Azalea Arely Calvillo Avilés
Expediente 236/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Azalea Arely Calvillo Avilés
- Azalea Arely Calvillo Avilés y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obstante encontrarse legalmente notificada de dicha determinación. En consecuencia, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto en comento HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la intervención ministerial 224/2022, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por medio del cual realizada diversas manifestaciones a guisa de alegatos; en consecuencia, se ordena agregar a los autos sin mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de veintiséis de abril del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 581/5/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos mediante proveído de uno de abril del presente año, remite copia certificada de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, de veinte de abril de dos mil veintidós (acto reclamado), que obra dentro del juicio laboral 168/5/2018; al efecto, agréguese a los presentes autos para que obre como en derecho corresponda. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa reclamó la omisión de diligenciar el acuerdo de requerimiento de pago y embargo; empero, del análisis de las constancias que allegó la responsable, se observa que el veinte de abril del presente año, la junta responsable, por conducto del Actuario de su adscripción, llevó a cabo dicha diligencia. En mérito de lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". La anterior causa de improcedencia consiste en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando el acto de autoridad dejó de producir consecuencias y, por ende, de afectar al gobernado, ya sea porque la autoridad lo revocó o porque el tiempo por el cual ese acto debía crear consecuencias jurídico-fácticas ha transcurrido y ya no lesiona la esfera jurídica del gobernado. Sentado lo anterior, tenemos que la parte quejosa se duele básicamente de la omisión de diligenciar el acuerdo de requerimiento de pago y embargo; dentro del juicio laboral 168/5/2018. Dentro de ese contexto, tenemos que la autoridad responsable anexó a su informe de cuenta, constancias que obran dentro del juicio laboral de origen, las cuales al estar referidas a actuaciones judiciales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que el veinte de abril de dos mil veintidós, la junta responsable por conducto del Actuario de su adscripción, llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo (acto reclamado), dentro del juicio laboral 168/5/2018; dicha diligencia fue con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el pasado veintiuno de febrero de dos mil veintidós. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, la responsable allegó la constancia con la que cesó el acto reclamado, por lo que quien aquí provee considera que ha sido restituida en el goce del derecho fundamental que estimó violado. Asimismo, la aludida restitución es equivalente a la que hubiese obtenido la parte quejosa en el supuesto de haber obtenido sentencia favorable en el presente juicio de amparo, pues en ese evento se hubiese ordenado a la responsable que en cumplimiento a la misma, diligenciara el acuerdo de requerimiento de pago y embargo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, ya que en la especie ningún efecto práctico tiene que esperar a que se celebre la audiencia constitucional, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta e indudable no es posible que con los elementos de prueba que se ofrezcan sea desvirtuada y se tenga que emitir una resolución en sentido diverso. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, registro 193758, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto la razón que justifica la procedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En consecuencia, cancélese la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, uno de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido oficio 485/5/2022, procedente de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado mediante proveído de veintidós de marzo del presente año, remite copias certificadas del acuerdo de veintiocho del presente mes y año, en el cual se señala fecha y hora para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, dentro del expediente laboral 168/5/2018. En ese contexto, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba documental de dicha responsable, la constancia que anexó a su oficio de cuenta; con la que se da vista a las partes a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga, misma que se relacionara en la audiencia constitucional y será tomada en consideración al momento de resolver el presente asunto. Por otra parte, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta Ciudad; para que una vez que lleve a cabo la diligencia de requerimiento y embrago que se encuentra señalada para el veinte de abril del presente año, remita copia debidamente certificada de las constancias correspondientes, dictado dentro del expediente laboral de origen 168/5/2018, de su índice estadístico; en la inteligencia que las mismas, deberán de ser legibles, foliadas, rubricadas, y organizadas de forma cronológica. Con el apercibimiento que de ser omisa o de no señalar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa... Notifíquese. ...
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