Baltazar Arroyo Urbina

Expediente 359/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
359/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2017

Partes del expediente

  • Baltazar Arroyo Urbina

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHO EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA PREVIO CITATORIO Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES HÁBILES DEL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE AÑO EN CURSO...Vista la demanda de amparo promovida por Baltazar Arroyo Urbina y Dolores Jarel Vázquez Botello, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, estas dos últimas autoridades del Cuarto Circuito Judicial con sede en Huichapan, todas del Estado de Hidalgo, consistentes en: La resolución dictada en el toca penal 14/2017, mediante la cual se confirmó la determinación del juez de control, emitida en la audiencia intermedia de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, celebrada en la causa penal 1/2016, en la que se excluyeron medios de prueba ofrecidos por el imputado y su defensa. La audiencia intermedia aludida, en la que se excluyeron dichos medios de prueba y se ordenó la etapa del juicio oral; y, El auto de apertura a juicio oral y su ejecución. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número 359/2017-4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el juez de distrito examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así, lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia debe entenderse como aquella circunstancia que se advierte de primera mano, claramente y sin mayor raciocinio, por lo que se genera la certeza de que aun superadas las exigencias probatorias en el juicio de amparo, la causa de improcedencia pervive porque no puede ser desvirtuada. Sirve de apoyo, por identidad de sustancia jurídica, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Estos extremos se actualizan en el caso de nuestra atención, porque el suscrito considera que el juicio de amparo es improcedente contra el acto que se señala como reclamado, en tanto que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia a que alude la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La regla general que condiciona la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman actos dentro de un juicio seguido ante los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, es que los actos tengan efectos de imposible reparación. Para considerar que un acto tiene efectos de imposible reparación, se atiende al sentido literal de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo: los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los derechos sustantivos no son otra cosa sino derechos fundamentales y humanos; los primeros reconocidos por el Poder Constituyente y los segundos como exigencias o demandas generalizadas reconocidas internacionalmente. Ambos coinciden en su finalidad de garantizar y hacer efectiva la dignidad que todo ser humano tiene por el hecho de serlo, por lo que se le reconocen prerrogativas y bienes jurídicos inherentes a su persona, para que pueda desenvolverse socialmente como tal. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza de los derechos fundamentales y humanos que son tutelados en términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de la materia, la procedencia del juicio de amparo es inmediata (desde luego con sus condicionantes como la observancia del principio de definitividad), porque es posible que la afectación no pueda repararse, aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental o humano de que se trate. Al caso, es aplicable la tesis aislada I.1o.A.E.30 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, marzo de dos mil quince, Tomo III, página 2317, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." De esa guisa, para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio que sean de imposible reparación, quedan excluidas las violaciones que afecten derechos adjetivos o procesales, pues las incidencias que ocurran con motivo de la prosecución procesal sólo tienen que ver con las condiciones bajo las cuales el juzgador llegará a resolver la cuestión que se somete a su potestad, siendo entonces la decisión que emita la que intervenga los derechos fundamentales y humanos en juego. Es importante mencionar que, antaño, en la Ley de Amparo abrogada, de acuerdo a la interpretación que del artículo 114, fracción IV, realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se consideraban actos equiparables a los de imposible reparación, aquellos que por su consecuencia legal afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, en la nueva Ley de Amparo el legislador determinó excluir esa hipótesis de procedencia establecida por la jurisprudencia, y excluyó la procedencia del amparo indirecto contra violaciones procesales de grado predominante y superior, pues el artículo 107, fracción V de la nueva Ley de Amparo, sólo se refiere como actos de imposible reparación, a los que afecten materialmente derechos sustanciales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales. Sobre el particular conviene invocar la tesis aislada 2a. L/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de dos mil quince, Tomo I, página 1069, Décima Época, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." Bajo este entendimiento, si en el caso que nos ocupa el acto reclamado consiste, básicamente, en la resolución de segunda instancia mediante la cual se confirmó la determinación del juez de control, emitida en la audiencia intermedia de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, celebrada en la causa penal 1/2016, en la que se excluyeron medios de prueba ofrecidos por el imputado y su defensa, y sus consecuencias apuntadas por los quejosos, es inconcuso que tal determinación, al margen de su legalidad, no puede considerarse como de imposible reparación. Esto, en primer lugar, porque la facultad de ofrecer pruebas es una cuestión procesal que tiene como finalidad allegar a la autoridad judicial aquellos datos idóneos para encontrar, de manera objetiva, la verdad que se busca en el procedimiento. Por tanto cuando dicha facultad es obstaculizada o nulificada, tal proceder en sí mismo no constituye una afectación a derechos sustantivos, pues será hasta que la violación afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo, cuando se considere que existe una violación que debe ser analizada y en su caso reparada por el órgano de control constitucional competente. Tan es así que la fracción X del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo prevé como violación procesal el hecho de que no se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca, entre otros supuestos. Al caso, es aplicable, por identidad de sustancia jurídica, la tesis aislada XVII.1o.P.A.27 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, página 2628, Décima Época, que a la letra dice: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P). Este órgano colegiado determinó modificar el criterio sustentado en la tesis XVII.1o.P.A.74 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1035, de rubro: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de Garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", consideró que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Asimismo, en lo relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es Parte, expresó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte"; que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior." Por tanto, si bien es cierto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos en audiencia intermedia son impugnables en amparo indirecto, lo cierto es que dichas pruebas y los acontecimientos en materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal resultan impugnables, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no adjetivos o procesales, lo cual en el presente caso ocurre, ya que de los antecedentes se advierte que el medio de prueba que se le excluyó fue la pericial en materia de geomática en el área de sistemas de información geográfica, siendo evidente que no es acto de imposible reparación y por lo tanto, dichos actos los podrá atacar como violación procesal al momento de impugnar la sentencia definitiva en caso de no serle benéfica. De ahí que no puedan ser calificados como actos terminales, o bien de imposible reparación, máxime que si el procedimiento del que deriva el acto reclamado aún no concluye, es claro que la parte quejosa, aún no pueda saber el sentido de la resolución definitiva que ahí se dicte, y por ende, tampoco puede conocer desde esta momento, si el procedimiento que se le inició, le será desfavorable, siendo que hasta que se emita sentencia definitiva, la parte peticionaria de amparo estará el aptitud de aseverar que tales actos intraprocesales le causaron un daño o perjuicio de difícil reparación y en este supuesto podrá combatirlos por los medios legales que estime pertinentes. Máxime que de obtener la parte aquí promovente una resolución favorable en el procedimiento de referencia, desaparecería los agravios vertidos en la demanda, y en caso contrario, tiene expedito su derecho para alegarlo en el momento que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de mérito. De igual forma, se invoca por identidad de razón la tesis aislada II.2o.P.10 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, página 1891, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS DESECHA O ADMITE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). El desechamiento y admisión de pruebas son, por regla general, reclamables junto con la sentencia definitiva en el juicio de amparo directo, pues no concurren circunstancias de irreparabilidad trascendentes en el procedimiento, que dependan para el dictado de la sentencia o para asegurar la continuación del trámite del juicio natural. Este criterio debe seguir rigiendo, salvo casos específicos, en términos del artículo 160, fracción VI, de la Ley de Amparo para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de México, pues las reglas a seguir para la procedencia del juicio de garantías, hasta este momento, siguen siendo las mismas; consecuentemente, contra la resolución que admite o desecha pruebas documentales en la audiencia intermedia es improcedente el amparo indirecto, pues además de que no constituye un acto de ejecución irreparable, el artículo 421 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México prevé que procederá la reposición del procedimiento cuando el tribunal de apelación advierta que hubo alguna violación procesal que haya afectado los derechos de alguna de las partes y que hubiera trascendido al sentido de la resolución, de modo que mediante la promoción del recurso ordinario respectivo el quejoso tiene la posibilidad de reparar dicha violación en una instancia ulterior si es que tal proceder trasciende al resultado del fallo, lo que implica que no desaparece la posibilidad de obtener un fallo definitivo favorable." Igual determinación se toma respecto de los actos reclamados restantes por no afectar derechos sustantivos de los quejosos como se explicó en líneas precedentes. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario, de ahí que lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo presentada por Baltazar Arroyo Urbina y Dolores Jarel Vázquez Botello. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica en su escrito de mérito y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere por no contar con registro de cédula en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Baltazar Arroyo Urbina y Dolores Jarel Vázquez Botello, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, estas dos últimas autoridades del Cuarto Circuito Judicial con sede en Huichapan, todas del Estado de Hidalgo, consistentes en: La resolución dictada en el toca penal 14/2017, mediante la cual se confirmó la determinación del juez de control, emitida en la audiencia intermedia de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, celebrada en la causa penal 1/2016, en la que se excluyeron medios de prueba ofrecidos por el imputado y su defensa. La audiencia intermedia aludida, en la que se excluyeron dichos medios de prueba y se ordenó la etapa del juicio oral; y, El auto de apertura a juicio oral y su ejecución. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número 359/2017-4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el juez de distrito examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así, lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia debe entenderse como aquella circunstancia que se advierte de primera mano, claramente y sin mayor raciocinio, por lo que se genera la certeza de que aun superadas las exigencias probatorias en el juicio de amparo, la causa de improcedencia pervive porque no puede ser desvirtuada. Sirve de apoyo, por identidad de sustancia jurídica, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Estos extremos se actualizan en el caso de nuestra atención, porque el suscrito considera que el juicio de amparo es improcedente contra el acto que se señala como reclamado, en tanto que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia a que alude la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La regla general que condiciona la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman actos dentro de un juicio seguido ante los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, es que los actos tengan efectos de imposible reparación. Para considerar que un acto tiene efectos de imposible reparación, se atiende al sentido literal de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo: los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los derechos sustantivos no son otra cosa sino derechos fundamentales y humanos; los primeros reconocidos por el Poder Constituyente y los segundos como exigencias o demandas generalizadas reconocidas internacionalmente. Ambos coinciden en su finalidad de garantizar y hacer efectiva la dignidad que todo ser humano tiene por el hecho de serlo, por lo que se le reconocen prerrogativas y bienes jurídicos inherentes a su persona, para que pueda desenvolverse socialmente como tal. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza de los derechos fundamentales y humanos que son tutelados en términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de la materia, la procedencia del juicio de amparo es inmediata (desde luego con sus condicionantes como la observancia del principio de definitividad), porque es posible que la afectación no pueda repararse, aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental o humano de que se trate. Al caso, es aplicable la tesis aislada I.1o.A.E.30 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, marzo de dos mil quince, Tomo III, página 2317, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." De esa guisa, para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio que sean de imposible reparación, quedan excluidas las violaciones que afecten derechos adjetivos o procesales, pues las incidencias que ocurran con motivo de la prosecución procesal sólo tienen que ver con las condiciones bajo las cuales el juzgador llegará a resolver la cuestión que se somete a su potestad, siendo entonces la decisión que emita la que intervenga los derechos fundamentales y humanos en juego. Es importante mencionar que, antaño, en la Ley de Amparo abrogada, de acuerdo a la interpretación que del artículo 114, fracción IV, realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se consideraban actos equiparables a los de imposible reparación, aquellos que por su consecuencia legal afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, en la nueva Ley de Amparo el legislador determinó excluir esa hipótesis de procedencia establecida por la jurisprudencia, y excluyó la procedencia del amparo indirecto contra violaciones procesales de grado predominante y superior, pues el artículo 107, fracción V de la nueva Ley de Amparo, sólo se refiere como actos de imposible reparación, a los que afecten materialmente derechos sustanciales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales. Sobre el particular conviene invocar la tesis aislada 2a. L/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de dos mil quince, Tomo I, página 1069, Décima Época, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." Bajo este entendimiento, si en el caso que nos ocupa el acto reclamado consiste, básicamente, en la resolución de segunda instancia mediante la cual se confirmó la determinación del juez de control, emitida en la audiencia intermedia de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, celebrada en la causa penal 1/2016, en la que se excluyeron medios de prueba ofrecidos por el imputado y su defensa, y sus consecuencias apuntadas por los quejosos, es inconcuso que tal determinación, al margen de su legalidad, no puede considerarse como de imposible reparación. Esto, en primer lugar, porque la facultad de ofrecer pruebas es una cuestión procesal que tiene como finalidad allegar a la autoridad judicial aquellos datos idóneos para encontrar, de manera objetiva, la verdad que se busca en el procedimiento. Por tanto cuando dicha facultad es obstaculizada o nulificada, tal proceder en sí mismo no constituye una afectación a derechos sustantivos, pues será hasta que la violación afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo, cuando se considere que existe una violación que debe ser analizada y en su caso reparada por el órgano de control constitucional competente. Tan es así que la fracción X del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo prevé como violación procesal el hecho de que no se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca, entre otros supuestos. Al caso, es aplicable, por identidad de sustancia jurídica, la tesis aislada XVII.1o.P.A.27 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, página 2628, Décima Época, que a la letra dice: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P). Este órgano colegiado determinó modificar el criterio sustentado en la tesis XVII.1o.P.A.74 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1035, de rubro: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de Garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", consideró que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Asimismo, en lo relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es Parte, expresó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte"; que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior." Por tanto, si bien es cierto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos en audiencia intermedia son impugnables en amparo indirecto, lo cierto es que dichas pruebas y los acontecimientos en materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal resultan impugnables, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no adjetivos o procesales, lo cual en el presente caso ocurre, ya que de los antecedentes se advierte que el medio de prueba que se le excluyó fue la pericial en materia de geomática en el área de sistemas de información geográfica, siendo evidente que no es acto de imposible reparación y por lo tanto, dichos actos los podrá atacar como violación procesal al momento de impugnar la sentencia definitiva en caso de no serle benéfica. De ahí que no puedan ser calificados como actos terminales, o bien de imposible reparación, máxime que si el procedimiento del que deriva el acto reclamado aún no concluye, es claro que la parte quejosa, aún no pueda saber el sentido de la resolución definitiva que ahí se dicte, y por ende, tampoco puede conocer desde esta momento, si el procedimiento que se le inició, le será desfavorable, siendo que hasta que se emita sentencia definitiva, la parte peticionaria de amparo estará el aptitud de aseverar que tales actos intraprocesales le causaron un daño o perjuicio de difícil reparación y en este supuesto podrá combatirlos por los medios legales que estime pertinentes. Máxime que de obtener la parte aquí promovente una resolución favorable en el procedimiento de referencia, desaparecería los agravios vertidos en la demanda, y en caso contrario, tiene expedito su derecho para alegarlo en el momento que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de mérito. De igual forma, se invoca por identidad de razón la tesis aislada II.2o.P.10 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, página 1891, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS DESECHA O ADMITE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). El desechamiento y admisión de pruebas son, por regla general, reclamables junto con la sentencia definitiva en el juicio de amparo directo, pues no concurren circunstancias de irreparabilidad trascendentes en el procedimiento, que dependan para el dictado de la sentencia o para asegurar la continuación del trámite del juicio natural. Este criterio debe seguir rigiendo, salvo casos específicos, en términos del artículo 160, fracción VI, de la Ley de Amparo para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de México, pues las reglas a seguir para la procedencia del juicio de garantías, hasta este momento, siguen siendo las mismas; consecuentemente, contra la resolución que admite o desecha pruebas documentales en la audiencia intermedia es improcedente el amparo indirecto, pues además de que no constituye un acto de ejecución irreparable, el artículo 421 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México prevé que procederá la reposición del procedimiento cuando el tribunal de apelación advierta que hubo alguna violación procesal que haya afectado los derechos de alguna de las partes y que hubiera trascendido al sentido de la resolución, de modo que mediante la promoción del recurso ordinario respectivo el quejoso tiene la posibilidad de reparar dicha violación en una instancia ulterior si es que tal proceder trasciende al resultado del fallo, lo que implica que no desaparece la posibilidad de obtener un fallo definitivo favorable." Igual determinación se toma respecto de los actos reclamados restantes por no afectar derechos sustantivos de los quejosos como se explicó en líneas precedentes. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario, de ahí que lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo presentada por Baltazar Arroyo Urbina y Dolores Jarel Vázquez Botello. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica en su escrito de mérito y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere por no contar con registro de cédula en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.

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