Azul Imports Exports, Llc.
Expediente 1110/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1110/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Azul Imports Exports, Llc.
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, a diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, en los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, en razón de que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que este Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido en relación con el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a uno de diciembre de dos mil veinte. Se tiene por recibida la promoción electrónica de cuenta en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por medio de la cual, el representante legal de la parte quejosa cumplimenta los requerimientos realizados en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales conducentes y en consecuencia, se tienen por cumplimentados los requerimientos aludidos y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En principio, y previo a determinar la causa de notoria????? improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio se realiza en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, la cual señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.." De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: ? Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; ? Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, ? También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte promovente señala como actos reclamados la emisión, los efectos y consecuencias del oficio 400-31-00-02-01-2020-5919, emitido por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Jalisco 1 del Servicio de Administración Tributaria, dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, por medio del cual, solicitó se realice el aseguramiento o inscripción de adjudicación de diversos registros marcarios propiedad de la quejosa; y la ejecución del oficio mencionado por parte del Director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; oficio respecto del cual, tuvo conocimiento el treinta de octubre de dos mil veinte, fecha en que se le notificó. De lo anterior, es indudable que del análisis del citado acto reclamado, se advierte el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que se refieren los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, por las consideraciones siguientes. Dichas disposiciones legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; De la interpretación armónica de las normas legales transcritas, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando éste se promueva contra actos dentro o fuera de juicio, que afecten a quien no es persona extraña. En ese sentido, conviene precisar que se estima actualizada la causa de improcencia invocada, atendiendo las consideraciones vertidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 440/2012, en las que a la luz de la Ley de Amparo abrogada, sustancialmente sostuvo que tratándose de procedimientos administrativos de ejecución, es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño, pero que en el caso de que esa situación se desvirtúe con elementos que???? obran en el expediente de amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo abrogada (actualmente artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo). En la ejecutoria en comento, la Segunda Sala destacó que al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha sostenido que la intención del legislador ha sido que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Así, ha establecido que, tratándose del procedimiento administrativo de ejecución, el amparo sólo puede promoverse hasta que se dicte la resolución con la que culmine el citado procedimiento, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro del mismo, ya que de lo contrario, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva. Indicó que las anteriores consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 17/98, de rubro: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES". En ese tenor, expuso que debe concluirse que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, en donde se podrán reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva. Sin embargo, señaló que la citada regla general admite excepciones. El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, (actualmente 107, fracción VI de la Ley de Amparo) establece que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos. Apuntó que es importante destacar que si bien esta disposición legal se refiere a los actos dictados dentro o fuera de juicio, es aplicable, por analogía, a los actos dictados en los procedimientos administrativos de ejecución, pues como se ha visto, éstos se asemejan, por sus características, a los actos dictados fuera de juicio tendientes a la ejecución de una sentencia; aunado a que tienen la misma finalidad, esto es, obtener el cumplimiento de una resolución que ha quedado firme, en el caso de un procedimiento administrativo de ejecución, de un crédito fiscal. Asimismo, señaló que es necesario mencionar que aun cuando el precepto analizado establece que la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que la ley no establezca a favor del promovente recursos ordinarios o medios de defensa por los cuales el acto reclamado pueda ser revocado o modificado, el Alto Tribunal ha sostenido que el tercero no está obligado a agotar los recursos????? ordinarios previamente a la promoción del juicio de amparo. En ese sentido, refirió que es posible concluir que cuando el quejoso reclama un acto dictado dentro del procedimiento administrativo de ejecución, alegando que desconoce el crédito fiscal que se le pretende hacer efectivo, se actualiza una excepción a la regla general que impide reclamar actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, esto es, se surte la hipótesis de procedencia prevista por el artículo 114, fracción V, (hoy 107 fracción VI) de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso comparece como persona extraña a la controversia; aunado a que en este supuesto tampoco está obligado a interponer los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto reclamado, de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes. Dicho en otras palabras, aun cuando por regla general no son susceptibles de impugnarse los actos dictados dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar al dictado de la última resolución en dicho procedimiento, se actualiza una excepción cuando el quejoso comparece como tercero extraño a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento, por no haber sido llamado al mismo o por no haber sido notificado de la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva, así como interponer los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado. Destacó que esta hipótesis de procedencia está condicionada, en todo caso, a que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que se ostenta el promovente de amparo, pues en tal supuesto, el juicio será improcedente. Aplicó por analogía, la jurisprudencia P./J. 39/2001, sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY" Las consideraciones de la contradicción de tesis de que se habla, dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 11/2013, de rubro, texto y datos de identificación siguientes. "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al???? actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente." (Época: Décima Época, Registro: 2003074, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 11/2013 (10a.), Página: 1242) En ese orden de ideas, es menester atender también las consideraciones de la ejecutoria de la contradicción de tesis 401/2011, que originó la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes. "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. En la ejecutoria en comento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el punto concreto de contradicción que corresponde dilucidar, consiste en determinar si la condición de tercero extraño a juicio por equiparación se pierde o no con la sola circunstancia de que quien se ostente con tal carácter haya tenido conocimiento del procedimiento de origen, antes del dictado de la sentencia, sin haber comparecido a éste. La Segunda Sala apuntó que los asuntos analizados por los tribunales colegiados contendientes en la contradicción de tesis, eran del orden civil, pues en un caso se trató de un juicio ordinario civil, en el que se demandó la terminación de un contrato de arrendamiento; y en el otro, de un juicio ejecutivo mercantil. Sin embargo, la Sala del Alto tribunal, destacó que si bien el punto jurídico a dilucidar consiste en determinar si tiene o no el carácter de tercero extraño por equiparación el quejoso que tuvo conocimiento de la existencia del juicio de origen, antes del dictado de la sentencia, pero sin haber comparecido al procedimiento natural; lo cierto es que, tal y como se señaló previamente, el tema involucra el análisis de diversas cuestiones relativas a la técnica y el procedimiento del juicio de amparo que, en su caso, puede aplicarse a juicios de otras materias, por ser de orden común. La Segunda Sala, señaló que para estar en aptitud de dirimir el argumento jurídico materia de la contradicción, se sigue la línea argumentativa que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adoptó por unanimidad de diez votos al resolver la contradicción de tesis 12/2000, en sesión de veintisiete de febrero de dos mil uno. En ese sentido, la Sala del Alto Tribunal refirió que el emplazamiento es el acto procesal mediante el cual, el juzgador da a conocer a una persona la admisión de una demanda enderezada en su contra y le concede un plazo para que pueda contestarla, de tal manera que solo puede ser referido a la contraparte del actor, es decir, al demandado.? Asimismo, precisó que es menester determinar qué debe entenderse por persona extraña a juicio, en virtud de que debe dilucidarse si cuando la parte quejosa promueve juicio de amparo ostentándose como persona extraña pero de las constancias de autos aparece que tuvo conocimiento del juicio natural y no se ha dictado la sentencia respectiva, pierde o no el carácter con el que se ostenta. Al respecto, la Segunda Sala señaló que la Ley de Amparo (actualmente abrogada, hoy artículo 107, fracción VI) dispone lo siguiente. "ARTÍCULO 114.- El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: V.- Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería; En ese tenor, apuntó que tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción V del artículo 114 ya citado; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por el Alto Tribunal, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. En ese orden de ideas, la Segunda Sala estableció que para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia (hoy 107, fracción VI), persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, por equiparación, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Señaló que sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproducen a continuación: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. La Segunda Sala destacó que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no necesariamente proviene del mismo acto dentro de la secuela procesal, que comprende desde la presentación de la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que se reclame (y quede debidamente demostrado), sea en relación con el bien debatido en el juicio, con los bienes de que la sentencia disponga, o bien, con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así, porque cuando se sigue un juicio sin llamar a la persona que es titular de los derechos????? que en el procedimiento habrán de controvertirse, es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional. En primer lugar, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio; y en segundo lugar, en razón de que si los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal otorgan a todo gobernado las garantías de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular una individuo a quien no se llamó para que se defendiera. En ese contexto, la Sala del Alto tribunal, apuntó que cuando dentro del juicio se controvierten los derechos sobre un bien respecto del cual un extraño tiene interés, el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se substancia un procedimiento contencioso, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. Desde esa perspectiva, indicó que para efectos de dilucidar la divergencia de criterios, es preciso hacer notar que el examen se circunscribe a los siguientes supuestos: En las hipótesis analizadas por los Tribunales Colegiados existe un juicio en el que: 1) El afectado fue parte demandada en el procedimiento de origen, y no fue emplazado a éste o fue citado a él en forma distinta de la prevenida por la ley. 2) En autos quedó demostrado que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del juicio natural iniciado en su contra, pero no compareció en él. 3) Aun no se dictaba sentencia en el procedimiento de origen. 4) El afectado después de haber tenido conocimiento del procedimiento incoado en su contra, promovió juicio de amparo indirecto, ostentándose como persona extraña al juicio, esto es, en términos del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo abrogada, actualmente artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo vigente. De ello deriva que el promovente del juicio de amparo se ostenta como persona extraña al juicio; sin embargo, de autos se advierte que la parte quejosa tiene conocimiento del procedimiento administrativo. En esa tesitura, la Segunda Sala estableció que el hecho de que el promovente del amparo hayan tenido conocimiento del juicio natural, es decir, que haya sido sabedor del acto reclamado, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio por equiparación, en términos del artículo 114, fracción V (hoy 107, fracción VI), de la Ley de Amparo, toda vez que, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, resistieron un desconocimiento total del juicio. En consecuencia, la Sala del Alto Tribunal concluyó que si la parte quejosa se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, si de autos se acredita que el promovente del juicio de amparo tuvo conocimiento del procedimiento, ello hace que pierda el carácter con el que se ostenta de persona extraña al procedimiento por equiparación, ya que no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total??? desconocimiento que le impida imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de sujetos que tuvieron conocimiento del juicio natural y que tuvieron la oportunidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa en tanto que tienen la oportunidad de imponerse de los autos para defender sus intereses, a través de los medios impugnativos ordinarios dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución interlocutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva, y, por tanto, no se da la hipótesis de procedencia del juicio de garantías que establece el artículo 114, fracción V (hoy 197 fracción VI), de la Ley de Amparo. Al respecto, la Segunda Sala invocó en apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia del Tribunal Pleno que a continuación se reproduce: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." En concordancia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vertió consideraciones similares en la ejecutoria de que la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), emitida con motivo de la solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2013, en relación con la diversa jurisprudencia 1a./J. 9/2012 (10a.), y por lo que por mayoría de tres votos, determinó modificar el criterio contenido en la jurisprudencia citada en último término, por contradicción de tesis 379/2011, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92).", publicada en el???? Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Tomo 1, abril de 2012, página 681. La jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), emitida con motivo de la solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2013, es de rubro, texto y datos de localización siguientes. "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia reproducida, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el criterio sostenido en la tesis cuya modificación se solicitó, debe ser en el sentido de que basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia para que pierda el carácter de tercero extraño a juicio, en cuyo caso, está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Asimismo, señaló que no obstante, debe precisarse que para poder estar en aptitud de integrarse a la relación procesal mencionada, el conocimiento de la existencia del juicio al que el quejoso se ostenta como tercero extraño por equiparación, debe ser tal, que realmente le permita acudir a ese juicio e integrarse a la relación procesal. Por ello, si se tiene en cuenta que el reclamo del quejoso que se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, siempre se va a sustentar en una violación a su derecho de audiencia, ya sea porque no fue emplazado al juicio o el emplazamiento realizado fue defectuoso por no haberse realizado en la forma prevista en la ley, es claro que aun y cuando en la demanda de garantías se reclame todo lo actuado en dicho????? juicio, ese reclamo es consecuencia de la violación a su derecho de audiencia; por tanto, si la violación que se reclama respecto de ese derecho es fundada y ello amerita otorgar la protección de la Justicia Federal, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 80 de la Ley de Amparo, la restitución en el pleno goce de la garantía individual violada, traerá como consecuencia dejar sin efecto todo lo actuado en ese juicio, hasta el momento de la violación, de ahí que aun y cuando en la demanda de amparo el quejoso señale como acto reclamado todo lo actuado en el juicio respecto del cual se ostenta como tercero extraño por equiparación, no es preciso que tenga conocimiento íntegro de todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el juicio al que se ostenta como tercero extraño por equiparación; sin embargo, si es necesario que el quejoso tenga un conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, a fin de que realmente pueda estar en condiciones de acudir a ese juicio e integrarse a la relación procesal. Asimismo, se perderá la calidad de tercero extraño por equiparación, si durante el juicio, es decir después del emplazamiento, se ordena una notificación personal al quejoso en su carácter de demandado, y ésta se realiza personalmente con él, pues en ese momento, el quejoso adquiere plena certeza de que existe un juicio instaurado en su contra, y a través de esa notificación adquiere conocimiento sobre el número de expediente y el juzgado en que se encuentra radicado, pues es evidente que ese conocimiento, le permite acudir al juzgado de referencia, imponerse de autos e integrarse a la relación procesal para defender sus derechos o hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Las consideraciones relatadas son aplicables por analogía al presente caso concreto, ya que el tema involucra el análisis de diversas cuestiones relativas a la técnica y el procedimiento del juicio de amparo que, puede aplicarse a juicios de otras materias, como el de la especie, por ser de orden común. Desde esta perspectiva, las consideraciones anteriores de las ejecutorias en comento, de las que derivaron las jurisprudencias 2a./J. 47/2011 (10a.) y 1a./J. 67/2013 (10a.), ponen de manifiesto e indudable, que basta que antes de que se dicte resolución, el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio y que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren dos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él. Esto es, para perder el carácter de tercero extraño al juicio, no es indispensable que deban acontecer dos circunstancias: el conocimiento del juicio y la comparecencia a él; pues basta que antes de que se dicte resolución el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia procedimiento para que pierda el carácter de extraño al juicio. Por consiguiente, para corroborar el aserto de que en el caso la quejosa no tiene el carácter de tercero extraño por equiparación, es oportuno precisar los antecedentes más relevantes del caso, los cuales los? manifestó bajo protesta de decir verdad, de los que se advierte: 1. La quejosa con fecha veintinueve de enero de dos mil quince celebró contrato de cesión de derechos con Agaves Procesados, sociedad anónima de capital variable, a efecto de transferir los derechos reservados con la marca "LOS AZULEJOS". 2. Con fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, la parte quejosa realizó un contrato de cesión de derechos de registros marcarios con Agaves Procesados sociedad anónima de capital variable, mismo que fue presentado para su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el tres de octubre de dos mil dieciséis, dentro de los expedientes de registros marcarios 16276669 y 1667274. 3. Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la quejosa fue notificada del oficio 20640 de once de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente administrativo P.C.1711/2016(N-542)17064, por medio del cual, tuvo conocimiento del oficio 400-31- 00-02-00-2018-1920, de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, por medio del cual, el Administrador Desconcentrado de Recaudación Jalisco "1" del Servicio de Administración Tributaria, solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la adjudicación de los registros marcarios precisados con antelación. 4. El impetrante de garantías en contra del oficio 400- 31-00-02-00-2018-1920, de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, promovió juicio de amparo indirecto mismo que quedó radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México bajo el número de expediente 746/2018, en el cual, previa substanciación del juicio se sobreseyó en el mismo. 5. Inconforme con dicha determinación, interpuso recurso de revisión, mismo que conoció el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente R.A.411/2018, ejecutoria respecto de la cual, hecha una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE y que se invoca como hecho notorio, el órgano colegiado revocó la sentencia dictada por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para dejar sin efectos la solicitud de aseguramiento e inscripción de adjudicación del embargo contenido en el oficio 400-31-00-02-00- 2018-1920, de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, y en caso que la autoridad exactora pretendiera continuar con el procedimiento administrativo de ejecución de que se trataba, debía llamar a Azul Imports Exports LLC parte quejosa para darle intervención como tercero ajeno al crédito fiscal o sustituto y en su caso, pueda hacer valer sus derechos. 6. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo citada, la autoridad responsable en dicho juicio, solicitó la cancelación del embargo y adjudicación combatida ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mismo que realizó la cancelación solicitada. 7. La autoridad responsable Administradora Desconcentrada de Recaudación de Jalisco "1" del Servicio de Administración Tributaria, emitió el oficio 400-31-00-02-01-2020-5919, de diecinueve de octubre? de dos mil veinte (acto reclamado), en el que nuevamente solicitó el aseguramiento o inscripción de la adjudicación de diversos registros marcarios propiedad de la quejosa y cuyo aseguramiento o inscripción también fue solicitada en el oficio 400-31-00-02-00-2018-1920, de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, que reclamó vía juicio de amparo indirecto ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México bajo el número de expediente 746/2018. 8. El treinta de octubre de dos mil veinte, fue notificada la parte quejosa del oficio reclamado, como se corrobora de la constancia de notificación que exhibe digitalizada con su demanda de amparo. De ahí que con lo anterior se pone de manifiesto que la autoridad aquí responsable dio a conocer a la sociedad quejosa el procedimiento administrativo de ejecución iniciado originalmente en contra de Agaves Procesados sociedad anónima de capital variable, en el que ordena el aseguramiento o inscripción de la adjudicación de diversos registros marcarios propiedad de la quejosa, ello, antes de que se dicte la última resolución en el procedimiento administrativo de ejecución de que se trata, pues tal como lo manifestó bajo protesta de decir verdad, tuvo conocimiento del mismo el treinta de octubre pasado, así como de su eventual acto de ejecución, conocimiento que se corrobora con la digitalización de la constancia de notificación relativa al oficio reclamado, respecto de la cual, manifestó bajo protesta de decir verdad que es copia íntegra e inalterada de su original, por lo que de conformidad con el artículo 3, fracción VI, de Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, hace prueba plena en términos del artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo que hace evidente que, contrario a sus aseveraciones, carece del carácter que ostentó como tercero extraño al procedimiento, con lo que queda exceptuada de la oportunidad para acudir al presente juicio de amparo a combatir los actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución de que se trata. Por consiguiente, ese conocimiento incluso le ha permitido acudir ante la autoridad tributaria, a imponerse de las constancias que integran el procedimiento administrativo de ejecución, e integrarse a la relación procesal para defender sus derechos, así como hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia; en mérito de ello, se insiste, la quejosa no tiene el carácter con el que se ostenta de tercero extraño por equiparación, respecto del procedimiento administrativo citado. Consecuentemente, no puede considerarse que se haya infringido en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada en sentido contrario, en virtud de que la quejosa no es tercero extraño por equiparación. En ese tenor y conforme a los antecedentes del presente asunto, se advierte que la quejosa en un juicio de amparo previo ya se ostentó como tercero extraño al procedimiento administrativo de ejecución y por tanto tiene conocimiento de pleno del mismo, puesto que incluso le fue otorgada la protección de la justicia federal para el efecto que se respetara su derecho de audiencia. Sin que pase desapercibido que la quejosa manifieste que la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 746/2018 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, no ha sido cumplida toda vez que la misma se invoca para el sólo efecto de evidenciar que la quejosa tiene conocimiento del procedimiento administrativo de ejecución del que deriva la orden de aseguramiento o inscripción de la adjudicación de diversos registros marcarios propiedad de la quejosa y por tanto que carece de la calidad de tercero extraño por equiparación. Por lo tanto, al quedar acreditado que la quejosa cuenta con conocimiento total del procedimiento administrativo de ejecución, éste Juzgado estima que no detenta dicha calidad, máxime que ya le fue reconocida en una ocasión previa, de ahí que no es jurídicamente posible que se ostente de nueva cuenta con dicha calidad. Sirve de apoyo a lo anterior la ejecutoria de catorce de julio de dos mil dieciséis, emitida por unanimidad de votos del Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión A.R. 157/2016, en la cual en un caso análogo al de la especie, confirmó la sentencia de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, dictada por este Juzgado Federal en el juicio de amparo indirecto 996/2015- VI, en la que la Superioridad resolvió que basta que el quejoso haya tenido conocimiento completo y exacto del procedimiento administrativo de mérito, para que pierda el carácter de tercero extraño al procedimiento.????? En las condiciones apuntadas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, ésta última interpretada en sentido contrario SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo, por las razones antes expuestas. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos resulta notoria e indudable la causal de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, quien autoriza. Doy fe.
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Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo promovida por Ian Sergio Ibarra Hernández, quien se ostenta como representante legal de Azul Imports Exports LLC, contra actos de la Administradora Desconcentrada de Recaudación Jalisco 1 del Servicio de Administración Tributaria y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1110/2020-II. Asimismo, con fundamento en el artículo 3, del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Del estudio integral de la demanda de mérito que autoriza el artículo 114 de la Ley de Amparo, se aprecia que ésta contiene irregularidades que deben subsanarse por la parte promovente, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 108, fracciones I, y 114 fracciones I, II y III de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: a) Del análisis integral de la demanda que se provee se tiene que es promovida vía electrónica por Ian Sergio Ibarra Hernández, quien se ostenta como representante legal de Azul Imports Exports LLC, y al efecto exhibe de manera digitalizada el instrumento notarial número sesenta y ocho mil doscientos setenta y cuatro (68,274). No obstante lo anterior, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", en su artículo 3, fracción VI establece lo siguiente: "Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: VI. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Al respecto, la juzgadora o juzgador que conozca del asunto podrá solicitar, de manera oficiosa o a petición de algunas de las partes legitimadas para tal efecto, el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno..". De la lectura al numeral transcrito, se advierte que Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció que los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. En ese contexto, en el caso concreto, de la lectura integral al escrito de demanda recibido vía electrónica, no se advierte que el promovente haya realizado la manifestación bajo protesta de decir verdad que los documentos electrónicos que se adjuntan son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos, tal y como lo prevé el numeral 3, inciso VI, del citado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, el promovente deberá: Manifestar, bajo protesta de decir verdad, que los documentos electrónicos respectivos son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos, tal y como lo prevé el numeral 3, inciso VI, del citado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que este órgano jurisdiccional tenga la certeza de que efectivamente tiene la aptitud y facultad para promover con el carácter con el que se ostenta; motivo por el cual no puede considerarse satisfecho el requisito que para tales efectos exigen los artículos 5, fracción I, y 6, en relación con el 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, en tanto que la personalidad, al ser un presupuesto procesal, debe acreditarse de manera fehaciente.. Apercibido que de no desahogar el requerimiento anterior, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por el promovente de amparo, no así por las personas que autorice en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del código citado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo es decir para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona, así como a Antonio Farjat Hernández y Francisco Orozco Suárez, limitación que se les establece hasta en tanto los profesionistas registren su cédula profesional que los acredite como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y hecho lo anterior lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Se hace de su conocimiento, que toda vez que no existe disposición legal que le prohíba a la parte quejosa o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario; previa razón que obre en autos de su utilización, así como de las fojas escaneadas o fotografiadas, en el entendido que la reproducción digital y uso de las constancias que se copien es bajo su más estricta responsabilidad REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ((No. Registro: 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página: 2847). Conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de notificar las determinaciones que deban ser de carácter personal en el presente expediente, se habilitan días y horas inhábiles durante todo el procedimiento. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, quien autoriza. Doy fe.
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