Bartola Juárez Bernabé
Expediente 276/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 03/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Bartola Juárez Bernabé
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a tres de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cambio, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente asunto, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c, del multicitado Acuerdo General, pues se negó la medida cautelar solicitada respecto al acto reclamado. En tal virtud, una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo, dentro de los treinta días siguientes, se destruirá el cuaderno original del incidente de suspensión y se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a siete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, solo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Bartola Juárez Bernabé, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, envió la resolución en cumplimiento, bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Empero, en la resolución que constituye el acto reclamado se omitió expresar las circunstancias o supuestos fácticos por los cuales, con base en el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la determinación de esas medidas responde a una necesidad dentro del proceso y por qué su imposición deviene urgente; asimismo, se omitió señalar con qué elementos se acredita aunque sea de manera presuntiva el derecho que se pretende cautelar; y, explicar de qué forma podría desaparecer la materia del juicio o por qué sería difícil o imposible resarcir a la parte, en favor de quien se decretó la medida, en sus derechos; además de que, al concederse la medida, debió establecer si resultaba procedente o no garantizar los posibles daños y perjuicios que se causen a la contraparte por su otorgamiento. En virtud de lo anterior, toda vez que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación; procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Dos realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno dentro del juicio agrario 62/2020. Por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, aclarado por diverso de diez siguiente, se dejó insubsistente el auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno dictado en el juicio agrario 62/2020; el cual fuera remitido por oficio 450/2021 U.A.J. T.U.A. DTO. 32 a este órgano jurisdiccional. 2. Emita uno nuevo en el que se analice exhaustivamente lo peticionado por el actor en el juicio natural, y en caso de que determine que la naturaleza de la solicitud es de medida cautelar, resuelva lo que en derecho corresponda siguiendo los lineamientos establecidos en esta sentencia. El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno la autoridad responsable determinó que la solicitud realizada constituía propiamente una medida cautelar, por lo que concedió la medida solicitada por la parte actora, en el juicio agrario 62/2020, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia amparadora, como se muestra de la siguiente transcripción: "Ahora bien para su otorgamiento debe tenerse en cuenta los siguientes requisitos: Necesidad de la cautela.- las causas por las que se solicita la medida son, por que el promovente tiene la necesidad de continuar transitando por el camino que constituye la servidumbre, ya que por ahí retira el producto de cítricos con el cual cubre sus necesidades y las de su familia. Urgencia de la emisión.- el presente es un acto que de llegar a consumarse haría difícil o prácticamente imposible su restitución, toda vez que de no permitir el acceso por la vía que se propone, se podrían perder los productos de cítricos, ya que son perecederos. Petición de parte u otorgamiento de oficio.- la solicitud la realiza ROBERTO FRANCISCO ANTONIO quien tiene el carácter de parte actora en el presente juicio. La existencia de un interés jurídico o legítimo.- Como elementos de prueba para establecer, por lo menos, de forma indiciaria o presuntiva que el solicitante es titular de un derecho, en autos obra copia certificada del certificado parcelario 499625, con el que acredita ser titular de los derechos sobre la parcela número 682, que colinda con la diversa parcela número 328, de la que pide servidumbre de paso. La no afectación al interés social o a disposiciones de orden público.- Se considera que el caso particular con la concesión de la medida no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 129 de la Ley de Amparo. (.) Si con la concesión de la medida se podrían causar daños y perjuicios.- en el caso concreto se estima que con la concesión de la medida no se ocasiona pérdida o menoscabo en el patrimonio de la parte demandada, ni ésta deja de obtener una ganancia, en términos de los artículos 2108 y 2109 del Código Civil Federal de aplicación supletoria en materia agraria." Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por las autoridades responsables, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en el cuadro que antecede. Asimismo, se considera que las autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese a la quejosa y al tercero interesado como está ordenado en autos de trece de octubre y catorce de julio de dos mil veintiuno, respectivamente; por oficio a la autoridad responsable; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el oficio 450/2021 U.A.J. T.U.A. DTO.32 de la Secretaria de Acuerdos "B" del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito Treinta y Dos, con sede en Tuxpan, Veracruz; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y téngasele aclarando su oficio 424/2021. U.A.J. T.U.A. DTO.32 acordado en fecha diez de los actuales; lo anterior, sin realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se acordó lo conducente. Por otra parte, en atención al oficio SEADS/1136/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre del año en cita, funge como jueza de este órgano jurisdiccional, la suscrita Natividad Regina Martínez Ramírez, por así haberlo determinado el Pleno del aludido Consejo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; por lista de acuerdos a la quejosa y a la parte tercera interesada, conforme a lo ordenado en autos de trece de octubre y catorce de julio de dos mil veintiuno. Así, lo proveyó y firma la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario J Arturo Mojica Sosa, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el oficio 424/2021. U.A.J. T.U.A. DTO.32 con sus anexos, remitidos por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito Treinta y Dos, con sede esta ciudad; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo las constancias respectivas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y transcurrido dicho término, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En virtud de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que al momento de realizar la notificación personal del presente proveído, corra traslado a las partes con copia del oficio que se provee, debiendo asentar dicha recepción en la propia diligencia. DILIGENCIA PERSONAL De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
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