Avelino Rodríguez Gallegos
Expediente 380/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Avelino Rodríguez Gallegos
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.3. Devolución documentos. Finalmente, se informa a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperar los documentos que adjuntó al escrito de demanda, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés 1 Registro Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Salvador Patiño García, quien se ostenta como defensor particular de Avelino Rodríguez Gallegos y Rubén Avalos Chiquito, contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 380/2023 No se inadvierte que el promovente del amparo no exhibe constancia para acreditar el carácter con que comparece, sin embargo, dado que aduce actos de incomunicación, se procede a su estudio, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo 2 Precisión de los actos reclamados De la demanda de amparo se obtiene que el promovente señala como acto reclamado: La orden de traslado de Avelino Rodríguez Gallegos y Rubén Avalos Chiquito, del Centro Penitenciario Lic David Franco Rodríguez, con sede en Charo, Michoacán, en donde se encuentran recluidos, a un diverso centro de reclusión 3 Causa de improcedencia por acto reclamado consistente en la orden de traslado De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo Conforme a lo establecido por las fracciones antes citadas, la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal por el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, el mismo debe ser agotado La fracción XVIII, exceptúa la interposición del medio de defensa cuando se trate de: a Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c Cuando se trate de persona extraña al procedimiento Además precisa que, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo En tanto, la fracción XX, se refiere a actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, y en tal caso, antes de acudir a la instancia de amparo, se deben promover los recursos ordinarios La hipótesis es de interpretación restrictiva y tiene cuatro excepciones contempladas en el aludido artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, exclusivamente los siguientes supuestos: a Cuando el acto reclamado carece de fundamentación b Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución c Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia d Que la suspensión tenga los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional Como se observa, previo al ejercicio de la acción constitucional, se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario Sobre el tema, es menester enfatizar que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal El conjunto de esas reformas, puso de manifiesto que la facultad de administrar las prisiones correspondería al Poder Ejecutivo, y confiriendo al Poder Judicial la potestad de ejecutar lo juzgado, a través de la creación de la figura de los jueces de ejecución de sentencias Entonces, correspondía a las autoridades judiciales en materia penal, en especial a los jueces de ejecución, tanto en el ámbito federal como local, asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se podían producir dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución podía adoptar la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen Es conveniente señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a voluntarios; b involuntarios; y, c urgentes Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificará que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa En el caso, el quejoso reclamó la orden de traslado del Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez , con sede en Charo, Michoacán, a un diverso centro de reclusión, actos que atribuye a jueces y autoridades administrativas Ahora bien, existen dos medios de defensas legales, a través de los cuales, dependiendo del actuar de dichas autoridades jurisdiccionales, podrán ser empleadas según sea el caso En el primer supuesto, una vez que se ha notificado del traslado del recluso, el Juez de Control o de Ejecución, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, la cual podrá ser combatida a través del recurso de apelación, contemplado en el numeral 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por el que un tribunal de alzada revisará la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III y último párrafo, de dicha la Ley Nacional, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado Ahora, el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, la firma o huella digital y que de acuerdo con dicha pretensión, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto Asimismo, el segundo párrafo, del numeral 124 de dicha Ley, precisa que de no atenderse de inmediato aquellos casos urgentes de medidas disciplinarias y de violación a derechos, como ocurre cuando se trata de una restricción adicional a la libertad de los internos de algún centro penitenciario, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, por lo que el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva, pues de no hacerlo así, podría dejar sin materia el medio de defensa legal intentado De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cumple con las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo Ahora, la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento administrativo contemplado en la Ley de Ejecución Penal, en donde además existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida Por lo que, al no existir ninguna causa de excepción y que dicha orden no tiene el carácter de definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracciones XVIII y XX de la Ley de Amparo, por lo que resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, y con fundamento en el 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que nos ocupa En la inteligencia, de que se arriba a la anterior determinación, con base en los fundamentos establecidos en el recurso de queja 36/2020, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del desechamiento de demanda de amparo, en sesión de trece de enero de dos mil veintiuno En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en los artículos 61, fracción X, en relación con 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo Finalmente, es de mencionar que no pasa inadvertido que el promovente del amparo en su escrito de demanda también hace referencia a la incomunicación de que pueden ser objeto los quejosos directos por parte de los elementos de seguridad y custodia del centro penitenciario; sin embargo se trata de actos futuros de realización incierta, contra los cuales el juicio de amparo es improcedente 2 Domicilio y autorizados Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones el que indica, y autorizando para tal efecto a Salvador Patiño García, Julián Zetina Del Valle y Sergio Arturo Granados Ávila, quienes gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tienen su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito 3 Notificación electrónica Asimismo, como lo solicita, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se realicen por la vía electrónica, para lo cual proporciona los usuarios salvadorpg , saga27 , JulianZetina71 y Alipio1965 4 Correos electrónicos De igual forma se tiene proporcionado correos electrónicos a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto, sin que haya lugar a realizar notificaciones a través del correo en razón de que la Ley de Amparo no lo prevé Por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que solo deba acudirse físicamente este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas 5 Transparencia En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 6 Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico Notifíquese personalmente a los quejosos recluidos y al promovente del amparo, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia
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