Aurora Torres Cid
Expediente 428/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 428/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Ivan Rodrigo Fernandez Torres
- Aurora Torres Cid
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en la ciudad de México, Aurora Torres Cid, a nombre de Iván Rodrigo Fernández Torres, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: II. AUTORIDADES RESPONSABLES EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL NUMERO 14 CPS DURANGO. EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL NÚMERO 14 CPS DURANGO. TITULAR DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 14 CPS DURANGO." "III. ACTOS RECLAMADOS LA INCOMUNICACIÓN FÍSICA DE MI HIJO IVÁN RODRIGO FERNÁNDEZ TORRES." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se transgredieron son los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 18, 20 y 22, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, quien en actuación de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, declaró carecer de competencia por razón de territorio, proveyendo lo relativo a la suspensión de plano en torno a los actos de incomunicación o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; demanda de trato la cual por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, quien en auto de veintiocho de ese mismo mes y año, asumió ser competente al conocimiento de la demanda de trato, y una vez que se recibió la comunicación oficial en la cual el quejoso Iván Rodrigo Fernández Torres, ratificó la demandada presentada a su nombre, se admitió a trámite, y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 428/2022, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta y, además, su ejecución podría tener lugar en territorio donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: La incomunicación física de Iván Rodrigo Fernández Torres. La negativa a permitirle la visita de la promovente Aurora Torres Cid, de visitar a su hijo Iván Rodrigo Fernández Torres en el lugar en que se encuentra recluido. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron categóricamente los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por las autoridades responsables antes mencionadas al rendir su informe justificado, en torno a los actos reclamados a ellas atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dichas autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin". Negativa de los actos reclamados que se encuentran corroboradas con el historial de llamadas que al efecto exhibió la autoridad responsable, de las cuales se advierte que el quejoso directo Iván Rodrigo Fernández Torres, quien se encuentra registrado en la base de datos del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 CPS, Durango, con el nombre de Pérez Suarez Miguel, y otros nombres Fernández Torres Iván Rodrigo y/o Mendoza Ruiz Arturo y/o Pérez Ortega Arturo, realizó diversas llamadas los cuatro, once, dieciocho y veinticinco de marzo, todos del presente año, con sus familiares. Sin que pase desapercibido para quien resuelve lo manifestado por la promovente en el sentido de que se le ha negado la visita a su hijo, pues al respecto la autoridad responsable mencionó en su correspondiente informe justificado que el quejoso en el mes de enero del año en curso, realizó la actualización de propuesta de visita, sin que a la fecha exista registro en el sentido de que las personas propuestas hayan presentado o exhibido la documentación necesaria ante el Departamento de Trabajo Social del Centro Penitenciario. De ahí, que en el caso concreto haya lugar a tener como inexistentes los actos reclamados. Documentales a las cuales se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que son actuaciones emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Luego, si las autoridades negaron la existencia de los actos que se trata y la parte quejosa no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo; por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. En congruencia con lo anterior, lo procedente, en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.). "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.). Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de reclusión.
- Principal
SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO VALGO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. veintiséis de abril de dos mil veintidós. Resolución. Se tiene por recibido el oficio del secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito de esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del presente juicio; así como copia certificada de la resolución dictada dentro del recurso de inconformidad civil 24/2021, formado con motivo del recurso interpuesto por la parte tercero interesada, en la cual, la superioridad resolvió en los términos siguientes: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de inconformidad interpuesto por la quejosa Leonor Irene Aparicio Morales, en contra del proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del juicio de amparo indirecto expediente número 1331/2019-VI." Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito de esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Relevancia documental. El presente asunto carece de ella a toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es depurable, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Entrega de oficio. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega del oficio, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a tres de mayo de dos mil veintidós. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe con justificación rendido por la autoridad responsable, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de que se trata; con el mismo, se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que allegó, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva, con lo cual también se da vista a las partes para los efectos legales conducentes. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto. Delegados. Conforme con el arábigo 9° de la legislación aplicable, se tienen como delegados a las personas indicadas para ello en el informe con justificación. Notifíquese.
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