Azucena Mendoza Reyes
Expediente 460/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 39 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Azucena Mendoza Reyes
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siete de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, a efecto que de ser su intención manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria informado por la autoridad responsable en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir la resolución correspondiente, a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En mérito a lo anterior, tenemos que, en la sentencia de treinta de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección constitucional a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, deje insubsistente el auto de siete de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral con número 61/2010, promovido por Leonardo Nava Espíritu y René Darío Gatica Ramírez, en contra del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mochitlán, Guerrero, solamente en la parte conducente en que se determinó lo atinente a la multa impuesta a la aquí quejosa; y, 2. En su lugar, emita otro en donde, dejando intocado lo que no fue materia de concesión, previo a imponer la multa reclamada, con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre el ocurso presentado por el Ayuntamiento demandado a través de su apoderada, con fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, y de manera fundada y motivada, bajo los principios de congruencia y exhaustividad, dé contestación a la totalidad de los planteamientos ahí realizados". Así, previo requerimiento de cumplimiento, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante oficio 2905/2023, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, informó el acatamiento a la ejecutoria de amparo, misiva a la que adjuntó copia certificada de su acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, con el que refiere justificar el cumplimiento a dicha ejecutoria. Con el oficio y anexos, descritos en el párrafo anterior, mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que de ser su intención dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado acordaría lo procedente. Tal acuerdo fue notificado a la parte quejosa de manera personal, el uno de marzo de dos mil veintitrés, a través de su autorizada, como se advierte de la constancia que obra agregada en autos, sin que dicha parte procesal hubiera hecho manifestación alguna respecto del cumplimiento informado por dicha autoridad responsable. Por lo anterior, y al ser el cumplimiento de una ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con lo informado por la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto, o si hubiera imposibilidad para cumplirla. Ahora, a fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, es necesario atender a los efectos para los que se concedió la protección constitucional, mismos que han quedado transcritos con antelación. De ahí que, en cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, mediante oficio 2905/2023, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, informó el acatamiento al fallo protector, y para acreditar su dicho adjuntó copia certificada del acuerdo diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el que dejó sin efecto el auto de siete de febrero de dos mil veinte, únicamente en la parte conducente en que determinó la multa impuesta a Azucena Mendoza Reyes, en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mochitlán, Guerrero, y dictó otro, en el que de manera fundada y motivada, concedió la prórroga solicitada por la parte demandada en escrito de promoción de nueve de octubre de dos mil diecinueve; asimismo, asentó en dicho acuerdo, que resultó innecesario requerir el cumplimiento al laudo, dado que el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la parte demandada -aquí quejosa- exhibió títulos de crédito que acreditan el cumplimiento del laudo, esto en autos del expediente laboral 61/2010; documental a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 2021 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitido por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Así, de las Constancias descritas en el párrafo anterior, se aprecia que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, dictó acuerdo el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el que dejó sin efectos el auto de siete de febrero de dos mil veinte, únicamente en la parte conducente en que determinó la multa impuesta a Azucena Mendoza Reyes, en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mochitlán, Guerrero, y proveyó lo solicitado por la parte demandada -aquí quejosa- el nueve de octubre de dos mil diecinueve, en autos del juicio laboral 61/2010. En ese tenor, es incuestionable que la autoridad responsable, se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, lo que procede es DECLARAR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO.
- Principal
(CITATORIO PARTE TERCERA INTERESADA) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL AUTO Y/O RESOLUCIÓN DE 07 DE JUNIO DE 2023, QUE DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siete de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, a efecto que de ser su intención manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria informado por la autoridad responsable en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir la resolución correspondiente, a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En mérito a lo anterior, tenemos que, en la sentencia de treinta de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección constitucional a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, deje insubsistente el auto de siete de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral con número 61/2010, promovido por Leonardo Nava Espíritu y René Darío Gatica Ramírez, en contra del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mochitlán, Guerrero, solamente en la parte conducente en que se determinó lo atinente a la multa impuesta a la aquí quejosa; y, 2. En su lugar, emita otro en donde, dejando intocado lo que no fue materia de concesión, previo a imponer la multa reclamada, con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre el ocurso presentado por el Ayuntamiento demandado a través de su apoderada, con fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, y de manera fundada y motivada, bajo los principios de congruencia y exhaustividad, dé contestación a la totalidad de los planteamientos ahí realizados". Así, previo requerimiento de cumplimiento, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante oficio 2905/2023, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, informó el acatamiento a la ejecutoria de amparo, misiva a la que adjuntó copia certificada de su acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, con el que refiere justificar el cumplimiento a dicha ejecutoria. Con el oficio y anexos, descritos en el párrafo anterior, mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que de ser su intención dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado acordaría lo procedente. Tal acuerdo fue notificado a la parte quejosa de manera personal, el uno de marzo de dos mil veintitrés, a través de su autorizada, como se advierte de la constancia que obra agregada en autos, sin que dicha parte procesal hubiera hecho manifestación alguna respecto del cumplimiento informado por dicha autoridad responsable. Por lo anterior, y al ser el cumplimiento de una ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con lo informado por la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto, o si hubiera imposibilidad para cumplirla. Ahora, a fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, es necesario atender a los efectos para los que se concedió la protección constitucional, mismos que han quedado transcritos con antelación. De ahí que, en cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, mediante oficio 2905/2023, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, informó el acatamiento al fallo protector, y para acreditar su dicho adjuntó copia certificada del acuerdo diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el que dejó sin efecto el auto de siete de febrero de dos mil veinte, únicamente en la parte conducente en que determinó la multa impuesta a Azucena Mendoza Reyes, en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mochitlán, Guerrero, y dictó otro, en el que de manera fundada y motivada, concedió la prórroga solicitada por la parte demandada en escrito de promoción de nueve de octubre de dos mil diecinueve; asimismo, asentó en dicho acuerdo, que resultó innecesario requerir el cumplimiento al laudo, dado que el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la parte demandada -aquí quejosa- exhibió títulos de crédito que acreditan el cumplimiento del laudo, esto en autos del expediente laboral 61/2010; documental a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 2021 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitido por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Así, de las Constancias descritas en el párrafo anterior, se aprecia que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, dictó acuerdo el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el que dejó sin efectos el auto de siete de febrero de dos mil veinte, únicamente en la parte conducente en que determinó la multa impuesta a Azucena Mendoza Reyes, en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mochitlán, Guerrero, y proveyó lo solicitado por la parte demandada -aquí quejosa- el nueve de octubre de dos mil diecinueve, en autos del juicio laboral 61/2010. En ese tenor, es incuestionable que la autoridad responsable, se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, lo que procede es DECLARAR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa, córrase traslado con copias autorizadas del oficio de cuenta y sus anexos, para que de ser su intención en el término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así, este Juzgado se pronunciará respecto si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia definitiva, dictada en el presente asunto; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que CONCEDE el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y acuérdese lo conducente respecto de la valoración en los cuadernos incidentales respectivos. En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada en el presente sumario, en la que se concedió para el efecto siguiente: "1. Que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, deje insubsistente el auto de siete de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral con número ********************, promovido por ******************** y ******************** en contra del ********************, Guerrero, solamente en la parte conducente en que se determinó lo atinente a la multa impuesta a la aquí quejosa; y, 2. En su lugar, emita otro en donde, dejando intocado lo que no fue materia de concesión, previo a imponer la multa reclamada, con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre el ocurso presentado por el ******************** demandado a través de su apoderada, con fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, y de manera fundada y motivada, bajo los principios de congruencia y exhaustividad, dé contestación a la totalidad de los planteamientos ahí realizados". Apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá por conducto de la persona física que ostente el cargo, una medida de apremio que se materializará a la persona física que ostente el cargo de la autoridad obligada, consistente en multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Ahora bien, puntualícese a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulara por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV, enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Asimismo, hágase del conocimiento al tribunal obrero, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Número 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al órgano colegiado correspondiente, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.
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