Azucena Pouchoulen Román
Expediente 552/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 552/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Azucena Pouchoulen Román
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes y archívese el asunto como totalmente concluido; por lo tanto, deberán realizarse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 20, inciso IV), del del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTISÉIS. Ahora bien, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito firmado por ********************, mediante el cual devuelve el citatorio de espera de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, que se dejó fijado en el portón de su domicilio, por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, manifestando bajo protesta de decir verdad que la parte quejosa, no habita ni vive en su domicilio. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III inciso a), de la Ley de Amparo, hágase la notificación a la quejosa del proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés, por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista de acuerdos el proveído de catorce de junio del año en curso y cúmplase. Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de junio de dos mil veintitrés. EXHORTACIÓN, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMUNICACIONES CON EL PERSONAL JURISDICCIONAL. Conforme al artículo 257, fracción I, 261 y 263, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se les hace saber que respecto de comunicaciones no procesales, se les brindará la atención vía telefónica, a través del equipo telefónico con que cuenta este Juzgado de Distrito o a través del correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. De manera excepcional se podrá hacer uso de tales medios para comunicaciones procesales, únicamente en el caso de que no cuenten con acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que se conservará el registro respectivo de las comunicaciones realizadas hasta la conclusión del presente asunto. De igual manera, se hace de su conocimiento, que en caso de que alguna de las partes se presente físicamente a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, a consultar el presente expediente, dicha consulta se realizará de manera electrónica, a través del equipo de cómputo con que se cuenta en este órgano jurisdiccional, el cual también podrá ser utilizado para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para la participación en videoconferencias con el personal de éste órgano jurisdiccional. Se precisa que los equipos telefónicos y de cómputo a que se hace mención, se ubican en el área de recepción de este órgano jurisdiccional y su uso y atención al público será de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos en días hábiles. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por..., contra el acto reclamado del Licenciado ..., Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), con sede en la Ciudad de México. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 552/2023-3-B. ... de acuerdo con los lineamientos establecidos en los criterios jurisprudenciales en consulta, resulta conveniente atender al viejo concepto de las relaciones jurídicas que existen entre el Estado y los particulares, al tenor de los conceptos que proporciona la Teoría General del Derecho, es decir, conforme a los tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, a saber: las de coordinación, las de supra a subordinación, y las de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil agrario y laboral, entre otras. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, pues si ambas están en el mismo nivel, entonces existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Dicho en otras palabras, las relaciones de coordinación son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, o incluso, entre el Estado y los particulares, sólo que en este supuesto el Estado se desapodera de su facultad de imperio y actúa con los particulares en el plano del derecho privado, es decir, como si se tratara de un particular. En cambio, las relaciones de "supra a subordinación" son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales que protegen derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas breves precisiones ponen de manifiesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación concluyó que para definir el concepto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control constitucional de amparo se ubica dentro de las denominadas de "supra a subordinación", la cual tiene como presupuesto, según ha quedado explicado, que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Con base en las precisiones anteriores es posible deducir que para definir el concepto de autoridad responsable, se debe analizar, primeramente, si el acto reclamado se realizó con fundamento en una ley de origen público, si la autoridad ejerce un poder jurídico que afecte por sí y ante sí, y de manera unilateral cree, modifique o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio del quejoso y, consecuentemente, si su actuación se ubica dentro del plano de "supra a subordinación", con lo cual existiría autoridad responsable. Acotado lo anterior, resulta indispensable precisar que la aquí quejosa relató como antecedentes en su demanda de amparo que: 1.- El doce de abril del año en curso, la aquí promovente, presentó escrito solicitando a la autoridad que señala como responsable, le concediera un permiso sin goce de sueldo hasta por trescientos sesenta y cinco días, con efectos de inicio a la brevedad posible, debido a diversos padecimientos de salud, sin embargo al día de la fecha, no existe contestación a su solicitud. 2.- Inclusive el quince de mayo del año en curso, nuevamente solicitó respuesta a su solicitud sin que hay recibido respuesta alguna. 3.- Asimismo, la quejosa manifestó que ingresó a laborar al Centro Federal número 5 de Perote, Veracruz, el dieciséis de febrero de dos mil doce, con la plaza de auxiliar administrativo PRS en SG "A"; y actualmente se encuentra con plaza de Analista Administrativo PRS de informática C; el siete de junio de dos mil diecinueve, fue comisionada para laborar en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria dependiente de la OADPRS de esta ciudad. De lo expuesto, resulta evidente que el acto combatido, no puede considerase como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que ..., en su carácter de Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), con sede en la Ciudad de México, no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, a pesar de que la impetrante de amparo aduzca que se considera el acto reclamado como violatorio de derechos humanos el actuar de la responsable, acudiendo a esa potestad a fin de que sea respetado el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece el derecho de petición, pues es evidente que la relación que existe entre la promovente y la citada autoridad responsable, tiene su origen en la relación laboral que existe entre las partes citadas, en la que la primera tiene el carácter de trabajadora y la autoridad que se señala como responsable, tiene el carácter de patrón de la promovente, tan es así, que es la propia quejosa quien refiere que el siete de junio de dos mil diecinueve, fue comisionada para laborar en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria dependiente de la OADPRS de esta ciudad, de lo que se puede colegir que la relación que existe entre estas partes, es una relación de coordinación entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y no se trata de una relación de supra a subordinación y lo que se solicita en la petición cuya falta de respuesta se reclama es un permiso sin goce de sueldo de hasta por 365 días, con efectos de inicio a la brevedad, debido a diversas de cuestiones de salud que afectan a la promovente, por las que en la propia petición cuya falta de respuesta pretende reclamar, ha señalado que ha recibido diversas licencias médicas, por lo que es evidente que la omisión de que se duele tiene su origen en la precitada relación laboral. De modo que, cualquier decisión que adopte el titular de la dependencia señalada como responsable, con motivo de la relación laboral que guarde, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre la trabajadora -sea de base o de confianza- y el patrón equiparado, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no en este Órgano de Control Constitucional. Sin que dicho razonamiento implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, porque tiene a su alcance los tribunales del orden común en la vía correspondiente, laboral o administrativa, dependiendo de la naturaleza de su relación con su patrón equiparado y la institución para la que presta sus servicios ... De igual manera, al existir una relación de naturaleza laboral entre la quejosa y la autoridad que señala como responsable, es innegable que esa relación no tiene su origen en alguna ley, sino en la celebración de un contrato en el que precisaron los derechos y obligaciones que cada una de las partes adquirían por el desempeño de la prestación de servicios que desarrollaría la parte trabajadora en favor de la parte patronal por lo que tampoco puede considerarse que se haya acreditado el segundo de los requisitos necesarios para demostrar la existencia del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues el nacimiento de la relación que une a la promovente con la autoridad que, a decir de la quejosa, no le ha dado contestación a su escrito de petición presentado el doce de abril del año en curso, solicitando un permiso sin goce de sueldo hasta por trescientos sesenta y cinco días, deriva de la celebración de un contrato, que dio origen a un vínculo laboral, y no de alguna disposición de alguna ley que dote al ente de gobierno, que actúa como patrón, de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable... DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos en relación con el diverso artículo 1, fracción I y 5 fracción II, de la precitada Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, conforme a lo previsto en el artículo 17 Constitucional así como para realizar una labor judicial eficiente, se ordena al Secretario que corresponda, únicamente certificar y agregar a los autos aquéllas promociones de las que resulte intrascendente dictar acuerdo en el juicio principal e incidentes de suspensión Lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) Promociones ya acordadas en autos; b) Duplicación de informes y comunicaciones recibidas; c) Piezas postales devueltas que hayan sido proveídas con anterioridad, resulte innecesario su acuerdo o, el expediente esté archivado como concluido; d) Acuses de recibo; y, e) Solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas en este auto). EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados las que se entregarán a cualquiera de las personas que sean autorizadas por las partes en este juicio de amparo; lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, signifíquese a las partes que la expedición de copias será únicamente respecto a un tanto de las constancias solicitadas; sin embargo, en caso de que se solicite más de un juego, deberán exponer las razones que justifiquen tal solicitud. ... Además, indíquese a las partes que pueden obtener copia de las constancias que obren en el expediente electrónico, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su demanda,13 y por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ..., puesto que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública se constató que cuenta con registro de su respectiva cédula profesional. ... USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67 fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Principal
Notifíquese personalmente a la quejosa.
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