Bartolo Erasmo Escobedo Cristóbal

Expediente 113/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
113/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
01/09/2021

Partes del expediente

  • Bartolo Erasmo Escobedo Cristóbal
  • Domingo Santiago San Juan
  • BARTOLO ERASMO ESCOBEDO CRISTÓBAL y Otros.
  • Juez de Control Adscrito Al Juzgado de Proceso Y Procedimientos Penal Oral, Papantla, Veracruz
  • ALEJANDRO SOLÍS HERNÁNDEZ y Otros.
  • José Fuentes Aburto
  • Francisco Lucas Hernández
  • Alejandro Solís Hernández
  • David Martínez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a uno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido; al igual que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, pues se concedió la medida cautelar, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del mismo artículo. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirán a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguese al cuaderno original del incidente de suspensión una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el uno de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Bartolo Erasmo Escobedo Cristóbal, José Fuentes Aburto, Juan Morales Juárez, Narciso Cruz Reyes, Gilberto Jiménez González y Bartolo Jiménez Cortés, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector. Por oficio 613/2021, remitido por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Papantla, Veracruz, se le tuvo informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión, motivo por el cual se dio vista a las partes por el término de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal convenga. Para tal efecto, la responsable ordenadora envió la resolución en cumplimiento y la ejecutora también informó lo propio, bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES (.) lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el juez responsable: a) En relación con los quejosos Bartolo Erasmo Escobedo Cristóbal, José Fuentes Aburto y Juan Morales Juárez, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente tanto la audiencia inicial celebrada el seis de febrero de dos mil veinte, como su continuación que tuvo verificativo el once de febrero siguiente, en la que se dictó el auto de vinculación a proceso en la causa penal 69/2019; en tanto dichas actuaciones fueron celebradas sin una defensa técnica adecuada y la emisión del auto de vinculación dependerá, en su caso, de lo desahogado en la audiencia respectiva; II. Señale fecha y hora para la reposición del procedimiento, para que con las formalidades de ley y atendiendo a los lineamientos indicados en la presente sentencia, al momento de individualizar a las partes se cerciore que la persona que asistió a los quejosos, como defensor en la audiencia inicial sea licenciado en derecho. III. Hecho lo cual, continúe con el trámite correspondiente y con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda respecto a la vinculación a proceso; y, de ser procedente, se pronuncie sobre la imposición de las medidas cautelares respectivas; todo ello sin agravar la situación que guardan los quejosos antes de la presentación del amparo que se resuelve. b) Respecto de los quejosos Narciso Cruz Reyes, Gilberto Jiménez González y Bartolo Jiménez Cortés: I. Deje insubsistente tanto la audiencia inicial celebrada el once de febrero de dos mil veinte, como su continuación que tuvo verificativo el trece de febrero siguiente, en la que se dictó el auto de vinculación a proceso en la causa penal 69/2019; en tanto dichas actuaciones fueron celebradas sin una defensa técnica adecuada y la emisión del auto de vinculación dependerá, en su caso, de lo desahogado en la audiencia respectiva; II. Señale fecha y hora para la reposición del procedimiento, para que con las formalidades de ley y atendiendo a los lineamientos indicados en la presente sentencia, al momento de individualizar a las partes se cerciore que la persona que asistió a los quejosos, como defensor en la audiencia inicial sea licenciado en derecho. III. Hecho lo cual, continúe con el trámite correspondiente y con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda respecto a la vinculación a proceso; y, de ser procedente, se pronuncie sobre la imposición de las medidas cautelares respectivas; todo ello sin agravar la situación que guardan los quejosos antes de la presentación del amparo que se resuelve. Todo lo cual, deberá realizarse en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos fundamentales de los imputados, y quedar registrado en la videograbación correspondiente. Mediante oficio 17/2021, presentado el quince de abril de dos mil veintiuno, el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Papantla de Olarte, Veracruz, remitió diversas constancias entre las cuales se advierte que por auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, programó las diez horas del veintiséis de abril de este propio año, para que se llevara a cabo la audiencia de imputación en libertad dentro del proceso penal 63/2019, instruido en contra de Narciso Cruz Reyes, Gilberto Jiménez González, Bartolo Jiménez Cortez, Jesús Hernández Vega y Juan Hernández González, por hechos que la ley señala como delito de despojo, cometido en agravio de Vicente Vera Vera. Posteriormente, mediante oficio 613/2021 de seis de mayo de este propio año, y 701/2021 de diecinueve de mayo de esta anualidad, el juez responsable remitió el acta mínima de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la que en cumplimiento al fallo federal realizó lo siguiente: a) dejó insubsistente las audiencias de seis y once de febrero de dos mil veinte, para los quejosos Bartolo Erasmo Escobedo Cristóbal, José Fuentes Aburto y Juan Morales Juárez; b) dejó insubsistente la audiencia celebrada el once de febrero y su continuación que tuvo verificativo el trece de febrero ambas de dos mil veinte, por cuanto hace a los quejosos Narciso Cruz Reyes, Gilberto Jiménez González y Bartolo Jiménez Cortés; c) se hizo constar la comparecencia del defensor público Rubén Ramírez Bautista, así como que se verificó que se encontrara registrada en la página oficial de la dirección de profesiones su cédula profesional. Posteriormente, se procedió a individualizar a las partes, y en uso de la voz del defensor público manifestó que no pudo localizar a sus representados "toda vez que no dejaron ningún dato dentro de lo que lleva la defensoría". Por su parte, la Fiscal informó que antes de entrar a la audiencia, revisó el libro de firmas que lleva el juzgado y que se pudo percatar que José Fuentes Aburto dejó de firmar desde el once de febrero de dos mil veinte; Juan Morales Juárez dejó de firmar desde el veinticinco de febrero de dos mil veinte; por cuanto hace a David Martínez Hernández y Francisco Lucas Hernández, dejaron de firmar desde el diez de septiembre de dos mil veinte. A lo que agregó que por cuanto hace a Narciso Cruz Reyes, Bartolo Erasmo Escobedo Cristóbal, Gilberto Jiménez González, Bartolo Jiménez Cortés y César Escobedo Clemente, nunca se presentaron a firmar en ese juzgado. En tanto, el auxiliar de sala señaló que realizó una llamada al licenciado Armando Dan Ham, al número telefónico 7835812214, quien se encontraba autorizado para oír y recibir notificaciones dentro del juicio de amparo y a quien se le hizo saber sobre la fecha de la audiencia, quien manifestó que después de que promovió el amparo en favor de los quejosos nunca más los volvió a ver y que no tiene comunicación con ellos. Con motivo de ello, se procedió a suspender la presente audiencia y se dejaron a salvo los derechos de la Fiscalía a fin de que proveyera lo que en derecho corresponda, ordenándose informar a la autoridad federal sobre la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación por amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se advierte que no existe materia para la ejecución de la sentencia de amparo, toda vez que si bien es cierto, el juez de control por auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, fijó las diez horas del veintiséis de abril de este propio año, para que se llevara a cabo la audiencia de imputación en libertad dentro del proceso penal 63/2019, instruido en contra de los aquí quejosos; asimismo, el día en que tuvo verificativo la misma: a) dejó insubsistente las audiencias de seis y once de febrero de dos mil veinte, para los quejosos Bartolo Erasmo Escobedo Cristóbal, José Fuentes Aburto y Juan Morales Juárez; b) dejó insubsistente la audiencia celebrada el once de febrero y su continuación que tuvo verificativo el trece de febrero ambas de dos mil veinte, por cuanto hace a los quejosos Narciso Cruz Reyes, Gilberto Jiménez González y Bartolo Jiménez Cortés; c) se hizo constar la comparecencia del defensor público Rubén Ramírez Bautista, así como que se verificó que se encontrara registrada en la página oficial de la dirección de profesiones su cédula profesional; también lo es que, dado que los quejosos dejaron de firmar en el libro de control de ese juzgado, así como de comparecer para la continuación del proceso penal que se les instruye en su contra, y que se desconoce dónde puedan ser localizados, en razón de que una vez que promovieron el presente juicio, nunca más volvieron a ver a su autorizado para oír y recibir notificaciones (quien fue el que les promovió la demanda de amparo). Lo que conllevó a que se dejaran a salvo los derechos de la Fiscalía a fin de que promoviera lo que en derecho corresponda, y se informara a este Juzgado sobre la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación por amparo. En ese sentido, resulta innegable que el cumplimiento a la ejecutoria dictada por este órgano jurisdiccional en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, no existe materia para la ejecución de la sentencia de amparo, dado que dentro del proceso penal 63/2019, instruido en contra de los aquí quejosos, del que emanó el acto reclamado, se informó respecto de la imposibilidad para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación dado que se desconoce dónde se pueda localizar a los aquí quejosos. En tales condiciones, al encontrarse suspendida la audiencia de formulación de imputación dentro del proceso penal que se les instruye en su contra, resulta evidente que NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa y tercera interesada el presente auto y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de mayo de dos mil veintiuno. Visto; el oficio 701/2021 y el disco versátil digital, remitidos por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Papantla, Veracruz; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales, toda vez que mediante auto de diez de mayo del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la citada autoridad a la ejecutoria de amparo. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL)Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  4. Principal

    Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Octavo Distrito Judicial, con sede en Papantla, Veracruz, no ha informado el cumplimiento dado a la sentencia amparadora dictada en el presente juicio; no obstante que mediante proveído de catorce de abril, se tuvo al citado juzgador informando las medidas tendentes a dar cumplimiento a la sentencia de mérito. En consecuencia, y en obvio de mayores dilaciones, toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y que los tribunales tienen la obligación de proveer lo conducente para que sus determinaciones se acaten a la brevedad posible; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase vía telegráfica a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, justifique haber dado cumplimiento al fallo protector, o las gestiones que esté realizando para lograrlo, informando las medidas que decrete para tal efecto. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le hará efectivo el apercibimiento impuesto en auto de veintinueve de marzo del año en curso, consistente en una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); sin perjuicio de que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con el numeral 107, fracción XVI Constitucional.

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