Azucena Orozco Mondragón
Expediente 559/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Azucena Orozco Mondragón
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el veinte de mayo del año en curso, en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 559/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Azucena Orozco Mondragón, por propio derecho, en contra de la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. El citado numeral en la fracción en comento, previene: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.." Por su parte los diversos ordinales 17 y 18 de la Ley de la Materia establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe instarse en los plazos legales, los cuales se contabilizarán de la siguiente manera: I. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; II. A partir del día siguiente al en que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto o resolución que reclama; III. A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiere ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado, como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales, y en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras la quejosa no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso de la propia quejosa, que conlleve a la certeza de que este último tuvo conocimiento en determinada fecha del acto reclamado, el cual debe producir la convicción de que el interesado se enteró en forma directa, plena y completa del acto combatido. Finalmente, la tercera hipótesis establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de la parte quejosa, quien manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Ahora bien, de la lectura integra de la presente demanda se advierte que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado en la segunda quincena de noviembre de dos mil dieciocho; es decir, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, por tanto su término para presentar la demanda de amparo empezó a correr a partir el tres de diciembre de dos mil dieciocho, procediendo a hacer el cómputo debido, para la presentación de la demanda constitucional: FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO TRASCURSO DEL PLAZO 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL 3 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 Habiéndose descontando los días ocho, nueve, quince y dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho, por corresponder a sábados y domingos, toda vez que son días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Dicho en otras palabras, la demanda de amparo se presentó cuando ya había fenecido el término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues esta fue presentada hasta el diecisiete de mayo del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en Morelia, Michoacán. Además, no se surte ninguno de los supuestos de excepción establecidos en el aludido numeral, en virtud de que en el caso concreto, el quejoso no reclama la constitucionalidad de una ley a partir de su vigencia; no tiene la calidad de reo, ni el acto que reclama importa un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o destierro o la incorporación forzosa al servicio del Ejercito o Armada Nacionales. Por lo que es de concluirse que estaba en condiciones de promover el presente juicio constitucional. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que la impetrante señaló como fecha de conocimiento del acto reclamado el quince de mayo del año en curso, sin embargo del apartado de antecedentes de la demanda constitucional se desprende que manifiesta tener conocimiento del acto reclamado desde la segunda quincena de noviembre de dos mil dieciocho; y, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, toda vez que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 18 de la Ley de Amparo, puesto que desde que la impetrante tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente. En ese orden de ideas, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que hace referencia, únicamente para recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
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