Barbara Gomez Hernandez
Expediente 1042/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 31/10/2023
Partes del expediente
- Barbara Gomez Hernandez
- Juez de Distrito Especializado En el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal En Tijuana, Baja California, En Funciones de Juez de Control
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En cumplimiento a lo ordenado en autos, se notifica personalmente al tercero interesado Kevin Micheael Collins por medio de lista la determinación dictada el diez de octubre de dos mil veintitrés que dice: Tijuana, Baja California, diez de octubre de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito del autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de dicha resolución, distribúyanse las copias del escrito que se atiende y previa constancia de esto último, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original del escrito de agravios y copia de éste al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para la substanciación del recurso. Notifíquese; y personalmente a los terceros interesados y al Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de octubre de dos mil veintitrés. Informe. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que envía el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a través del cual remite un disco compacto que contiene la audiencia de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal 366/2022, de su índice en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el dos de octubre de dos mil veintitrés. Disco compacto. Por tanto, téngase por ofrecida, admitida y desahogada el disco compacto que envía la responsable, dada su propia y especial naturaleza, sin necesidad de desahogar diligencia para su reproducción, la cual será tomada en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional, en términos del arábigo 124 de la legislación de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Resguardo de objeto. Por tanto, a fin de evitar el daño del disco compacto, guárdese en la secretaría de este juzgado, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido que si es su deseo imponerse de ellos, su reproducción se realizará en las instalaciones que ocupa este recinto judicial. Finalmente, tomando en cuenta que el disco compacto, guarda relación con las documentales remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
- Incidental
En Tijuana, Baja California, siendo las diez horas con cinco minutos del veinte de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental a que refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, ante la secretaria Tania Aguilar Herrera, con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia en la presente incidencia, sin asistencia de las partes.****************************************Lectura de constancias. ********************A continuación, la secretaria da lectura de las constancias existentes en el presente asunto entre las que se encuentran: a) Escrito inicial de demanda; b) informe previo rendido por la autoridad responsable y c) documentales exhibidas por la autoridad responsable.****************************************Pruebas. ********************Seguidamente, se abre el periodo probatorio, y se hace constar que únicamente la autoridad responsable las exhibió, mientras que las partes restantes no ofrecieron medios de convicción.******************** ********************Acuerdo.********************Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su especial naturaleza, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver la presente incidencia. Asimismo, a las partes restantes se les tiene por precluido su derecho de ofrecer pruebas.****************************************Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y la secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho.****************************************Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos, la Jueza tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa.****************************************Cierre de audiencia. ********************Al encontrarse integrado el expediente, se procede a dictar resolución en los siguientes términos:****************************************Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1042/2023-I, promovido por ********************en defensora pública federal de ********************contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control; y, ****************************************Resultando:****************************************Primero.********************Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado por la vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, y recibida en éste órgano jurisdiccional el veinticuatro de agosto siguiente, ********************defensora pública federal de ********************solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados.****************************************Segundo. Trámite. ********************Por razón de turno tocó conocer del juicio del que deriva el presente incidente de suspensión a este órgano de control constitucional, por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se acordó la apertura del presente incidente, ordenándose formar por cuerda separada, y en la misma fecha se proveyó respecto de la suspensión provisional del acto reclamado, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, por lo que una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, ****************************************Considerandos:****************************************Primero. Competencia. ********************Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 101/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.****************************************Segundo. Precisión del acto reclamado.********************En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: ****************************************"IV.- Acto reclamado: ********************LA RESOLUCIÓN DICTADA EN AUDIENCIA DE FECHA 4 DE AGOSTO DEL 2023 MEDIANTE LA CUAL SE NEGÓ LA REVOCACIÓN, CESE O SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA DECRETADA EN PERJUICIO DE ******************** EN LA CAUSA PENAL ********************. TRASGREDIÉNDOSE EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO PORQUE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DECLARÓ INCONVENCIONAL LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA." ****************************************Tercero. Certeza del acto reclamado.******************** La autoridad responsable en su denominación correcta, rindió su informe previo de la manera siguiente:****************************************Autoridad responsable********************Sentido del informe********************Página (s)************************************************************Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en esta ciudad.****************************************Cierto ********************34************************************************************Del cuadro anterior, se advierte que la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, pues así lo manifestó al rendir su informe previo; por tanto, así deberá tenerse para efectos de resolver el presente incidente de suspensión.****************************************Cuarto. Efectos de la suspensión. ********************La parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado para los siguientes efectos: ****************************************""X. - Suspensión del acto reclamado: . Por todo lo anterior, debe estimarse que se actualiza la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y debe conceder la suspensión de plano a la parte quejosa, para que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, realice lo siguiente: a) Deje sin efectos la determinación emitida en la audiencia de 4 de agosto de 2023, únicamente respecto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. B) Señale fecha y hora para llevar una diversa audiencia -con intervención de las partes- en la que declare improcedente la imposición de la prisión preventiva oficiosa a la parte quejosa, conforme el marco convencional expuesto en esta resolución. C) Una vez hecho lo anterior, abra a debate de las partes el análisis de la solicitud de medidas cautelares a imponerse a la parte quejosa. Lo anterior, con la única limitación de que no pueda imponerse la de prisión preventiva de manera oficiosa."****************************************Por tanto, una vez precisado el acto reclamado y los efectos para los cuales la parte quejosa solicitó la suspensión, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse.****************************************Sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y de contenido siguiente:****************************************"SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA."****************************************Quinto. Procedencia de la suspensión. ********************Resulta pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: ********************Que la solicite el quejoso; ********************2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, ********************3. Que deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. ****************************************En la especie, la parte quejosa solicitó expresamente en su escrito inicial de demanda la suspensión del acto que reclama de la autoridad señalada como responsable, por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 anteriormente citado. ****************************************Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito establecido en la fracción II del artículo en comento, así como lo dispuesto por el numeral 138, toda vez que con la concesión de la medida cautelar se estima que no se sigue perjuicio al interés social, y no se contravienen disposiciones de orden público, ya que el acto que se pretende suspender no se encuentra en ninguno de los supuestos del numeral 129 de la ley de la materia. ****************************************Concesión de la suspensión. ********************En relación al acto reclamado consistente en la resolución que negó la revocación, cese o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada a la quejosa, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, a fin de evitarle un daño irreparable en las etapas del juicio se concede la suspensión definitiva solicitada, por los siguientes motivos.****************************************En la especie, se actualiza el supuesto de apariencia del buen derecho, atento a que se advierte que la quejosa reclama que un acto que incide sobre la imposición de la prisión preventiva oficiosa, con motivo de la causa penal que se sigue en su contra, medida cautelar respecto de la cual, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 40/2023, estableció que, sin suponer la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, en acato a la obligación de aplicar y hacer valer en todo momento el principio pro persona, mediante un examen de interpretación más favorable conforme a la Constitución, permite conceder la suspensión como una tutela anticipada. ****************************************Al respecto es importante señalar que al resolver la referida contradicción de criterios (40/2023), el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, estableció, entre otras cosas, lo siguiente: ****************************************"99. Por todo lo anterior, es dable resaltar que el principio pro persona se ha consolidado y reconocido gradualmente nacional e internacionalmente como uno de los pilares insustituibles del sistema jurídico mexicano; además, la aplicación de éste, coadyuva en la construcción de un sistema mucho más justo y garantista.****************************************100. Ahora bien, es pertinente resaltar que la disidencia interpretativa que atañe a la presente ejecutoria tiene su génesis ante los pronunciamientos que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al dictar las sentencias en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México -de siete de noviembre de dos mil veintidós- y García Rodríguez y otro contra México -de veinticinco de enero de dos mil veintitrés-.****************************************101. En las mencionadas sentencias interamericanas, entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano al declarar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pues dicho Tribunal Internacional estimó que esa figura era contraria a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por tanto se ordenó a México adecuar la normatividad respecto a la figura de la prisión preventiva oficiosa con la finalidad de que ésta resulte compatible con los estándares interamericanos, ya que es una medida de carácter excepcional y por ende debe estar debidamente justificada. Sentencias en las que textualmente se estableció:********************[.]****************************************102. De lo anterior puede afirmarse que en dichas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció entre otras cuestiones, sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa en nuestro país, discusión y crítica que puso en relieve la incompatibilidad de la imposición de esta medida cautelar en México, con los estándares internacionales de derechos humanos establecidos en los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en particular, con los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, legalidad y derecho a la libertad personal.********************[.]****************************************198. Sin embargo, por lo hasta aquí expuesto no se puede inadvertir que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se condenó a México, en particular, por considerar que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, son vinculantes y obligatorias para el Estado Mexicano; además, deben ser acatadas y cumplidas de buena fe. Asimismo, se ordenó tomar las medidas necesarias para implementar las decisiones de dicho tribunal y garantizar la plena protección de los derechos humanos en todo nuestro territorio, circunstancia que indudablemente representa un parteaguas en la evolución e interpretación de dicho paradigma.****************************************199. Así, como se dijo en el apartado correspondiente de esta ejecutoria, si bien para la determinación del catálogo de delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, se estará a aquellos delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente descritos, ilícitos respecto de los cuales procede la suspensión provisional conforme a lo establecido en la fracción I, del artículo 166, de la Ley de Amparo, también lo es que conforme a la jurisprudencia nacional e internacional, todos los operadores jurídicos estamos llamados a realizar un debido control de convencionalidad, a la luz de los estándares establecidos por el Tribunal Interamericano multicitado.********************[.]********************205. Para resolver este punto de la litis es necesario traer al escenario lo resuelto por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria virtual de quince de junio de dos mil veintitrés, en la contradicción de criterios ********************, en la cual en lo que atañe, este órgano colegiado determinó que el numeral 166 de la Ley de Amparo en efecto admite una interpretación conforme, que ha sido reconocida por el Máximo Tribunal de este país, en la cual el orden jurídico se analiza en concordancia con los derechos humanos establecidos en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Por tanto, concluyó este Pleno, que es posible que el órgano jurisdiccional de amparo resuelva con relación a la suspensión de amparo en términos más amplios a lo que prevé ese artículo.********************[.]********************218. De modo que si la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante, y ahí se resolvió categóricamente que es inconvencional la figura consistente en la prisión preventiva oficiosa; por tanto, es dable afirmar que cuando se reclama este tipo de actos en el juicio de amparo, para proveer sobre la suspensión provisional o definitiva debe partirse de la base de que la apariencia del buen derecho está demostrada, lo cual lleva consigo que se le den efectos restitutorios -tutela anticipada-.********************219. De ahí que, el órgano jurisdiccional basado en esa interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, el cual dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible.********************220. Luego, el peligro en la demora es patente, pues el tiempo que pase el quejoso bajo los efectos de una prisión preventiva automática, no se le podrá reparar aunque se obtenga una sentencia favorable; de modo que al no advertirse que la suspensión pueda trastocar el interés social y orden público sino todo lo contrario, al estar interesada la sociedad en el resguardo y protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales en que México forme parte, el efecto de la suspensión será para que el juez responsable, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el término de cuarenta y ocho horas, -en aplicación analógica a la revisión de medidas cautelares que prevé el artículo 162-, señale fecha para la celebración de una audiencia en la que, -con intervención de las partes-, prescinda de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, reclamada en el juicio de garantías y previo cumplimiento de los principios del sistema oral-acusatorio, esencialmente el de contradicción, proceda al debate de imposición de diversas medidas cautelares.********************[.]********************222. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, es que la jurisprudencia P./J. 20/2014, derivada de la contradicción de criterios ********************, contrario a lo resuelto por uno de los tribunales contendientes, no constituye un obstáculo, ni inobservancia alguna para hacer esta interpretación, porque no se está dilucidando una cuestión de fondo, es decir, no se está resolviendo sobre la inconvencionalidad del artículo 19 de la Constitución Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como tampoco del 166 de la Ley de Amparo, sino solamente la apariencia del buen derecho en la suspensión provisional, merced de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicables al caso concreto.********************223. En otras palabras, la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que, el pronunciamiento sobre la inconvencionalidad del artículo 19 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se contempla el acto reclamado, será materia de análisis que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, porque la tutela anticipada es una medida provisional que no sustituye la sentencia definitiva. ********************224. De esa manera, por las particularidades del asunto, la presente ejecutoria no supone la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del texto constitucional, sino que implica el cumplimiento a la obligación constitucional de aplicar y hacer valer en todo momento el principio pro persona, mediante un examen de interpretación más favorable conforme a la misma disposición fundamental, únicamente por cuanto hace a los efectos de la suspensión provisional en el caso específico."************************************************************Resolución que se invoca como un hecho notorio al estar publicada la versión pública de dicha sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como se observa de la página oficial http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=4385/4385000032616523019.pdf_1&sec=Liliana_S%C3%A1nchez_Doniz&svp=1, por lo que es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de los circuitos que integran la región Norte-Centro.****************************************Ello en apoyo en la Jurisprudencia P./J. 16/2018, que emitió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto siguientes:****************************************"HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente."****************************************De lo expuesto, se concluye que al resolver la contradicción de criterios ********************el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, estableció que se puede conceder la medida suspensional, ya que puede tener una tutela anticipada, por lo que se acredita la apariencia del buen derecho a que hace alusión la quejosa.****************************************Asimismo, conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, es factible restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, hasta en tanto se dicte sentencia en el juicio de amparo, puesto que mientras dura el juicio de amparo de no señalarse una diversa medida cautelar, incluso la prisión preventiva justificada, se le causarían daños y perjuicios de imposible reparación a la parte quejosa, aunado a que es jurídica y materialmente posible restituir las cosas al estado que se encontraban antes de la emisión del acto reclamado.****************************************Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, de rubro y contenido siguientes:****************************************"SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida."****************************************De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.XVII. J/24 K (10a.), emitida por Pleno del Decimoséptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: ****************************************"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PUEDE TENER EFECTOS RESTITUTORIOS TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE SE TRADUCEN EN OMISIONES DE LA RESPONSABLE QUE TIENEN UNA PREVISIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 131, 138 y 147 de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a la luz del indicado precepto constitucional, se advierte la posibilidad de que se dote a la suspensión provisional en el amparo, de efectos restitutorios, sin perder su naturaleza de medida cautelar, así como el deber a cargo de los juzgadores de amparo de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social; en tal virtud, la técnica jurídica para resolver sobre la suspensión de los actos que se traducen en omisiones de la responsable, que tienen una previsión específica en la ley, implica que el juicio de probabilidad en relación con la suficiencia de la verosimilitud del derecho alegado se aprecie de manera clara y evidente de acuerdo a la revisión que se haga de la legislación y la jurisprudencia nacional e internacional relacionada con el acto reclamado, incluyendo la valoración de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, en todo su contexto, armonizándolos con los principios de interdependencia e indivisibilidad del derecho humano trastocado y con el fin de constatar si se pone en riesgo el disfrute de diversos derechos de la persona; lo anterior no significa que mediante la suspensión provisional se puedan constituir derechos que el quejoso no tuviera antes de presentar la demanda de amparo, pues sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional.****************************************Previo pronunciamiento al respecto cabe tener en cuenta que la suspensión provisional fue otorgada a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, realizara lo siguiente: ****************************************1) Dejara sin efectos la resolución emitida el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, respecto a la negativa de revocar, cesar o sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a la aquí quejosa dentro de la causa penal ********************, de su índice.****************************************2) Con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el término de cuarenta y ocho horas, señalara nueva fecha y hora para la celebración de una audiencia, con intervención de las partes, para la revisión de las medidas cautelares. ****************************************3) En la misma audiencia prescindiera de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y previo cumplimiento de los principios del sistema oral acusatorio, esencialmente el de contradicción, procediera al debate de imposición de diversa medida cautelar, conforme a lo señalado por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México.****************************************Bajo ese contexto, del oficio marcado con folio 13718 recibido en éste órgano jurisdiccional el cuatro de septiembre del año en curso, se advierte que la autoridad responsable mediante audiencia de uno de septiembre de dos mil veintitrés, acató la suspensión provisional concedida a la parte quejosa, ya que dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y en su lugar, se le impusieron las medidas previstas en el numeral 155, fracciones I, II, V y VIII de dicho ordenamiento legal, por lo que ordenó la inmediata libertad de la imputada, únicamente por lo que respecta a la causa penal ********************. ****************************************En tales circunstancias, el juez responsable consideró imponer a ********************las medidas cautelares previstas en el artículo 155 fracciones I, II, V y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: ****************************************"I) PRESENTACIÓN PERIÓDICA SEMANAL ANTE ESTE CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, por lo que dicho imputado deberá presentarse el primer día hábil de cada semana:********************II) EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA, por la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que deberá presentar en el plazo de cinco días hábiles, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley.********************Asimismo, se requirió a la acusada la presentación ante este Centro de Justicia Penal Federal de un comprobante de domicilio, mismo que deberá exhibir en el plazo de cinco días hábiles.********************V) No salir de Tijuana sin autorización del Juez.********************VIII) Prohibición de acercarse o comunicarse con la persona denunciante."****************************************Como se puede observar, el juez responsable proveyó al dar cumplimiento a la suspensión provisional decretada por este órgano jurisdiccional, imponiendo a ********************diversas medidas cautelares a le prisión preventiva oficiosa.****************************************Por tanto, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto que, las medidas cautelares concedidas por el juez responsable en audiencia de uno de septiembre de dos mil veintitrés, a la aquí quejosa, previstas en el artículo 155 fracciones I, II, V y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, continúen surtiendo efectos hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en lo principal. ****************************************En el entendido de que en el caso de que las condiciones existentes al momento de su imposición cambiaran o en el supuesto de incumplimiento por parte de la aquí quejosa, puede dar lugar a que, previa petición de parte legitimada, sean revisadas a través de la audiencia correspondiente y en su caso, se modifiquen o revoquen, siempre y cuando no se imponga la prisión preventiva oficiosa.****************************************Por lo expuesto y fundamentado y con apoyo además en los artículos 144 y 146, de la Ley de Amparo; se,****************************************Resuelve:****************************************Único. ********************Se concede a ********************la suspensión definitiva por la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, por los motivos y términos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. ****************************************Notifíquese.****************************************Así lo resuelve y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con la secretaria Tania Aguilar Herrera, que firma y da fe. Doy fe.******************** Tania/RnjrLectura de constancias. ********************A continuación, la secretaria da lectura de las constancias existentes en el presente asunto entre las que se encuentran: a) Escrito inicial de demanda; b) informe previo rendido por la autoridad responsable y c) documentales exhibidas por la autoridad responsable.****************************************Pruebas. ********************Seguidamente, se abre el periodo probatorio, y se hace constar que únicamente la autoridad responsable las exhibió, mientras que las partes restantes no ofrecieron medios de convicción.******************** ********************Acuerdo.********************Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su especial naturaleza, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver la presente incidencia. Asimismo, a las partes restantes se les tiene por precluido su derecho de ofrecer pruebas.****************************************Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y la secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho.****************************************Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos, la Jueza tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa.****************************************Cierre de audiencia. ********************Al encontrarse integrado el expediente, se procede a dictar resolución en los siguientes términos:****************************************Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1042/2023-I, promovido por ********************en defensora pública federal de ********************contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control; y, ****************************************Resultando:****************************************Primero.********************Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado por la vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, y recibida en éste órgano jurisdiccional el veinticuatro de agosto siguiente, ********************defensora pública federal de ********************solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados.****************************************Segundo. Trámite. ********************Por razón de turno tocó conocer del juicio del que deriva el presente incidente de suspensión a este órgano de control constitucional, por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se acordó la apertura del presente incidente, ordenándose formar por cuerda separada, y en la misma fecha se proveyó respecto de la suspensión provisional del acto reclamado, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, por lo que una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, ****************************************Considerandos:****************************************Primero. Competencia. ********************Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 101/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.****************************************Segundo. Precisión del acto reclamado.********************En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: ****************************************"IV.- Acto reclamado: ********************LA RESOLUCIÓN DICTADA EN AUDIENCIA DE FECHA 4 DE AGOSTO DEL 2023 MEDIANTE LA CUAL SE NEGÓ LA REVOCACIÓN, CESE O SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA DECRETADA EN PERJUICIO DE ******************** EN LA CAUSA PENAL ********************. TRASGREDIÉNDOSE EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO PORQUE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DECLARÓ INCONVENCIONAL LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA." ****************************************Tercero. Certeza del acto reclamado.******************** La autoridad responsable en su denominación correcta, rindió su informe previo de la manera siguiente:****************************************Autoridad responsable********************Sentido del informe********************Página (s)************************************************************Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en esta ciudad.****************************************Cierto ********************34************************************************************Del cuadro anterior, se advierte que la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, pues así lo manifestó al rendir su informe previo; por tanto, así deberá tenerse para efectos de resolver el presente incidente de suspensión.****************************************Cuarto. Efectos de la suspensión. ********************La parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado para los siguientes efectos: ****************************************""X. - Suspensión del acto reclamado: . Por todo lo anterior, debe estimarse que se actualiza la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y debe conceder la suspensión de plano a la parte quejosa, para que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, realice lo siguiente: a) Deje sin efectos la determinación emitida en la audiencia de 4 de agosto de 2023, únicamente respecto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. B) Señale fecha y hora para llevar una diversa audiencia -con intervención de las partes- en la que declare improcedente la imposición de la prisión preventiva oficiosa a la parte quejosa, conforme el marco convencional expuesto en esta resolución. C) Una vez hecho lo anterior, abra a debate de las partes el análisis de la solicitud de medidas cautelares a imponerse a la parte quejosa. Lo anterior, con la única limitación de que no pueda imponerse la de prisión preventiva de manera oficiosa."****************************************Por tanto, una vez precisado el acto reclamado y los efectos para los cuales la parte quejosa solicitó la suspensión, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse.****************************************Sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y de contenido siguiente:****************************************"SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA."****************************************Quinto. Procedencia de la suspensión. ********************Resulta pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: ********************Que la solicite el quejoso; ********************2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, ********************3. Que deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. ****************************************En la especie, la parte quejosa solicitó expresamente en su escrito inicial de demanda la suspensión del acto que reclama de la autoridad señalada como responsable, por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 anteriormente citado. ****************************************Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito establecido en la fracción II del artículo en comento, así como lo dispuesto por el numeral 138, toda vez que con la concesión de la medida cautelar se estima que no se sigue perjuicio al interés social, y no se contravienen disposiciones de orden público, ya que el acto que se pretende suspender no se encuentra en ninguno de los supuestos del numeral 129 de la ley de la materia. ****************************************Concesión de la suspensión. ********************En relación al acto reclamado consistente en la resolución que negó la revocación, cese o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada a la quejosa, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, a fin de evitarle un daño irreparable en las etapas del juicio se concede la suspensión definitiva solicitada, por los siguientes motivos.****************************************En la especie, se actualiza el supuesto de apariencia del buen derecho, atento a que se advierte que la quejosa reclama que un acto que incide sobre la imposición de la prisión preventiva oficiosa, con motivo de la causa penal que se sigue en su contra, medida cautelar respecto de la cual, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 40/2023, estableció que, sin suponer la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, en acato a la obligación de aplicar y hacer valer en todo momento el principio pro persona, mediante un examen de interpretación más favorable conforme a la Constitución, permite conceder la suspensión como una tutela anticipada. ****************************************Al respecto es importante señalar que al resolver la referida contradicción de criterios (40/2023), el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, estableció, entre otras cosas, lo siguiente: ****************************************"99. Por todo lo anterior, es dable resaltar que el principio pro persona se ha consolidado y reconocido gradualmente nacional e internacionalmente como uno de los pilares insustituibles del sistema jurídico mexicano; además, la aplicación de éste, coadyuva en la construcción de un sistema mucho más justo y garantista.****************************************100. Ahora bien, es pertinente resaltar que la disidencia interpretativa que atañe a la presente ejecutoria tiene su génesis ante los pronunciamientos que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al dictar las sentencias en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México -de siete de noviembre de dos mil veintidós- y García Rodríguez y otro contra México -de veinticinco de enero de dos mil veintitrés-.****************************************101. En las mencionadas sentencias interamericanas, entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano al declarar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pues dicho Tribunal Internacional estimó que esa figura era contraria a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por tanto se ordenó a México adecuar la normatividad respecto a la figura de la prisión preventiva oficiosa con la finalidad de que ésta resulte compatible con los estándares interamericanos, ya que es una medida de carácter excepcional y por ende debe estar debidamente justificada. Sentencias en las que textualmente se estableció:********************[.]****************************************102. De lo anterior puede afirmarse que en dichas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció entre otras cuestiones, sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa en nuestro país, discusión y crítica que puso en relieve la incompatibilidad de la imposición de esta medida cautelar en México, con los estándares internacionales de derechos humanos establecidos en los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en particular, con los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, legalidad y derecho a la libertad personal.********************[.]****************************************198. Sin embargo, por lo hasta aquí expuesto no se puede inadvertir que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se condenó a México, en particular, por considerar que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, son vinculantes y obligatorias para el Estado Mexicano; además, deben ser acatadas y cumplidas de buena fe. Asimismo, se ordenó tomar las medidas necesarias para implementar las decisiones de dicho tribunal y garantizar la plena protección de los derechos humanos en todo nuestro territorio, circunstancia que indudablemente representa un parteaguas en la evolución e interpretación de dicho paradigma.****************************************199. Así, como se dijo en el apartado correspondiente de esta ejecutoria, si bien para la determinación del catálogo de delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, se estará a aquellos delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente descritos, ilícitos respecto de los cuales procede la suspensión provisional conforme a lo establecido en la fracción I, del artículo 166, de la Ley de Amparo, también lo es que conforme a la jurisprudencia nacional e internacional, todos los operadores jurídicos estamos llamados a realizar un debido control de convencionalidad, a la luz de los estándares establecidos por el Tribunal Interamericano multicitado.********************[.]********************205. Para resolver este punto de la litis es necesario traer al escenario lo resuelto por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria virtual de quince de junio de dos mil veintitrés, en la contradicción de criterios ********************, en la cual en lo que atañe, este órgano colegiado determinó que el numeral 166 de la Ley de Amparo en efecto admite una interpretación conforme, que ha sido reconocida por el Máximo Tribunal de este país, en la cual el orden jurídico se analiza en concordancia con los derechos humanos establecidos en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Por tanto, concluyó este Pleno, que es posible que el órgano jurisdiccional de amparo resuelva con relación a la suspensión de amparo en términos más amplios a lo que prevé ese artículo.********************[.]********************218. De modo que si la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante, y ahí se resolvió categóricamente que es inconvencional la figura consistente en la prisión preventiva oficiosa; por tanto, es dable afirmar que cuando se reclama este tipo de actos en el juicio de amparo, para proveer sobre la suspensión provisional o definitiva debe partirse de la base de que la apariencia del buen derecho está demostrada, lo cual lleva consigo que se le den efectos restitutorios -tutela anticipada-.********************219. De ahí que, el órgano jurisdiccional basado en esa interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, el cual dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible.********************220. Luego, el peligro en la demora es patente, pues el tiempo que pase el quejoso bajo los efectos de una prisión preventiva automática, no se le podrá reparar aunque se obtenga una sentencia favorable; de modo que al no advertirse que la suspensión pueda trastocar el interés social y orden público sino todo lo contrario, al estar interesada la sociedad en el resguardo y protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales en que México forme parte, el efecto de la suspensión será para que el juez responsable, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el término de cuarenta y ocho horas, -en aplicación analógica a la revisión de medidas cautelares que prevé el artículo 162-, señale fecha para la celebración de una audiencia en la que, -con intervención de las partes-, prescinda de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, reclamada en el juicio de garantías y previo cumplimiento de los principios del sistema oral-acusatorio, esencialmente el de contradicción, proceda al debate de imposición de diversas medidas cautelares.********************[.]********************222. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, es que la jurisprudencia P./J. 20/2014, derivada de la contradicción de criterios ********************, contrario a lo resuelto por uno de los tribunales contendientes, no constituye un obstáculo, ni inobservancia alguna para hacer esta interpretación, porque no se está dilucidando una cuestión de fondo, es decir, no se está resolviendo sobre la inconvencionalidad del artículo 19 de la Constitución Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como tampoco del 166 de la Ley de Amparo, sino solamente la apariencia del buen derecho en la suspensión provisional, merced de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicables al caso concreto.********************223. En otras palabras, la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que, el pronunciamiento sobre la inconvencionalidad del artículo 19 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se contempla el acto reclamado, será materia de análisis que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, porque la tutela anticipada es una medida provisional que no sustituye la sentencia definitiva. ********************224. De esa manera, por las particularidades del asunto, la presente ejecutoria no supone la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del texto constitucional, sino que implica el cumplimiento a la obligación constitucional de aplicar y hacer valer en todo momento el principio pro persona, mediante un examen de interpretación más favorable conforme a la misma disposición fundamental, únicamente por cuanto hace a los efectos de la suspensión provisional en el caso específico."************************************************************Resolución que se invoca como un hecho notorio al estar publicada la versión pública de dicha sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como se observa de la página oficial http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=4385/4385000032616523019.pdf_1&sec=Liliana_S%C3%A1nchez_Doniz&svp=1, por lo que es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de los circuitos que integran la región Norte-Centro.****************************************Ello en apoyo en la Jurisprudencia P./J. 16/2018, que emitió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto siguientes:****************************************"HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente."****************************************De lo expuesto, se concluye que al resolver la contradicción de criterios ********************el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, estableció que se puede conceder la medida suspensional, ya que puede tener una tutela anticipada, por lo que se acredita la apariencia del buen derecho a que hace alusión la quejosa.****************************************Asimismo, conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, es factible restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, hasta en tanto se dicte sentencia en el juicio de amparo, puesto que mientras dura el juicio de amparo de no señalarse una diversa medida cautelar, incluso la prisión preventiva justificada, se le causarían daños y perjuicios de imposible reparación a la parte quejosa, aunado a que es jurídica y materialmente posible restituir las cosas al estado que se encontraban antes de la emisión del acto reclamado.****************************************Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, de rubro y contenido siguientes:****************************************"SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida."****************************************De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.XVII. J/24 K (10a.), emitida por Pleno del Decimoséptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: ****************************************"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PUEDE TENER EFECTOS RESTITUTORIOS TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE SE TRADUCEN EN OMISIONES DE LA RESPONSABLE QUE TIENEN UNA PREVISIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 131, 138 y 147 de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a la luz del indicado precepto constitucional, se advierte la posibilidad de que se dote a la suspensión provisional en el amparo, de efectos restitutorios, sin perder su naturaleza de medida cautelar, así como el deber a cargo de los juzgadores de amparo de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social; en tal virtud, la técnica jurídica para resolver sobre la suspensión de los actos que se traducen en omisiones de la responsable, que tienen una previsión específica en la ley, implica que el juicio de probabilidad en relación con la suficiencia de la verosimilitud del derecho alegado se aprecie de manera clara y evidente de acuerdo a la revisión que se haga de la legislación y la jurisprudencia nacional e internacional relacionada con el acto reclamado, incluyendo la valoración de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, en todo su contexto, armonizándolos con los principios de interdependencia e indivisibilidad del derecho humano trastocado y con el fin de constatar si se pone en riesgo el disfrute de diversos derechos de la persona; lo anterior no significa que mediante la suspensión provisional se puedan constituir derechos que el quejoso no tuviera antes de presentar la demanda de amparo, pues sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional.****************************************Previo pronunciamiento al respecto cabe tener en cuenta que la suspensión provisional fue otorgada a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, realizara lo siguiente: ****************************************1) Dejara sin efectos la resolución emitida el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, respecto a la negativa de revocar, cesar o sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a la aquí quejosa dentro de la causa penal ********************, de su índice.****************************************2) Con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el término de cuarenta y ocho horas, señalara nueva fecha y hora para la celebración de una audiencia, con intervención de las partes, para la revisión de las medidas cautelares. ****************************************3) En la misma audiencia prescindiera de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y previo cumplimiento de los principios del sistema oral acusatorio, esencialmente el de contradicción, procediera al debate de imposición de diversa medida cautelar, conforme a lo señalado por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México.****************************************Bajo ese contexto, del oficio marcado con folio 13718 recibido en éste órgano jurisdiccional el cuatro de septiembre del año en curso, se advierte que la autoridad responsable mediante audiencia de uno de septiembre de dos mil veintitrés, acató la suspensión provisional concedida a la parte quejosa, ya que dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y en su lugar, se le impusieron las medidas previstas en el numeral 155, fracciones I, II, V y VIII de dicho ordenamiento legal, por lo que ordenó la inmediata libertad de la imputada, únicamente por lo que respecta a la causa penal ********************. ****************************************En tales circunstancias, el juez responsable consideró imponer a ********************las medidas cautelares previstas en el artículo 155 fracciones I, II, V y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: ****************************************"I) PRESENTACIÓN PERIÓDICA SEMANAL ANTE ESTE CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, por lo que dicho imputado deberá presentarse el primer día hábil de cada semana:********************II) EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA, por la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que deberá presentar en el plazo de cinco días hábiles, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley.********************Asimismo, se requirió a la acusada la presentación ante este Centro de Justicia Penal Federal de un comprobante de domicilio, mismo que deberá exhibir en el plazo de cinco días hábiles.********************V) No salir de Tijuana sin autorización del Juez.********************VIII) Prohibición de acercarse o comunicarse con la persona denunciante."****************************************Como se puede observar, el juez responsable proveyó al dar cumplimiento a la suspensión provisional decretada por este órgano jurisdiccional, imponiendo a ********************diversas medidas cautelares a le prisión preventiva oficiosa.****************************************Por tanto, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto que, las medidas cautelares concedidas por el juez responsable en audiencia de uno de septiembre de dos mil veintitrés, a la aquí quejosa, previstas en el artículo 155 fracciones I, II, V y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, continúen surtiendo efectos hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en lo principal. ****************************************En el entendido de que en el caso de que las condiciones existentes al momento de su imposición cambiaran o en el supuesto de incumplimiento por parte de la aquí quejosa, puede dar lugar a que, previa petición de parte legitimada, sean revisadas a través de la audiencia correspondiente y en su caso, se modifiquen o revoquen, siempre y cuando no se imponga la prisión preventiva oficiosa.****************************************Por lo expuesto y fundamentado y con apoyo además en los artículos 144 y 146, de la Ley de Amparo; se,****************************************Resuelve:****************************************Único. ********************Se concede a ********************la suspensión definitiva por la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, por los motivos y términos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. ****************************************Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Juez exhortado informa. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual informa que procedió a la diligenciación del exhorto local 481/2023, número de orden 481/2023, y que señaló las doce horas del once de septiembre de dos mil veintitrés, para el desahogo de la inspección en las instalaciones del Instituto de Servicios Pedagógicos, con sede en Mexicali; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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