Azucena López López
Expediente 304/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 304/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Azucena López López
- Delhy Amira Meza Gregorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de seis de octubre de la presente anualidad, se tuvo a la autoridad responsable Director Médico del Hospital General de Zona 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Veracruz, Veracruz, informando que se encontraba imposibilitado para dar cumplimiento a la ejecutoria, ello en virtud de que la quejosa ********************, no se ha presentado en ese hospital a solicitar atención médica, la continuación de su tratamiento o análisis clínicos o, en su caso, para la obtención de medicamentos. Sin embargo, mediante oficio 30132 de esa misma fecha, se le dijo que no ha lugar a tenerle como imposibilitado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y; en consecuencia, se le reiteró que debe acatar los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en el presente asunto en los términos que le fueron requeridos mediante oficios 25237 y 28267, sin que a la fecha haya dado cumplimiento al requerimiento realizado mediante oficio 30132 de seis de octubre pasado, estando debidamente notificada según se advierte de la constancia de notificación que obra en autos de la que se aprecia el sello de esa dependencia. En consecuencia, al no haber acatado cabalmente los efectos de la ejecutoria de amparo, ni atendido el requerimiento mencionado, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y en atención a las tesis P./J.54/2014(10a.) y 2ª/./VIII/2014, previo hacer efectivos los medios de apremio establecidos, se le requiere nuevamente ocasión a Director Médico del Hospital General de Zona 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Veracruz, Veracruz, residentes en esta ciudad, a efecto de que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada, integra y legible, de las constancias que acrediten el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, siguiendo puntualmente los lineamientos de la ejecutoria de amparo, dé cabal cumplimiento a la misma, sin repetir, ni incurrir en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria amparadora. Sirven de apoyo a lo anterior, las citadas jurisprudencias, cuyos rubros y textos son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada." En el entendido de que se hará efectivo el apercibimiento establecido en el proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés, para el caso de no cumplir con lo anterior; esto es, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el oficio signado por el apoderado y representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de la autoridad responsable Director Médico del Hospital General de Zona 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido téngasele manifestando que se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento a la ejecutoria, ello en virtud de que la quejosa ********************, no se ha presentado a ese hospital a solicitar atención médica, la continuación de su tratamiento o análisis clínicos o, en su caso, para la obtención de medicamentos. Al respecto, no ha lugar a tenerle como imposibilitado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, dígasele que deberá acatar los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en el presente asunto en los términos que le fueron requeridos mediante oficios 25237 y 28267. Ahora, toda vez que la citada autoridad responsable señala que pidió al Departamento de Trabajo Social trate de comunicarse con la finalidad de localizar a la referida quejosa para que acuda a la Subdirección y poder otorgarle los servicios que requiera de acuerdo a su padecimiento; se le requiere, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita copia certificada, integra y legible, de las constancias que acrediten el seguimiento a la solicitud que manifestó haber realizado, las gestiones o, de ser el caso, el resultado de la misma; ello con independencia de que deberá dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que subsiste el apercibimiento establecido en el proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés, para el caso de no cumplir con lo anterior; esto es, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, toda vez que manifiesta la imposibilidad de localizar a la aquí quejosa ******************** a efecto de que acuda a recibir la atención médica requerida; por tanto, al no existir impedimento legal alguno, se ordena notificar personalmente a la parte quejosa el presente proveído, con copia autorizada del oficio y anexo de cuenta con registro 17338; lo anterior para que se imponga de su contenido, ello para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Director Médico del Hospital General de Zona 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Veracruz, Veracruz, no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado mediante oficio 25237 de treinta de agosto de la presente anualidad, estando debidamente notificada según se advierte de la constancia de notificación que obra en autos de la que se aprecia el sello de esa dependencia con data de recibido de uno de septiembre pasado. En consecuencia, al no haber acatado cabalmente los efectos de la ejecutoria de amparo, ni atendido el requerimiento mencionado, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y en atención a las tesis P./J.54/2014(10a.) y 2ª/./VIII/2014, previo hacer efectivos los medios de apremio establecidos, se le requiere por segunda ocasión a Director Médico del Hospital General de Zona 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Veracruz, Veracruz, residentes en esta ciudad, a efecto de que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada, integra y legible, de las constancias que acrediten el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, siguiendo puntualmente los lineamientos de la ejecutoria de amparo, dé cabal cumplimiento a la misma, sin repetir, ni incurrir en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria amparadora. Sirven de apoyo a lo anterior, las citadas jurisprudencias, cuyos rubros y textos son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada." En el entendido de que se hará efectivo el apercibimiento establecido en el proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés, para el caso de no cumplir con lo anterior; esto es, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia autorizada el diez de agosto de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a AZUCENA LÓPEZ LÓPEZ, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, como en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable Director Médico del Hospital General de Zona 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Veracruz, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requiere, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a que: "a) Provea lo conducente a fin de que continúe proporcionando a la quejosa, en forma oportuna, constante y sin interrupciones, el medicamento para su tratamiento retroviral, esto de conformidad con su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, lo que incluye consultas de seguimiento, chequeo y control de su enfermedad de VIH; entregándole los medicamentos que le prescriba su médico tratante, quien deberá certificar que es el tratamiento más adecuado para su afección. b) Garantice con carácter prioritario el derecho humano a la salud de la quejosa, de tal manera que se le preste la atención médica adecuada, esto es, se le practiquen los análisis y estudios médicos necesarios respecto de la enfermedad de tuberculosis pulmonar (infección ocasionada por el VIH que padece) la cual ya le fue diagnosticada, a fin de que le sean suministrados los tratamientos y medicamentos adecuados, y en caso de ser necesario, sea hospitalizada. c) Asimismo, deberá cumplir con la secuencia continua de prevención, tratamiento, atención y apoyo en función de su padecimiento (VIH) que prescriba su médico tratante, quien deberá certificar que el medicamento es el más adecuado y de mayor efectividad para su afección, de conformidad con la parte considerativa de esta sentencia (esto es, con un trato preferencial y un enfoque integral para su protección, precisamente en función de su situación vulnerable). d) En el entendido que el otorgamiento del servicio médico a la amparista por parte del instituto asegurador deberá ser por determinado periodo, es decir, hasta en tanto cesen las enfermedades; o bien, se encuentre en un estado óptimo de salud que le permita continuar realizando sus actividades cotidianas; o en su caso, antes de que ocurra lo anterior, si llega a contar con diverso servicio médico, al estar dada de alta por algún otro patrón, ya sea en el Instituto Mexicano del Seguro Social u otro ente asegurador." Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten el cumplimiento y su ejecución. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.
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