Axel Santiago Nazariega
Expediente 796/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/11/2019
Partes del expediente
- Axel Santiago Nazariega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado procesal. se cambia la calificación de archivo. se regulariza el procedimiento. Notifiquese.
- Principal
VIII. De cuenta se desprende que la parte quejosa a quien podría causarle perjuicio la sentencia de veintinueve de junio de este año (que sobreseyó el juicio en que se actúa) dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión en su contra. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales correspondientes. En el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido; las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Por ende, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es destruible, pués se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo, inciso III). 2. El original del incidente es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la medida cautelar (punto vigésimo primero, inciso II). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción. En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional, el presente carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En el entendido de que una vez que se cuente con los acuses de recibo de notificación del presente proveído, este asunto de enviará materialmente al archivo. Finalmente, si las autoridades responsables gozan del período vacacional correspondiente, se comisiona al Actuario para que haga entrega de los oficios una vez que reanuden sus labores, sin necesidad de ulterior acuerdo, oficios que deberán quedar bajo su resguardo y responsabilidad hasta que sean entregados. .
- Principal
VIII) V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 796/2016-VIII, promovido por Alex Santiago Nazariega, por propio derecho, contra actos de la Jueza de Ejecución de Sentencias, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito de demanda presentado el primero de junio del año actual, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y entregada en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, Alex Santiago Nazariega, solicitó el amparo y Protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: Jueza de Ejecución de Sentencias con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. ACTO RECLAMADO: La orden de traslado a otro centro penitenciario, dormitorio o celda; así como su ejecución. SEGUNDO. Derechos humanos invocados. El quejoso estimó violados en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. El conocimiento de la demanda de amparo correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; por auto de dos de junio de este año se admitió a trámite la demanda (fojas 10 a 12); se requirió el informe justificado de las autoridades responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló día y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el quejoso señaló que el acto reclamado se está ejecutando en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la orden de traslado a otro centro penitenciario, dormitorio o celda; así como su ejecución. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aislada y jurisprudencia que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Las autoridades responsables: Jueza de Ejecución de Sentencias con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México (foja 42). Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México (fojas 27, 31 y 32). Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México (foja 18). En su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado y la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese orden, procede sobreseer, en virtud de que el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación de la quejosa de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a las autoridades en cita correspondía a la impetrante del amparo. En efecto, pues la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables al rendir sus informes justificados para explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio, y sobre todo de acompañar, (en caso de que el acto reclamado sea cierto), copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo tiene lugar cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron categóricamente el acto que se les imputa, porque en tal supuesto, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba necesarios para demostrar la certeza del acto de que se trata, lo que en el caso concreto no aconteció. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 78, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alex Santiago Nazariega, por el acto, autoridades, motivos y razones descritas en el considerando segundo y tercero de este fallo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario Víctor Manuel Rendón Sosa, quien da fe
- Incidental
(aVISO PARTE QUEJSOA) VIII) Toluca, Estado de México; ocho de junio de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo 119/2014-VIII promovido por Rigoberto Fernando González Torres en atención a la determinación de nueve de marzo emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictada en el expediente relativo al amparo en revisión 955/2015, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Rigoberto Fernando González Torres en contra de las autoridades y por los actos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia, en términos del considerado quinto." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de mérito, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y acúsese recibo. Ahora, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta desglósense las actuaciones posteriores a la remisión del presente expediente al citado tribunal, una vez hecho lo anterior, agréguense éstas al sumario constitucional en el cual se actúa y el citado cuaderno de antecedentes manténgase por separado. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, pero aplicable al presente asunto, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues deberá conservarse la demanda y sentencia respectiva emitida por el alto Tribunal del País (fojas 1370 a 1388). 2. El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III). 3. El cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). Por otra parte, glósense a los autos previa extracción de la caja de seguridad los documentos registrados con los números 4/2014, 5/2014 y 6/2014, se hace del conocimiento al quejoso que se dejan a su disposición, para comparecer a recogerlos si así lo estima conveniente. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, dentro del plazo de noventa días naturales, tales documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de ser certificada y glosada para debida constancia legal. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1 486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido del Secretario Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Avelino Robles Martinez1557/2023
- Avelino Robles Martinez952/2023
- Avid Nucamendi Cruz208/2019
- Avidan Alvarado Huerta1337/2023
- Axel Giovani Medina Barrera125/2022
- Axel Noel Castillo Gonzaléz418/2015
- Aylin Hernandez Cantero1625/2019
- Ayrton Jimenez Vieyra813/2017
- Ayrton Vieyra Jimenez1116/2017
- Baldemar Barrera Gonzalez1153/2017
- Baldemar Linares Martiinez1367/2019
- Baldemar Linares Martínez590/2020