Bairon Alexander Martínez Navarro
Expediente 257/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 31 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 257/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Bairon Alexander Martínez Navarro
- Ituma Michael Mbaba
- Decky Kiluangu Mbala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. 25/01/24 10:35:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se determina que este expediente es conservable, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo en cita, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Remítase el presente expediente al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, que para tal efecto en su momento se designe, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el primer párrafo del artículo 17 del Acuerdo aludido. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa
- Principal
Ciudad de México, a ocho de junio de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio suscrito por la Consultora Jurídica General de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por medio del cual, devuelve el oficio 23179/2023, de treinta y uno de mayo del año en curso, dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que sea notificado por conducto de la Secretaría de Gobernación; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de mérito tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar y en obvio de dilaciones procesales reexpídase el oficio citado, para que sea notificado el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Gobernación quien es la autoridad que lo representa. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa
- Principal
Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria de amparo dictada en autos, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se procede resolver el cumplimiento de la misma, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la autoridad correspondiente. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243) 25/01/24 10:35:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA Precisado lo anterior, se impone destacar que por ejecutoria de nueve de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el R.A. 380/2018, el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, revocó la sentencia dictada por este Juzgado el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, y otorgó el amparo para los siguientes efectos: "PRIMERO. En la materia de la competencia reservada a este tribunal, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Ituma Michael Mbaba, Decky Kiluangu Mbala, Wahid Mansaray, Hermann Dis Herona Massengo Mienandi, Ylanis Hernández Fuste, Alexander del Cart Gómez Beltrán, Jesús Sánchez Alberto y Elba Ebeni Bilone, contra los actos reclamados a la Directora del Registro de Clave Única de Población de la Secretaría de Gobernación, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, en términos del último considerando de la misma." Asimismo, el citado tribunal colegiado, revocó la sentencia recurrida y se concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "Con vista en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sobre la base que a la parte quejosa le fue negada la solicitud de expedición de la CURP, con apoyo en el artículo 59 de la Ley de Migración, debe concederse a ésta el amparo y Protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la responsable, Directora del Registro de Clave Única de Población de la Secretaría de Gobernación, deje sin efectos los actos reclamados y emita otros en los que provea favorable sobre la solicitud de expedición formulada por cada uno de los quejosos, considerando la interpretación conforme que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho 25/01/24 10:35:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA TRÁMITE 3 JUICIO DE AMPARO P- 257/2018-I en relación con el artículo invocado en aquéllos. El acto reclamado por las y lo quejosos se refleja en el cuadro siguiente: En ese sentido, para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos la autoridad responsable estaba obligada a cumplir con lo siguiente: a) Dejar sin efectos los actos oficios por los que determina la imposibilidad para proporcionar la Clave Única de Población y emitir otros en los que provea favorable sobre la solicitud de expedición formulada por cada uno de los quejosos. En ese contexto, y seguido el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante oficio recibido vía electrónica en este juzgado el veintiocho de abril del año en curso, registrado con el número de correspondencia 10930, el Subdirector de Normatividad, en suplencia de la Directora del Registro de Clave Única de Población, ambos de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad, remitió copia digitalizada de las constancias de Clave Única de Registro de Población expedidas a nombre de los quejosos Alexander del Cart Gómez Beltrán, Decky Kiluangu Mbala, Elba Ebeni Bilone, Hermann Dis Herona Massengo Mienandi, Jesús 25/01/24 10:35:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA Sánchez Alberto e Ylanis Hernández Fuste, y en relación a los quejosos Ituma Michael Mbaba y Wahid Mansaray, informó que no pudieron ser localizados y que se desconocía si aún siguen dentro del territorio nacional. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con las cuales se dio vista a la parte quejosa mediante auto de dos de mayo de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que lo haya hecho. En consecuencia, tomando en consideración lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, únicamente por los quejosos Alexander del Cart Gómez Beltrán, Decky Kiluangu Mbala, Elba Ebeni Bilone, Hermann Dis Herona Massengo Mienandi, Jesús Sánchez Alberto e Ylanis Hernández Fuste; toda vez que se cumplió con los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, en razón de que la autoridad responsable emitió la Clave Única de Registro de Población; por tanto, este órgano jurisdiccional considera que no existe defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Ahora bien, respecto a los quejosos Ituma Michael Mbaba y Wahid Mansaray, la autoridad responsable manifestó lo siguiente: "Por lo que respecta a los 2 quejosos restantes, se informa que no pueden ser localizados y se desconoce si aún siguen dentro del territorio nacional, tal y como se desprende de la siguiente 25/01/24 10:35:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA TRÁMITE 5 JUICIO DE AMPARO P- 257/2018-I información [la cual fue validada con el Instituto Nacional de Migración]: 1. ITUMA MICHAEL MBABA no se localizaron antecedentes de trámites migratorios. No hay forma de cómo localizarlo. 2. WAHID MANSARAY de nacionalidad sierraleonesa, con fecha de nacimiento 01 de mayo del 1978, registrado como Visitante por Razones Humanitarias bajo el amparo del documento número 11259135, expedido del 19 de diciembre del 2016 al 18 de diciembre del 2017; no hay forma de cómo localizarlo." Lo anterior pone en evidencia que existe imposibilidad jurídica para que se cumpla con los efectos del fallo protector, por lo que respecta a los precitados quejosos, esto es, que se provea favorable sobre la solicitud de expedición de la Clave Única de Población formulada por cada uno de los quejosos, tal como fue ordenado en la ejecutoria de amparo; toda vez que los mismos no fueron localizados, en razón de que, del primero de los nombrados no existe documento alguno relativo al trámite migratorio y en cuanto al segundo, fue registrado como Visitante por Razones Humanitarias bajo el amparo del documento número 11259135, expedido del diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, al dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que tampoco hubo forma de cómo localizarlo. Por tanto, es claro que ninguna trascendencia jurídica tiene insistir en el cumplimiento del fallo protector, ya que al no existir manera de localizarlos para emitirles el trámite correspondiente, se actualiza un presupuesto que impide la continuación del procedimiento de ejecución de sentencia. 25/01/24 10:35:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA De manera que, resulta jurídicamente imposible obligar a la autoridad responsable al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que no es posible llevar a cabo el trámite administrativo ordenado en la precitada ejecutoria, porque no existe evidencia de que los quejosos se encuentren en territorio nacional, ni mucho menos lugar donde puedan ser localizados, aunado a que tampoco hicieron manifestación alguna, por si o por conducto de sus autorizados, en torno a lo resuelto por La autoridad responsable, derivado de la vista que se les dio mediante auto de dos de mayo del año en curso. En esa tesitura, de conformidad con el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, existe imposibilidad jurídica para que las autoridades responsables cumplan con la ejecutoria de amparo, sólo por lo que se refiere a los quejosos Ituma Michael Mbaba y Wahid Mansaray. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia J/16 K (10a.), de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente." (Registro digital:2017531, Instancia: Plenos de Circuito, Décima Época, Materia(s): Común, Tesis: PC.III.P. J/16 K (10a.), 25/01/24 10:35:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA TRÁMITE 7 JUICIO DE AMPARO P- 257/2018-I Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo II, página 1739) Así como la diversa 1a./J.90/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." (Jurisprudencia 1a./J.90/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 140, Tomo XXV, junio 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa
- Principal
Ciudad de México, a dos de mayo de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio signado electrónicamente por por el Subdirector de Normatividad, en suplencia por ausencia de la Directora del Registro de Clave Única de Población, ambos de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad, en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por medio del cual, remite copia digitalizada de seis constancias de Clave Única de Registro de Población expedidas a nombre de los quejosos; constancias con las que aduce dar cumplimento al fallo protector; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a sus autos el oficio y anexo, tomando conocimiento de su contenido. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la quejosa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las constancias remitidas por la autoridad oficiante en 25/01/24 10:35:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa
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