Azalea Arely Calvillo Avilés
Expediente 1510/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1510/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Azalea Arely Calvillo Avilés
Actuaciones
- Principal
isto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual solicita que cause estado en acuerdo respectivo (sic); al efecto, agréguese únicamente como corresponda, y de referirse al proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, éste causó estado el treinta y uno de enero del presente año y se ordenó su archivo definitivo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Azalea Arely Calvillo Avilés, contra actos de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el Libro Uno de Juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 1510/2021-VI, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. En mérito de lo anterior, se provee sobre la procedencia de la demanda de trato, para lo cual debe destacarse en primer término, el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En efecto, el numeral invocado impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Orienta lo anterior, la jurisprudencia I.3ºA J/6 (materia común) sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, con el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". En ese contexto, la improcedencia en el juicio de amparo es una institución jurídica procesal, en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada. De igual forma, resulta necesario poner en relieve, que la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de una cuestión de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, en el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo (presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno), se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la Junta responsable de diligenciar acuerdo de requerimiento de pago y embargo dictado dentro del juicio laboral 168/5/2018. En mérito de lo anterior, en el caso, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Artículo 63. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [...]". De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo de dichos numerales contempla la procedencia del sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, del contenido de la demanda de amparo de cuenta, no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, considerando que de los antecedentes de la misma, se advierte que el dieciocho de octubre del presente año, se dictó el auto de requerimiento de pago y embargo, cuya omisión de diligenciar se reclama. En efecto, el artículo 17 constitucional, segundo párrafo, en lo conducente establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ." Por lo que respecta al presente caso, el juicio laboral existen múltiples plazos para que los órganos jurisdiccionales, y servidores públicos que participan en ellos, provean los diversos trámites que la secuela procesal exija, así como numerosas razones para que algunos de tales periodos no se observen a cabalidad, ya sea por la interposición de recursos, la excesiva carga de trabajo, fuerza mayor o hecho fortuito, etcétera, los cuales se encuentran previstos en como plazo genérico en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone un lapso de cuarenta y ocho horas como el plazo genérico para el dictado de resoluciones y autos, sin embargo no es el único dentro del juicio laboral, porque existen muchos más periodos legales, inclusive, algunos de ellos también computados por horas, de muy distinta naturaleza. Por lo que al resultar difícil establecer un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser establecido de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el amparo indirecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 294/2018, determinó a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo. Numeral último que para mayor ilustración se transcribe: "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Tribunal deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, el Tribunal notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera." En ese sentido, en relación a los términos y plazos en que se debe llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, los artículos 735 y 940 de la Ley Federal del Trabajo, disponen:
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