Barbara Rubí Gutiérrez Garcia

Expediente 1220/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1220/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
07/02/2017

Partes del expediente

  • Barbara Rubí Gutiérrez Garcia
  • Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 1220/2016, y testimonio de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 10/2017, en la cual se determinó: "PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida; SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege **, quien promovió por derecho propio y en representación de su hija menor de edad ***, contra los actos atribuidos a las autoridades indicadas en el resultado primero de esta ejecutoria." Por ende, acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes del expediente en que se actúa, que fue formado por motivo del recurso de revisión interpuesto. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se negó el amparo, y carece de relevancia documental; y, depurable el original del incidente, pues se negó y concedió la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Principal

    ...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que las partes se encuentran debidamente notificadas de la resolución impugnada y del recurso de revisión interpuesto. En consecuencia, como se encuentra ordenado en autos, con el original y copia del escrito de agravios, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso citado, solicítese el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo...

  3. Principal

    ...Agréguese el escrito de la parte quejosa, mediante el cual interpone revisión contra la sentencia dictada en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso; distribúyanse entre las partes el mismo y una vez integrado el expediente, remítase al Tribunal de Alzada...

  4. Principal

    Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 1220/2016; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta Ciudad, y turnado en esa fecha a este Juzgado; Bárbara Rubí Gutiérrez García, por propio derecho y en representación de la menor K.R.G.G., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Una vez desahogada la prevención, el veinticinco de agosto del año en curso, este Juzgado admitió la demanda bajo el número 1220/2016; dio intervención al Ministerio Público de la Federación; señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; requirió informe justificado; se reconoció el carácter de tercero interesada a Carlos Alberto Gutiérrez Jiménez; así, previo diferimientos de la audiencia constitucional, el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción IV de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un auto que emitió una autoridad que tiene su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se debe tener como autoridad responsable al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, a quien se le reclama el acuerdo de ocho de julio de dos mil dieciséis, a través del cual suspendió el turno y la citación para dictar sentencia en el expediente 722/2015, relativo a la Controversia del Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, promovido por Carlos Alberto Gutiérrez Jiménez en representación de su menor hija K.R.G.G., contra Bárbara Rubí Gutiérrez García, para efecto de recabar las pruebas periciales en psicología y trabajo social de los abuelos paternos y maternos, así como de la tía de la menor. TERCERO. El Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la emisión del acto reclamado; por ende, se tiene por acreditada su existencia. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable como complemento de su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente 722/2015, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Ahora, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, las causas de improcedencia se analizarán de oficio o a petición de parte. En el caso la autoridad responsable hace valer la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; sin embargo, no le asiste la razón toda vez que dicha autoridad no señala argumento alguno tendente a tener por demostrada la hipótesis que establece tal fracción, aunado al hecho de que señaló que debe negarse el amparo a la quejosa de que se trata. Al no existir alguna otra causa de improcedencia invocada por las partes ni advertida de oficio por este juzgado, se procede al estudio del fondo del asunto. Sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, pues tal requisito no se exige en la Ley de Amparo; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al inconforme, ni viola los principios de congruencia y exhaustividad que rigen la sentencia de amparo. A lo anterior sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Para un mejor entendimiento del asunto, es necesario relatar los siguientes antecedentes: 1. El veintiocho de julio de dos mil quince, el tercero interesado en representación de la menor K.R.G.G., demandó a la quejosa ante la autoridad responsable diversas prestaciones, entre ellas, la guardia y custodia definitiva de dicha menor. 2. Bajo esa tesitura, el veintinueve de julio de dos mil quince, la autoridad responsable admitió tal controversia familiar y ordenó emplazar a la demandada, quien el diecinueve de agosto de ese año, contestó la demanda y reconvino al tercero interesado. 3. Una vez seguido el juicio en todas sus etapas procesales, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la autoridad responsable ordenó citar a las partes para oír sentencia; sin embargo, el ocho de julio del año en curso, ordenó suspender el turno y la citación para dictar sentencia para efecto de recabar las pruebas periciales en psicología y trabajo social de los abuelos paternos y maternos, así como de la tía de la menor. SEXTO. En términos del artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo, cabe indicar que aun suplidos en su deficiencia los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, éstos resultan infundados, por las razones que a continuación se expresan. La quejosa en sus conceptos de violación sostiene que el auto de ocho de julio de dos mil dieciséis, atrasa indebidamente el dictado de la sentencia, porque el juez de la causa nuevamente ordena unos dictámenes en materia de Psicología Familiar y de Trabajo Social, cuando ya existen otros que concluyen sobre las materias; además de que los ordena respecto a sujetos que nada tienen que ver con la controversia familiar con independencia del parentesco con los progenitores a los cuales les corresponde la custodia del menor, por lo que tal dilación procesal resulta en perjuicio del interés superior de la menor. Cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretó el interés superior del menor de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". En este orden, la facultad de la autoridad jurisdiccional de recabar y desahogar pruebas de manera oficiosa, en los asuntos que involucran derechos de menores, incluso practicar las diligencias que se consideren oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad, encuentra su origen y razón de ser, en la premisa del interés superior del menor a que se contrae el artículo 4º constitucional, la que demanda una tutela especial en los asuntos en que están de por medio directa o indirectamente derechos de menores o incapaces. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 30/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, de marzo de 2013, Libro XVIII, página 401; cuyo rubro es: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS." De igual manera, es de invocarse el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Cuarta Parte, Materia Civil, Página 178, del rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. LOS JUECES DE PRIMER GRADO Y LOS DE SEGUNDO DEBEN REALIZARLA EN ASUNTOS EN LOS QUE SE CONTROVIERTEN DERECHOS DE UN MENOR." Asimismo, el artículo 1.251 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece lo siguiente: Artículo 1.251. Los Tribunales podrán decretar, en todo tiempo, en cualquier juicio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas diligencias el Juez obrará como estime procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, procurando en todo su igualdad y justo equilibrio. Los gastos que se originen serán cubiertos por el actor o en su defecto por el demandado, sin perjuicio de lo que en su oportunidad se resuelva sobre condenación en costas. En materia familiar, cuando haya que decidir sobre la guarda y custodia de los menores, en los casos en que las partes, el Ministerio Público o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México no hayan solicitado la realización de pruebas periciales en materia de trabajo social y psicología familiar, para demostrar qué persona es la más idónea para hacerse cargo de manera definitiva del menor, el Juez las mandará realizar oficiosamente. En caso de que el tutor con la guarda y custodia tuviera una nueva pareja con la cual el menor tuviera que cohabitar, el Juez podrá solicitar las mismas pruebas periciales a las que se refiere el párrafo anterior con el propósito de garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes." Las directrices legales anotadas, evidencian la obligación que tiene la autoridad judicial, de allegarse de las pruebas que resulten necesarias, incluso de manera oficiosa, para resolver de manera ajustada a derecho los conflictos judiciales que involucran derechos de menores de edad. Por tanto, si en observancia a esa exigencia incluso de orden constitucional -dado que el interés superior de los menores, constituye un derecho humano reconocido en el artículo 4º constitucional, cuya tutela está encomendada a toda autoridad del Estado Mexicano, en la que queda comprendida la autoridad jurisdiccional-, la autoridad responsable, en el auto de ocho de julio de dos mil dieciséis, ordenó suspender el turno y la citación para dictar sentencia para efecto de recabar de manera oficiosa, las pruebas periciales en psicología y trabajo social de los abuelos paternos y maternos, así como de la tía de la menor y así poder determinar en definitiva la custodia de la menor, se considera que el proceder de la responsable se ajustado a derecho, debido a que el interés superior de los menores, como criterio ordenador, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia (s) Constitucional, Civil, Tesis: 1a./J.13/2015 (10a.), Página 382, del rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL M ENOR. EL DERECHO DE LOS MENORES A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA NO PUEDE ESTAR PREDETERMINADO POR UNA REGLA FIJA EN RAZÓN DE SU EDAD." De igual manera, es de invocarse el criterios sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Materia Civil, Tesis: 1a. CCCXLIII/2014 (10a.), Página 605, del rubro: "GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. LAS PRUEBAS PERSONALES PARA EVALUAR LA IDONEIDAD DE LOS PADRES QUE PRETENDEN SER TITULARES DE AQUÉLLA, TAMBIÉN DEBEN PRACTICARSE A LAS PAREJAS CON LAS QUE COHABITEN." Entonces, en orden con lo precedente, deviene innegable la necesidad de recabar oficiosamente los medios probatorios encaminados a desentrañar lo que resulte más benéfico para la menor de edad, por lo que si éstos no se aportaron, correctamente la responsable ordenó recabar la pruebas periciales de que se trata, para de esa forma contar con los elementos propicios a fin de estar en las condiciones básicas que permitan al juzgador primario conocer de manera objetiva su entorno social, salud, sensibilidad motora y de pensar, costumbres y educación, incluso, en su caso, la conservación de su patrimonio, para resolver lo más benéfico sobre la guarda y custodia de todo menor, lo que el Estado debe realizar para que la sociedad no resulte afectada en casos como el indicado, máxime si lo anterior es de orden público. Orienta sobre el particular, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Segundo Circuito, Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, Materia Civil, Tesis: II.2o.C. J/17, Página 1548, del rubro: "MENORES. DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE EL JUEZ NATURAL RECABE LOS MEDIOS PROBATORIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LO CONDUCENTE DE MODO INTEGRAL Y COMPLETO SOBRE LA GUARDA Y CUSTODIA DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." Bajo las anteriores premisas, resultan infundados los conceptos de violación de la parte quejosa, porque como ya se indicó el Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores en todos sus aspectos, es decir, tanto físicos como psicológicos; en ese sentido una de estas medidas consiste en ordenar los dictámenes correspondientes sobre las persona con las cuales la menor pueda tener una convivencia directa al decidir respecto a la custodia de la menor en favor de alguno de los progenitores, máxime si de los autos se advierte que éstos tienen que trabajar para su sustento y que posiblemente la menor pudiera quedar a cargo de alguno de los familiares respecto de los cuales la autoridad responsable ordenó los dictámenes correspondientes. De ahí que con independencia de que en la causa de origen obren diversos dictámenes de Psicología Familiar y de Trabajo Social, respecto a los progenitores, lo cierto es que de conformidad con las premisas invocadas la autoridad responsable tiene la facultad de ordenar las diligencias correspondientes a fin de favorecer el interés superior de la menor y en esa razón se considera correcta la determinación de la responsable de ordenar el desahogo de las pruebas de que se trata, pues van encaminadas al buen desarrollo del menor y por ende se justifica la dilación del dictado de la sentencia. En ese contexto, resulta incuestionable que se encuentran acreditados debidamente, los fundamentos y motivos que integran el auto dictado por el Juez responsable el ocho de julio de dos mil dieciséis en el expediente 722/2015; de tal manera que el acto reclamado no transgrede los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. No pasan desapercibidos los señalamientos de la parte quejosa encaminados a realizar juicio de valoración respecto al juicio natural; sin embargo, éstos resultan inatendibles en atención a que serán materia de la resolución que dirima el conflicto familiar respecto al cuál de los progenitores resulta ser el más apto para tener la custodia de la menor. Por tanto, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, por las consideraciones expuestas en el cuerpo de la presente sentencia. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Bárbara Rubí Gutiérrez García, por propio derecho y en representación de la menor K.R.G.G., contra el acto y autoridad especificados en los considerandos segundo y tercero de este fallo protector, por las razones y términos expuestos en el considerando último de la presente sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, hoy quince de noviembre de dos mil dieciséis, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Manuel Isaías Delgadillo Aguiñaga, que da fe.

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