Azucena Ramírez Mejía
Expediente 1303/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 24 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1303/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 23/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Azucena Ramírez Mejía
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Oficio. Agréguese a sus antecedentes el oficio de la Directora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, mediante el cual devuelve el diverso oficio 30590/2019, por los motivos expuestos en el mismo. Acuerdo. En tales condiciones, con transcripción del presente proveído, renvíese dicho comunicado al domicilio oficial de la autoridad responsable Dirección General de Notarías del Estado de Durango , con sede en Durango. Notifíquese.
- Principal
Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda y el fallo relativo, mismos que deberán conservarse en términos del numeral vigésimo primero del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Incidental
Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que el día de hoy se dictó proveído en que se tuvo por consentido el cumplimiento dado al fallo protector, y se ordenó el archivó en el juicio de principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No se exhibió. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Del mismo modo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, de conformidad con el considerando vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su concesión. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa. Certificación. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por las autoridades responsables, sin que lo hicieran; en consecuencia, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración, en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "Séptimo. Efectos de la concesión de amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, las consecuencias de la protección constitucional, son para que: El Tesorero Municipal de Gómez Palacio, Durango, deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución instaurado contra la quejosa, desde la diligencia de emplazamiento hasta su última actuación; debiendo restituirle a la peticionaria de amparo la propiedad del inmueble ubicado en lote 24, finca número 355, manzana 38, Fraccionamiento Parque Hundido de Gómez Palacio, Durango. Efectos amparatorios los que abarcan dejar sin efecto la escritura pública nueve mil doscientos veintiséis, volumen doscientos, realizada por el notario público número cuatro, licenciado Francisco Javier Morales Fernández, mediante la cual se procedió a formalizar la adjudicación del inmueble en comento a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Concesión que también hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Notificador-Ejecutor adscrito a la Tesorería Municipal y al Director Registrador del Registro Público de la Propiedad, ambas con residencia en Gómez Palacio, Durango, al no reclamarse, por vicios propios y sí en cambio hallarse vinculados con los de las responsables ordenadoras, que se tuvieron por inconstitucionales". Por auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria de la sentencia y se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por las autoridades responsables en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a. fin de determinar si en el presente caso las autoridades responsables cumplieron o no con la ejecutoria de amparo, deben analizarse en su integridad las determinaciones que constituyen la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hubieren sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. Este juzgado federal estima que, en el caso, se cumplió con la ejecutoria de amparo, pues en primer lugar, la autoridad responsable Tesorero Municipal de Gómez Palacio, Durango, hizo del conocimiento de este juzgado federal que se dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución instaurado contra la quejosa así como todo lo actuado con posterioridad, esto es el requerimiento de pago y embargo, la audiencia de remate y adjudicación, asimismo, realizo el cambio de nombre del propietario del inmueble en el sistema de ingresos y catastro municipal. Por su parte, la diversa autoridad responsable Oficial del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, remitió las constancias que acreditan el asiento registral de la cancelación de las anotaciones realizadas al bien inmueble de referencia, así como la diversa documental que corrobora que el citado bien inmueble, se encuentra inscrito en los asientos registrales a nombre de la parte quejosa. Finalmente, la autoridad responsable Dirección General de Notarías del Estado de Durango, con residencia en Durango, vinculada al cumplimiento del fallo protector, remitió las constancias que acreditan la cancelación de la escritura pública nueve mil doscientos veintiséis, volumen doscientos, realizada por el notario público número cuatro, licenciado Francisco Javier Morales Fernández. Vista con cumplimiento. Con esas constancias remitidas por las autoridades responsables, mediante proveídos de doce de febrero y veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que, en el caso, se cumplieron los lineamientos señalados en el fallo protector, pues las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, dejaron insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución instaurado contra la quejosa, desde la diligencia de emplazamiento hasta su última actuación; asimismo, lo restituyeron en la propiedad y posesión del inmueble ubicado en el lote 24, finca número 355, manzana 38, Fraccionamiento Parque Hundido de Gómez Palacio, Durango. Por tanto, como se refirió con antelación, la quejosa Azucena Ramírez Mejía, fue reparado en el pleno goce del derecho constitucional transgredido, pues le fue restituida la propiedad y posesión del bien inmueble ubicado en el lote 24, finca número 355, manzana 38, Fraccionamiento Parque Hundido de Gómez Palacio, Durango; por lo que, se materializaron los deberes impuestos a las autoridades responsables en la sentencia protectora. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 6, mayo de 2014, tomo II, página 741, que dispone lo siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio". Vista a las partes. Por lo anterior, no hay duda que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo; por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.
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