Azucena Ayelen Valle Villalva
Expediente 1135/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1135/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Azucena Ayelen Valle Villalva
- Martha Yuridia Villalva Jerónimo y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por ....ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Vista la demanda de garantías, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, que hace consistir medularmente en: "IV. De la autoridad señalada como ordenadora, el juez cuarto de primera instancia del ramo penal del distrito judicial de bravos con residencia oficial en esta ciudad capital, EL ACTO RECLAMADO QUE RECLAMO, ES EL AUTO DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2016 DE LA DECLARACION PREPARATORIA DE HOY TERCERO INTERESADO, PUES ES LA GRAVE OMISION DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN NO APLICAR, DECRETAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LA CANTIDAD LIQUIDA DE $16, 836.60 (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS M.N.) RESPECTO A EL DICTAMEN PERICIAL POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, EN MATERIA DE AVALUO EMITIENDOLO CON FECHA 3 DE MARZO DEL 2016, AGREGADO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EN LA CAUSA PENAL NÚMERO 57/2016-I EN EL PROCEDIMIENTO.". Fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno con el número 1135/2016-I. Ahora bien, la suscrita estima que al respecto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la literalidad de los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente; es decir, en contra de aquéllos que no se promueva el juicio de garantías dentro de los términos que prevé la ley, siendo el término general para la promoción del juicio de amparo de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación del acto o resolución que se reclame conforme a la ley que rige el acto, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos, término genérico, respecto del cual operan diversas excepciones relativas a la materia en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, y que los plazos para su presentación se computaran a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora bien, toda vez que en el presente caso se señala como acto reclamado el auto de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, en el cual se llevó a cabo la declaración preparatoria del hoy tercero interesado Hugo Enrique Valle Moreno, en donde la autoridad responsable omite decretar la reparación del daño; es de señalarse que tal acto, no se encuentra comprendido en alguna de las hipótesis de excepción del término de quince días hábiles que para la interposición de la demanda de amparo establece el artículo 17, fracción IV, de la Ley de la Materia, pues el acto reclamado, no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese orden de ideas, es evidente que el acto reclamado por la quejosa Martha Yuridia Villalva Jerónimo por sí y en representación de su menor hija de nombre Azucena Ayelen Valle Villalva, debe ajustarse al término genérico de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia. Ahora, de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, tuvo conocimiento del acto reclamado; lo que se traduce en una confesión expresa de la promovente respecto de la fecha en que se hace sabedora del acto que reclama. Respalda las anteriores consideraciones, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a foja 235 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XI-Junio de 1993, Octava Época bajo el texto: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS.- Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Así como, en lo conducente, el criterio que sostuvo la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 4/2002-PL, que dio origen a la Jurisprudencia 2a./J. 50/2002, consultable en la página 64, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad". En consecuencia, es evidente que el término para promover el juicio de garantías, comenzó a correr al día siguiente a aquel en que se ostentó sabedora del auto reclamado, que fue el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, por lo que dicho computo corre a partir del veintinueve siguiente, sin contar los días veintisiete y veintiocho por ser sábado y domingo, respectivamente. Bajo esta tesitura, si la demanda de que se trata fue presentada hasta el once de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, es evidente que dicha presentación se realizó en forma extemporánea, ya que el plazo de quince días hábiles a que se refiere el invocado numeral 17 de la Ley de la Materia, transcurrió en exceso, esto es del veintinueve de agosto al veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis; con exclusión de los días veintisiete, veintiocho de agosto, tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de septiembre por ser sábados y domingos; de igual forma los días catorce quince y dieciséis de septiembre por haber sido declarados inhábiles; de ahí que deba tenerse como consentido tácitamente el acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo expuesto y, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, por resultar manifiesta e indudablemente improcedente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito inicial de demanda; y por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y para los efectos que precisa, a las personas que se mencionan en la misma. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito, a realizar las notificaciones personales en días y horas inhábiles que surjan en este juicio de amparo.
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