Azael Vázquez Trejo

Expediente 1318/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1318/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Azael Vázquez Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    (2) Vista la certificación de cuenta, el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad de razón, la tesis número XI.3o.4 K del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, del contenido que sigue: "Registro digital: 195993 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XI.3o.4 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, página 706 Tipo: Aislada REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha sobreseído, por lo que de conformidad al numeral 21, inciso b), del acuerdo general en cita, es susceptible su destrucción a partir del tercer año de la emisión de este auto.

  2. Principal

    (2) Agréguese a los autos la promoción y anexo de cuenta y, visto su contenido, téngase a la Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo rindiendo su informe justificado, al que adjunta fotocopia certificada del toca civil... Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Por otra parte, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas las documentales exhibidas por la autoridad actuante. Del análisis de las constancias de cuenta, este órgano de control constitucional advierte de oficio, que respecto a la omisión reclamada a la Presidenta de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de Litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, ... promovió demanda de amparo en contra de la Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, a quien reclamó la omisión de dictar la resolución relativa a la apelación radicada con el toca civil... Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte la resolución de veinticinco de agosto del año en curso dictada en el toca civil..., de cuyo contenido se desprende que la autoridad responsable emitió la sentencia correspondiente, respecto de los recursos de apelación interpuestos por el aquí quejoso. Por lo tanto, si a través de la demanda de amparo la parte quejosa controvirtió la omisión de la autoridad responsable de dictar la resolución correspondiente y, al rendir su informe justificado, ésta acreditó haber resuelto lo conducente y habérselo notificado a la parte quejosa, es posible afirmar que han cesado los efectos de la omisión reclamada; por lo cual, es claro que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues los efectos de los actos reclamados desaparecieron como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Es aplicable, por analogía, la tesis de contenido siguiente. "ACTO RECLAMADO, CESACION DE LOS EFECTOS DEL, TRATANDOSE DE LA OMISION DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." En consecuencia, se concluye que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el l juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    (2) A primera hora hábil del día de hoy se tiene por legalmente notificada a la parte quejosa. . ., del acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, toda vez que no se presentó a notificarse ante este Juzgado Federal, del propio acuerdo, como se les comunicó en aviso de diecinueve del mes y año en curso, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. "acuerdo de trece de septiembre pasado: Agréguese a los autos la promoción y anexo de cuenta y, visto su contenido, téngase a la Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo rindiendo su informe justificado, al que adjunta fotocopia certificada del toca civil... Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Por otra parte, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas las documentales exhibidas por la autoridad actuante. Del análisis de las constancias de cuenta, este órgano de control constitucional advierte de oficio, que respecto a la omisión reclamada a la Presidenta de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de Litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, ... promovió demanda de amparo en contra de la Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, a quien reclamó la omisión de dictar la resolución relativa a la apelación radicada con el toca civil... Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte la resolución de veinticinco de agosto del año en curso dictada en el toca civil..., de cuyo contenido se desprende que la autoridad responsable emitió la sentencia correspondiente, respecto de los recursos de apelación interpuestos por el aquí quejoso. Por lo tanto, si a través de la demanda de amparo la parte quejosa controvirtió la omisión de la autoridad responsable de dictar la resolución correspondiente y, al rendir su informe justificado, ésta acreditó haber resuelto lo conducente y habérselo notificado a la parte quejosa, es posible afirmar que han cesado los efectos de la omisión reclamada; por lo cual, es claro que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues los efectos de los actos reclamados desaparecieron como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Es aplicable, por analogía, la tesis de contenido siguiente. "ACTO RECLAMADO, CESACION DE LOS EFECTOS DEL, TRATANDOSE DE LA OMISION DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." En consecuencia, se concluye que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el l juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido."

  4. Principal

    (1) Visto el oficio signado por la Directora General del Instituto Hidalguense del Deporte, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en autos, informa las gestiones que se encuentran realizando en ese instituto para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual, refiere que con relación a la vacante para el puesto de entrenador adicional, se presentaron un total de siete interesados, por lo que 1] en veinticinco de agosto actual, se llevaría a cabo una reunión con los padres del menor de iniciales. . . -parte quejosa-, con el objeto de presentarles los perfiles para entrenador, a efecto de que en conjunto con ellos se elija al entrenador adicional, así como para 2] dialogar lo relativo al horario en que el citado menor tomará sus clases, circunstancias de las cuales queda enterado este juzgado federal. Finalmente, con relación a la petición que realiza para que se requiera a . . . a efecto de que informen a la autoridad responsable, quién será la persona designada para ingresar con el menor de iniciales. . ., a las instalaciones de dicho centro deportivo, requiérase de nueva cuenta a la parte quejosa para que en el término de tres días contado a partir de que quede debidamente notificada del presente acuerdo, acudan ante la autoridad responsable y realicen tal designación, a fin de que la misma este en posibilidades de dar cumplimiento a la ejecutoria en los términos requeridos. En consecuencia, mediante oficio que derive del presente, requiérase a la autoridad oficiante para que en el término de tres días contados a partir de quede debidamente notificada del presente acuerdo informe el resultado de la reunión a que hace referencia, así como la totalidad de las gestiones que se encuentra realizando, para dar estricto y cabal cumplimiento a la ejecutoria de marras, en el entendido de que deberá acompañar las constancias con las cuales acredite su dicho, ello subsistiendo el apercibimiento decretado en autos de quince y veinticuatro de marzo del año en curso.

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