Bartolo Martínez Ruiz

Expediente 321/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
321/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
05/09/2017

Partes del expediente

  • Bartolo Martínez Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que el quejoso Bartolo Martínez Ruiz, no impugnó el proveído de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete (foja 17), mediante el cual se tuvo por no presentada su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artrculo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse a este expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es destruible, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se advierte que Bartolo Martínez Ruiz, no cumplió dentro del plazo de cinco días hábiles que se le concedió para tal efecto, con el requerimiento formulado en auto de treinta y uno de julio del año en curso, por el que se le previno para que aclarara su demanda de amparo; no obstante haber sido legalmente notificado para ello, el cuatro y once del actual, según se desprende de autos (fojas 9 y 12). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dichó auto, y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por Bartolo Martínez Ruiz, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Por último, para los efectos de la publicidad de esta determinación en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, aun cuando las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que dicha supresión no impida. dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la secretaría de este juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente atento a que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.

  3. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por Bartolo Martínez Ruiz, contra actos del juez de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, y de otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo, fórmese el expediente de amparo con el número 321/2017, que le corresponde. Como se advierte una irregularidad en la demanda de amparo de que se trata, a fin de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión o no, con fundamento en los artículos 114, en relación con el 108, fracción III, y 110 de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito aclaratorio que formará parte integrante de su demanda de amparo, y bajo protesta de decir verdad, con el número de copias suficientes, una para cada una de las autoridades que señale como responsables, dos para integrar el incidente de suspensión relativo, y una más para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, aclare su demanda con base a las consideraciones siguientes: El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, impone la carga procesal a la parte quejosa de expresar en la demanda de amparo la autoridad o autoridades responsables. Ahora, del apartado relativo a las autoridades responsables, se advierte que el quejoso señala entre otras, en su calidad de ordenadora a la siguiente: "3) Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca." De quien se aprecia reclama en esencia la orden de aprehensión, y su ejecución; sin embargo, debe decirse que es un hecho notorio que en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, no existe juez de Control, lo que se corrobora con la certificación secretarial en la que se hizo constar que al accesar a la página de internet del Poder Judicial del estado de Oaxaca, https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/ConselodelaJudicatura.aspx, se obtuvo que únicamente existen jueces de Control en Huajuapan, Juchitán, Nochixtlán, Putla, Pinotepa, Pochutla, Puerto Escondido, Salina Cruz, Tehuantepec, Tlaxiaco, San Juan Bautista Tuxtepec, Cosolapa, lxtlan, Miahuatlán, Sola de Vega, Cuicatlán y juez de Control del Circuito Valles Centrales con sede en Tanivet, lxcotel y Ejutla, sin que se advierta que en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, exista un juez con la denominación que le atribuye el quejoso, con valor probatorio en términos de los artículos 188 y 210-A, párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya las consideraciones que anteceden, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época, registro ius número 186243, página 1306 del tenor siguiente: "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "intemet", que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo". La anterior irregularidad impone se requiera al quejoso para que aclare su demanda en el punto siguiente: 1.- Precise el nombre correcto de la autoridad responsable que denomina como juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Tiene aplicación la tesis visible a página ciento ochenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, septiembre de mil novecientos noventa y tres, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y tenor son los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo." Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada XI.2o.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, visible a página 1556, Novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVENCIÓN AL QUEJOSO CUANDO SU DENOMINACIÓN ES INCORRECTA. El artículo 116 de la Ley de Amparo señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto, entre otros, el que se prevé en la fracción III, esto es, la designación de la autoridad o autoridades responsables, por lo que es claro que desde el escrito inicial se deben precisar los nombres de éstas, a fin de que se esté en condiciones de emplazarlas y solicitarles su informe respectivo, y si no se hace, al advertir el Juez que alguna de ellas fue mal señalada, debe prevenir al promovente de amparo en términos del artículo 146 del propio ordenamiento jurídico, a efecto de que la señale correctamente, pues de estimar que hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente de garantías por el término de tres días para que manifieste lo que a su representación convenga, y que en caso de no cumplir se tenga por no señalada a la autoridad, es claro que se estaría contraviniendo el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita." Con apercibimiento que de no cumplir con lo requerido dentro del plazo concedido, de no informar lo conducente en su caso, de no exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, o de contestar con evasivas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el párrafo segundo, del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizados con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Teodoro Martínez Jiménez y Soledad Flores Montero; y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Gerardo Moisés Ramírez Ramos y Jorge Claudio Martínez Cruz, esto es, sin las amplias facultades del mencionado artículo, toda vez que no acreditan contar con cedula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual están obligados en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia penal, aunado a que no se encontraron registros a sus nombres en el Módulo de Cedulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, ni en los Libros de Registros de Cedulas Profesionales que se llevan en este juzgado.

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