Ausencio Hernández Laiz

Expediente 437/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
437/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Ausencio Hernández Laiz

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el quejoso Ausencio Hernández Laiz, interpusiera recurso de queja contra el auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes y archívese el asunto como totalmente concluido; por lo tanto, deberán realizarse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 21, inciso d), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO y pasados seis meses de la citada fecha. Ahora bien, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe. Ildefonso

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Ausencio Hernández Laiz, contra el acto que reclama del Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del IX Distrito Judicial, con residencia en Misantla, Veracruz. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número ********************-3-B. En principio conviene destacar que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite, para ello deberá examinar el escrito de demanda con la finalidad de advertir si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de ser el caso, se desechará de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Sobre el tema, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto reclamado se trata de lo siguiente: El auto de apertura a Juicio Oral de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, de manera específica la admisión del medio de prueba consistente en la testimonial a cargo del C. Adán García Lozano y el medio de prueba referente a la documental consistente en la copia certificada del acta de nacimiento de la adolescente agraviada, auto de apertura dictado en el proceso penal 41/2020, dictados por el Juez de Control del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Misantla, Veracruz. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" De los preceptos anteriores, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos emitidos dentro de un juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, los cuales, deben entenderse como aquéllos que afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso tutelado en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre la definición de los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece dos precisiones para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación"; la primera de ellas se encuentra ubicada en la fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; la segunda, se observa en su fracción V, cuyo fin es normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Indicó que con base en esas disposiciones, los "actos de imposible reparación" necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, pero no que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Precisó que el significado de actos de imposible reparación previsto en la Ley de Amparo vigente, establece que aquéllos deben recaer sobre derechos, es decir, rebasa lo puramente procesal o procedimental -según se trate-, por lo que es necesario que se lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga de las leyes adjetivas aplicables. Concluyó en la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en juicio o en procedimiento seguido como tal, a saber: 1) Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2) Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, del análisis íntegro del escrito inicial de demanda, se colige que los actos reclamados por la parte quejosa se hace consistir en: El auto de apertura a Juicio Oral de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, de manera específica la admisión del medio de prueba consistente en la testimonial a cargo del C. Adán García Lozano y el medio de prueba referente a la documental consistente en la copia certificada del acta de nacimiento de la adolescente agraviada, auto de apertura dictado en el proceso penal 41/2020, dictados por el Juez de Control del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Misantla, Veracruz. En efecto, para arribar a esta consideración, por el tema que se aborda (admisión de medios de prueba en la etapa intermedia), asunto que se equipara al que se examina, en la medida que se admitieron medios de prueba por la contraparte de la quejosa, ello equivale a que los medios de convicción ya admitidos sigan existiendo en el caudal probatorio, se tiene en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 907/2016 de su índice, determinó lo siguiente: De los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, así como del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Consecuentemente, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe delimitar si los actos controvertidos tienen o no la naturaleza de irreparables; status jurídico que alcanzarán cuando se demuestre que producen consecuencias de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no solamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; aunado a ello, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. El procedimiento penal acusatorio y oral se divide en tres etapas, a saber: 1) la de investigación preliminar y complementaria, 2) la etapa intermedia, y 3) la etapa de juicio oral. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, una escrita, que iniciará con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia, y una oral, que inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Apuntó, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el juez de control está facultado para, en lo concerniente al tema de medios de prueba, luego de examinar aquellos ofrecidos por las partes y de escuchar los argumentos en que se sustenta su ofrecimiento, esto es, por qué se ofrece y para qué, así como la contra argumentación de la parte contraria, en pleno ejercicio del principio de contradicción que impera en este procedimiento, inadmitir las que sean impertinentes y las que tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios. Si el juez estima que la admisión, en los términos en que los medios de prueba testimonial, documental y pericial hayan sido propuestos, produciría efectos dilatorios en la audiencia de juicio oral, dispondrá que la parte que las ofrece, reduzca el número de testigos, documentos o peritos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias que no guarden pertinencia sustancial con la materia de juicio (sobreabundantes o impertinentes). Además, existe la prohibición para que la potestad judicial admita medios de prueba obtenidos por medios ilícitos. Este ejercicio de exclusión de medios de convicción ilícitos, constituye una depuración, que de alguna forma tendrá reflejo en el auto de apertura a juicio oral, donde solamente se deben precisar las pruebas que deberán desahogarse en la audiencia de juicio. Una vez que el juez de control envíe el auto de apertura a juicio al juez o tribunal de juicio oral, cuya identidad siempre deberá ser diversa al primero de los nombrados, iniciará la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso penal; se fijará día y hora para la audiencia de debate, en el que el juez verificará la presencia del acusado y su abogado defensor, del tercero civilmente responsable, si lo hubiere, de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él, y declarará abierto el debate. Terminado el desahogo de los medios de prueba admitidos, se emitirán los alegatos de conclusión; inmediatamente después de terminado el debate, el juez deliberará en privado y apreciará únicamente las pruebas que fueron incorporadas y desahogadas de forma integral en el debate, según su libre convicción, conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, la sana crítica y las máximas de la experiencia. La decisión posterior versará sobre la absolución o la condena. Acto posterior, pronunciará sentencia. En suma, la naturaleza del nuevo sistema de justicia penal, para llegar al dictado de la resolución que resuelve la primera instancia, se debe transitar por tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio; que cada una tiene una finalidad específica en el procedimiento, la primera, la de realizar una investigación tendente a esclarecer el hecho delictuoso con conocimiento e intervención de imputado y bajo la revisión judicial de un juez de control; la segunda, depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de pruebas ofrecidos por las parte auto de apertura a juicio oral; mientras que la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia. En ese sentido, cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo, el cual, una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse cumplido, de manera que los temas que en cada una se analizan ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. En ese orden de ideas, aseveró la Primera Sala, la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditada a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Es decir, además de su naturaleza, debe atenderse a si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada, y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas, como lo es la admisión de medios de prueba. Destacó que si bien el juez o tribunal oral conservan en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. En ese sentido, determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la interrogante sobre si procede el juicio de amparo indirecto contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que admite medios de prueba, encuentra la siguiente respuesta: el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma, implique un acto de imposible reparación. En ese orden de ideas, atendiendo a los lineamientos que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el particular, toda vez que se reclama la admisión de pruebas ofrecidas por su contraparte consistentes en pruebas testimonial y documental, que serán desahogadas; se concluye que las mismas no le irroga un daño irreparable actual al ahora quejoso, ya que no le impide ni limita de ningún modo, ejercer algún derecho; sino que en todo caso, la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que los mencionados medios de prueba se desahoguen en la audiencia de juicio oral, la forma en que dichos desahogos tenga verificativo, el contenido del testimonio al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo, que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes tendentes a demostrar su teoría del caso; y desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento lo considere como prueba de cargo en contra del acusado - contraparte de la parte quejosa en su perjuicio al emitir sentencia en la audiencia de juicio oral, pues se insiste, son factores cuya verificación se desconoce. Aunado a lo anterior, es que la defensa puede plantear argumentos durante la audiencia de juicio oral, que cuestionen el valor de las pruebas que se desahoguen, en las que la acusación pretenda basar la condena; en el entendido de que esto último puede ocurrir, por ejemplo, cuando del desahogo de las pruebas durante la audiencia de juicio oral se desprendan elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales, caso en el cual, las pruebas afectadas no podrán ser valoradas por el tribunal de enjuiciamiento. En esas condiciones, al no tratarse de actos de imposible reparación, por las consideraciones expuestas, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de esa misma ley interpretado a contrario sensu, en razón de que la admisión de pruebas de su contraparte, consistentes en pruebas testimonial y documental, no genera una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal; por tanto, no se advierte que con su admisión se genere una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato. De ahí que, contrariamente a lo afirmado por la parte impetrante del amparo, el hecho de que se estime que el acto reclamado no le genera una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato, no limita su derecho al debido proceso y a una tutela judicial efectiva, pues ante el tribunal de juicio oral su defensa y ella misma estarán en condiciones de cuestionar el valor de las pruebas que sean desahogadas por las partes. Con base en lo anterior, es evidente que las referidas actuaciones reclamadas no irrogan a la quejosa un perjuicio de imposible reparación, en razón que únicamente producen efectos intraprocesales que pueden repararse si se obtiene resolución definitiva favorable. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 6/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional.". Del mismo modo, en lo conducente, apoya a lo expuesto la jurisprudencia PC.XVII. J/29 P (10a.), emitida por Plenos de Circuito, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. Hechos. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si es procedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control en la etapa intermedia, de admitir medios de prueba, arribando a conclusiones distintas, pues uno consideró que, por regla general, es procedente por afectar en forma preponderante y superior los derechos sustantivos de acceso a la justicia y defensa adecuada y los restantes concluyeron que no es impugnable a través de ese medio de control constitucional, porque no implica un acto de ejecución irreparable. Criterio jurídico: Las determinaciones del Juez de Control, relativas a la aceptación de los medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar-, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto. Justificación: Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello pues una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa, consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la sentencia, dando lugar a una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales.". En tal virtud, al haberse actualizado la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ausencio Hernández Laiz. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXIV.2o. J/5 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que, frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio." No está por demás destacar que la presente determinación atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que admitir y dar trámite a la demanda que se plantea a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperando así, el dictado de una resolución en la que se reiteren, sustancialmente, los argumentos contenidos en el presente acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio a tolerar los actos que estima lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en la presente vía. Además, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que el hecho de que el juicio de amparo no sea procedente en el caso concreto, no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales la quejosa pueda hacer valer sus derechos y plantear su reclamo, por tratarse en el caso de cuestiones inherentes a la negativa de otorgarle una pensión por concubinato. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, el que indica en su escrito de demanda, y como sus autorizados en amplios términos del artículo 12 de la citada legislación, a Lesly Patricia Salazar Cortes, quien cuenta con el registro 150380 en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista de acuerdos por así haberlo solicitado la parte quejosa.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe. Ildefonso

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