Azael Vazquez Trejo

Expediente 195/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
195/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Azael Vazquez Trejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    (5) Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de diez de marzo de dos mil veintitrés (fojas 60 a 67), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, es susceptible su destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    (5) Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    (5) A las nueve horas del día de hoy se tiene por legalmente notificada a la parte quejosa., del acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, toda vez que no se presentó a notificarse ante este Juzgado Federal, del propio auto, como se le comunicó en aviso de trece de marzo de dos mil veintitrés, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. "auto de diez de marzo de dos mil veintitrés ". I. Cumplimiento de prevención. Agréguese el escrito signado por ., atento a su contenido, en atención a la prevención realizada en auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, que subsistiera en auto de veintisiete siguiente, manifiesta bajo protesta de decir verdad que promueve el presente juicio de amparo únicamente por propio derecho y no en representación de la menor ., en consecuencia, se provee lo siguiente: III. Decisión sobre la acción de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, esta juzgadora estima se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (interpretada a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, preceptos que, en lo atinente, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Como puede apreciarse, el arábigo transcrito en primer término, señala que el juicio de garantías es improcedente en los demás casos en que la causa de improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo; argumento que se robustece con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Por su parte, el segundo de los numerales, prevé que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación. En principio, debe señalarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, por mayoría de votos, sostuvo que la actual Ley de Amparo ofrece precisión acerca de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. El criterio relativo dio lugar a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), cuyos rubro y texto son: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios."1 En efecto, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;", por lo cual, con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, porque mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los cuales el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así es, en la actual redacción de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no se recogió el concepto jurisprudencial de afectación en grado predominante o superior como un criterio para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta y, en consecuencia, la diversa hipótesis normativa prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, constituye un caso de excepción de procedencia del juicio constitucional indirecto. Sobre el tema de la interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 2a./J. 176/2010 y puntualizó que la aplicación de ese principio exige del órgano jurisdiccional optar por aquella de la cual derive un resultado acorde al Texto Supremo, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles, por lo cual el Juez constitucional, en el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, debe elegir, de ser posible, aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico. Así, en el terreno de la interpretación constitucional, el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, que obliga a utilizar el referido principio tiene como presupuesto la existencia de una norma secundaria que sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles. Empero, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente señala con precisión algunos de los supuestos en que procede el amparo indirecto, a saber: actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que, no podría atribuirse como interpretación la inclusión en la expresión "actos de imposible reparación", las violaciones formales, adjetivas o procesales, que afecten a las partes en grado predominante o superior; porque, como ya se indicó, esa interpretación es incompatible con la propia sistemática actual del juicio de amparo, puesto que el legislador precisó la connotación de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" y vedó toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión. Sin que sea obstáculo a lo anterior, lo dispuesto en el párrafo cuarto de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando durante el juicio de amparo directo surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva, ya que este precepto no está destinado a determinar la procedencia del amparo indirecto y porque la alusión a "violaciones procesales relevantes" no cambia el contenido que tiene el artículo 107 de la Ley de Amparo. Sobre ese panorama, es procedente analizar si el acto reclamado que se hace consistir en el auto de trece de enero del año en curso, emitido por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del expediente ., a través del cual ordenó la acumulación del expediente . del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, al citado expediente, constituye o no un acto de imposible reparación. Para lo cual, inicialmente, debe indicarse que la acumulación de autos tiene como finalidad obtener la economía en la tramitación de los juicios, puesto que varias demandas, unidas en un solo procedimiento, exigen una suma de actividades menor que en juicios separados, para ser resueltas en una misma sentencia y así evitar el dictado de sentencias contradictorias. En atención a ello, se arriba a la conclusión de que la determinación que ordena la acumulación de autos, no es un acto reclamable en amparo indirecto, por no tener una ejecución de imposible reparación. Efectivamente, la acumulación de autos se promueve con la finalidad de que juicios que se tramitan separadamente pero que versan sobre un mismo objeto, se acumulen para ser resueltos en una sola sentencia. Este procedimiento tiene características netamente formales, al ser instaurado con la finalidad de lograr la economía de los juicios y evitar sentencias contradictorias, sin que tal procedimiento abarque intrínsecamente las cuestiones debatidas en las controversias, es por esto que las decisiones que ordenan o niegan la acumulación de autos sólo tienen efectos intraprocesales y, por ende, no pueden catalogarse entre las comprendidas en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo en vigor, pues los objetivos que la acumulación pretende alcanzar, de ninguna manera tienden a modificar los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los juicios que se pretenden acumular. Por lo cual, si tanto los fines jurídicos que persigue, como los efectos que produce la acumulación son puramente procesales, fácilmente se comprende que por el solo hecho de decretarse la unión de dos pleitos que se tramitan por separado no pueden perder los litigantes derecho alguno de los que se encuentren más allá de la relación procesal, porque esto sería tanto como atribuir a la acumulación efectos que la ley no le concede y que en manera alguna se justifican por el objeto que se propuso el legislador al reglamentar esta figura, pues si el resultado que con arreglo a nuestra ley produce la acumulación, es el de unificar la tramitación de varios negocios para que se resuelvan por una sola sentencia las cuestiones que en todos ellos se ventilan, lógico es suponer que todos aquellos derechos que tienen los litigantes dentro de los procedimientos cuya unificación se pretende, no pueden ser ni de hecho son afectados por no decretarse su acumulación, luego entonces, con dicha resolución ningún perjuicio irreparable se ocasiona. En esa tesitura, debe estimarse que la acumulación de autos conexos sólo afecta derechos adjetivos o procesales y no así algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, por ello la resolución que ordena la acumulación de juicios relacionados no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de no producir de manera inmediata e irreparable una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales. Sustenta las anteriores consideraciones, por analogía, la jurisprudencia P./J. 49/95 que derivó de la contradicción de tesis 5/94 resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, consultable en la página 5, de epígrafe y sinopsis siguientes: "ACUMULACIÓN. LA RESOLUCION SIN ULTERIOR RECURSO QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE INCIDENTE NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución sin ulterior recurso, que declara improcedente el incidente de acumulación de autos solicitado para que juicios conexos que se siguen separadamente sean fallados en una misma sentencia, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que este procedimiento fue instaurado exclusivamente para lograr la economía de los juicios y evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha resolución, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se niegue la acumulación de autos solicitada, no priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio; sin que esto determine por exclusión, la procedencia del amparo directo contra tal determinación, al estar debidamente delimitado, tratándose de violaciones procesales, la procedencia de dicho juicio, únicamente cuando se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." De igual forma, la jurisprudencia P./J. 32/2016 que derivó de la contradicción de tesis 96/2016 resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Enero de 2017, consultable en la página 5, de texto y rubro siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto." Asimismo, robustecen lo anterior, los criterios emitidos por las entonces Primera, Tercera y Cuarta Salas de nuestro Máximo Tribunal del país, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN CASO DE. La acumulación de juicios tiene por objeto que éstos se decidan en una misma sentencia, para evitar los graves inconvenientes que pudieran originarse, de que dos o más procedimientos ligados entre sí por estrechas conexiones, corrieran por separado; y como dicha acumulación no deja sin defensa ni infiere perjuicios irreparables en la sentencia, debe estimarse improcedente el juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en la fracción IX del artículo 107 constitucional."2 "ACUMULACIÓN. Las decisiones judiciales dictadas en los incidentes de acumulación, no pueden catalogarse entre los casos comprendidos en la fracción IX del artículo 107 constitucional, que pueden dar lugar desde luego al juicio de amparo."3 "ACUMULACIÓN. El concepto de violación hecho valer por el ofendido, referente a la no acumulación de un proceso, a otro diverso, que se sigue a los responsables, no es procedente, porque se trata de una cuestión procesal, que no afecta a sus intereses jurídicos, y no es titular de ninguna acción al respecto."4 "ACUMULACIÓN NO DECRETADA. La violación de orden procesal que pudiera ocasionarse, si no se decreta la acumulación de unos expedientes, que se solicitó, no es de aquellas que dejan sin defensa a la parte quejosa, de acuerdo con el artículo 159 de la Ley de Amparo, pues la única consecuencia de no decretarse la acumulación de los expedientes, en el caso de ser procedente, es que se sigan separadamente, pudiendo, en ambos negocios, una y otra parte, ejercitar sus derechos como actora o demandada, rendir pruebas y formular alegaciones."5 En tales condiciones, con base en las consideraciones expuestas, se puede concluir que el auto de trece de enero del año en curso, emitido por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del expediente ., a través del cual ordenó la acumulación del expediente . del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, no constituye un acto de imposible reparación. En efecto, la resolución por esta vía combatida, sólo afecta derechos adjetivos o procesales no así algún derecho sustantivo de los tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o por los tratados internacionales de los que México es parte, en virtud de no producir de manera inmediata e irreparable una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de derechos fundamentales, desechamiento que se hace extensivo a los demás actos en virtud que los reclama como consecuencia y no por vicios propios. Sirve de sustento a lo anterior la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTA SÓLO DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS. Si el gobernado promueve demanda de amparo indirecto contra la falta de notificación personal de la sentencia pronunciada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la que resuelve el recurso de revisión promovido contra lo resuelto en el amparo directo, es evidente que ello no le irroga afectación a sus derechos sustantivos, además de que contra dicha resolución no existe medio de impugnación alguno que pudiera promover; de ahí que el conocimiento de esta decisión, aun en el supuesto de que no hubiera sido notificada por la Sala citada, no irroga perjuicio a sus derechos fundamentales, ya que únicamente se está frente a una violación de carácter procesal, ante la cual, procede desechar la demanda de amparo indirecto, por no tratarse de un acto de imposible reparación violatorio de derechos sustantivos, en términos de la fracción V del artículo 107, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo." Máxime que la causa de improcedencia advertida no es susceptible de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, dado que su demostración se acredita con la precisión del propio acto reclamado y con las manifestaciones vertidas por el quejoso en su escrito de demanda, lo anterior con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En el entendido que las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del quejoso, expresadas en la demanda de amparo, constituyen una confesión que para esta juzgadora es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.6 Finalmente, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de cuenta, esto es las listas que se publiquen en este juzgado federal.

  4. Principal

    (4)...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que feneció el término concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de enero de la presente anualidad (fojas 168 y 169), a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda y señalar como acto reclamado el acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la petición de anulación de sentencia. En tales condiciones, ante tal omisión, únicamente se tienen como actos reclamados los señalados en su escrito inicial de demanda. Lo anterior es así, con independencia de que en proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se requiriera a la parte quejosa para que dentro del término de quince días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho auto, manifestara si era su deseo ampliar su demanda, pues ello fue únicamente respecto del acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la petición de anulación de sentencia, mas no así por conceptos de violación, sin que de manera expresa en el ocurso de cuenta se haya precisado que se amplía para señalar como acto reclamado, el referido auto. En diverso orden, glósese el escrito de cuenta signado por los quejosos ******************** y ********************, a través del cual señalan formular ampliación de demanda por conceptos de violación; al respecto, no ha lugar a tener por ampliada su demanda en el sentido que pretenden. Es de tal manera, en primer lugar, porque no puede ampliarse la demanda por conceptos de violación respecto al auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, si por este proveído no se amplió la demanda señalándolo como acto reclamado; y, en segundo lugar, porque de los motivos de disenso que esgrimen en el libelo que se atiende, no se advierte ningún razonamiento tendente a controvertir el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en el que se les desechó de plano su petición de anulación de sentencia, cuyos argumentos que lo sustentaron se hicieron consistir en que no se actualizan los supuestos de anulación de sentencia previstos en el artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que si bien hicieron alusión a que se les juzgó dos veces por el mismo delito, lo cierto es que las consideraciones que basaron dicha afirmación las hicieron depender de que se les otorgó un perdón legal en la causa penal ********************, lo que es incompatible con la naturaleza del recurso de anulación de sentencia, mismo que no implica la apertura de otra instancia para que se valoren nuevamente elementos probatorios, ni es un medio extraordinario de defensa, por lo que, en todo caso, los planteamientos formulados son materia de análisis en el recurso de apelación o bien en el juicio de amparo directo. Por el contrario, de manera medular lo que refieren es que se ha violado su derecho a ser escuchados en audiencia, lo que guarda congruencia con el acto inicialmente reclamado consistente en la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de nulidad de sentencia de diez de marzo de dos mil veinte, la cual fue solicitada en escritos de ocho de marzo y ocho de junio, ambos de dos mil veintiuno. Dicho de otro modo, los razonamientos esgrimidos en el escrito de ampliación, no se advierte que hayan sido formulados a partir del conocimiento que los quejosos tuvieron del informe justificado con el que se les dio vista en acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés. En tal sentido, si la ampliación de demanda por conceptos de violación tiene que ver con el acto reclamado primigeniamente, es claro que deviene extemporánea, pues de dicho acto tuvo conocimiento por lo menos desde la fecha de presentación de la demanda (treinta de junio de dos mil veintiuno), máxime que en el escrito de cuenta no se precisa de manera expresa que se amplía la demanda por el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, no se tiene por ampliada la demanda.

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