoso al aducir que se vulnera el interés superior del menor, dado que realiza afirmaciones subjetivas respecto a que su hijo ha sido alienado y por ello existe un rechazo. Esto pues de las constancias de autos no se desprenden elementos suficientes que permitan establecer que debía modificarse la medida provisional consistente en establecer la guarda y custodia del menor a su progenitor, dado que no se advierte que esté en riesgo al encontrarse bajo el cuidado de su madre, pues en el caso, este Juzgador una vez analizadas las actuaciones e inclusive la escucha del menor de edad, en aras de salvaguardar su interés superior, no hay dato que indique que efectivamente el niño corre peligro de estar con su madre o que se encuentre en una situación de riesgo, pues de tal escucha puede verse que interactuó con ella y en cambio, con su padre no quiso tener contacto, por lo que fue acertado que permaneceran las medidas provisionales decretadas incluida la convivencia de manera supervisada, para lograr generar lazos afectivos entre éstos y que pueda darse un mayor acercamiento entre padre e hijo, por tal razón la confimación de las medidas es acertada. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 12/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2009010, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 383, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con epígrafe y contenido: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos. Sin embargo, su participación no constituye una regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés superior. En este sentido, tanto al evaluar de oficio la participación de los menores de edad como al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. Ahora bien, esta sujeción a valoración judicial de la participación de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales no debe ser jamás leída como una barrera de entrada, sino como el mecanismo que da cauce a su derecho. La premisa para el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los jueces de amparo. Respecto de las afirmaciones que realiza el quejoso relativas a que el menor fue sustraído del hogar sin su consentimiento, no existe una prueba que así lo demuestre para establecer que le es perjudicial que se encuentre con su mamá, y que ésta no pueda darle los cuidados necesarios y suficientes para que pueda desarrollarse adecuadamente, en cambio, este Juzgador comparte la decisión de la Juez en el sentido de estimar que debían de quedar intocadas las medidas provisionales, pues en el caso, se atendió al sistema más beneficioso para fijar la guarda y custodia del menor de edad, ya que no hay un medio de convicción que permita advertir que el menor está sufriendo un daño, como pudiera ser la agresión que dice el quejoso se le generaría al convivir con la persona que vive en su casa y que es agresiva, ya que ello no está demostrado contundentemente para arribar a la convicción de que debe vivir con su papá y no con su mamá como hasta ahora lo ha hecho. Aunado a ello, porque respecto del boletín de búsqueda tales cuestiones no fueron motivo de análisis por parte de la Juez al momento de confirmar las medidas provisionales, ni mucho menos para decretarlas, y aún en ese supuesto, el quejoso realiza afirmaciones subjetivas cuando cuestiona en dónde se quedaría el menor si la mamá lo abandona, lo cual en el caso no ha acontecido, aunado a que son cuestiones futuras sin un fundamento. Además, expone que es incorrecta la decisión de la Juez en el sentido de reiterar la guarda y custodia del menor a favor de la progenitora, pasando por alto que el dieciocho de abril de dos mil veinte, se detectó un rechazo del niño hacia el quejoso por existir alienación parental, por lo que debe de cuestionarse si dicha conducta estuvo fundada o no, por lo que debe ponderarse la alienación parental que ha tenido el menor de edad durante tres meses en aras de velar por su interés superior. Argumentos que son infundados, pues en el caso no se observa que el menor de edad tenga una alienación parental, como pudiera ser que existe manipulación por parte de la mamá o de alguno de sus familiares, y que ello afecte la relación con su padre, ya que tal cuestión en todo caso, deberá analizarse con base en todo el caudal probatorio que se desahogue durante el juicio, de ahí que la confirmación de las medidas provisionales hubiere sido acertada, ya que será en el juicio donde la Juez proceda indagar y allegarse de pruebas, a fin de valorar las circunstancias especiales que incurran en cada progenitor, a fin de determinar cuál es el ambiente más propicio e idóneo no solo a corto plazo sino en lo futuro. En suma, este Juzgador comparte la decisión de la responsable en el sentido de haber confirmado las medidas provisionales, específicamente en lo que respecta a la guarda y custodia del menor de edad a favor de su madre, merced a que atendió al sistema de guarda y custodia más beneficioso para el infante, dado que no se advierte una situación a través de la cual ésta le genere un riesgo, pues no existen indicios que así lo demuestren o que permitan al suscrito advertir que el niño puede sufrir maltrato de cualquier índole con la persona con la que vive su madre, o alguna otra cuestión que indica de manera significativa para establecer que se afectará su sano desarrollo, puesto que las manifestaciones del quejoso son subjetivas y sin un soporte probatorio que vislumbre tales cuestiones. Sirve de apoyo, la tesis aislada II.2o.C.17 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con registro digital: 2015415, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2599, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con rubro y texto: "SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL" EN MATERIA FAMILIAR. SU TRATAMIENTO Y PONDERACIÓN JUDICIAL DEBEN ENFOCARSE SOBRE LOS PARÁMETROS DE PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y DE EQUIDAD DE GÉNERO. El Síndrome de Alienación Parental fue creado en 1985 por Richard Gardner y en 1987 publicó, en su editorial Creative Therapeutics, el libro "El Síndrome de Alienación Parental y la Diferencia entre Abuso Sexual Infantil Fabricado y Genuino"; en el cual sostiene que ese síndrome fue construido a partir del estudio de una gran cantidad de casos clínicos; sin embargo, jamás lo documentó ni acreditó algún estudio o programa que respondiera a algún protocolo determinado que sustentara las conclusiones, lo que motivó que el citado síndrome no esté reconocido ni avalado por las asociaciones médicas y psicológicas internacionales, ni en los ámbitos académicos y universitarios. De acuerdo con lo anterior, el "Síndrome de Alienación Parental" parte de la perspectiva de la protección del progenitor "víctima" y castiga o sanciona al "alienador", con medidas que tienden a la "reprogramación" o "desprogramación" del menor, a fin de privilegiar el derecho del padre "víctima". Como consecuencia, en la materia familiar la alienación parental partió de la premisa equivocada de que, ante la manipulación ejercida por un padre, se sancione al otro padre, privándole de la posibilidad de tener la guarda y custodia o de convivir con el menor de edad, soslayando que él es afectado con el dictado de la medida, ya que la providencia que se dicte es para que el manipulador cese en sus actitudes o conductas y para que el menor readquiera la conciencia de que necesita la presencia de su otro progenitor, restableciendo vínculos afectivos y emocionales, para que así pueda tener un sano y equilibrado desarrollo en todas sus facetas. Por ello, es posible concluir que si el "Síndrome de Alienación Parental" no tiene todo sustento científico, aun cuando ha sido retomado por otros autores, torna un concepto que no es idóneo para tomar decisiones en materia de justicia familiar, máxime que su utilización sólo se da en sede judicial, porque no conduce a tratamientos clínicos en materia de psiquiatría o psicología, precisamente, por no estar reconocido como un padecimiento. En consecuencia, la manipulación parental sí existe y produce efectos negativos en la psique del menor que es objeto de dicha manipulación, por lo que el tratamiento y ponderación judicial deben enfocarse sobre los parámetros de protección del interés superior del menor y de equidad de género, esto es, el solo hecho de que exista la manipulación, no conduce a decretar la separación del menor del progenitor que la ejerce, sino a ordenar el tratamiento psicológico o psiquiátrico, según corresponda, al padre que manipula y al menor que es objeto de esa manipulación, pero dado a que la consecuencia, que es el rechazo del menor a ver o convivir con el padre o la madre con la que no vive, puede tener distinta etiología, como la manipulación o la existencia real de maltrato o abuso físico o emocional, por lo que los dictámenes periciales deben encausarse para profundizar y detectar las causas reales del rechazo del infante, pero siempre partiendo de la premisa de que la regla general es de que tiene derecho a convivir con ambos padres para su sano y equilibrado desarrollo físico y emocional, y que la asignación de guarda y custodia y régimen de convivencia debe obedecer al único parámetro de la idoneidad, capacidad y conveniencia, privilegiando en todo momento su bienestar lo que, a su vez, lleva a que no se puedan desacreditar sus afirmaciones en el sentido de que rechace ver o convivir con su padre o madre por razones de abuso o maltrato, sustentándose en la única razón de que existe "Síndrome de Alienación Parental", sino que lo conducente es que la autoridad judicial, en su caso, ordene la ampliación de los estudios periciales para que determinen las verdaderas causas de ese rechazo. Así, dado que los conceptos de violación resultaron infundados, sin que exista materia qué suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 74, 75, 76, 78, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales *****, respecto de los actos reclamados al Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, consistentes en la audiencia de aveniencia nueve de mayo de dos mil veintidós, en la que confirmó las medidas provisionales dentro del expediente *****, por las razones expuestos en último considerando de la presente sentencia.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de octubre de dos mil veintidós. Escrito Intégrese el escrito signado electrónicamente por **********en su carácter de representante especial del menor de edad de iniciales S.G.G. a través del cual, realiza manifestaciones. Alegatos Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por vertidas a manera de alegatos; asimismo, dese cuenta con ellas en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado de autos se advierte que se encuentra trascurriendo el plazo que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes manifiesten lo que a su derecho corresponda respecto al informe justificado rendido por el Juez Segundo Familiar de Toluca, Estado de México. DIFERIMIENTO A fin de no transgredir las reglas fundamentales del juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las diez horas con ocho minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, para su verificativo.

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