Bacilio Guerrero Islas

Expediente 1016/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1016/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Bacilio Guerrero Islas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico de la certificación secretarial que antecede, se advierte que los promoventes de amparo no recurrieron el auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por ********************, para todos los efectos legales correspondiente. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción IV del Acuerdo General antes citado, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo, el expediente relativo es susceptible de destrucción una vez que transcurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, una vez al año, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en el que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Se hace constar que en presente asunto NO existen documentos originales aportados por las partes, ni se ordenó la formación de anexos. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la razón actuarial que antecede, de la que se advierten los motivos por los que no fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa el contenido del proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de garantías en que se actúa. En tales circunstancias, procédase a notificarle la referida resolución por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto se señale un diverso domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese ""Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda signado por ********************, por propio derecho a través de la cual solicita la protección de la justicia federal contra actos que reclama del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en contra de acto que reclama, consistente en: "Lo constituye LA NEGATIVA Y OMISIÓN DE LLEVAR A CABO LAS NOTIFICACIONES PERSONALES DE FORMA OFICIOSA Y ORDENAMIENTO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES SEÑALADO POR EL QUEJOSO, derivada del juicio ********************en general todos los autos del juicio que señalo desde el auto de fecha 3 de febrero de 2023, 18 de mayo del 2023 23 de mayo del 2023, y 9 de junio de 2023.". REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número ********************, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud de que de su contenido en relación con el escrito que la aclara, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, el acto que se pretende reclamar por los aquí quejosos no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Ahora bien, de la aludida demanda se advierte que la misma resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Luego, si como se ha dicho, en la demanda de amparo la parte quejosa se duele esencialmente de la negativa y omisión de llevar a cabo las notificaciones personales de forma oficiosa y ordenamiento, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones señalado por el quejoso dentro del juicio ********************del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; en ese tenor, resulta notoriamente improcedente la presente instancia construccional. El concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, sólo constituyen violaciones procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo, porque no afectan los derechos sustantivos del peticionario del amparo ni decide el fondo de la litis planteada, pues constituye una actuación intraprocesal que no trasciende a la esfera de la parte quejosa en detrimento material de sus derechos humanos. En otras palabras, para que los actos reclamados sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, y en caso de ser así, es decir, que tal resolución sea contraria a sus intereses, entonces podrá a través de los agravios respectivos, combatirla en el amparo directo que en contra de la misma haga valer, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Se afirma lo anterior, en razón de que el acto aquí reclamado consistente en la negativa y omisión de llevar a cabo las notificaciones personales de forma oficiosa y ordenamiento, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones señalado por el quejoso dentro del juicio ********************del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, no puede considerarse un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que no produce de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues a través de dicha interlocutoria no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo cual quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la resolución que ahora se impugna. Cobra aplicación el criterio aislado VII.2o.C.20 K (10a.) emitido por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con número de registro digital 2008004, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, página 2888, de contenido siguiente: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO CONSTITUYE EL AUTO QUE NO AUTORIZA EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PUES NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS Y, POR ENDE, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO EN VIGOR A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 107, fracción V, de la citada ley, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otro lado, en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban la Ley de Amparo abrogada, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación, los que se situaban como tales, tanto a los que afectaran derechos sustantivos como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior, y ahora en la Ley de Amparo vigente se acota expresamente a los primeros, por lo que, debe entenderse que ante esa limitación, los referidos en segundo lugar no podrán combatirse a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que no fueron incorporados al texto del precepto en análisis. Entonces, el auto que no autoriza el domicilio señalado por el quejoso para oír y recibir notificaciones, no afecta materialmente derechos sustantivos, pues el efecto de esa decisión es la continuación del juicio, en su caso, hasta el dictado de la sentencia definitiva y, contra ella, puede hacerse valer en amparo directo, como violación procesal, previa impugnación de dicho auto mediante el recurso correspondiente, en términos del artículo 171 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, el referido auto no constituye un acto de imposible reparación y, por ende, en su contra es improcedente el amparo indirecto.". En efecto, el acto que reclama la parte promovente, no permea en derechos materialmente sustantivos, pues sus efectos se actualizan hasta el dictado de la sentencia definitiva, toda vez que en ese momento se podrá apreciar si con motivo de los mismos, se vulneraron sus defensas y con ello si se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado de la sentencia, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación. Aunado a que la parte quejosa puede agotar los medios de defensa establecidos en la legislación aplicable al juicio de origen, mediante los cuales es posible modificar o nulificar las notificaciones de las que se duele en la presente vía de amparo. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHAR de plano la demanda de mérito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. SANCIONES POR HECHOS FALSOS. También se hace de su conocimiento que el artículo 261, fracción primera, de la Ley de Amparo, prevé sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, para el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten. PRECISIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que señalan en su escrito inicial de demanda, por no acreditar con cédula profesional en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acredite lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente."""

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el seis de agosto de dos mil veintiuno, causó estado la resolución emitida en autos; sin embargo, se omitió devolver el Toca Civil 475/2020 a la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. En consecuencia, devuélvase dicha documental a la autoridad responsable; solicitando acuse de recibido el mismo, por tratarse del expediente original antes referido. Notifíquese

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