Baltazar Rogelio Reyes Espino
Expediente 161/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 161/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 06/11/2023
Partes del expediente
- BALTAZAR ROGELIO REYES ESPINO y Otros.
- Baltazar Rogelio Reyes Espino
- Titular del Juzgado Primero de lo Civil, del Partido Judicial de Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el cuaderno original del presente juicio de amparo, un tomo de pruebas y el testimonio de la resolución relativa al amparo en revisión ********************; en consecuencia, estese a lo resuelto por el referido tribunal, el cual determinó lo siguiente: "Primero. Se confirma la sentencia sometida a revisión. Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo 161/2022 promovido por********************, por derecho propio y en representación de sus hijas ******************** y ********************" Acuse, anotaciones y cuaderno de antecedentes. Consecuentemente, acúsese recibo de estilo a la superioridad y háganse las anotaciones conducentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); asimismo, glósense a los autos las actuaciones que no obran en este expediente y que se encuentran anexas al cuaderno de antecedentes que se ordenó formar con motivo del recurso de revisión. Sin que sea el caso de agregar al presente juicio de amparo las copias certificadas que fueron expedidas para formar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que se duplicarían las actuaciones por obrar los originales en autos; por tanto, se ordena la destrucción de las mismas. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción I del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, remítase a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 22 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de constancias. Atento a lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil en esta ciudad, el tomo de pruebas relativo al expediente ******************** de su índice, que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.
- Incidental
Audiencia. En Tijuana, Baja California, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental a que refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la licenciada Magali María Díaz Villarreal Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistida de Aarón Abraham Rodríguez Agúndez, secretario que da fe, declara abierta la audiencia en la presente incidencia, sin la comparecencia de las partes. Cuenta. Se da cuenta con el escrito que remite el quejoso, mediante el cual formula alegatos, registrado con folio número 13621. Acuerdo. Se tiene por recibido el escrito que remite el quejoso, mediante el cual formula alegatos; en consecuencia, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, de los cuales se hará relación en la etapa correspondiente. Pruebas documentales. En cuanto a las pruebas documentales que se anexa a su escrito, con fundamento en los artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la etapa procesal correspondiente. Lectura de constancias. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias existentes en el presente asunto: a) Escrito inicial de demanda; y b) Informes previos rendidos por las autoridades responsables. Acuerdo. Se tiene por hecha la relación de constancias que se indican para los efectos legales conducentes. Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el secretario hace constar que se ofrecieron los siguientes medios de prueba: No. Partes Pruebas Foja (s) Admitidas y desahogadas 1 Quejosa Documentales 87 a 107 09/09/2022 Fojas 109 y 110 2 Quejosa Documentales 127 a 136 En esta audiencia Asimismo, el secretario certifica que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. Toda vez que no existen pruebas pendientes por acordar, se cierra el periodo probatorio. Alegatos. Se pasa al siguiente periodo de etapa de alegatos, en el que se hace constar que sólo la parte quejosa presentó escrito de alegatos, que obra a fojas 116 a 126, sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho; por tanto, se da por concluida la presente etapa. Cierre de audiencia. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, se declara cerrada la audiencia incidental, se levanta la presente acta para constancia legal y se procede a dictar la siguiente resolución: Resolución. Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 161/2022-IV, promovido por Baltazar Rogelio Reyes Espino, por sí y como representante legal de las menores O.A.R.A. y C.G.R.A., contra actos del Juez Primero de lo Civil, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Baltazar Rogelio Reyes Espino, por sí y como representante legal de las menores O.A.R.A. y C.G.R.A., solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal. Segundo. Trámite. En auto de catorce de marzo del presente año, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 161/2022-IV; posteriormente, por auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó la suspensión provisional del acto reclamado y en su momento la definitiva, y se ordenó formar por duplicado y separado el incidente de suspensión, en el que se solicitó su respectivo informe previo a las autoridades responsables y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, por lo que se celebró al tenor del acta que antecede, y corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 31/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, y en atención a la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro ''DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD'', se señala que la parte quejosa reclama lo siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE, DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: 1.- Del C. Juez/a Titular del Juzgado Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California en su calidad de autoridad ordenadora, la falta de emplazamiento y notificación a juicio, todos los autos, decretos y resoluciones, así como sentencia definitiva, la orden de desposesión, despojo, lanzamiento y sus consecuencias, dentro del Juicio Ordinario Civil número 1565/2019, promovido por LOGA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS S.A. DE C.V. VS CONSUELO APODACA PEREZ., del inmueble como casa habitación ubicada en CALLE LOMA BAJA NÚMERO 9353 INTERIOR 7, CONDOMINIO LOMA BAJA 2, DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DE PALMILLAS, DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, identificación ante el Registro Propiedad y Comercio en Tijuana, FOLIO REAL: 1364923 UNIDAD 7, CONJ, HABITACIONAL: CALLE LOMA BAJA, CONDOMINIO BAJA 2, CONSTRUIDO SOBRE LOS LOTES 2 AL 17 DE LA MANZANA 273, Y LOTES 1 AL 12 DE LA MANZANA 272, DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DE PALMILLAS DE ESTA CIUDAD, MUNICIPIO: TIJUANA, CLAVE CATASTRAL: FV-273-108, DETALLE DE SUPERFICIE: DE CONSTRUCCIÓN: 62.73 M2, INDIVISO: 25.00 %, PRIVATIVA: 85.630 M2. 2.- Del C. Secretario Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana Baja California, en su calidad de autoridad ejecutora, todos los actos reclamados a la autoridad ordenadora señalados en la sentencia, y la ejecución de la sentencia, y el lanzamiento ejecutado en un lugar distinto al ordenado por la autoridad ordenadora, del Titular del Juzgado Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana Baja California. El Secretario Actuario del Juzgado Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana Baja California, se constituyó y lanzó en casa habitación ubicada en CALLE LOMA BAJA NUMERO 9357 INTERIOR 7 Y NO EN EL ORDENADO POR EL JUEZ CIVIL, EL NUMERO 9353 INTERIOR 7 CONDOMINIO LOMA BAJA 2, DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE PALMILLAS, DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; identificación ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio en Tijuana, Baja California FOLIO REAL. 1352806 Y NO EN EL ORDENADO POR EL JUEZ CIVIL. EL FOLIO REAL 1364923, UNIDAD: 7, CONJ. HABITACIONAL; CALLE LOMA BAJA, CONDOMINIO BAJA 2, CONSTRUIDO SOBRE LOS LOTES 2 AL 17 DE LA MANZANA 273, Y LOTES 1 AL 12 DE LA MANZANA 272, DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DE PALMILLAS, DE ESTA CIUDAD, MUNICIPIO: TIJUANA, CLAVE CATASTRAL: FV-273-108, DETALLE DE SUPERFICIE: DE CONSTRUCCIÓN: 62.73 M2, INDIVISO: 25.00% PRIVATIVA: 85.630 M2. LANZAMIENTO QUE FUE EJECUTADO EN DIFERENTE NÚMERO DE CASA HABITACIÓN Y CON DIFERENTE FOLIO QUE CORRESPONDE A LA PROPIEDAD QUE DIO ORIGEN A LA DEMANDA Y SENTENCIA DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL NÚMERO 1565/2019, PROMOVIDO POR LOGA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS S.A. DE C.V. VS CONSUELO APODACA PEREZ, MI DIFUNTA ESPOSA Y MADRE DE NUESTRAS HIJAS MENORES DE EDAD." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables que enseguida se precisan, en su denominación correcta, rindieron su informe previo, tal como se indica a continuación: # Autoridad Sentido del informe Foja 1 Juez Primero de lo Civil Ciertos 112 2 Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil Ciertos 112 Como se ve, en el informe previo las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado. CUARTO. Efectos de la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión definitiva a efecto de restablecer al quejoso y sus hijas menores de edad, en la posesión del bien inmueble, su hogar del que fueron lanzados el día dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Una vez precisados los actos reclamados y los efectos para los cuales la parte quejosa solicitó la suspensión, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse. Sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2019200, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Procedencia de la suspensión. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social; asimismo, tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, ni quede sin materia el juicio. Es pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución General de la Republica, 125 y 128 de la legislación en consulta, precisan los aspectos que el juzgado debe tomar en cuenta para otorgarla, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, a saber: La naturaleza de la violación alegada; La dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la parte quejosa con su ejecución; Los que la suspensión origine a los terceros interesados; Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la parte inconforme y la apariencia del buen derecho. Primeramente, cabe señalar que tratándose de la procedencia o improcedencia de la concesión de la suspensión de los actos reclamados, debe atenderse a los requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: l. Que la solicite el quejoso; y, ll. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Pronunciamiento en cuanto a la medida cautelar. Negativa de la suspensión. Ahora, los actos por los que solicita la suspensión definitiva tienen el carácter de consumados; los cuales se entienden como aquellos que se han realizado total e íntegramente y conseguido todos sus efectos, por lo que en el caso particular no resulta procedente conceder la suspensión. Esto es así, porque de la lectura del escrito inicial de demanda, el quejoso refiere que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, personas que se identificaron como personal del Juzgado Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, se constituyó y lanzó de la casa habitación ubicada en Calle Loma Baja, número 9357, interior 7 y no lo ordenado por el Juez Civil, en el número 9353, interior 7, condominio Loma Baja 2 del Fraccionamiento Vistas de Palmillas en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil número 1565/2019, del índice del juzgado responsable, promovido por la moral Loga Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos, Sociedad Anónima de Capital Variable contra Consuelo Apodaca Pérez, difunta esposa y madre de sus hijas. Bajo ese contexto, cómo los actos que solicita sean suspendidos ya se ejecutaron, lo que en la generalidad provoca que no sea procedente la suspensión; no obstante ello, existen casos de excepción, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 21/2016 (10a), de rubro y contenido siguiente: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado." De la tesis en cita, se advierte que en casos específicos es procedente conceder la medida suspensional con efectos restitutivos; sin embargo, se considera que en esta ocasión no nos encontramos en ese supuesto de excepción, dado que según lo narrado por la parte quejosa en su demanda de amparo ya se le lanzó del bien inmueble que defiende y por el momento no existe base alguna para inferir que ello fue ilegal pues la orden de lanzamiento fue emitida por un juez civil, ello dentro de un juicio y, dicha autoridad se encuentra facultada para ello y cuenta con la presunción de que sus actos se encuentran ajustados a derecho. Ahora de las pruebas exhibidas por la parte quejosa, durante la tramitación del presente incidente tampoco se advierte que exista una base para inferir que los quejosos cuenten con algún derecho preconstituido y que la actuación del juez responsable no fue ajustada a derecho, a fin de acreditar que se encuentran en el caso de excepción a fin de que se ordene la restitución del bien inmueble del que fueron desalojados. Ahora, las pruebas exhibidas por la parte quejosa, son las siguientes: 1. Copia certificada de las actas de nacimiento de las niñas quejosas O.A.R.A. y C.G.R.A. expedida por el oficial del registro civil de Tijuana, baja california. 2. Copia certificada del acta de defunción a nombre de Consuelo Apodaca Pérez, expedida por el oficial del registro civil de Tijuana, baja california. 3. Copia certificada del acta de matrimonio número 00372, expedida por el oficial del registro civil de Tijuana, baja california. 4. Copia certificada del Certificado de inscripción, relativo al inmueble identificado como: unidad 7, conjunto habitacional calle loma baja, condominio baja 2, construido sobre los lotes 2 al 17, de la manzana 273 y lotes 1 al 12 de la manzana 272, del fraccionamiento vista de palmillas de esta ciudad. 5. Copia simple de la credencial para votar, expedida por el instituto federal electoral a nombre de Baltazar Rogelio Reyes Espino. 6. Copia certificada del Certificado de inscripción relativo al inmueble identificado como unidad 5-01, condominio san ángel, colinas de california, ubicado sobre lote 5, de la manzana 58, fraccionamiento colinas de california de esta ciudad. 7. Copia certificada de oficio 934/2022, emitido por el Juez Séptimo Civil de esta ciudad, mediante el cual se ordena inscribir preventivamente la demanda promovida por Baltazar Rogelio Reyes Espino, en contra de Loga Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos Sociedad Anónima de Capital Variable, en el juicio ordinario civil 1645/2021, sobre la partida 6135158. 8. Copia simple de dos fotografías. 9. Copia certificada de la audiencia constitucional de veintiséis de julio de dos mil veintidós, en la que se desahogó la testimonial con cargo a Rosalina Valenzuela Olguin y Luis Manuel López Lazcano, testimoniales que fueron coincidentes en que la parte quejosa vivía en el referido inmueble desde hace más de 14 años. 10. Copia simple de la demanda ordinaria civil, en ejercicio de la acción de prescripción positiva promovida por Baltazar Rogelio Reyes Espino, en contra de Loga Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual le correspondió el número 1645/2021. Las documentales identificadas con los números 1, 2 y 3 adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, por tratarse de actuaciones emitidas y practicadas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, tales documentos únicamente sirven para probar: 1. Los datos relativos al nacimiento de las niñas quejosas O.A.R.A. y C.G.R.A.. 2. Los hechos relativos al fallecimiento de Consuelo Apodaca Pérez. 3. La celebración del matrimonio entre Baltazar Rogelio Reyes Espino y Consuelo Apodaca Pérez, así como que se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal. Empero, de ninguna de las documentales aludidas se observa que los quejosos cuenten con algún derecho de propiedad o posesión sobre el bien inmueble que defienden. Las documentales identificadas con los números 4 y 6 adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, por tratarse de actuaciones emitidas y practicadas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, tales documentos únicamente acreditan: 1. Que el inmueble identificado como unidad 7, conjunto habitacional calle Loma Baja, condominio baja 2, construido sobre los lotes 2 al 17, de la manzana 273 y lotes 1 al 12 de la manzana 272, del fraccionamiento Vistas de Palmillas, de esta ciudad, se encuentra registrado ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Baja California a nombre de la aquí tercera interesada Loga Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos Sociedad Anónima de Capital Variable. 2. Que el inmueble identificado como unidad 5-01, condominio San Andrés, Colinas de California, ubicado sobre el lote 5, de la manzana 58, fraccionamiento Colinas de California de esta ciudad, se encuentra registrado ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Baja California a nombre de Casas A y N Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Por tal motivo, es claro que no son aptas para acreditar algún derecho sobre el bien inmueble del que fue lanzado la parte quejosa, porque de la primera de éstas se constata el hecho de que la persona que aparece como propietario registralmente respecto al inmueble que defiende es la tercera interesada Loga Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos Sociedad Anónima de Capital Variable. Mientras que la segunda documental no guarda relación con el inmueble materia de este juicio de amparo. La documental identificada con el número 7 adquiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, por tratarse de una actuación emitida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Sin que de dicha documental se observe algún derecho de propiedad o posesión constituido a favor de los quejosos, pues únicamente se trata de la orden emitida por la Jueza Séptimo Civil de esta ciudad de inscribir preventivamente la demanda promovida por el aquí quejoso Baltazar Rogelio Reyes Espino en contra de Loga Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos Sociedad Anónima de Capital Variable, en el juicio ordinario civil 1645/2021, sobre la partida 6135158. Es decir, no se trata de un título jurídico a través del cual se hubiese otorgado el derecho para poseer o ejercer actos de dominio sobre el inmueble que se defiende en este juicio de amparo. En cuanto a las fotografías enumeradas como 8, ofrecidas por la parte quejosa, las mismas adquieren valor probatorio de indicio, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, tales medios de prueba resultan insuficientes para acreditar la posesión jurídica del inmueble que defienden. Lo anterior, ya que esas documentales únicamente comprueban la existencia de un lugar, pero de ninguna de éstas se comprueba que los quejosos tengan un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer y por ende se le pueda restituir del mismo. En el mismo tenor, respecto a la prueba documental enumerada como 9 relativa a la audiencia constitucional celebrada en el cuaderno principal del cual deriva el presente incidente, en la que se llevó a cabo la testimonial a cargo de los atestes Rosalina Valenzuela Olguín y Luis Manuel López Lazcano, puesto que si bien constituyen documentales con valor probatorio pleno, únicamente respecto a su existencia, pero en relación a su contenido se le concede valor de indicio en términos del artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2, dado que lo ahí asentado fue emitido por dos testigos ante la presencia judicial; empero, aun cuando ambos testigos fueron coincidentes en que la parte quejosa vivía en el referido inmueble desde hace varios años, resulta válido concluir que lo narrado por éstos se traduce en la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer y por ende se le restituya del inmueble. Las documentales señaladas con los números 5 y 10, carecen de valor probatorio demostrativo, por su fácil confección. Sin embargo, no obstante ello tampoco beneficia en nada a su oferente, porque la señalada como 5 solo acredita que ante el entonces Instituto Federal Electoral el quejoso Baltazar Rogelio Reyes Espino se encuentra registrado con los datos que aparecen en la misma y con la 10 que el aquí quejoso promovió juicio de prescripción en contra de la moral tercera interesada, mas no prueba un derecho de posesión o propiedad respecto del inmueble que defiende y que con motivo de ello se encuentre en el supuesto de excepción para restituirlo en la posesión del inmueble que fueron lanzados. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 71/2002, emitida por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste." Ahora, de todas las documentales antes señaladas, aun analizadas de manera conjunta no puede acreditarse la existencia del derecho de posesión o propiedad cuya restitución se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que para actualizarse la excepción establecida en la jurisprudencia 1a./J. 21/2016 (10a) antes transcrita, es necesario que la parte quejosa acredite contar con un derecho aparente sobre el bien inmueble del que fue lanzado y que permitan hacer un análisis preliminar del acto reclamado. Con base en este marco normativo, se llega a la conclusión de que la parte quejosa no demostró que tenga algún derecho preconstituido respecto del inmueble descrito en la demanda; sin que pasen desapercibidas las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido de que sí cuenta con un interés jurídico y suspensional en el presente asunto, dado que, como se estableció en los párrafos que anteceden, no existe base para acreditar que tenga algún derecho que permita conceder la suspensión con efectos restitutorios; por lo que será hasta que se resuelva en definitiva el referido juicio principal, en que se analizará, en su caso, si estuvo o no correcta el lanzamiento que reclama la parte quejosa. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 125, 128 y 144 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Se niega a Baltazar Rogelio Reyes Espino, por sí y como representante legal de las menores O.A.R.A. y C.G.R.A. la suspensión definitiva en contra de las autoridades responsables y por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Informes previos. Agréguese a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, los informes previos rendidos por las autoridades responsables; con fundamento en el artículo 140 párrafo primero, de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Certificación. Visto el contenido de la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante proveído emitido en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva este incidente, se ordenó el cotejo las copias simples que el autorizado de la parte quejosa exhibió en escrito con número de registro 12927, a fin de que obren en el presente incidente de suspensión, mismas que a continuación se detallan: "1. Copia certificada de las actas de nacimiento de las niñas quejosas O.A.R.A. y C.G.R.A. expedida por el oficial del registro civil de Tijuana, baja california. 2. Copia certificada del acta de defunción a nombre de consuelo Apodaca Pérez, expedida por el oficial del registro civil de Tijuana, baja california. 3. Copia certificada del acta de matrimonio numero 00372, expedida por el oficial del registro civil de Tijuana, baja california. 4. Copia certificada del Certificado de inscripción, relativo al inmueble identificado como: unidad 7, conjunto habitacional calle loma baja, condominio baja 2, construido sobre los lotes 2 al 17, de la manzana 273 y lotes 1 al 12 de la manzana 272, del fraccionamiento vista de palmillas de esta ciudad. 5. Copia certificada del Certificado de inscripción relativo al inmueble identificado como unidad 5-01, condominio san ángel, colinas de california, ubicado sobre lote 5, de la manzana 58, fraccionamiento colinas de california de esta ciudad. 6. Copia certificada de oficio 934/2022, emitido por el juez séptimo civil de esta ciudad, mediante el cual se ordena inscribir preventivamente la demanda promovida por Baltazar Rogelio reyes espino, en contra de loga comercializadora y desarrolladora de proyectos sociedad anónima de capital variable, en el juicio ordinario civil 1645/2021, sobre la partida 6135158. 7. Original de dos fotografías. 8. Original de la audiencia constitucional de veintiséis de julio de dos mil veintidós, en la que se desahogó la testimonial con cargo a Rosalina Valenzuela Olguin y Luis Manuel López Lazcano, testimoniales que fueron coincidentes en que la parte quejosa vivia en el referido inmueble desde hace más de 14 años." Pruebas. Por tanto, en cuanto a las pruebas documentales que ofrece en su escrito con número de registro 12927 el autorizado de la parte quejosa, en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 143 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; lo anterior, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Ahora bien, en relación a su petición de que le sea concedida la suspensión provisional y en su momento la definitiva, dígasele que se esté a lo acordado en auto de dos de septiembre de dos mil veintidós en el que se resolvió la suspensión provisional y en su oportunidad se resolverá sobre la suspensión definitiva. Transcurre plazo. Por otra parte, visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de cuarenta y ocho horas concedido a las autoridades responsables para que rindan sus informes previos; toda vez que los oficios 16495 y 16496 fueron recibidos a las once horas con cinco minutos del siete de septiembre del año en curso. Diferimiento. En consecuencia, a fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/20121 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a la autoridad responsable a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
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