Bartolo de Jesús Gorel Uscanga

Expediente 377/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
377/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Bartolo de Jesús Gorel Uscanga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 377/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia autorizada el diez de agosto del año en curso, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter CONSERVABLE, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés (fojas 48 a 52 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General, se decreta que es CONSERVABLE en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia autorizada el diez de agosto del año en curso, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter CONSERVABLE, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés (fojas 48 a 52 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General, se decreta que es CONSERVABLE en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el tres de mayo de dos mil veintitrés y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 10-13). SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro de mayo siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito; requerir a las autoridades responsables sus informes justificados y, emplazar al juicio a la tercera interesada (fojas 27-32). El dieciocho de mayo siguiente, se emplazó personalmente a la tercera interesada (foja 47) quien no compareció al presente asunto. Se agregaron en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 53 y 59) e integrado el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se reclaman: el control de la detención; la medida cautelar de la prisión preventiva justificada y, el auto de vinculación a proceso, todos emitidos en un proceso penal, susceptible de afectar el derecho fundamental de libertad personal del quejoso, impugnables en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consisten en: 1). La audiencia de control de la detención del imputado quejoso, llevada a cabo el once de abril de dos mil veintitrés por el Juez de Control del XIX Distrito Judicial, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el proceso penal 188/2023 (determinación que fue notificada personalmente al quejoso el mismo día de su emisión, según se observa del registro audiovisual respectivo). 2). La medida cautelar impuesta al quejoso en la referida audiencia inicial de once de abril de dos mil veintitrés, relativa a la prisión preventiva justificada por la temporalidad de seis meses (también notificada personalmente al quejoso el mismo día de su emisión, según se observa del registro audiovisual respectivo). 3). El auto de vinculación a proceso de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictado contra el quejoso en el aludido proceso penal por su participación probable en el hecho que la ley señala como el delito de robo específico, en la modalidad de robo de vehículo (determinación notificada personalmente al quejoso el mismo día de su emisión, según se observa del registro audiovisual respectivo). 4). La ejecución de dichas determinaciones, atribuidas al Director del Centro de Reinserción Social, en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos al 1. Juez de Control del XIX Distrito Judicial, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de las determinaciones reclamadas (foja 53). Lo que se corrobora, dado que dicho juzgador remitió los registros audiovisuales compulsados en un disco DVD que contienen las resoluciones combatidas (foja 58) medio de prueba que en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuenta con pleno valor probatorio, por tratarse de un audiovisual en formato DVD, considerado descubrimiento de la ciencia. Lo anterior acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." También son ciertos los actos atribuidos al 2. Director del Centro de Reinserción Social, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado (foja 59). CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Regularidad constitucional del CONTROL DE LA DETENCIÓN reclamado. Por técnica jurídica, se analiza en primer orden la determinación que calificó de legal la detención del imputado quejoso en el proceso penal de origen. En el caso, se califica de infundado el concepto de violación vertido por el quejoso en su demanda de amparo contra el destacado acto reclamado; por ende, se impone negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. Premisas normativas Para explicar los motivos por los cuales se califican de esa manera los motivos de disenso de la parte quejosa, se considera oportuno establecer las siguientes premisas normativas. El artículo 16, constitucional, en la parte que interesa, establece lo que a continuación se transcribe: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley". De la norma constitucional reproducida, se obtiene que, si bien todas las personas gozan de los derechos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestadas en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, como cualquier otro derecho humano, al no ser absolutos, su ejercicio puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. En ese contexto, el artículo 16 de la Constitución prevé que para que una persona pueda ser privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva. Además, se desprende que la flagrancia se actualiza: a). Cuando se detiene al imputado en el momento de la comisión del delito; b). Cuando inmediatamente después de la realización de los hechos delictuosos es perseguida material e ininterrumpidamente; o bien, c). Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito. Por su parte, los artículos 146 y 147, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito; o II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente; o b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización". "Artículo 147. Detención en caso de flagrancia Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público. Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención. La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el presente Código. En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo a su disposición." De una interpretación sistemática de los citados dispositivos, se desprende que la flagrancia se actualiza en la detención de una persona cuando: I. Es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o II. Inmediatamente después de cometerlo, en virtud que: a) sea sorprendida cometiéndolo y es perseguida material e ininterrumpidamente; o b) sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Hasta aquí las anteriores premisas. Antecedentes Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen a la calificación de legal de la detención del imputado (registro audio-visual): 1). A las 20:33 del once de abril de dos mil veintitrés, se abrió la audiencia en que se individualizó a las partes: fiscales del Ministerio Público, licenciados Karla Díaz Hermosilla, Jennifer Natalí Cerón Nieto y Tomás Espinoza Hernández; Investigado Bartolo de Jesús Gorel Uscanga; asimismo, el juez de control verificó que conociera sus derechos constitucionales (20:38 horas); Defensor Público del mismo, Rubén Segundo Rosales, quien aceptó y protestó el cargo conferido, previamente de haber exhibido su cédula profesional con folio 09121723, expedida por la Secretaría de Educación Pública, que lo acredita como licenciado en derecho, de la cual se registró su imagen (20:39:46 horas) además de que el juez cuestionó al auxiliar de sala si verificó las cédulas profesionales de los comparecientes, quien refirió que al inicio de la diligencia lo hizo así a través de la página del Registro Nacional de Profesiones, donde advirtió su existencia y coincidencia de sus datos (20:41 horas). 2). A las 20:42:50 la fiscalía solicitó al Juez de Control calificara de legal la detención del investigado, exponiendo los motivos, así como los datos de prueba con los que contaba, pues al respecto señaló como segmento fáctico lo siguiente: - Aproximadamente a las veintidós horas con quince minutos del nueve de abril de dos mil veintitrés, cuando elementos de la Policía Municipal de Catemaco, Veracruz, se encontraban patrullando y realizando labores de prevención y vigilancia sobre la calle Miguel Hidalgo, colonia Linda Vista, en dicha ciudad, al momento en que vía radio les hicieron de su conocimiento desde su base de operaciones, que minutos previos la joven de nombre Karla Dolores Cervantes Organista, esto es, a las veintidós horas con diez minutos, había llegado a la comandancia a denunciar el robo de su motocicleta marca Italika, modelo 2021, colores amarillo con negro, sin placas de circulación, con señas particulares: una calcomanía de un caballo en la parte frontal, una calcomanía de un gallo en el cubre llantas trasero, dos faros extraños arriba de la llanta delantera y de los faros normales, así como dos calcomanías de un toro, una de cada lado del tanque de combustible, quien refirió que fue comprar hamburguesas a un local que se encuentra en la calle Miguel Hidalgo, colonia Linda Vista, en compañía de un hermano suyo menor de edad, que al salir del local a las veintidós horas con cinco minutos observó una persona de sexo masculino que su subía a su motocicleta, quien vestía de pantalón color azul de mezclilla playera negra y tenis negros tipo Converse, misma persona que encendió la motocicleta y se la llevó con dirección a la calle Miguel Hidalgo. - Ante ello, la radio-operadora de la policía Aracely Cagal González que recibió la denuncia de la joven, hizo saber vía radio a todos las unidades policiacas que se encontraban disponibles en la zona indicada, a afecto de que procedieran a la búsqueda y localización de la motocicleta robada, por lo que los elementos Andrés Domínguez Miro, Félix Martínez Martínez, Oscar Lua Piaga y José Luis Cobix Buastamante, quienes eran los que se encontraban más próximos, realizaron la búsqueda del automotor y persona descritos, por lo que estando en el cruce de la calle Revolución, a las veintidós horas con veinte minutos, se percatan y localizan a la persona y al vehículo tipo motocicleta con las características descritas, por lo que al acercarse a dicha persona, quien se encontraba parado sobre la moto, se percatan que éste se encontraba raspando la parte frontal de la misma con un desarmador, retirando una calcomanía de un caballo, por lo que al cerciorarse los elementos preventivos que se trataba de la persona y automotor buscados al coincidir sus características, se identificaron ante dicha persona como elementos de la policía municipal, quien les manifestó llamarse Bartolo de Jesús Gorel Uscanga, de veinticinco años de edad. - A las veintidós horas con veintitrés minutos, el elemento Andrés Domínguez le pidió a dicha persona realizarse una revisión física, quien luego de que accedió, le fue localizada en la bolsa derecha de su pantalón, una pinza de metal, así como un desarmador de cruz que tenía consigo en su mano derecha; luego, se procedió a inspeccionar el BIN del vehículo resultando el número 3SCK4EKH5M1048354, el cual presentaba daños en las calcomanías, en el llavín y los cables cortados y empatados, mismo que coincidía con las características del vehículo robado a la denunciante; por lo que a las veintidós horas con treinta minutos del aludido día, los elementos policiacos le indicaron a dicha persona que se encontraba detenida por detentar el aludido automotor con reporte de robo. - Enseguida, cuando los elementos policiacos se encuentran haciendo saber al detenido sus derechos, éste corrió hacía un predio delimitado con alambre de púas que se encontraba a escasos dos metros delante del lugar de la detención, no obstante dicha persona se enreda con su brazo en dicho alambre, impidiendo dicha circunstancia que se sustrajera, por lo que de nueva cuenta los elementos policiacos lo aseguran (hasta aquí los hechos fácticos narrados). Los datos de prueba que expuso la representación social para justificar la legalidad de la detención, esencialmente son: el informe policial homologado signado por los elementos captores, concatenado con la entrevista realizada por Karla Dolores Cervantes Organista; solicitando dicha fiscalía se tuvieran por reproducidas las entrevistas, con base en que corresponden con el hecho. Precisó la fiscalía que la detención del investigado se practicó en el supuesto de flagrancia que se contempla en la fracción I, del artículo 146, del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a cuando la persona es detenida al momento en que está cometiendo un delito. Por lo que si el hecho ilícito por el cual se intervino y detuvo al investigado lo es el de detentar un vehículo con reporte de robo, previsto en el artículo 209, fracción V, del Código Penal de Veracruz, es claro entonces que fue detenido detentando el automotor con reporte de robo de que se trata. Finalmente, previo debate entre la defensa del imputado y el órgano investigador, el Juez de Control determinó calificar de legal su detención. Hasta aquí los antecedentes. Subsunción En el caso concreto, a juicio del suscrito juzgador constitucional, en la detención a que fue sometido el quejoso, se actualiza el supuesto de flagrancia, dado que se aprecia que ésta ocurrió en términos del numeral 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, de lo expuesto en la audiencia respectiva por el juez de control, se aprecia que correctamente calificó de legal la detención del quejoso por el hecho que la ley señala como el delito de detentación de vehículo robado, conforme a la hipótesis que se prevé en el numeral 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para concluir ello, el juez responsable expuso: que de la dinámica de los hechos se advierte que el investigado fue asegurado con motivo de la información objetiva con que contaban los elementos de la policía municipal, pues habían sido puestos del conocimiento de la denuncia previa realizada por Karla Dolores Cervantes Organista, respecto del robo del vehículo automotor tipo motocicleta de su propiedad, la cual se encontraba detentando el investigado al momento de su intervención, pues verificaron que existía coincidencia con las características proporcionadas por la denunciante tanto de la persona que se la llevó, como de la propia motocicleta; además de que -dijo- el investigado no logró acreditar la propiedad del bien que detentaba. Con base en las consideraciones de la autoridad, se estima que es infundado el concepto de violación que vierte el defensor del imputado quejoso en su demanda de amparo, en el sentido que en la detención de su defendido no se actualizó el supuesto de flagrancia se contempla en el artículo 146, fracción I, del código adjetivo de la materia, dado que en ningún momento se le encontró robando un automotor como lo refieren los elementos captores. Lo anterior es así, porque se observa que el juez responsable de manera acertada destacó que la detención del implicado se debió a que fue intervenido al momento en que detentaba un vehículo automotor con reporte de robo, mas no porque hubiera sido sorprendido robando dicho vehículo, como desacertadamente lo sostiene el defensor del quejoso. En ese sentido, como bien lo adujo la autoridad responsable, es válido legal y constitucionalmente calificar de legal la detención del quejoso, en su hipótesis de flagrancia que contempla la multicitada fracción I, del numeral 146, del código en cita, dado que del informe policial homologado verbalizado por la fiscalía en la audiencia respectiva, se advierte que éste fue intervenido precisamente en el momento en que detentaba el vehículo con reporte de robo, sin que lograra acreditar su propiedad. Lo que es acorde con la conducta ilícita que para ese momento señaló la fiscalía se actualizaba relativa a la detentación de un vehículo con reporte de robo por parte del intervenido, que se tipifica en el numeral 209, fracción V, del Código Penal de Veracruz. Sobre ese parámetro, se puede concluir válidamente que es correcta la determinación del juez responsable al calificar de legal la detención del quejoso, pues como lo señaló, éste fue detenido al momento de detentar el vehículo automotor con reporte de robo, sin acreditar su propiedad. Por tanto, contrario a lo que aduce el solicitante del amparo, la resolución de once de abril de dos mil veintitrés, dictada en la carpeta judicial de origen, que calificó de legal la detención del directo quejoso, no transgrede derecho constitucional alguno en su perjuicio. No pasa inadvertido que el ilícito por el cual, al concluir la audiencia inicial el juez de control dictó auto de vinculación a proceso, es diverso al ilícito por el cual se consideró de manera preliminar se encontraba cometiendo el implicado al momento de su intervención por los elementos policiacos. No obstante, dicha circunstancia en nada beneficia al quejoso, en la medida que el juez de control al momento de resolver la situación jurídica de una persona puesta a su disposición, se encuentra facultado legalmente para clasificar los hechos ilícitos atribuidos; por lo que, entonces, no es necesario que exista coincidencia con el hecho considerado al momento de calificar la detención en flagrancia del quejoso, con el seleccionado al resolver su situación jurídica. Máxime que se observa que fue la propia fiscalía la que precisó al juzgador que el investigado, al momento de su intervención por los policías, se encontraba detentando un vehículo automotor con reporte de robo, conducta típica descrita en el ya citado artículo 209, fracción V, del Código Penal de Veracruz, lo que los facultó legal y constitucionalmente para detenerlo. Conclusión En ese sentido, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso, respecto del destacado acto reclamado. SEXTO. Regularidad constitucional de la MEDIDA CAUTELAR reclamada. El quejoso señaló que el destacado acto reclamado vulnera lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sustancialmente porque el juez de control responsable, al imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada, no emitió razonamiento lógico jurídico que justificara su actuar, por lo que no se encuentra constitucionalmente fundada ni motivada. Es infundado lo alegado por el quejoso en sus conceptos de violación, dado que la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso, cumple con la regularidad constitucional, convencional y legal exigida para ello. Lo anterior impone negar la protección constitucional solicitada, respecto del destacado acto reclamado. Premisas Normativas Los artículos 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que aquí importa, son el fundamento primigenio de la prisión preventiva en el orden jurídico nacional, al establecer que el ministerio público sólo podrá solicitarla cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso; mientras que, el artículo 7, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos proscribe la detención o encarcelamiento arbitrario. Luego, de su interpretación sistemática, es posible obtener que la prisión preventiva es de aplicación excepcional y debe regirse por los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Es por ello que, el legislador ordinario, en los artículos 153 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, define las reglas generales de las medidas cautelares, reiterándose que serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento y garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, precisamente en concordancia con lo dispuesto en los artículos 19 de la Constitución Federal y 7, numeral 3, convencional, y podrá tomarse en consideración el análisis de evaluación de riesgo, de manera objetiva, imparcial y neutral. En ese sentido, el análisis relativo debe girar en torno a dos ejes, desahogados en el contradictorio: 1) que se compruebe la necesidad de cautela y, acreditado lo anterior, 2) analizar la proporcionalidad e idoneidad de la medida. En relación con la necesidad de cautela, es preciso indicar que es el régimen de excepción que debe ser empleado cuando existan razones concretas y reales que establezcan la existencia de un peligro procesal digno de ser protegido, es decir, que sólo con ello se asegure la presencia al imputado al proceso, se garantice la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del proceso, esto es, cuando no se advierta una circunstancia diversa para proteger el fin cautelar. En tanto, el examen de proporcionalidad e idoneidad conlleva establecer la medida cautelar menos lesiva al sujeto destinatario, pero que asegure el riesgo acreditado, por lo que se requiere que el juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares, tome en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el ministerio público realice, aplicando el criterio de mínima intervención, según las circunstancias particulares de cada persona. Al respecto, es orientadora, la tesis I.9o.P.272 P (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que se lee: "MEDIDAS CAUTELARES. REGLAS A SEGUIR PARA SU IMPOSICIÓN Y REVISIÓN (SUSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN O CESE) DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que las medidas cautelares tienen diversas finalidades, como son: 1) asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, 2) garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o testigo, o bien, 3) evitar la obstaculización del proceso. Sobre ello, el diverso numeral 155 del ordenamiento adjetivo de referencia, incorpora un catálogo de medidas cuya materialización debe atender las reglas previstas en los preceptos 166 a 170 del mismo código, aplicables tanto para la imposición, como para la revisión, sustitución, modificación o cese de medidas cautelares. En ese sentido, el análisis relativo debe girar en torno a dos ejes, que preferentemente serán desahogados en diversos contradictorios, a saber: 1) que se compruebe la necesidad de cautela; y acreditado lo anterior, 2) analizar la proporcionalidad e idoneidad de la medida. Ahora, en relación con la necesidad de cautela, el debate debe estar encaminado a establecer la existencia de peligro procesal susceptible de poner en riesgo concreto y real alguna de las finalidades indicadas; en tanto, el examen de proporcionalidad e idoneidad conlleva verificar que la medida cautelar sea la menos lesiva para los derechos fundamentales del sujeto destinatario. Por tanto, en el trámite de imposición y revisión (sustitución, modificación o cese) de medidas cautelares, una vez acreditada la necesidad de cautela -requisito sine qua non- será factible examinar la proporcionalidad e idoneidad, a efecto de optar por la medida más adecuada al asunto." Ahora, tratándose de la prisión preventiva justificada, en sus numerales 165 y 167, el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone las causas de procedencia para su imposición -diferenciándola con la oficiosa- limitándola a delitos que merezcan pena privativa de libertad y casos en los que otras medidas sean insuficientes para garantizar: i) la comparecencia del imputado en el juicio; ii) el desarrollo de la investigación; iii) la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; iv) así como cuando aquél esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Es decir, establece reglas específicas [similares a las hipótesis previstas en el artículo 153 de la legislación adjetiva, relativas a las reglas generales para la imposición de cualquier medida cautelar] a las que se debe acudir para establecer la procedencia de la prisión preventiva justificada, cuando otras medidas cautelares sean insuficientes para garantizar alguno de los puntos citados -es pues, una medida excepcional que, por ser la más lesiva, tiene una reglamentación especial- que no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Empero, ante la ausencia de disposición normativa que exprese lo contrario, para imponerla, basta que se satisfaga cualquiera de los cuatro supuestos aludidos por el artículo 167, párrafo primero, del Código en mención, esto es, sea de manera aislada o conjuntamente, para estimar necesario decretar la prisión preventiva justificada; ello es así, ante las circunstancias fácticas que pueden o no acontecer en cada caso concreto, en las que podrían actualizarse una, algunas o todas las hipótesis referidas. Pensar lo contrario, es decir, de concebir que es imperiosa la satisfacción de todas las causas de procedencia que se prevén en la norma, se tornaría difícil y, muy probablemente, imposible, ya que por obviedad, no en todos los casos, por la forma y circunstancias especiales en que ocurre el hecho delictivo atribuido al imputado, sería asequible la concurrencia de todas esas hipótesis; con lo cual, se correría el riesgo de que la materia del proceso -que es la razón sustancial de una medida cautelar- quede sin efectos, se altere o se pongan en peligro bienes jurídicos tutelados hacia alguna o algunas de las partes, como lo son las víctimas o testigos. Apoya tal consideración, la tesis I.1o.P.120 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de contenido: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. PROCEDE IMPONERLA, SIEMPRE QUE UNA DIVERSA MEDIDA CAUTELAR NO SEA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR ÚNICA O CONJUNTAMENTE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 167, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El precepto aludido dispone las causas de procedencia para la imposición de la prisión preventiva justificada -para diferenciarla con la prisión preventiva oficiosa-, estableciendo que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de Control dicha medida cautelar o el resguardo domiciliario, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar: i) la comparecencia del imputado en el juicio; ii) el desarrollo de la investigación; iii) la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; iv) así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre que la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, el normativo referido establece reglas específicas (similares a las hipótesis previstas en el artículo 153 de la legislación adjetiva, relativas a las reglas generales para la imposición de cualquier medida cautelar) que deben regir para la procedencia de la prisión preventiva justificada -o, en su caso, para el resguardo domiciliario-, bajo el entendido de que ésta opera únicamente como última alternativa, cuando otras de las medidas cautelares no sean suficientes para garantizar alguno de los puntos citados, al considerarse como una medida excepcional -por ser la más lesiva-. En este sentido, ante la ausencia de disposición normativa que exprese lo contrario, para imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, basta que se satisfaga cualquiera de los cuatro supuestos aludidos, ya sea única o conjuntamente, para que se estime la necesidad de decretarla al imputado; lo anterior, siempre que otras medidas cautelares sean insuficientes para garantizar alguno de los supuestos del artículo 167, párrafo primero, del propio código. Esto es así, ante las circunstancias fácticas que pueden o no acontecer en cada caso concreto, en las que puedan actualizarse una, algunas o todas las hipótesis referidas; pero para ello, siempre deberá existir un ejercicio de proporcionalidad para determinar si es la medida idónea. Verlo de otro modo, es decir, de concebir que es imperiosa la satisfacción de todas las causas de procedencia que se prevén en la norma, se tornaría difícil y -muy probable- casi imposible que en la mayoría de los procesos penales hubiese la posibilidad de decretar no sólo la prisión preventiva justificada, sino en realidad cualquier medida cautelar, ya que por obviedad, no en todos los casos por la forma y circunstancias especiales en que ocurrió el hecho delictivo atribuido al imputado, sería asequible la concurrencia de dichas hipótesis de procedencia; con lo cual, se correría el riesgo de que la materia del proceso -que es la razón sustancial de una medida cautelar- quede sin efectos, se altere o se pongan en peligro bienes jurídicos tutelados hacia alguna o algunas de las partes, como lo son las víctimas o testigos." Situación que no es arbitraria, porque para decretar la prisión preventiva justificada y ésta sea compatible con los derechos fundamentales del gobernado, el juez de control debe justificar como mínimo que: 1) sea necesaria para el fin pretendido, 2) exista suficiente motivación sobre la necesidad y proporcionalidad de su imposición y, 3) el riesgo no pueda cautelarse por medio de medidas menos lesivas. Sostiene lo anterior, a contrario sensu, la tesis I.9o.P.273 P (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. SUPUESTOS EN LOS QUE SU IMPOSICIÓN SE CONSIDERA ARBITRARIA. Los artículos 18, primer párrafo y 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son el fundamento primigenio de la prisión preventiva en el orden jurídico nacional, que se concretiza en la legislación secundaria en los artículos 154, 155, 156, 157, 161, 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, el numeral 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos proscribe la detención o encarcelamiento arbitrario, cuya interpretación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Gangaram Panday Vs. Surinam, J. Vs. Perú y Pollo Rivera Vs. Perú, permite afirmar que la prisión preventiva es de aplicación excepcional y se rige por los principios de legalidad, previsibilidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, aunado a que debe ser susceptible de revisión periódica sobre la base de que no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron su imposición. En consecuencia, la imposición de la prisión preventiva justificada será arbitraria y, por ende, incompatible con el respeto a derechos fundamentales cuando se actualice alguno de los supuestos siguientes: 1) no sea necesaria para el fin pretendido, 2) exista insuficiente o nula motivación sobre la necesidad y proporcionalidad de su imposición y, 3) el riesgo pueda cautelarse por medio de medidas menos lesivas." Además, debe cumplir con las exigencias contenidas en la prerrogativa de seguridad jurídica consagrada en el diverso 16 de la propia Carta Magna, entre otras, que se encuentre debidamente fundada y motivada la decisión de que se trate, a partir de un ejercicio de proporcionalidad y tomando en consideración los argumentos o justificaciones de las partes, sin dejar de ponderar tanto la naturaleza, gravedad y circunstancias en que se llevó a cabo el hecho que la ley señala como delito, así como el grado de la probable participación que tuvo el imputado en su comisión. Hasta aquí las anteriores premisas. Subsunción En ese orden, como se anticipó, la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al aquí quejoso cumple con la regularidad constitucional, convencional y legal exigida. Ello es así, pues de la audiencia en la que se decretó por el lapso de seis meses, se obtiene en principio que la resolución satisface la garantía de legalidad contenida en los artículos 14 y 16 constitucionales, de debida fundamentación y motivación, pues tomando en consideración los argumentos y/o justificaciones de las partes, previamente desahogados en el contradictorio, el juez responsable hizo una exposición correcta y concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para ubicar la prisión preventiva justificada en las hipótesis de procedencia que establece el mencionado artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa a asegurar la presencia del imputado en el proceso. Así, de lo señalado en la audiencia, se obtiene que la fiscalía centró su petición de prisión preventiva justificada del aquí quejoso, sustancialmente -y que la responsable estimó fundada- sobre el argumento de que existe el peligro de que sustraiga. Dicho aserto lo alegó la fiscalía, dado que -sostuvo- que los elementos captores en el informe policial homologado refirieron que el hoy imputado, inmediatamente después de ser intervenido en un primer momento detentando un automotor con reporte de robo, se echó a correr y trató de huir de sus captores saltando unos alambres de púes, no obstante no lo logró, dado que éste se enredó de su brazo en dichos alambres, segundo momento en que los policías en ejercicio de sus funciones lo vuelven a asegurar en el lugar. Al respecto, el juez de control consideró que: Bajo el principio de mínima intervención y sobre los argumentos expuestos por la fiscalía, encontraba necesidad de cautelar riesgos. Explicó que si bien, la prisión preventiva es la medida más lesiva de las otras trece, en el particular operaba la excepcionalidad de su imposición. Justificó la necesidad de la misma, porque de los datos de prueba expuestos, permiten advertir que se surte la hipótesis del artículo 168, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa al comportamiento del imputado cometido posterior al hecho, que indique la falta de someterse al proceso penal. Agregó que el imputado fue sorprendido por sus captores tratando de variar las condiciones de la motocicleta robada al rasparla y, que luego de su intervención por parte de los elementos policiacos, aquél trató de darse a la fuga, iniciándose una persecución, logrando someterlo los agentes de autoridad en ese segundo momento; todo lo cual evidencia la necesidad de cautelar riesgos. Por cuanto a la proporcionalidad de la medida, explicó que el hecho imputado prevé una prisión de cuatro a diez años de prisión, penalidad que dijo es elevada, aunado a su comportamiento posterior al hecho imputado. En ese contexto, se concluye que fue acertada y jurídica la determinación del juez responsable de imponer la medida cautelar de que se trata, dado que conforme a lo manifestado por las partes y datos que se aportaron en la audiencia, se evidencia que existe peligro de sustracción del ahora quejoso, ante su comportamiento cometido posterior al hecho, que indica su falta de voluntad de someterse a la persecución penal. Ello es así, porque la conducta que el imputado quejoso desplegó luego de ser intervenido por los elementos captores detentando un vehículo con reporte de robo, esto es, al momento en que se le estaban haciendo saber sus derechos constitucionales, trató de darse a la fuga sin lograrlo, lo que sin lugar a duda revela su negativa y falta de voluntad de someterse a la persecución penal, derivada de la conducta ilícita previamente realizada por éste. Así, al existir incertidumbre en cuanto a que el imputado accederá a ser sometido a un proceso penal, es que la prisión preventiva resulta ser la idónea, porque se atendió a uno de los factores de riesgo previstos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, contrario a lo señalado por el quejoso, tal como expuso el juez de control, se puede advertir que el imputado no tiene la voluntad de someterse a la persecución penal, esto, porque como se vio, una vez detenido, trató de fugarse de sus captores, lo que evidencia que no tiene la intención de enfrentar el procedimiento criminal respecto de los hechos ilícitos que se le atribuyen. De ahí que, como se anticipó, se concuerda con el juez de control en el sentido que existe la necesidad de cautelar riesgos, para garantizar su comparecencia al juicio, siendo idónea, proporcional y eficaz para ese fin, pues al margen de que tal decisión es consistente con lo dispuesto en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la señalada en efecto es una razón concreta, objetiva y real; además, está prevista expresamente en el artículo 167 del Código en mención, lo que justifica la necesidad de cautela, por existir riesgo de que el quejoso se sustraiga, pues no se encuentra garantizada su comparecencia al proceso y, por ende, la prisión preventiva justificada. De lo expuesto, se estima que existen razones suficientes para estimar que la medida cautelar de prisión preventiva justificada es idónea, proporcional y la menos lesiva para cautelar los supuestos procesales que prevé el citado artículo 167 de la legislación adjetiva en mención, ante los factores y/o circunstancias adecuadamente observados y constatados por la autoridad responsable, específicamente su falta de voluntad de someterse a la persecución penal. Con lo anterior, este juzgador advierte que la autoridad responsable sí motivó la necesidad de cautela y que la prisión preventiva es idónea y proporcional para ese fin, sobre los parámetros seguidos para su imposición y, por ende, la conclusión a que arriba en cuanto a que es necesaria y proporcional en función de que ninguna otra pudiera tener el alcance de garantizar su comparecencia al juicio, además de que es procedente porque los hechos delictivos imputados contemplan pena de prisión, no se advierte que violenta derecho alguno en perjuicio del quejoso. Además, no debe olvidarse que para el dictado de la medida cautelar no se requiere un cúmulo probatorio pleno, es decir, que tenga que sustentarse en elementos o medios de prueba, sino solo con base en datos de prueba que permitan determinar que se han actualizado las hipótesis en comento. Es cierto, la libertad es uno de los derechos humanos más importantes, reconocido en la Constitución Federal y en los diversos tratados de los cuales el Estado mexicano es parte y, en su protección, existe el principio de mínima intervención, inserto en el artículo 19 de esa propia Constitución, así como en los numerales 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 2.6, 6.1 y 6.2 de la Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre la Medidas las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio). Pero también lo es que ello no es absoluto, dado que tiene que analizarse en función de lo establecido en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé los supuestos de procedencia ante aspectos circunstanciales de peligro y/o riesgo para el proceso y las partes, limitante en este caso para que el imputado acceda a una medida cautelar distinta, al haber sido debidamente ponderado por el juez de control y establecido que es la más idónea y proporcional. De ahí que al cumplir la resolución reclamada con los principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia- o las restricciones que prevé la norma fundamental, no existe transgresión a la Constitución ni a algún tratado internacional. Conclusión En las relatadas condiciones, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso, respecto del destacado acto reclamado. SÉPTIMO. Regularidad constitucional del AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO reclamado. Por otra parte, son infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso contra dicho acto. Lo que impone negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. Premisas normativas A título de premisas que servirán para dar solución al problema jurídico planteado, se esboza lo siguiente. En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho. Dicho dispositivo establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades." De la lectura del aludido dispositivo se revela que la reforma constitucional da cuenta de la desaparición del auto de formal prisión, para dar paso al citado auto de vinculación a proceso, el cual implica un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. De la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, sobre las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación -artículo 20 Constitucional-). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a la fracción III del inciso A del artículo 20 constitucional (reformado) para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Circunstancia diversa a la que acontece en el sistema mixto-tradicional o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. Sobre ese nuevo marco constitucional, se puede concluir que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control únicamente debe analizar y resolver con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Además, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." (El subrayado se realiza en esta sentencia) Asimismo, a efecto de identificar los requisitos que se deben verificar en el dictado del auto de vinculación a proceso, resulta pertinente transcribir el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que, como todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso además de ajustarse a las premisas legales anteriores, también debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De tales preceptos se desprende que para el dictado de un auto de esa naturaleza deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo y, que se enumeran así: a). Requisitos de forma: 1. Emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial (plazo que se puede duplicar a petición de éste o su defensor). 3. Se haya formulado imputación. 4. El imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. b). Requisitos de fondo: 1. En los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos razonables que establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones encuentran respaldo, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." Es así que se llega a la conclusión que para dictar un auto de vinculación a proceso, como ya se dijo, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, pues lo relevante para su dictado, es la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación, puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. De ahí que el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad) sino que se debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Hasta aquí las anteriores premisas. Antecedentes Para apreciar con claridad la resolución reclamada, se relatan los siguientes antecedentes de la misma, obtenidos de las documentales y del registro audiovisual en formato DVD enviados por la autoridad responsable, a saber: 1). Continuando con la audiencia inicial (luego de haberse calificado de legal la detención del investigado) a las: 21:15:55 horas del citado once de abril de dos mil veintitrés, el juez concedió el uso de la voz a la fiscalía, misma que formuló imputación contra el investigado, donde citó los hechos con los cuales, a su criterio, se respalda la misma y respecto de los hechos que la ley señala como el delito de robo de vehículo, concluyendo dicha imputación a las 21:19. 21:20 el juez preguntó al imputado si le habían quedado claros los hechos atribuidos a su persona o si necesitaban alguna aclaración o precisión, quien contestó que sí entendió la imputación. 21:20:32 el juez preguntó al imputado si deseaba declarar en ese momento, así como que antes de responder, podía consultarlo con su defensor; a lo que éste manifestó que era su deseo guardar silencio. 21:21:25 Ante ello, previo uso de la voz que se concedió a su favor, la fiscalía solicitó la vinculación a proceso del imputado respecto del delito de robo de vehículo, para lo cual citó los hechos y los datos de prueba con los cuales, a su criterio, se respalda ésta; concluyendo la exposición de la misma a las 21:45:20. 21:45:30 el juez preguntó al imputado en qué plazo deseaba que se resolviera su situación jurídica; quien previa consulta con su defensor, eligió que se hiciera en el término ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas. 21:46 el juez, atendiendo a la decisión del imputado, autorizó la duplicidad del plazo constitucional para resolver su situación jurídica y fijó a partir de las diez horas del diecisiete de abril de dos mil veintitrés, para continuar con la audiencia inicial. 2). En la audiencia de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, a las: 10:47:50 el juez declaró el inicio de la continuación de la audiencia y pidió a las partes presentes se individualizaran. Se individualizaron: los fiscales del Ministerio Público, licenciados Karla Díaz Hermosilla, Jennifer Natalí Cerón Nieto y Tomás Espinoza Hernández; Imputado Bartolo de Jesús Gorel Uscanga; asimismo, el juez de control verificó que conociera sus derechos constitucionales; Defensores Particulares del mismo, Edson Landa López y José Antonio Uscanga Abrajam, quienes aceptaron y protestaron el cargo conferido, previamente de haber exhibido su cédula profesional con folio 12145344 y 4969782, expedidas por la Secretaría de Educación Pública, que los acredita como licenciados en derecho, de las cuales se registró su imagen, además de que el juez cuestionó al auxiliar de sala si verificó las cédulas profesionales de los comparecientes, quien refirió que al inicio de la diligencia lo hizo así a través de la página del Registro Nacional de Profesiones, donde advirtió su existencia y coincidencia de sus datos. 10:52:30 en uso de la voz que se concedió a la defensa, dieron contestación a la solicitud de vinculación a proceso, formulando sus respectivos alegatos; la fiscalía contestó lo alegado por la defensa y reiteró su solicitud de vinculación a proceso. 11:15:38 el juez de control declara cerrado el debate y, resolvió la situación jurídica del imputado, decretando al final de su exposición, AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO contra el hoy quejoso, respecto del delito robo de vehículo -Esta determinación constituye uno de los actos reclamados en este juicio de amparo-. Subsunción En la especie, se acreditan a cabalidad los requisitos de forma y fondo que se exigen para el dictado del auto de vinculación a proceso que se reclama, como a continuación se verá. a) FORMA 1) Que se emita por escrito y por autoridad judicial competente. Dentro de las constancias que obran en el expediente, se advierte la copia auténtica de la resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en la que el Juez de Control responsable dictó el referido auto de vinculación a proceso (foja 54). Lo que además se constata con la reproducción del disco que contiene la videograbación de la audiencia respectiva ante la mencionada autoridad (foja 58) con lo que también se cumple lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que si bien se prevé que los autos y las sentencias del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. En relación con la competencia de la autoridad judicial responsable, se destaca que dicha responsable es competente para conocer y resolver sobre el hecho puesto de su conocimiento por parte de la representación social, conforme lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución Federal, 55, 56, de la constitución veracruzana, 133, fracción I, 134, 315, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 47, fracción I, 48, fracción I, 50, 161, 186 y 187, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz; tomando en consideración que citó que los hechos motivo de esa causa, sucedieron en la calle Miguel Hidalgo, colonia Linda Vista, en Catemaco, Veracruz, donde aquélla ejerce su jurisdicción. Con lo que se satisface dicho requisito. 2. Se dicte dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, plazo que se puede duplicar únicamente a petición del imputado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el imputado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. En el caso, se tiene que el once de abril de dos mil veintitrés, a partir de las veinte horas con treinta y tres minutos, se desahogó una audiencia donde el imputado eligió que su situación jurídica se resolviera dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas. Luego, en continuación de la audiencia inicial, el diecisiete de abril siguiente (a partir de las 11:15:38 horas) el juez responsable determinó vincular a proceso al imputado respecto de los hechos que la ley señala como el ilícito de robo de vehículo. Con lo anterior se aprecia que sí se cumplió con el plazo constitucional prorrogado dentro del cual se dictó el auto de vinculación a proceso, puesto que luego de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial en calidad de detenido el once de abril de dos mil veintitrés, su situación jurídica se resolvió el diecisiete de abril siguiente, es decir, sin exceder el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas elegido por aquél. 3. Se haya formulado imputación. Conforme al artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación se traduce en la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En la reproducción del registro audiovisual (entre las 21:15:55 y las 21:19 horas del once de abril de dos mil veintitrés) se desprende que en la audiencia inicial el Ministerio Público formuló imputación contra el hoy quejoso por su intervención probable en los hechos determinados por la ley como el delito de robo de vehículo. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. En la reproducción del registro audiovisual se desprende que en la audiencia inicial de once de abril de dos mil veintitrés, el imputado decidió guardar silencio en ese acto. 5. Se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Este requisito se encuentra satisfecho por virtud de que el Juez responsable, al dictar contra el ahora quejoso el auto de vinculación a proceso por su probable intervención en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de robo de vehículo, previsto y sancionado por el artículo 209, fracción I, en relación con el 202, ambos del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, lo realizó considerando únicamente los hechos expuestos por la fiscalía al momento de solicitar la vinculación a proceso. 6. Se expresen tanto el hecho delictuoso que se imputa, como las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En el caso concreto, se advierte que el juez responsable, al momento de emitir el auto de vinculación a proceso, luego de que el Ministerio Público, solicitó la vinculación a proceso contra el aquí quejoso, clasificó jurídicamente los hechos en el delito de robo de vehículo, donde además expuso con claridad las circunstancias tiempo, lugar y modo de su comisión, como se aprecia de la videograbación. Por todo lo anterior, se considera que se cumplieron a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos de forma exigidos para el dictado del auto de vinculación a proceso reclamado, contrario a lo sostenido por el quejoso en sus conceptos de violación, en el sentido de que no se respetaron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento; de allí que sean infundados sus motivos de disenso en ese aspecto. b) FONDO 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. En el caso, se aprecia que el juez de control acertadamente consideró los antecedentes de la investigación que le expuso el Ministerio Público y, con los mismos consideró que se advertían datos que establecían que se cometió el hecho que la ley señala como los delitos de robo de vehículo, previsto y sancionado por el artículo 209, fracción I, en relación con el 202, ambos del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz. Lo que realizó considerando los siguientes datos de prueba reseñados por la fiscalía: 1). Informe policial homologado de diez de abril de dos mil veintitrés, signado por los elementos de la Policía Municipal de Catemaco, Veracruz, Andrés Domínguez Miro, Félix Martínez Martínez, Oscar Lua Piaga y José Luis Cobix Buastamante. 2). Anexos del referido informe policial, relativos a la inspección del vehículo automotor; a los objetos asegurados y, a la entrevista de Karla Dolores Cervantes Organista. 3). Entrevistas ministeriales de los elementos aprehensores Andrés Domínguez Miro, Félix Martínez Martínez, Oscar Lua Piaga y José Luis Cobix Buastamante. 4). Entrevista ministerial de Araceli Cagal González, radio operadora de la Comandancia de la Policía Municipal de Catemaco, Veracruz. 5). Dictamen pericial de criminalística de campo en el lugar de los hechos, elaborado por la perito Sandra Ramírez Vázquez. 6). Denuncia realizada en entrevista ministerial por Karla Dolores Cervantes Organista. 7). Factura de la motocicleta con folio 60297, expedida y endosada a favor de la denunciante por Motocicletas Itálika. 8). Dictamen pericial de avalúo de la motocicleta realizado por el perito Tomás Osiel Ordaz Serrano. Tales datos de prueba, como lo dijo el juez responsable y, con lo que comulga este órgano de control constitucional, permiten establecer que: aproximadamente a las veintidós horas con cinco minutos del nueve de abril de dos mil veintitrés (circunstancia de tiempo) frente a un local de hamburguesas que se ubica sobre la calle Miguel Hidalgo, colonia Linda Vista, en Catemaco, Veracruz (circunstancia de lugar) el sujeto activo se apoderó del vehículo automotor tipo motocicleta marca Italika, submarca DM200, modelo 2021, serie 3SCK4EKH5M1048354, propiedad de Karla Dolores Cervantes Organista, sin el consentimiento de ésta (circunstancias de modo). También se advierte que, acertadamente, el juez de control responsable explicó que esos hechos tenían la apariencia del delito de ROBO DE VEHÍCULO, previsto y sancionado por el artículo 209, fracción I, en relación con el 202, ambos del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, pues de los datos de prueba se desprende que el vehículo automotor de que se trata es propiedad de la ofendida, quien señaló al investigado como la persona que se apoderó de su motocicleta sin su consentimiento. Explicó correctamente la autoridad responsable que de los datos de prueba reseñados por la fiscalía se advierte que fue la ofendida Karla Dolores Cervantes Organista, quien se percató del momento mismo en que el imputado se llevó la motocicleta de su propiedad sin su consentimiento, para dirigirse a la calle Miguel Hidalgo, por lo que inmediatamente denunció lo sucedido vía telefónica a la policía y proporcionó a la radio operadora que la atendió, las características físicas tanto de la persona que se llevó la motocicleta como de la propia unidad automotor. Asimismo, acertadamente concluyó el juez de control, que el imputado fue detenido por los elementos de la policía que habían recibido vía radio el boletín de denuncia realizado momentos antes por Karla Dolores Cervantes Organista, cuando se encontraba parado sobre la motocicleta, sin poder acreditar la propiedad de la misma. En el caso concreto, se sostiene que, como objetivamente lo consideró el juez responsable, con los datos de prueba habidos hasta esa etapa, se demuestra que la acción de apoderamiento atribuida al imputado se realizó con ánimo de dominio, puesto que dan cuenta que se apoderó del automotor de que se trata, sin contar con el consentimiento de la persona que cuenta con un título que la acredita como su legítima propietaria. Entonces, los datos de prueba reseñados, como lo consideró el juez responsable, son suficientes para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como el delito de robo de vehículo. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De la misma forma, el juez de control estableció que los mismos datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, hacen patente la posibilidad o probabilidad de que el imputado, por sí mismo, como autor material, cometió los hechos que se consideran delictuosos. Conclusión a la que llegó, luego de tomar en consideración el señalamiento directo realizado tanto por la denunciante Karla Dolores Cervantes Organista, como por los elementos policiacos que participaron en su detención al momento en que detentaba el vehículo automotor de que se trata, quienes previo a realizarla, les habían sido transmitidas vía radio las características físicas tanto de dicha persona como de la motocicleta. Material de convicción que se considera apto e idóneo para demostrar que, como acertadamente lo consideró la autoridad responsable, existe la probabilidad que el imputado cometió por sí mismo los hechos que la ley considera como el delito de robo de vehículo. También fue acertado que la autoridad responsable ubicara la participación del imputado en la hipótesis que señala el numeral 37, del Código Penal de la entidad, es decir, como autor material y a título doloso, así como que no se advertía alguna causa de justificación de su conducta o excluyente de delito. No pasa inadvertido que en sus conceptos de violación el quejoso sostiene que los datos de prueba allegados por la fiscalía fueron valorados indebidamente por el juez de control, pues a su juicio, carecen de valor probatorio. Sin embargo, debe decirse que dada la naturaleza del sistema procesal de tipo acusatorio, el juez de control para el dictado de un auto de vinculación a proceso, únicamente debe analizar y resolver con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Además, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Luego, es infundado lo alegado, pues se observa que en la resolución reclamada el juez de control sí cumplió con su obligación constitucional de ponderar los datos de prueba que le sirvieron para vincular a proceso al imputado, con los cuales, como ya se vio, se conocieron los hechos delictivos y la participación probable de aquél; máxime que, dada la incipiente etapa preliminar en que se encuentra el asunto, el estándar probatorio es reducido y no es necesario que las pruebas tengan un valor jurídico previamente asignado, al tratarse únicamente de datos de prueba, sin que con ello desde luego se evada la obligación que tiene el juzgador de justificar de manera objetiva la información arrojada por los datos de prueba, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LXXIV/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU VALORACIÓN LIBRE Y LÓGICA POR EL JUZGADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La valoración de la prueba constituye la fase decisoria del procedimiento probatorio, pues es el pronunciamiento judicial sobre el conflicto sometido a enjuiciamiento. Regularmente se define como la actividad jurisdiccional en virtud de la cual el juzgador, mediante algún método de valoración, aprecia la prueba delimitando su contenido, a fin de establecer si determinados hechos han quedado o no probados, debiendo explicar en la sentencia tal proceso y el resultado obtenido. Por tal razón, se han creado sistemas teóricos de valoración, distinguiendo la prueba legal o tasada, así como los de prueba libre y mixtos, que permiten determinar la existencia de un hecho que ha resultado probado o la falta de prueba. A partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujeron los elementos para un proceso penal acusatorio y oral, destacando la modificación al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establecieron las directrices correspondientes. La fracción II del apartado A de dicho precepto constitucional, dispuso esencialmente que el desahogo y la valoración de las pruebas en el nuevo proceso, recae exclusivamente en el Juez, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. En ese tenor, bajo la nueva óptica del proceso penal acusatorio, el Constituyente consideró que las pruebas no tuvieran un valor jurídico previamente asignado, sino que las directrices se enfocarían a observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sin que el juzgador tenga una absoluta libertad que implique arbitrariedad de su parte (íntima convicción), sino que tal facultad debe estar limitada por la sana crítica y la forma lógica de valorarlas. En esa perspectiva, el punto toral de dicha valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en la sentencia en torno al alcance y valor probatorio que confiera a la prueba para motivar su decisión." Finalmente, se estima que, contrario a lo sostenido por el quejoso, como quedó evidenciado en esta sentencia, la Fiscalía aportó una serie de datos de prueba que constituyen indicios razonables de que el imputado probablemente cometió por sí mismo el ilícito atribuido, sin que resulte necesario que el Ministerio Público demuestre, en esta fase procesal, la plena certeza de que se ha cometido un delito y la plena responsabilidad de aquél, dado que ese ejercicio sólo es exigible para el dictado de una sentencia. Así, en el presente caso, los datos de prueba que la Fiscalía integró a la carpeta de investigación, como bien lo afirmó el juez de control, se estiman suficientes y adecuados para poner en evidencia la probabilidad de que el imputado cometió el delito atribuido, a título de dolo, sin que pueda ser materia de análisis en el juicio de amparo cuestionar la validez. CONCLUSIÓN De todo lo cual es evidente que la resolución reclamada por el quejoso cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que en esta parte debe contener ese tipo de actos de autoridad (auto de vinculación a proceso). No está de más dejar en claro que para motivar el auto de vinculación a proceso reclamado, como bien lo sostuvo la autoridad responsable, sólo se requieren datos que acrediten la existencia de un hecho con apariencia de delito, sin que se exija para ese momento procesal, que se encuentren acreditados los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal, como ocurría en el sistema tradicional, además que en términos del artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el asunto se encuentra aún en la etapa de investigación, en donde en el estándar probatorio es flexible y no rígido. Lo que además encuentra respaldo en la tesis XV.3o.6 P (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." Además, se advierte que para resolver como lo hizo, la autoridad responsable, de forma correcta, atendió exclusivamente a los datos de investigación que le refirió el Ministerio Público en la audiencia inicial, de los que consideró que se establecía que se cometieron los hechos señalados por la ley como delito y existía la probabilidad de que el imputado lo cometió; aquí sirve de apoyo la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.) de contenido: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." De modo tal que, en las relatadas circunstancias, el auto de vinculación a proceso reclamado no transgrede los derechos fundamentales del quejoso contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Federal que reconocen los principios de pro homine, de debido proceso y de presunción de inocencia, como alega a título de conceptos de violación en su demanda de amparo. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia II.2o.P. J/20 de rubro: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE." Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad en el acto reclamado que deba declararse de oficio, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso. Negativa del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados, al no haber sido combatidos por vicios propios, sino en vía de consecuencia de las determinaciones analizadas en esta sentencia. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Bartolo de Jesús Gorel Uscanga, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, conforme a los motivos y razones expuestas en los considerandos quinto, sexto y séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta determinación. Notifíquese en términos de Ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, uno de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio y telegrama enviados por el 1. Juez de Control del XIX Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, y por el 2. Director del Centro de Reinserción Social, ambos con residencia en San Andrés Tuxtla; en atención a sus contenidos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos sus INFORMES JUSTIFICADOS, y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable señalada con el arábigo 1., a su informe, así como un disco compacto, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

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