Aylin Hernandez Cantero
Expediente 1625/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1625/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/12/2019
Partes del expediente
- Aylin Hernandez Cantero
- Evelyn Salazar Cantero
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio y en representación de la menor de identidad reservada de iniciales ********************, contra actos del Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrense en el libro de gobierno con el número 1625/2019-V. Admisión. Con apoyo en lo establecido en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite. Intervención del Ministerio Público. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, desé la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio. Incidente de Suspensión. Con dos copias de la demanda de amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión que solicita la quejosa. Señalamiento de Audiencia Constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento de informe justificado. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase el informe justificado a la responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación. Requerimiento de constancias. De acuerdo a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, apercíbase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Haciendo la aclaración que dichas constancias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Informándole a la autoridad que puede remitir su informe justificado al correo electrónico jose.neira.villarreal@correo.cjf.gob.mx; o bien vía fax al (01722) 2360500 ext 3103 o 3113; solicitándoles que en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo en cita, remitan copias certificadas, legibles y completas de las constancias consideradas para emitirlo, así como el archivo que contenga el acto reclamado. Causales de improcedencia. Como lo previene los artículos 61, 62 y 64 del Ordenamiento legal invocado, requiérase a las partes para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado; apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 251 de la ley de amparo. Requerimiento a la Oficialía del Registro Civil. En virtud de que la quejosa aduce que viene en representación del menor ********************sin adjuntar constancia alguna que acredite la minoría de edad, en consecuencia requiérase al Oficialía del Registro Civil de Toluca, Estado de México, para dentro del plazo de tres días, referido en la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, remita copia certificada del acta de nacimiento del menor en cita. Apercibido que de no cumplir con lo antes requerido, se le impondrá una multa equivalente de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Tercero Interesado. De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a ********************en el presente juicio de amparo. En esas condiciones, comisiónese al Actuario Judicial adscrito para que una vez cerciorado de que en el domicilio ubicado en Avenida Sebastián Lerdo de Tejada oriente número 716, planta alta, colonia Santa Clara, Toluca, Estado de México se puede localizar a dicho tercero interesado, con copia simple de la misma y del presente proveído, lo emplace a juicio, y lo requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, ratifique su domicilio o señalen uno diverso para oír y recibir notificaciones en esta ciudad (Toluca, Estado de México), en el entendido que de no hacerlo así, sin ulterior acuerdo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en este Juzgado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Representante del menor. No obstante de que la quejosa promovió la demanda de amparo por derecho propio, toda vez que en el procedimiento de origen, así como en el presente asunto es evidente que existe conflicto de intereses de las partes, y dado que se encuentran involucrados los derechos de un menor de edad; por tanto, a efecto de que salvaguardar el interés superior de dicho menor; con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional considera pertinente nombrar un representante especial, el cual deberá defender imparcialmente los interés superiores del menor de identidad reservada de iniciales ********************, en el presente juicio de amparo, lo que no ocurriría en el caso que fueran representados por sus progenitores, pues evidentemente no existiría la imparcialidad que se requiere. Sirve de apoyo la tesis publicada en el página 1324, tomo XVI, de agosto de dos mil dos, materia penal, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS. Aunque de acuerdo con la legislación civil los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos, si en el juicio de amparo promovido por un menor o en favor de él, la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, es evidente que tal representante se encuentra impedido para ejercer esa representación en el juicio, como ocurre en el caso en el que los padres del menor (representantes en el juicio de garantías), tienen el carácter de inculpados en la averiguación previa de la que deriva el acto reclamado por un delito cometido en agravio del propio menor representado, y pretenden obtener la protección constitucional para que se deje insubsistente dicho acto y recuperar así la custodia del menor; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe nombrar al menor un representante especial, a fin de que sea éste el que intervenga en el juicio y lo represente debidamente, pues ante la posibilidad de la existencia de un conflicto de intereses entre el menor y quien ejerce sobre él la patria potestad, se hace necesario garantizar que contará con una representación imparcial, dirigida de manera absoluta a la defensa eficaz de sus derechos en el juicio de garantías." En tales condiciones, remítase oficio al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Estado de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, en el plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en su numeral 2°, computados legalmente, al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proponga un representante especial, el cual deberá defender imparcialmente los intereses del menor de identidad reservada de iniciales ********************, en el presente juicio; o bien, manifieste la imposibilidad legal y justificada que tenga para hacerlo, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al requerimiento, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Pruebas. En términos del artículo 119 de la ley de la materia, ténganse por anunciadas las pruebas que refiere la parte quejosa, sin perjuicio de dar de nueva cuenta con ellas al momento de la audiencia constitucional. Notificación a las autoridades responsables. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado de Distrito. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la quejosa. Autorizados. En atención al contenido de la certificación de cuenta y por encontrarse registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, y a las restantes personas que señala, en términos restringidos del numeral en cita, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, hasta en tanto registren su cédula profesional en el sistema adoptado. Habilitación de horas y días inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Finalmente, para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer el presente proveído, se encuentren gozando del período vacacional correspondiente al segundo semestre del año y por tal motivo hayan suspendido sus labores; comisiónese al actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día en que las reanuden, entregue los oficios notificatorios sin necesidad de ulterior acuerdo; mismos que deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta en tanto sean entregados a sus receptores. Notifíquese.
- Incidental
Toluca, Estado de México a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Apertura del Incidente de Suspensión. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1625/2019-V, promovido por Evelyn Salazar Cantero, por derecho propio y en representación de la menor de identidad reservada de iniciales A.H.C., por derecho propio, contra actos del Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Requerimiento de informe previo. Con fundamento en los artículos 125, 128 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe previo, que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, y ajustarse a las hipótesis previstas en el numeral 140 de la ley en comento, es decir, se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados; asimismo, podrá agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, para tal efecto, se le envía copia simple de la demanda de amparo. Señalamiento de audiencia incidental. De conformidad con el numeral 138, fracción II, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia incidental. Procedencia de la suspensión. En los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo se precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que los peticionarios de garantías deben de reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado las cuales son: a) Que lo solicite el quejoso; b) No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios para la quejosa; y d) La apariencia del buen derecho. e) Que no se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; Ahora, la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución interlocutoria de diez de diciembre del año en curso, en la cual se resuelve el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra de los autos de veintiuno de marzo y veintiuno de noviembre, ambos de dos mil diecinueve, en la cual el Juez responsable requiere a la quejosa a fin de que de cumplimiento al régimen de convivencia del menor de identidad reservada de iniciales A.H.C. decretado en autos del expediente 987/2018. Es importante destacar que al interpretar la fracción I del numeral 128 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el juzgado de Distrito, sólo puede pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, siempre y cuando la parte quejosa precise cuál es el acto y los efectos que pretende se paralicen. Se estima aplicable la jurisprudencia publicada con el número P./J. 4/2019 (10a.), en la página 14, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Número de Registro 2019200, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. En ese sentido y en virtud que la parte quejosa solicitó la suspensión para que la autoridad responsable se abstenga de realizar acto alguno (ejecución de la orden de convivencia decretado en autos del juicio de origen), se estima procedente negar la suspensión provisional. Lo anterior es así, en razón de que en la orden que se combate fue emitida dentro del expediente 987/2018, por el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, quien tuvo mayores elementos para determinar la convivencia del citado menores con su padre, y en el caso, el interés superior del menor está por encima de sus progenitores, y es dicho juez quien en este momento cuenta con los elementos suficientes para considerar el bien mayor para el menor. El artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo establece como uno de los requisitos de procedencia para conceder la suspensión que con el otorgamiento de tal medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; asimismo, el artículo 129, fracción VIII, instituye entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; en ese sentido, es improcedente conceder la suspensión solicitada, ya que de otorgarse se contravendría el interés superior del menor, pues interesa a toda la sociedad velar por la salud y el sano desarrollo de los menores, así como disposiciones de orden público, que se traduce en velar por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes; así como salvaguardar los derechos de los progenitores adoptando los medios conducentes de acuerdo a las pruebas que tuvo a su alcance. De ahí que, que si el Juez de la instancia fijara régimen de convivencias, siendo quien tiene mayores elementos para determinar al respecto, es por ello, que hasta este momento procesal, se estiman razones suficientes para negar la medida cautelar solicitada, pues de concederse se afectaría el interés superior del menor de identidad reservada de iniciales A.H.C., el cual está por encima del interés de la progenitora. Lo cual es congruente con lo establecido en el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece que uno de los derechos de los menores, es el de tener relaciones familiares, por tal motivo, el Estado y en específico los órganos jurisdiccionales de cualquier materia, están obligados a dictar todas las medidas necesarias, a fin de garantizar el real disfrute de ese derecho, ya que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, en efecto, corresponde a todos los órganos jurisdiccionales del Estado garantizar que los derechos relacionados con la salud física y de autonomía, como los referidos a la vinculación afectiva, interacción con adultos y niños y educación no formal no se restrinjan, desconozcan o se impida su realización, por lo que deben tomar todo tipo de medidas que garanticen el interés superior del menor, como las relativas a asegurar el derecho de los niños y las niñas a la convivencia y vinculación afectiva con sus padres. A la consideración anterior sirve de sustento la tesis CXLI/2007 publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, Materia Civil, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño." Es decir, debe ponderarse el derecho de lograr la estabilidad personal y emocional de los menores, en cuya observancia está interesada la sociedad y el Estado; por tanto, el goce y disfrute de los derechos reconocidos a los menores, no pueden impedirse sin justa causa. Ello es así, porque los sujetos titulares del derecho de convivir con los parientes no son éstos, sino las niñas y niños, porque sólo de esta manera pueden existir situaciones o circunstancias que afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a sus derechos, de modo que se garantice un entorno de seguridad, afecto y salud que les permita realizarse como sujetos. Por lo expuesto, se insiste, resulta improcedente conceder la medida suspensional peticionada, pues de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público, dado que por imperativo de la ley, la convivencia de los menores con sus padres tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional del menor dándole afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, así como las medidas adoptadas, son una cuestión de orden público e interés social; sin que en el caso obre medio probatorio alguno, que evidencie que de ejecutarse la orden que se reclama se ponga a los menores o a la madre en peligro alguno en su integridad física o emocional, que pudiera obligar a este Juzgador a determinar de manera diversa. De igual forma, la tesis aislada I.3o.C.793 C, publicada en la Página 2716, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Abril de 2010, Novena Época, con número de registro 164819, que establece: "CONVIVENCIA DE MENORES ORDENADA EN RESOLUCIÓN JUDICIAL. NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA PARA QUE NO SE LLEVE A CABO, CUANDO NO HAY PRUEBAS SUFICIENTES PARA DETERMINAR EL RIESGO O PERJUICIO. Es improcedente conceder la suspensión definitiva de la resolución judicial que permite la convivencia de los menores con sus parientes, para que no se lleve a cabo, toda vez que la sociedad tiene interés en que los menores puedan convivir con ellos, para lograr un lazo afectivo necesario como parte fundamental de su familia, ya que la convivencia es benéfica para el adecuado desarrollo de los menores al inculcarles un sentido de pertenencia a una familia dentro de un grupo social más amplio en el que tienen deberes y derechos. En todo caso, será materia de prueba oportuna determinar si esa convivencia resulta perjudicial para los menores o los pone en riesgo, lo cual sí sería materia para negar la suspensión de la ejecución de la resolución que ordenó la convivencia." Asimismo, la tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 1 C (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, Décima Época, con registro 2000363 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, página 1144, de rubro y texto siguientes: "GUARDA Y CUSTODIA. CONTRA LA MEDIDA PRECAUTORIA DICTADA EN EL JUICIO CONSISTENTE EN LA ENTREGA DE UN MENOR LACTANTE A SU MADRE, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). El artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo establece como uno de los requisitos de procedencia para conceder la suspensión que con el otorgamiento de tal medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en esa virtud, es improcedente conceder la suspensión de la medida precautoria decretada en un juicio de guarda y custodia, consistente en que el padre entregue a la menor lactante a su madre, ya que de otorgarse se contravendría el interés superior del menor, pues interesa a toda la sociedad velar por la salud y alimentación óptima del ser humano que en los primeros meses de vida recae en la leche materna, así como disposiciones de orden público, como la contemplada en el artículo 256 del Código Civil para el Estado de Chiapas, el cual dispone que los menores de siete años deben permanecer con su madre. Lo anterior, salvo que se tengan en el incidente de suspensión indicios de los que pueda inferirse que al entregar a la menor lactante a su madre, pueda correr peligro derivado de la actuación de ésta, de personas con las que habita o del lugar en donde vivirá." Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la quejosa. Autorizados. En atención al contenido de la certificación de cuenta y por encontrarse registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Christian Iván Gómez López, y a las restantes personas que señala, en términos restringidos del numeral en cita, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, hasta en tanto registren su cédula profesional en el sistema adoptado. Habilitación de horas y días inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Notificación de autoridad responsable. Asimismo, este Juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a la autoridad responsable, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificara por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a la promovente bajo su costa la copia certificada que solicita del presente proveído en un tanto, previa comparecencia que por su recibo se deje para debida constancia legal. No pasa inadvertido que la promovente solicite copia certificada por duplicado; sin embargo, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporten las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la la jurisprudencia 1a./J.20/2017, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Décima Época, que establece: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO.La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." Sin que haya lugar a acordar de conformidad la petición que realiza la quejosa de copias certificadas de la suspensión definitiva, toda vez que este juzgado no puede pronunciarse respecto de actos futuros. Vacaciones autoridad. Finalmente, para el caso de que la autoridad destinataria del oficio por el que se dé a conocer el presente proveído, se encuentre gozando del período vacacional correspondiente al segundo semestre del año y por tal motivo haya suspendido sus labores; comisiónese al actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día en que las reanude, entregue el oficio notificatorio sin necesidad de ulterior acuerdo; mismo que deberá quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta en tanto sea entregado a su receptor. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7061/2019 de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, signado por la Secretaria Ejecutiva de dicha comisión, quien actúa asistido del Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
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SE LISTA AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QTERCERO INTERESADA Toluca, Estado de México a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio y en representación de la menor de identidad reservada de iniciales ********************, contra actos del Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrense en el libro de gobierno con el número 1625/2019-V. Admisión. Con apoyo en lo establecido en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite. Intervención del Ministerio Público. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, desé la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio. Incidente de Suspensión. Con dos copias de la demanda de amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión que solicita la quejosa. Señalamiento de Audiencia Constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento de informe justificado. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase el informe justificado a la responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación. Requerimiento de constancias. De acuerdo a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, apercíbase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Haciendo la aclaración que dichas constancias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Informándole a la autoridad que puede remitir su informe justificado al correo electrónico jose.neira.villarreal@correo.cjf.gob.mx; o bien vía fax al (01722) 2360500 ext 3103 o 3113; solicitándoles que en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo en cita, remitan copias certificadas, legibles y completas de las constancias consideradas para emitirlo, así como el archivo que contenga el acto reclamado. Causales de improcedencia. Como lo previene los artículos 61, 62 y 64 del Ordenamiento legal invocado, requiérase a las partes para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado; apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 251 de la ley de amparo. Requerimiento a la Oficialía del Registro Civil. En virtud de que la quejosa aduce que viene en representación del menor ********************sin adjuntar constancia alguna que acredite la minoría de edad, en consecuencia requiérase al Oficialía del Registro Civil de Toluca, Estado de México, para dentro del plazo de tres días, referido en la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, remita copia certificada del acta de nacimiento del menor en cita. Apercibido que de no cumplir con lo antes requerido, se le impondrá una multa equivalente de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Tercero Interesado. De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a ********************en el presente juicio de amparo. En esas condiciones, comisiónese al Actuario Judicial adscrito para que una vez cerciorado de que en el domicilio ubicado en Avenida Sebastián Lerdo de Tejada oriente número 716, planta alta, colonia Santa Clara, Toluca, Estado de México se puede localizar a dicho tercero interesado, con copia simple de la misma y del presente proveído, lo emplace a juicio, y lo requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, ratifique su domicilio o señalen uno diverso para oír y recibir notificaciones en esta ciudad (Toluca, Estado de México), en el entendido que de no hacerlo así, sin ulterior acuerdo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en este Juzgado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Representante del menor. No obstante de que la quejosa promovió la demanda de amparo por derecho propio, toda vez que en el procedimiento de origen, así como en el presente asunto es evidente que existe conflicto de intereses de las partes, y dado que se encuentran involucrados los derechos de un menor de edad; por tanto, a efecto de que salvaguardar el interés superior de dicho menor; con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional considera pertinente nombrar un representante especial, el cual deberá defender imparcialmente los interés superiores del menor de identidad reservada de iniciales ********************, en el presente juicio de amparo, lo que no ocurriría en el caso que fueran representados por sus progenitores, pues evidentemente no existiría la imparcialidad que se requiere. Sirve de apoyo la tesis publicada en el página 1324, tomo XVI, de agosto de dos mil dos, materia penal, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS. Aunque de acuerdo con la legislación civil los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos, si en el juicio de amparo promovido por un menor o en favor de él, la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, es evidente que tal representante se encuentra impedido para ejercer esa representación en el juicio, como ocurre en el caso en el que los padres del menor (representantes en el juicio de garantías), tienen el carácter de inculpados en la averiguación previa de la que deriva el acto reclamado por un delito cometido en agravio del propio menor representado, y pretenden obtener la protección constitucional para que se deje insubsistente dicho acto y recuperar así la custodia del menor; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe nombrar al menor un representante especial, a fin de que sea éste el que intervenga en el juicio y lo represente debidamente, pues ante la posibilidad de la existencia de un conflicto de intereses entre el menor y quien ejerce sobre él la patria potestad, se hace necesario garantizar que contará con una representación imparcial, dirigida de manera absoluta a la defensa eficaz de sus derechos en el juicio de garantías." En tales condiciones, remítase oficio al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Estado de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, en el plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en su numeral 2°, computados legalmente, al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proponga un representante especial, el cual deberá defender imparcialmente los intereses del menor de identidad reservada de iniciales ********************, en el presente juicio; o bien, manifieste la imposibilidad legal y justificada que tenga para hacerlo, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al requerimiento, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Pruebas. En términos del artículo 119 de la ley de la materia, ténganse por anunciadas las pruebas que refiere la parte quejosa, sin perjuicio de dar de nueva cuenta con ellas al momento de la audiencia constitucional. Notificación a las autoridades responsables. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado de Distrito. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la quejosa. Autorizados. En atención al contenido de la certificación de cuenta y por encontrarse registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, y a las restantes personas que señala, en términos restringidos del numeral en cita, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, hasta en tanto registren su cédula profesional en el sistema adoptado. Habilitación de horas y días inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Finalmente, para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer el presente proveído, se encuentren gozando del período vacacional correspondiente al segundo semestre del año y por tal motivo hayan suspendido sus labores; comisiónese al actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día en que las reanuden, entregue los oficios notificatorios sin necesidad de ulterior acuerdo; mismos que deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta en tanto sean entregados a sus receptores. Notifíquese.
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