Bartolo Martínez Ruiz

Expediente 150/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
150/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
04/06/2019

Partes del expediente

  • Bartolo Martínez Ruiz
  • Bartolo Martínez Ruiz y Otros.
  • Pedro Felipe Díaz Contreras y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de donde se advierte que el quejoso Pedro Felipe Díaz Contreras, no cumplió dentro del plazo de tres días concedido con el requerimiento que se le hizo por auto de veinte de mayo del año en curso (foja 659), en el sentido de que se presentara ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial reciente que acreditara su identidad y manifestara si ratificaba el contenido de su escrito de diecisiete del pasado mes de mayo, por el que solicitó copia certificada de diversas constancias del presente juicio de amparo, y si reconocía que la firma impresa en el mismo fue puesta de su puño y letra; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo; por consiguiente, se tiene por no presentado su escrito de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve (foja 657).

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, y toda vez que el quejoso y terceros interesados no se inconformaron contra el proveído de veintiocho de febrero del año en curso (fojas 630 a 634), en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en el plazo que establece el diverso 202, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el mismo. En consecuencia, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En el entendido, que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva, por ubicarse el presente asunto, en el supuesto de la fracción IV del punto vigésimo primero, del Acuerdo General en comento. Asimismo, conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, cabe señalar que por auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 557 y 558), en que se declaró que la sentencia dictada en este juicio causó ejecutoria, se ordenó dictar el acuerdo correspondiente al archivo del incidente de suspensión del que deriva el presente juicio de amparo, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de uno de febrero del año en curso (foja 620), se dio vista al quejoso Pedro Felipe Díaz Contreras, para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su derecho importara respecto de la resolución de siete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en San Pedro Pochutla, Oaxaca, en el expediente penal 1/2014, que se instruye en su contra, como probable responsable del delito de despojo agravado, cometido en perjuicio de Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, en cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. Así las cosas, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, procede analizar, de oficio, si la referida autoridad responsable cumplió con la sentencia ejecutoria dictada en este expediente. Del análisis de la resolución de siete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en San Pedro Pochutla, Oaxaca, en el expediente penal 1/2014, con pleno valor probatorio en su calidad de instrumental de actuaciones en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concluye que la responsable cumplió con la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por las consideraciones que enseguida se exponen. 1. En sentencia engrosada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 530 a 540), dictada en este juicio de garantías, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Pedro Felipe Díaz Contreras, para los efectos siguientes:. 2.- En cumplimiento a la sentencia ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en San Pedro Pochutla, Oaxaca, el siete de noviembre de dos mil dieciocho dictó nueva resolución en el expediente penal 01/2014, en la que, de inicio dejó insubsistente la resolución de catorce de febrero de dos mil catorce, únicamente por lo que se refiere al inculpado aquí quejoso Pedro Felipe Díaz Contreras. Luego, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, en su considerando primero determinó que el delito de despojo agravado se encuentra previsto y sancionado por los artículos 384, fracción I, y 386 del Código Penal del Estado de Oaxaca, y precisó que los elementos que integran el delito de despojo son: a).- Que alguien ocupe un inmueble ajeno o propio o haga uso de él o de un derecho legal que no le pertenece; b).- Que esa ocupación sea de propia autoridad y haciendo violencia física o moral a las personas o furtivamente, o empleando amenazas o engaños; y, c).- Se lesione el bien jurídico protegido por la norma penal, como es la posesión del pasivo. Tales elementos los tuvo por acreditados con la denuncia presentada por el apoderado legal de la parte ofendida JOSÉ JAIME RAMÍREZ PONCE, mediante escrito de fecha veinticinco de febrero de dos mil doce, presentado ante el Agente del Ministerio Público Investigador de Puerto Escondido, Oaxaca, Mixtepec, Juquila, Oaxaca, denuncia a la que le concedió valor probatorio indiciario, en términos del artículo 354, del Código de Procedimientos Penales del Estado, por haber sido rendida de conformidad con los artículos 8°, 9°, 10 y 11 del ordenamiento procesal legal en cita; es decir, que fue formulada de manera escrita ante el Ministerio Público y ratificada ante dicha autoridad; lo que se corrobora con la declaración de los testigos presenciales de los hechos Simeón Méndez García, Vicente Ramírez Robles y Gorgonio Ramírez Escamilla, de fecha nueve de marzo del año dos mil doce; testimonios a los cuales les otorgó el valor probatorio de indicio en términos del artículo 354 del código de procedimientos penales vigente en el Estado, porque satisfacen los requisitos exigidos por la fracción VI del artículo 355 del mismo ordenamiento legal, pues fueron vertidas por personas capaces de declarar, además de ello que la recepción de los testimonios se realizó en atención a lo dispuesto por los numerales 409, 413, 414, 415, 420 y 423 todos del ordenamiento adjetivo de la materia, e invocó en apoyo a la anterior valoración la jurisprudencia publicada en la página 1539, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIV, septiembre 2006, Materia Penal, Novena Época, con el título "TESTIGOS, PARA QUE SU DECLARACIÓN SE CONSIDERE UN AUTÉNTICO TESTIMONIO SE REQUIERE QUE TENGAN UN CONOCIMIENTO ORIGINAL Y DIRECTO DE LOS HECHOS Y NO DERIVADO O PROVENIENTE DE INDUCCIONES O REFERENCIAS DE OTROS", y con la diligencia de inspección ocular practicada por la autoridad investigadora, de fecha veinte de abril de dos mil doce, actuación a la cual se le otorgó valor probatorio pleno conforme a los artículos 354, en relación con el diverso 68, del Código de Procedimientos Penales invocado, pues se desahogó reuniendo los requisitos exigidos por los preceptos 370, 371 y 372 del citado Código, por tratarse de actuación practicada por la autoridad en pleno goce de sus facultades como autoridad investigadora, describiendo las características del inmueble materia de la inspección, además actuó ante su Secretario. Así también, por lo que hace el actuar doloso de los activos la responsable dijo que recayó precisamente en el terreno rústico ubicado en San Francisco Cozoaltepec, demarcación de San Pedro Pochutla, Oaxaca, con las siguientes medidas y colindancias: al Sur mide mil cuatrocientos cincuenta y ocho metros y colinda con Barra de Tilzapote (océano pacífico); al Poniente mide dos mil veintinueve metros sesenta y seis centímetros y colinda con terrenos de la testamentaria de J.M. Pacheco, arroyo de arena de por medio; al Norte mide mil novecientos metros y colinda con José Alfredo, Ada y Maribel García y Alfonso y Patricia, Galguera Velásquez; al Oriente mide dos mil trescientos sesenta y tres metros doce centímetros y colinda con Lorenzo Galguera y Julia Galguera Viuda de Alonso. Asimismo, precisó que los medios utilizados por los agentes comisivos, fue la furtividad, pues del dicho del denunciante se tiene que el veintiuno de febrero de dos mil doce, aproximadamente a las ocho horas, penetraron al inmueble materia del presente, el cual se encuentra debidamente limitado y aprovechando la ausencia de los poseedores por encontrarse ausentes de lugar, en forma furtiva penetraron al inmueble pues aun cuando los trabajadores que se encontraban en dicho inmueble les reclamaron su proceder, indicándoles que dicho predio tenía dueño, y que se meterían en problemas, sin que hicieran caso. Con los elementos probatorios analizados, también dijo, queda de manifiesta las circunstancias de lugar, tiempo y ocasión, pues de la denuncia y la versión de los testigos de cargo, como de la inspección ocular practicada por la autoridad ministerial conocedora de las primeras diligencias, se infiere que los hechos tuvieron lugar en el terreno rústico ubicado en San Francisco Cozoaltepec, perteneciente a Santa María Tonameca, del distrito judicial de Pochutla; con las siguientes medidas y colindancias: al Sur mide mil cuatrocientos cincuenta y ocho metros y colinda con Barra de Tilzapote (océano pacífico); al Poniente mide dos mil veintinueve metros sesenta y seis centímetros y colinda con terrenos de la testamentaria de J.M. Pacheco, arroyo de arena de por medio; al Norte mide mil novecientos metros y colinda con José Alfredo, Ada y Maribel García y Alfonso y Patricia, Galguera Velásquez; al Oriente mide dos mil trescientos sesenta y tres metros doce centímetros y colinda con Lorenzo Galguera y Julia Galguera, aproximadamente a las ocho horas del veintiuno de febrero de dos mil doce, se posesionaron del predio, que tenían en posesión originaria Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, de propia autoridad pues no obraba orden por escrito de autoridad competente, haciéndolo de manera furtiva, afectando la posesión que ostentan estas, con la intención de apropiarse del mismo, pues inmediatamente empezaron a quitar los palos de la cerca que delimitaba dicho predio ejerciendo actos de apropiación. Actualizándose también las circunstancias objetivas de pluralidad de individuos, pues del cúmulo de elementos probatorios dijo, ha quedado de manifiesto que los agresores se presentaron en el inmueble en un número mayor de quince personas, adecuándose la hipótesis prevista en el artículo 386 del código punitivo del Estado; por ende, el proceder de los activos se ubica dentro de los supuestos previstos en los artículos 384 fracción I en relación con el citado numeral 386 del código sustantivo penal del Estado, porque de propia autoridad, de manera furtiva, ocuparon indebidamente un terreno comunal ubicado en San Francisco Cozoaltepec, perteneciente a Santa María Tonameca, del distrito judicial de Pochutla, que ocupaban los pasivos de buena fe, de manera pacífica y sin perturbación alguna; e invocó en apoyo a lo anterior la jurisprudencia con registro 224785, de la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, visible en la página: 344, Tesis de Jurisprudencia VI. 1o. J/42, Materia Penal, intitulada: "DESPOJO, PARA QUE SE CONFIGURE, DEBE PROBARSE LA FORMA EN QUE SE LLEVÓ A CABO LA OCUPACIÓN. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)"; por lo que dijo, existen datos suficientes que hacen presumir que se cometió el hecho que la ley considera como delito de despojo agravado, en perjuicio patrimonial de Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera. Al analizar la probable responsabilidad penal del inculpado Pedro Felipe Díaz Contreras, en la comisión del delito de despojo agravado, cometido en perjuicio patrimonial de Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, y denunciado por su apoderado legal José Jaime Ramírez Ponce, en autos NO se encuentra legalmente comprobada con las constancias de prueba que integran la presente causa en términos de lo establecido por el artículo 8° fracción I y 11 fracción III del Código Penal vigente en el Estado, y última parte del artículo 25 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, en la comisión del delito en estudio. Asimismo, en el considerando cuarto destaca la denuncia presentada por José Jaime Ramírez Ponce, apoderado legal de los ofendidos Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, a la cual se le otorgó valor probatorio indiciario en términos del considerando que antecede de la presente resolución. Lo anterior, porque ni el denunciante, ni los testigos de cargo, que son personas originarias de ese lugar, y que se supone que conocen a los inculpados por ser personas oriundas de la misma localidad, por el tiempo que había transcurrido de los hechos (veintiuno de febrero del dos mil doce), a la fecha en que rindieron testimonio (nueve de marzo de dos mil doce), pudieron detallar con precisión, cuál fue la acción que realizó el inculpado para llevar a cabo esa desposesión que le atribuyen, puesto que si bien refieren que al ser encabezados por Claudio Pacheco Altamirano, Carlos Jiménez Ríos y Antonio Ramírez Hernández, y ser las personas que lideraban al grupo de treinta individuos que iban con ellos, entraron al predio en cuestión, de ninguna manera detallan la forma en que intervino el hoy inculpado para cometer el ilícito que se le atribuye, siendo omisos al relatar de momento a momento las acciones asumidas por el inculpado para desposesionar el predio en cuestión a los hoy ofendidos, máxime que como se ha dicho, lo identificaron y conocen por ser de la misma localidad, que al conocerlo debían haber detallado la forma de intervención que tuvo el hoy inculpado en la comisión del delito que se le atribuye; y al no hacerlo se transgrede el derecho humano de todo ciudadano de presumirse inocente hasta no demostrar lo contrario; asimismo, señaló que de las actuaciones practicadas por el ministerio público de ninguna manera existen otros datos que hagan probable la responsabilidad penal del inculpado, puesto al realizar la inspección ocular el ofendido le refirió que dentro de ese predio se encontraban algunas personas, nunca menciona a Pedro Felipe Díaz Contreras, dentro de la misma diligencia intervinieron los testigos de posesión del inmueble, personas que si bien refirieron la posesión que detentaba la parte ofendida, en ningún momento refirieron qué personas eran las que los estaban desposesionando, e invocó en apoyo las tesis XII.5°.2 P y 1.8°.P.2 P sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Duodécimo Circuito y por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicadas, respectivamente en las páginas 1341, tomo XVI, Septiembre de dos mil dos y 1263, Tomo XVI, Julio del dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubros y textos siguientes: "COAUTORÍA. SE GENERA CUANDO EXISTE ENTRE LOS AGENTES CODOMINIO FUNCIONAL DEL HECHO (legislación DEL ESTADO DE SINALOA", así como la visible en la Octava Época. Registro 225527, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito. Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, Tesis Aislada del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990, Materia Penal, visible en la página 127, cuyo rubro dice: "COAUTORÍA DELICTIVA". De lo anterior, concluyó que la probable responsabilidad penal de Pedro Felipe Díaz Contreras, en la comisión del delito de despojo agravado, no se encuentra legalmente acreditada, por lo que lo procedente era negar la orden de aprehensión solicitada por el representante social, por el delito que se le atribuye, que se dice cometido en perjuicio patrimonial de Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera. Finalmente, concluyó con los siguientes puntos resolutivos:. Así las cosas, si la protección de la Justicia Federal al quejoso fue para el efecto de que el Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en San Pedro Pochutla, Oaxaca, responsable dictara nueva resolución en la que dejara insubsistente el mandamiento de captura reclamado única y exclusivamente por lo que respecta al aquí quejoso, y con plenitud de jurisdicción dictara la resolución respectiva, que pudiera ser en el mismo sentido que la anterior, pero purgando los vicios formales apuntados, o en sentido diverso, lo que fue acatado por la autoridad responsable, pues con fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, dictó nueva resolución en el expediente penal 01/2014, en la que, de inicio dejó insubsistente la resolución de catorce de febrero de dos mil catorce, y al no encontrar legalmente acreditada la probable responsabilidad penal de Pedro Felipe Díaz Contreras, en la comisión del delito de despojo agravado, que se dice cometido en perjuicio patrimonial de Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, negó librar la orden de aprehensión solicitada por el representante social. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio 148/2019, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en San Pedro Pochutla, Oaxaca, mediante el que en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintiuno de enero del año en curso (foja 612), informa que la fecha correcta de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo es siete de noviembre de dos mil dieciocho, y no siete de noviembre de dos mil diecisiete; como justificación a su dicho, remite copia certificada del proveído de treinta de enero del año en curso, dictado en el expediente penal 01/2014, del que deriva el acto reclamado, por el que hace la aclaración que la resolución a la ejecutoria dictada en este expediente fue pronunciada el siete de noviembre de dos mil dieciocho y no como erróneamente quedó asentada. En consecuencia, se tiene por hecha dicha aclaración, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso Pedro Felipe Díaz Contreras, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que sea legalmente notificado de este proveído, manifieste lo que a su derecho corresponda respecto de la resolución de siete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente penal 1/2014, que se instruye en su contra, como probable responsable del delito de despojo agravado, cometido en perjuicio de Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en este juicio de amparo (fojas 575 a 595); en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo señalado, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que aparezcan en el presente juicio y los datos aportados por la citada autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, de rubro y texto siguiente:...

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