Axel Uriel Espinoza Franco
Expediente 500/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Axel Uriel Espinoza Franco
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, después de haber analizado los aspectos que son materia de estudio en este asunto, emite la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 500/2020, promovido por Esteban Espinoza Toledo, en su calidad de Defensor Público Federal y en favor de su defendido Axel Uriel Espinoza Franco contra actos de la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Control y otra autoridad. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, si el quejoso logra desvirtuar los razonamientos expuestos por la autoridad responsable en las resoluciones reclamadas, para decretar el auto de vinculación a proceso como probable responsable del hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y la imposición de la prisión preventiva justificada. ANTECEDENTES En audiencia inicial en la que analizó el control de detención en el supuesto de fragancia dentro de la causa penal 234/2020, celebrada a las trece horas del nueve de agosto de dos mil veinte, la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Control, ratificó la detención del quejoso Axel Uriel Espinoza Franco. En esa misma audiencia, el Agente del Ministerio Público, formuló imputación al quejoso, y solicitó su vinculación a proceso; del mismo modo, el imputado y su defensa solicitaron que dentro del término constitucional se resolviera su situación jurídica, misma que se señaló para las trece horas del once de agosto del mismo año. Una vez llegada la hora y fecha señalada en el párrafo que antecede, tuvo verificativo la audiencia de término constitucional, en la cual la juez responsable dictó auto de vinculación a proceso al quejoso, como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en dicha audiencia se le impuso la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada y se determinó un plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria. (Determinación que constituyen los actos reclamados) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Esteban Espinoza Toledo en su calidad de defensor particular del imputado Axel Uriel Espinoza Franco, promovió en favor del directo quejoso, juicio de amparo en contra del auto de vinculación a proceso y la medida cautelar decretada emitido por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Control, mediante escrito presentado electrónicamente el uno de septiembre de dos mil veinte, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y recibido en este juzgado por cuestión de turno, el dos siguiente. El quejoso precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por auto de tres de septiembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional, admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 500/2020; asimismo, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a ese juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo el veintisiete de octubre de dos mil veinte, en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD Al quejoso Axel Uriel Espinoza Franco, le fue notificado en forma personal la resolución reclamada en la audiencia de término constitucional en la que se vinculó al quejoso a proceso, en términos del artículo 82, fracción I, inciso a) y último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, la notificación de la resolución de once de agosto de dos mil veinte, surtió efectos el doce del citado mes y año. Por lo tanto, el término de quince días que prevé el párrafo primero, del artículo 17, de la Ley de Amparo, para interponer la demanda transcurrió del trece de agosto al dos de septiembre de dos mil veinte, al actualizarse la primera de las hipótesis fácticas que contempla el artículo 18, de la ley de la materia. Descontándose de dicho cómputo los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de agosto del presente año, por ser días inhábiles de conformidad con lo estatuido en el artículo 19, del citado ordenamiento legal. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó el uno de septiembre de dos mil veinte, es decir, el penúltimo día de plazo que establece la ley, se considera que es oportuna. LEGITIMACIÓN Esteban Espinoza Toledo, Defensor Público Federal de Axel Uriel Espinoza Franco, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, porque en el juicio de origen tiene reconocido ese carácter; asimismo, porque es el directo quejoso, contra quien se dictó el auto de vinculación reclamado y la medida cautelar de prisión preventiva impuesta FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, del contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama de la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Control: El auto de vinculación a proceso en su contra y la medida cautelar consistente en la prisión preventiva; y, Del Director de Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA": La ejecución de la medida cautelar. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia del acto reclamado a la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Control, quedó legalmente acreditada a partir de su respectivo informe justificado, el cual fue recibido el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, lo que se corrobora con el disco versátil digital relativos al registro en audio y video de la audiencia inicial y de continuación de nueve y once de agosto de dos mil veinte, emitidas dentro de la causa penal 234/2020 de su índice. Medio de prueba (DVD) que adquiere la naturaleza jurídica de documental pública y que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyos epígrafe y texto son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, el encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora en razón que la autoridad ordenadora aceptó el acto de disenso. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. ESTUDIO DE FONDO En contra del auto de vinculación el impetrante de garantías aduce que el acto reclamado vulnera su derecho humano de legalidad, seguridad jurídica y los derechos descritos en los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales, los que de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo serán abordados en forma conjunta al estimar que se encuentran directamente relacionados, en virtud de que en los mismos se aducen en lo medular: a) Auto de vinculación a proceso Los datos de prueba que incorporó la Fiscalía para realizar la solicitud de vinculación a proceso no son suficientes e idóneos para establecer en grado de probabilidad del hecho que la ley señala como el delito de Portación de Arma de fuego del Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se viola en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales consagrados en los artículos 19, primer párrafo, 16, primer párrafo, 14, segundo párrafo y 20, primer párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se vulnera su derecho a la presunción de inocencia en su vertiente probatoria, la garantía de exacta aplicación de la ley, así como el principio acusatorio. Que el Juez responsable debió ceñirse al contenido del artículo 19 Constitucional, es decir, a la garantía de hecho que la ley señala como delito y a la probabilidad que el imputado lo cometió. Que el auto de vinculación a proceso no se encuentra debidamente fundado ni motivado, toda vez que existe falta de adecuación entre el contenido de los datos de prueba incorporados en la audiencia de vinculación de once de agosto de dos mil veinte y los razonamientos que realiza la juez responsable, conforme a los artículos 259 y 265 debieron ser valorados en lo individual y en su conjunto. La juez responsable, no atendió al principio de libre valoración y sana critica. Indebidamente, la Juez de Distrito responsable adujo observar el contenido de la jurisprudencia de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)", sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que ese criterio refiere que no necesita el Juez hacer un estudio técnico de los elementos del delito, menos si hay delito y responsabilidad. Refiere que la juez de distrito responsable realizó una indebida apreciación de los datos de prueba invocados por la defensa, así como el informe policial de los elementos aprehensores. Puesto que no debió otorgarse eficacia probatoria al informe policial homologado de siete de agosto de dos mil veinte, suscrito por los elementos aprehensores en atención a inverosimilitudes de la atribución de los hechos que realiza el quejoso, específicamente en el hecho que no se demostró que el imputado, haya disparado en dos ocasiones el arma de fuego a los agentes lesionando a uno de ellos, lo que no resulta acorde a la valoración en términos de los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos. Los argumentos antes expuestos resultan por una parte infundados y por la otra jurídicamente ineficaces, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En principio, el suscrito considera pertinente destacar algunas particularidades del sistema penal acusatorio, adversarial y oral a la luz de lo que dispone la Carta Magna y el Código Nacional de Procedimientos Penales (legislación aplicable al caso). El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones constitucionales, con la finalidad de introducir un nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública en el país. En efecto, mediante dicha reforma constitucional se pretendió transformar el sistema de justicia penal tradicional o mixto a un sistema de corte acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, reconoció que la señalada reforma procesal penal tuvo como finalidad que mediante la aplicación de dichos principios en los casos concretos se cumpliera con los objetivos del sistema penal acusatorio: esclarecer la verdad real respecto de los hechos ocurridos, específicamente determinar la existencia de delito y en su caso identificar a su autor; resolver el conflicto suscitado entre las partes; procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; aplicar a favor de las partes e intervinientes el debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. Ahora bien, de una simple lectura a las disposiciones constitucionales pertinentes y al Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que el sistema penal acusatorio se distingue por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. En este sentido, dentro del procedimiento acusatorio se pueden distinguir al menos tres momentos distintos, a saber: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el juez de control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral; y, c) la realización del juicio, donde un juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad del acusado. Etapa preliminar o de investigación. Esta etapa tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 constitucional. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Para ello, conforme a lo que establece el artículo 16 constitucional, si el indiciado fue detenido en flagrancia o en atención a una orden de caso urgente, deberá ser puesto a disposición del juez de control en un plazo no mayor a 48 horas, quien convocará a una audiencia para verificar la legalidad de la detención y, de ser el caso, formule la imputación correspondiente. Por su parte, cuando no medie detenido, bastará que el Ministerio Público solicite al juez de control la celebración de una audiencia para la formulación de la imputación, en la que se le hará saber al indiciado que se desarrolla una investigación en su contra. Si el indiciado no asiste o se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión para asegurar su comparecencia. Dentro de esta audiencia, generalmente denominada como inicial, el juez de control se asegurará de que el imputado conoce sus derechos y concederá la palabra al Ministerio Público, quien deberá exponer verbalmente el hecho delictivo imputado; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión; la forma de intervención que se atribuye; y el nombre de su acusador. Posteriormente, el juez se cerciorará de que el imputado comprendió la acusación y le otorgará la oportunidad de contestar, si es su deseo. Adicionalmente, como se desprende del artículo 19 constitucional, a petición del Ministerio Público, el juez de control podrá imponer las medidas cautelares que considere pertinentes y resolverá sobre la vinculación a proceso dentro de la misma audiencia inicial o en su continuación; la cual se deberá celebrar dentro del plazo de setenta y dos horas a partir de que el imputado fue puesto a su disposición, el cual podrá duplicarse a petición de este último. Así las cosas, el juez de control podrá decretar auto de vinculación a proceso si considera que existen datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el cual podrá ser impugnado vía recurso de apelación y, en su caso, vía juicio de amparo indirecto. No obstante ello, el Juez de Control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria, la que el Ministerio Público deberá concluir dentro del plazo señalado por el Juez de Control, misma que no podrá ser mayores de dos a seis meses, dependiendo de si la pena máxima del delito excede o no de dos años de prisión. En este orden de ideas, la audiencia de cierre de investigación concluye con la decisión del Ministerio Público de formular o no acusación en contra del imputado. De esta manera, existe la posibilidad de que esta etapa no concluya con una acusación, sino que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento de la causa o la suspensión del proceso. Etapa intermedia o de preparación de juicio oral. En caso de formularse la acusación, el juez de control deberá notificarla a las partes y citar a la audiencia intermedia; la cual tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, para lo cual podrán solicitar al juez de control que dé por acreditados ciertos hechos, de forma que ya no sean materia de debate en el juicio oral. En este sentido, durante el desarrollo de esta audiencia, el juez de control concederá el uso de la palabra a las partes para que realicen las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimen relevantes respecto de la admisión o inadmisión de los medios probatorios ofrecidos. Una vez que el juez de control analizó la admisibilidad de los medios de convicción ofrecidos y escuchó los argumentos de las partes que comparecieron en la audiencia intermedia, dictará la resolución o auto de apertura a juicio, en el cual deberá indicar: I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio; II. La individualización de los acusados; III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; VI. Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan; VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y IX. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. Al tratarse de una fase diseñada específicamente para discutir los temas relacionados con la admisión o inadmisión de los medios de prueba que van a ser incorporados o desahogados en el juicio oral, puede decirse que una de las finalidades más importantes de la etapa intermedia es que el imputado pueda plantear, en caso de que lo estime pertinente, argumentos relacionados con vulneraciones a derechos fundamentales que hayan dado lugar a la obtención de elementos de prueba que pretendan ser utilizados por la acusación en el juicio oral. Al respecto, no hay que perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas. Etapa de juicio. Una vez dictada la resolución de apertura de juicio oral, el juez de control la hará llegar al juez de juicio oral o al juez que presida el tribunal de juicio oral competente, poniendo también a su disposición a las personas sometidas a prisión preventiva o a otro tipo de medidas personales. Hecho lo anterior, el juez de juicio oral fijará fecha para la celebración de la audiencia correspondiente. Es importante señalar que tanto el artículo 20, apartado A, fracción IV, constitucional como la legislación procesal penal aplicable en su artículo 350, señalan una prohibición expresa en el sentido de que los jueces que en el mismo asunto hayan intervenido en las etapas anteriores a la de juicio oral, no podrán conocer en esta etapa. Durante la audiencia de juicio oral se debatirán las cuestiones esenciales del proceso penal, mediante el desahogo de las pruebas señaladas en la resolución de apertura de juicio oral y la exposición de los alegatos de las partes. Terminado el debate, si el juez o tribunal de juicio oral consideran que existen elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable, procederá a dictar sentencia condenatoria en su contra, de conformidad con el derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba y lo dispuesto en la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional; de lo contrario, dictará sentencia en el sentido de absolver al acusado. En cualquier caso, la autoridad judicial deberá explicar la sentencia durante la audiencia respectiva. Efectivamente, como puede observarse de lo expuesto hasta el momento, la reforma al sistema de justicia penal trajo como cambio fundamental el hecho de que la formulación de la imputación debe realizarse con base en los datos obtenidos en la investigación, pero con la intervención de una autoridad jurisdiccional con la finalidad de controlar las actuaciones que puedan derivar en la afectación de algún derecho fundamental del imputado y determinar los medios de prueba que deberán ser desahogadas en juicio oral. Por tanto, será exclusivamente a través del desahogo de esos medios de prueba, que el tribunal respectivo determinará la existencia de algún delito, la responsabilidad penal del imputado en su comisión y las consecuencias legales que deriven a esa determinación. Lo anterior es importante mencionarlo, toda vez que lo que se controvierte en la presente instancia constitucional, como se anticipó, es el auto de vinculación a proceso emitido por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Control, con sede en San Bartolo Coyotepec, lo que implica que la causa penal de origen se encuentra en la etapa preliminar o de investigación. Por otro lado, conviene destacar que los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." La lectura de los dispositivos transcritos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página ciento setenta y seis, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, la tesis XIII.P.A.30 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 Constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. En ese sentido, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el Juez de control y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto, sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Ahora bien, de la reproducción de los discos versátiles certificados que remitió la autoridad responsables, relativos a la causa penal 234/2020, se advierte lo siguiente: Audiencia de nueve de agosto de dos mil veinte A las quince horas con once minutos, el Agente del Ministerio Público formuló la imputación al ahora quejoso; A las quince horas con catorce minutos, una vez que el fiscal terminó de formular la imputación respectiva, el juez responsable informó al imputado y a su defensa, si era su deseo realizar una aclaración o precisión, a lo que el defensor contestó que "ninguna oposición en cuanto al hecho". Asimismo, la citada juzgadora cuestionó a la defensa y al imputado si era su deseo rendir su declaración preparatoria o reservarse ese derecho, a lo que el imputado contestó que por el momento no era su deseo declarar. A las quince horas con catorce minutos, la representación social inició con la solicitud de vinculación a proceso, en la que su metodología consistió en exponer los datos de prueba y con posterioridad los argumentos lógicos jurídicos. Dicha solicitud concluyó a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos. Acto seguido, el juez responsable explicó al imputado los alcances de la vinculación a proceso y los plazos a su disposición para preparar la estrategia defensiva, a lo que el imputado manifestó que solicitaba el plazo constitucional de setenta y dos horas, con el propósito de preparar y ofrecer pruebas a favor del imputado, a lo cual la juzgadora de origen accedió, y señaló las trece horas del once de agosto siguiente para que tuviera verificativo la continuación de la audiencia de término constitucional. En atención a lo solicitado por la parte imputada, a las quince horas con cuarenta y siete minutos, la representación social solicitó la medida cautelar de prisión preventiva a petición de parte, en perjuicio del imputado; misma que otorgó la juez responsable, previó escuchar a la defensa y la imputado, a las dieciséis horas con nueve minutos. A las dieciséis horas con diecinueve minutos, suspendió la audiencia y señaló las trece horas del once de agosto siguiente para su continuación. Audiencia de once de agosto de dos mil veinte A las trece horas del once de agosto de dos mil veinte, tuvo verificativo la continuación de la audiencia de término constitucional, en la que se resolvió vincular a proceso a Axel Uriel Espinoza Franco, como probable responsable en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c), de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. De los acontecimientos antes expuesto, se debe puntualizar que se respetó al aquí quejoso el principio constitucional de presunción de inocencia, debido a que se le trató como tal, se le otorgó oportunidad de defensa al estar asistido por un defensor de oficio, se le hizo saber su derecho a guardar silencio o no declarar y la trascendencia de éste, su derecho a ofrecer pruebas, a la información, el conocimiento del motivo por el que estuvo en la sala de audiencias y su derecho a una impartición de justicia pronta. También, debe señalarse que se cumplió con lo previsto por el ordinal 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que las audiencias se desahogaron con apego a los principios de publicidad, al ser pública; de inmediatez, ya que la participación de las partes fue ininterrumpida, sin intermediarios; el de contradicción, debido a que las partes ejercieron libremente su derecho a controvertir los datos de convicción comunicados e incorporados verbalmente; de continuidad y concentración, en razón de que los actos desarrollados en las audiencias se realizaron en una sola, se llevaron a cabo con los recesos indispensables propios por la naturaleza de este tipo de procedimiento y todo, en forma oral. Igualmente, se considera que se atendieron las exigencias que requiere el contenido del artículo 19 Constitucional, así como lo dispuesto por los ordinales 311 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque según consta de la copia certificada de los discos versátiles digitales de la audiencia celebrada en la causa penal de origen el nueve de agosto de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público Federal formuló imputación por el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso d), de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y se precisaron las circunstancias de lugar, tiempo y de ejecución. Posteriormente, en audiencia de once de agosto de dos mil veinte, la juez responsable, previa adecuación al supuesto jurídico imputado, emitió auto de vinculación a proceso en su contra (dentro del plazo de setenta y dos horas), al estimarse que existieron datos que evidenciaron que se ha cometido ese hecho y existe la probabilidad de que aquél lo perpetró. Los datos de prueba destacados en el auto de vinculación fueron los siguientes: Del Agente del Ministerio Público: Informe policial homologado de siete de agosto de dos mil veinte, suscrito por los agentes de Investigación Jesús Iván Cobos Espinoza, Abel Toledano Mora y Mario Armín Martínez Martínez. Dictamen en la especialidad de transito terrestre emitido el siete de agosto de dos mil veinte, suscrito por la perito Marlene Muñoz García. Dictamen en materia de fotografía forense respecto del arma de fuego asegurada, emitido por la perito oficial Ivonne Suárez Navarro, acompañado de treinta y dos placas fotográficas. Dictamen de balística forense de siete de agosto emitido por el perito Alejandro Santiago Baltazar. Inspección del arma de fuego realizada el siete de agosto de dos mil veinte, por el policía Federal ministerial Guillermo González Pérez. Inspección del vehículo asegurado realizada el siete de agosto de dos mil veinte, por el policía Federal Ministerial Guillermo González Pérez. Oficio S-1M-41470 del Subjefe del Estado Mayor de la Veintiocho Zona Militar, teniente Luis Carlos Portillo Alarcón de ocho de agosto de dos mil veinte, por el que informa que Axel Uriel Espinoza Franco, no cuenta con licencia o permiso para portar o poseer armas de fuego expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional o que pertenezca a algún club de cacería. Entrevista realizada al elemento de la Guardia Nacional Felipe Ubaldo de ocho de agosto de dos mil veinte, por el policía Federal Ministerial Guillermo González Pérez. Entrevista realizada al elemento aprehensor perteneciente a la Agencia Estatal de Investigación Jesús Iván Cobos Espinoza realizada el ocho de agosto de dos mil veinte. Diverso informe policial homologado de siete de agosto de dos mil veinte, suscrito por los agentes Estatales de Investigación Mario Alberto Sierra Santos, Aurelio Santome Sampe, Moisés Morales Velasco y Alejandro Ruiz Ruiz La juez de Control estableció sustancialmente que los hechos que se acreditan con los datos de prueba previamente enlistados, son los siguientes: "Que el siete de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las cuatro horas con treinta minutos, elementos de la agencia estatal de investigaciones realizaron la detención del señor Axel después de que salió de un domicilio de tres pisos color anaranjado con amarillo, ubicado sobre Privada de Álvaro Obregón, y específicamente cuando se subía en una cuatrimoto color blanco, marca Honda, que estaba estacionada sobre la calle Álvaro Obregón, aproximadamente a tres metros de la tienda "Doña Bertha", esto en Santa María Zoquitlán, Oaxaca, en atención a que portaba colgada en su persona, sobre su cuello, un arma de fuego tipo carabina marca Colt, Modelo Match Target, calibre .223 REM, similar al calibre 5.56 x 45 mm, de funcionamiento semiautomático y automático, de metal, que cuenta con un portafusil color negro; portación que realizó sin contar con la autorización o permiso expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional" Enseguida, precisó que si bien de manera preliminar la fiscalía calificó la comisión del delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso d), la juez responsable en atribución a las facultades conferidas en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo a la opinión emitida por el perito en balística en cuanto a las características, el tipo y el sistema de funcionamiento del arma de fuego, consideró que la calificación jurídica correcta es la establecida en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c) (Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223", 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30" en todos sus modelos.), puesto que se trata de una arma tipo carabina calibre .223 REM, similar al calibre 5.56 x 45, a las que hace referencia el referido inciso c) del artículo 11,de la ley de la materia. Facultad que como bien refirió, se encuentra contenida en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es de la literalidad siguiente: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." (El énfasis es añadido) En relación con los elementos del ilícito, se destacan los siguientes: Establecer la existencia de un arma de fuego que por su tipo, calibre y forma de funcionamiento sea alguna de las reservadas para el uso de las fuerzas castrenses del país. La portación de un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, o que puede disponer de ella por estar a su inmediato alcance. La carencia de permiso por parte de la Defensa Nacional para portar el arma, y que el sujeto activo no sea elemento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Para tener por comprobados los indicados elementos, la responsable tomó en consideración los datos de prueba ofrecidos dentro de la causa penal, los cuales fueron valorados de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 259, 262 y 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El suscrito considera que fueron correctamente ponderados, porque los dos primeros elementos del ilícito, se acreditaban con los indicios siguientes: el contenido del Informe homologado de siete de agosto de dos mil veinte, suscrito por los agentes Estatales de Investigación Jesús Iván Cobos Espinoza, Abel Toledano Mora y Mario Armín Martínez Martínez, del que se advierte que el día de los hechos, aproximadamente a las cuatro horas con veinticinco minutos, se encontraban presentes en el municipio de Santa María Zoquitlán, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, ubicados en la calle Álvaro Obregón de dicha población, con la finalidad de efectuar un cateo sobre los domicilios localizados, el primero, sobre privada de Álvaro Obregón, y el segundo sobre la Calle Álvaro Obregón de dicha población y que en el momento en que estaban en espera de esa diligencia, de la casa de tres pisos, color naranja y amarillo, ubicada en la privada de Álvaro Obregón, salió corriendo de una de las puertas, una persona de aproximadamente veinte o veinticinco años de edad, quien vestía de la forma en que fue descrita en dicho informe (un pantalón de color azul una playera color gris con estampado, descalzo, una chamarra blanca con color verde y vivos amarillos) y que se percataron que portaba una arma larga con un porta fusil sobre su persona, sujetándola con ambas manos, que cuando ese individuo se encontraba como a veinte metros del citado domicilio, disparó dos veces en contra de los agentes, y que uno de los proyectiles impactó a un elemento de la Guardia Nacional; agregaron que el accionante del arma iba corriendo hacia una cuatrimoto color blanca, marca Honda que estaba estacionada en la calle de Álvaro Obregón, aproximadamente a tres metros de la tienda "Doña Bertha", logrando subir a la cuatrimoto; empero, no pudo ponerla en marcha, por lo cual le indicaron que no se moviera y que soltara el arma porque podían usar fuerza letal en su contra, posteriormente mediante técnicas de neutralización pudieron someter a la persona y asegurar el arma de fuego que portaba en ese momento. De ahí que la juez responsable estimó que dicho informe homologado resulta determinante en el caso, pues describió la mecánica en que sucedieron los hechos, enfatizando el señalamiento directo por parte de los elementos aprehensores, relativo a que fue el sujeto detenido quien portaba un arma larga con un porta fusil sobre su persona sujetándola con ambas manos, misma que le fue asegurada una vez que fue sometido al momento que se encontraba a bordo de una cuatrimoto marca Honda, color blanca. Posteriormente, dicho informe homologado lo relacionó armónicamente, con el diverso informe policial homologado firmado por los agentes Estatales de Investigación Mario Alberto Sierra Santos, Aurelio Santome Sampe, Moisés Morales Velasco y Alejandro Ruiz Ruiz, quienes en términos generales refirieron que en el operativo se encontraban en la calle Álvaro Obregón y la Privada del mismo nombre, que en el lugar se encontraban personas armadas, también se percataron que un guardia nacional resultó herido por proyectil de arma de fuego, y que salían personas armadas huyendo, mismas que fueron perseguidas por elementos de la corporación, y si bien, no señalan al imputado Axel Uriel Espinoza Franco, ni refieren alguna persona que coincida con su vestimenta, lo consideró como un indicio concatenado con el anteriormente citado informe homologado. Además, lo consideró corroborado con lo manifestado por el guardia nacional que resultó herido el día de los hechos, Felipe Cuevas Ubaldo, quién en entrevista efectuada el ocho de agosto de dos mil veinte por el policía Federal Ministerial Guillermo González Pérez, refirió que el día de los hechos, se encontraba realizando sus funciones de brindar seguridad y que pudo advertir a tres personas del sexo masculino que portaban armas largas que dispararon deliberadamente contra él hiriéndolo en el brazo, que esas personas huyeron hacia el cerro, y que después, ya herido, vio salir del domicilio cateado de tres pisos y de color anaranjado con amarillo, una persona del sexo masculino portando un arma larga, misma que fue detenida por los agentes Estatales de investigación, señalamiento que es coincidente con el relato de la detención del imputado Axel Uriel Espinoza Franco, pues se trató de la detención de un joven varón que salió del domicilio cateado de tres pisos color naranja con amarillo, portando un arma larga y fue detenido por agentes Estatales de Investigación. En conjunto, esos relatos le permitieron inferir que los agentes Estatales y un elemento de la Guardia Nacional advirtieron a Axel Uriel Espinoza Franco, portando un arma de fuego entre sus manos con un porta fusil y que trató de abordar una cuatrimoto que no logró poner en marcha, que inmediatamente lo intervinieron con comandos verbales hasta que finalmente lograron someterlo y asegurar el arma de fuego. Datos de prueba con que la juez responsable consideró que al menos para ese momento procesal, resultaba creible el señalamiento de Axel Uriel Espinoza Franco como el portador de un arma de fuego. Se considera que su valoración fue acertada, porque los agentes policiacos narraron los datos objetivos percibidos a través de los sentidos (vista, tacto y oído), los cuales en atención a las funciones de seguridad que realizaban el siete de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las cuatro horas con treinta minutos, mientras se encontraban en espera del desarrollo de la orden de cateo de dos domicilios ubicados, el primero, sobre privada de Álvaro Obregón, y el segundo sobre la Calle Álvaro Obregón en el municipio de Santa María Zoquitlán, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, de la casa de tres pisos, color naranja y amarillo, ubicada en la privada de Álvaro Obregón, el aquí quejoso salió corriendo de una de las puertas hacia una cuatrimoto color blanca, marca Honda que estaba estacionada en la calle de Álvaro Obregón, aproximadamente a tres metros de la tienda "Doña Bertha", portando un arma larga con un porta fusil sobre su persona sujetándola con ambas manos; sin embargo, ya abordo de dicha unidad, no pudo ponerla en marcha, por lo que después de un amago verbal y del uso de técnicas de neutralización pudieron someter a Axel Uriel Espinoza Franco y asegurar el arma de fuego que portaba en ese momento. Resulta aplicable al caso la tesis aislada 1a. CLXVI/2016 (10a.), consultable en la página 693, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "DILIGENCIAS PRACTICADAS POR AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL O LOCAL. EL ARTÍCULO 287, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE LES OTORGA EL VALOR DE TESTIMONIOS, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. El precepto citado, al prever que las diligencias practicadas por los agentes de la Policía Judicial Federal o local tendrán el valor de testimonios, no viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica, ya que reglamenta la valoración judicial de dichos medios de convicción -entre los que se encuentran los informes o partes informativos, que deben realizarse en términos del artículo 3o., fracción IX, del ordenamiento adjetivo referido-, con el objetivo de guiar la actividad intelectual del juzgador cuando éste se enfrenta a su ponderación valorativa. Así, tomando en cuenta que las reglas de la valoración de la prueba constituyen un elemento central del derecho al debido proceso, el artículo 287, párrafo último, del Código Federal de Procedimientos Penales, otorga a las diligencias policiales el mismo valor probatorio aplicable a las pruebas testimoniales, con la finalidad de que el juez de la causa aprecie las actuaciones bajo el mismo método de ponderación, pues la prueba testimonial se ubica entre los medios de convicción que para efectos de valoración judicial tienen el carácter de indicio, por lo que requiere de la existencia de otros elementos de prueba para que pueda afirmarse la demostración del hecho al que se refiere. Asimismo, en cuanto a las diligencias de la policía que son comunicadas al Ministerio Público mediante informes suscritos por los servidores públicos que las practicaron, en términos de las reglas procesales de valoración de las pruebas, aplicadas en sentido estricto, el informe de la policía o parte informativo constituye un documento público, como a los que se refiere el artículo 280 del código citado, con valor probatorio pleno. Sin embargo, dadas las características y la trascendencia de las diligencias de la policía, el propio legislador limitó el parámetro con el que debe valorarlas el juzgador; de ahí que, a pesar de que los informes de la policía constituyen documentos públicos, el legislador consideró prudente que para su análisis fuera procedente someterlos a las condiciones de valoración de la prueba testimonial, que supone que quien lo rindió es una persona que estaba presente en el lugar y el momento en que el hecho relevante tuvo lugar, por lo que puede poner dicha información en conocimiento de la autoridad. Circunstancia que, lejos de afectar los derechos de defensa y contradicción de quienes son parte en el proceso penal, permite ejercerlos en mejores condiciones, al otorgar la posibilidad de que el contenido del informe policial sea cuestionado y someter a quien lo rinde a ratificarlo mediante cuestionamiento directo, lo que permite configurar plenamente la prueba testimonial al introducirse el contenido del dictamen al juicio a través de su suscriptor." Asimismo, la jurisprudencia 529, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 485, Tomo III, Penal Primera Parte- SCJN Sección-Adjetivo, Apéndice de 2011 de la Séptima Época, del contenido siguiente: "POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Por cuanto hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos de estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley les atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que conocieron." Lo que además, la juez de control posteriormente relacionó armónicamente con otros indicios que en conjunto le permitieron afirmar en grado de probabilidad que él portó ese artefacto bélico, como lo son: la inspección realizada por el policía Federal Ministerial Guillermo González Pérez de dos objetos asegurados, que describió como un arma tipo R15, marca Colt y una motocicleta tipo cuatrimoto de color blanco, sin placas de circulación, características que coinciden con las descritas en el informe policial. Por ende, se estima correcto que la responsable tomara en consideración las inspecciones antes citadas, al tratarse de un acto de investigación a cargo de una persona facultada para ello, la cual describe datos objetivos que se pueden percibir a través de los sentidos de la vista, el tacto y el oído, lo que guarda relación con lo narrado en el informe homologado de los elementos aprehensores, ya que corrobora su dicho. Máxime, que para la práctica de dicha inspección no se necesitan conocimientos especializados, basta utilizar el sentido de la vista para detallar las características de ese lugar. En sustento a lo anterior, se cita la tesis sustentada por la Sala Auxiliar, visible en la página 36, Volumen 56, Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES DEL, PARA ALLEGARSE PRUEBAS. INSPECCION. La Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, en su artículo 1o., fracción I, reglamenta las facultades que sobre el particular le concede la Constitución para allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para buscar prueba es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio Público, porque de no ser así se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad del inculpado. Dentro de tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual es de las más convincentes, porque satisface el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe apreciarse. La que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, dando la Ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos. La función primordial del Ministerio Público es la de investigar, y, semánticamente, este vocablo significa practicar diligencias para descubrir alguna cosa, así como efectuar diligencias, esto es, averiguaciones que se hacen de un delito o reo. Tal es la esencia misma de la función del Ministerio Público, por lo que desconocer ésta es desnaturalizar su actividad. El Ministerio Público tiene la obligación impostergable de allegar al órgano jurisdiccional todos los medios probatorios para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado, pues de lo contrario incapacitaría a la autoridad judicial para resolver sobre la acción penal ejercitada, la cual no prosperaría y traería consigo zozobra social al no castigarse las conductas delictivas. Al Ministerio Público como órgano investigador le está permitido allegarse los elementos probatorios necesarios, ya que si su función fuera limitada daría como resultado una infructuosa investigación penal." A su vez, el citado vehículo de motor, fue materia del dictamen en materia de tránsito terrestre, por la perito Marlene Muñoz, en el que reitera la existencia de la motocicleta, tipo cuatrimoto, color blanco, marca Honda, que no cuenta con placas de circulación y que es de fabricación extranjera. Precisó que la motocicleta fue asegurada en el lugar de los hechos y que hasta ese momento no existe alguna explicación o elemento que sustente que la policía consiguió ese vehículo en algún otro lugar, con el único propósito de justificar la detención del ahora imputado Axel Uriel Espinoza Franco. En cuanto a la característica del objeto bélico del indicio 1 asegurado, indicó que en la carpeta de investigación se cuenta con el dictamen pericial en materia de balística emitido por Alejandro Santiago, experto que analizó el arma de fuego, hizo varios experimentos y pruebas, efectuó la medición con diversos instrumentos y pruebas de disparo con ella y llegó a la conclusión de que se trata de una carabina marca Colt, calibre real .223 Rem que es similar al 5.56 x 45 MM, por lo que se trata de un arma que regula el artículo 11, inciso d) de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. De la misma manera, atendiendo a que los dictámenes realizados tienen congruencia externa y son corroborados con lo asentado en el informe homologado suscrito por los agentes Estatales de Investigación, por lo tanto, genera valor indiciario, para considerar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 256, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 188, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, Sexta Época, Apéndice 2000, del tenor siguiente: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.-Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." Con base en lo anterior, el suscrito coincide con la resolutora de origen en cuanto a que los dos primeros elemento del ilícito en comento, se surten a partir de los testimonios policiacos, de la inspección realizada a los objetos asegurados, así como sus respectivos dictámenes periciales en materia de balística y tránsito terrestre, de los que, en su conjunto, evidenciaron el señalamiento de Axel Uriel Espinoza Franco, como la persona que fue detenida a bordo de una motocicleta tipo cuatrimoto, marca Honda, color blanco, mientras llevaba consigo un arma de fuego tipo carabina marca Colt, calibre real .223 Rem que es similar al 5.56 x 45 MM, que por sus características corresponde a las del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Por lo que respecta al tercer elemento del delito, la responsable afirmó que éste se acreditaba con la existencia del oficio S1M41470 emitido por el Subjefe del Estado Mayor de la Vigésimo Octava Zona Militar, en el que informó que Axel Uriel Espinoza Franco, no está registrado como titular de licencia o permiso para portar armas de fuego o miembro de algún club de caza, asimismo la juez responsable destacó que tampoco existen datos que permitan asumir que el portador del arma de fuego sea militar y que esté facultado para dicha portación. De ahí, la juez de control concluyó que los datos de prueba resultan idóneos y pertinentes, para establecer la portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, toda vez que una persona, probablemente Axel Uriel Espinoza Franco, el siete de agosto de dos mil veinte, llevaba materialmente en sus manos un arma de fuego tipo carabina marca Colt, calibre real .223 Rem que es similar al 5.56 x 45 MM, con un porta fusil y con ella trató de alejarse del lugar de la detención a bordo de una cuatrimoto. Conducta que se realizó sin contar con autorización de la Defensa Nacional, situación que corroboró con el oficio S1M41470 que emitió el Subjefe del Estado Mayor de la Vigésimo Octava Zona Militar, en sentido de que Axel Uriel Espinoza Franco, no está registrado como titular de licencia o permiso para portar armas de fuego o miembro de algún club de caza, información con la que se estableció la carencia de ese permiso, y resaltó que tampoco existe dato que permita asumir que el portador del arma de fuego sea militar y que esté facultado para dicha portación, información que se estima suficiente para sustentar la vinculación a proceso. De la misma forma, la Juez Federal, atendió las manifestaciones realizadas por la defensa del imputado, en el sentido que ésta cuestionó la credibilidad del informe homologado de los elementos aprehensores, porque en la investigación inicial se demostró con un dictamen en química que el arma de fuego asegurada al imputado Axel Uriel Espinoza Franco, no fue accionada ni tampoco se encontraron restos de residuos de pólvora que evidencien que detonó algún armamento bélico, con lo cual se acreditó que el aquí quejoso no accionó el arma que le fue asegurada. A lo que la resolutoria de origen, en contestación a ese cuestionamiento, estimó que en el contexto en que los policías estaban actuando, esto es, en cumplimiento a una orden de cateo en distintos domicilios, no solamente iban los elementos encargados para el cateo sino también el personal que les brindaría seguridad perimetral, tanto de la Agencia Estatal de investigaciones, el Ejército y la Guardia Nacional y que por esa circunstancia cada una de estas corporaciones se repartieron esa función de seguridad, por lo que la atención de estos elementos estaba centrada en diferentes aspectos, aunado a que en el contexto se relata que hubo un enfrentamiento debido a que hubo agresión hacia los agentes, tanto que un elemento de la Guardia Nacional resultó herido; de ahí que por la rapidez del evento y la inmediatez en que deben de actuar los agentes, era justificable que los agentes aprehensores hayan errado al afirmar que el imputado había disparado contra ellos y que finalmente haya lesionado a un elemento de la Guardia Nacional; sin embargo, lo rescatable y creíble del informe homologado, es que si hayan visto a Axel Uriel Espinoza Franco, portando el arma de fuego desde que salió de la vivienda hasta que subió a la motocicleta. Esta afirmación, la robusteció con el hecho de que en la carpeta de investigación ese hecho se encuentra corroborado con otros datos de prueba, como lo es el diverso informe policial homologado que firman los agentes Estatales de Investigación Mario Alberto Sierra Santos, Aurelio Santome Sampe, Moisés Morales Velasco y Alejandro Ruiz Ruiz, quienes en términos generales refirieron que en el operativo se encontraban en la calle Álvaro Obregón y la Privada del mismo nombre, que en el lugar se encontraban personas armadas, también se percataron que un guardia nacional resultó herido por proyectil de arma de fuego, y que salían personas armadas huyendo, las cuales fueron perseguidas por elementos de la corporación, y si bien, no señalan al imputado Axel Uriel Espinoza Franco, ni refieren alguna persona que coincida con su vestimenta, es un indicio que se encuentra concatenado con el anteriormente citado informe homologado y con lo manifestado por el guardia nacional que resultó herido, Felipe Cuevas Ubaldo, quien refirió que al momento de los hechos, se encontraba realizando sus funciones de brindar seguridad y que pudo advertir a tres personas del sexo masculino que portaban armas largas que dispararon deliberadamente contra él hiriéndolo en el brazo, que esas personas huyeron hacia el cerro, y que después vio salir del domicilio cateado de tres pisos y de color anaranjado con amarillo, una persona del sexo masculino portando un arma larga, misma que fue detenida por los agentes Estatales de investigación, señalamiento que es coincidente con el relato de la detención del imputado Axel Uriel Espinoza Franco, pues se trató de la detención de un joven varón que salió del domicilio cateado de tres pisos color naranja con amarillo, portando un arma larga, que no la accionó. Fue concisa en señalar que esta circunstancia se estimó como un error en la percepción y por ello se desacreditó esa parte del relato, tan era así, que no se había imputado a Axel Uriel Espinoza Franco, la presunta participación en el ilícito de lesiones; empero, lo que si prevaleció es el señalamiento de que él llevaba un arma de fuego entre sus manos con un porta fusil y que trató de abordar una cuatrimoto que no logró poner en marcha, que inmediatamente lo intervinieron con comandos verbales hasta que finalmente lograron someterlo y asegurar el arma de fuego. En cuanto a las manifestaciones de la defensa del imputado en el sentido que cuestionó la credibilidad del informe policial, en razón que a su juicio no resulta lógico que el ahora imputado saliera corriendo y que se dirigiera exactamente hacia donde se encontraban los agentes Estatales de Investigación, cerca de la tienda "Doña Bertha" por la calle Álvaro Obregón y que no hay una explicación para que existiera una motocicleta en la calle, así como el hecho de que no se encontró la llave o no hay constancia del modo en que esa motocicleta se acciona, para aseverar que el aquí quejoso pretendió poner en marcha para darse a la fuga. Argumentos que la responsable consideró que se tratan de apreciaciones subjetivas en las que cada persona puede llevar a diferente opinión, pero en términos generales, el único que pudiera indicar quién o porque razón estaba esa motocicleta en ese lugar y el por qué el ahora imputado se dirigió a esa motocicleta si ahí estaban los agentes Estatales de Investigación, es el propio imputado Axel Uriel Espinoza Franco; quien ejerció su derecho a no declarar, por lo que no es posible hacer una inferencia en su perjuicio a partir de él; sin embargo, en ese momento era dable pensar que su intención era alejarse de ese lugar sirviéndose de ese vehículo, y que finalmente no pudo accionar. Con base en lo anterior, el suscrito coincide con la resolutora de origen en cuanto a que el primer elemento del ilícito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea (existencia de un arma de fuego que por su tipo, calibre y forma de funcionamiento sea alguna de las reservadas para el uso de las fuerzas castrenses del país), se surte a partir de la existencia material del arma de fuego, misma que mediante dictamen pericial se estableció que se trata de una carabina marca Colt, calibre real .223 Rem que es similar al 5.56 x 45 MM, arma que se encuentra regulada el artículo 11, inciso c) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, esto es, considerada como del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, objeto bélico que se aseguró al momento de la detención de Axel Uriel Espinoza Franco, el siete de agosto de dos mil veinte. Por lo que respecta al segundo de los elementos (La portación de un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea), en el caso que nos ocupa, en primer término, debe entenderse que la acción de portar consiste cuando el sujeto activo trae consigo alguna de las armas que se encuentran reservadas para el Ejército, Armada o Fuerza Aérea o puede disponer de ella por estar a su inmediato alcance. Ahora, como bien lo consideró la juzgadora de origen, de los datos de prueba aportados por los informes homologados de los agentes Estatales de Investigación, así como lo relatado por el elemento de la Guardia Nacional que fue herido en el día y lugar de los hechos, en la que refieren de forma coincidente que el día siete de agosto de dos mil veinte, a las cuatro horas entre los veinticinco y treinta minutos aproximadamente, al encontrarse presentes en el municipio de Santa María Zoquitlán, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, ubicados en la calle y privada de Álvaro Obregón de dicha población, con la finalidad de efectuar un cateo sobre dichos domicilios, vieron salir corriendo de la casa de tres pisos, color naranja y amarillo, ubicada en la privada de Álvaro Obregón, una persona de aproximadamente veinte o veinticinco años de edad, quien vestía un pantalón de color azul una playera color gris con estampado, descalzo, una chamarra blanca con color verde y vivos amarillos, (quien ahora se sabe, responde al nombre de Axel Uriel Espinoza Franco) y que se percataron que portaba una arma larga con un porta fusil sobre su persona sujetándola con ambas manos, acción con la cual, se actualiza la portación. Finalmente, por lo que hace al tercero de los elementos (La carencia de permiso por parte de la Defensa Nacional para portar el arma, y que el sujeto activo no sea elemento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea), como atinadamente lo consideró la autoridad responsable, este elemento normativo, se surte a partir de lo informado por el Subjefe del Estado Mayor de la Vigésimo Octava Zona Militar, mediante oficio S1M41470 en el cual informó que el sujeto activo Axel Uriel Espinoza Franco, no está registrado como titular de licencia o permiso para portar armas de fuego o miembro de algún club de caza, información con la que se estableció la carencia de ese permiso, y resaltó que tampoco existe dato que permita asumir que el portador del arma de fuego sea militar y que esté facultado para dicha portación, información suficiente para sustentar la vinculación a proceso. Por ello, se coincide con el juez de origen en que se colman los elementos del delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En lo que atañe a la probabilidad de que Axel Uriel Espinoza Franco, cometió el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se encuentra demostrado que su participación fue como actor material, ya que fue él quien portaba el arma de fuego, por lo que actuó con conocimiento de que se trataba de un artefacto bélico, que decidió llevarlo consigo cuando se alejaba del domicilio que se pretendía catear, eventualmente con la intención de alejarse de dicho lugar, conducta que se prolongó hasta que los agentes estatales de Investigación intervinieron y aseguraron el arma. De la misma manera, razonó que no se advierte alguna de las excluyentes del delito o causa que extinga la acción penal a favor del imputado. En efecto, tal como lo precisó la responsable, dicha probabilidad se evidencia principalmente con lo expuesto en el informe homologado de los elementos Estatales de Investigación aprehensores, en el que se narra que aproximadamente a las cuatro horas con veinticinco minutos, mientras se encontraban en el lugar de los hechos, advirtieron salir corriendo de un domicilio de tres pisos color naranja y amarillo, a una persona del sexo masculino de aproximadamente veinte o veinticinco años de edad, quien vestía un pantalón de color azul una playera color gris con estampado, descalzo, una chamarra blanca con color verde y vivos amarillos, y que se percataron que portaba una arma larga con un porta fusil sobre su persona sujetándola con ambas manos, y que se dirigió hacia una motocicleta tipo cuatrimoto, color blanca, marca Honda, y a bordo de ella, intentó encenderla sin éxito, por lo que los elementos policiacos, efectuaron la detención de esa persona quien ahora se sabe, responde al nombre de Axel Uriel Espinoza Franco, cuenta con veintiún años de edad y el arma que portaba, misma que le fue asegurada, se trata de una carabina marca Colt, calibre real .223 Rem que es similar al 5.56 x 45 MM, arma que se encuentra regulada en el artículo 11, inciso c) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, esto es, considerada como del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Con lo anterior, la responsable patentizó, por lo menos hasta este momento, que existe la probabilidad de que Axel Uriel Espinoza Franco, cometió el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, lo que realizó como autor material de forma dolosa. De ahí que este órgano jurisdiccional considere válido que la responsable determinara que la intervención de Axel Uriel Espinoza Franco, la realizó como autor material, conforme al artículo 13, fracción II, de forma de comisión dolosa, como lo prevén los diversos artículos 8º y 9º, primer párrafo; siendo éste de realización permanente conforme al númeral 7º, fracción II, todos del Código Penal Federal. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ENCAMINADOS A COMBATIR EL AUTO DE VINCULACIÓN RECLAMADO A la luz de lo expuesto, los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa resultan por una parte infundados y por otra jurídicamente ineficaces. Se estima lo anterior ya que no asiste la razón a la parte quejosa cuando refiere que el auto de vinculación a proceso que reclama no se encuentra debidamente fundado ni motivado, que no se encuentra apegado al artículo 19 Constitucional y que no se aportaron datos de prueba suficientes para establecer su grado de probabilidad, como a continuación se apuntará. La Representación Social ofreció diversos datos de prueba (reseñados en líneas anteriores), mismos que después de haber sido valorados por la Juez responsable, fueron suficientes para tener por acreditado, en ese momento procesal, que Axel Uriel Espinoza Franco es probable responsable en la comisión del delito portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con artículo 11, inciso c), preceptos citados al dictarse el acto reclamado. Además, en estricto acatamiento al artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Juez de Control responsable asignó valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público, justificando en todo momento la valoración que hizo de los mismos; con los cuales expuso la forma de intervención del quejoso, su forma de participación y las razones por las cuales los hechos atribuidos encuadraron en el delito atribuido. De manera destacada, se precisó que del contenido de los informes homologados, y del relato vertido en la entrevista realizada al elemento de la Guardia Nacional Felipe Ubaldo, mismas que fueron coincidentes con lo sucedido, adminiculados con los demás datos de pruebas incorporados por la Fiscalía, permitieron establecer los hechos imputados y la forma en la que éstos se cometieron. Entonces, los datos de prueba incorporados por la Fiscalía y valorados por el Juez responsable sí fueron suficientes para establecer, en este momento procesal, que Axel Uriel Espinoza Franco probablemente cometió el delito que se le atribuye. Es por ello, que contrario a lo que apunta la parte quejosa, sí encuadran los hechos atribuidos al delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, pues como lo reseñó el Juez de la causa, existe la portación de un arma de fuego posiblemente realizada por el directo quejoso. Entonces, no asiste la razón al quejoso cuando pretende exhibir que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, porque como quedó precisado con anterioridad, su dictado cumplió con lo establecido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Código Nacional de Procedimientos Penales; además, que la Juez sí estableció las razones por las cuales consideró actualizados los elementos del tipo de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Máxime que para el dictado del auto de vinculación el Juez de Control no requiere la existencia de pruebas con valor probatorio pleno, sino sólo es necesario analizar si se aportaron datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Esto es, basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Igualmente, resulta aplicable la tesis XV.3o.6 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, localizable en la página 2167, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." Ahora bien, respecto del concepto de violación encaminado establecer que la Juez responsable realizó una indebida apreciación del informe homologado de los elementos aprehensores, debido a que presenta datos inverosímiles respecto de los hechos atribuidos al quejoso, específicamente en el hecho que no se demostró que el imputado, haya disparado en dos ocasiones el arma de fuego a los agentes lesionando a uno de ellos, situación que resulta acorde a lo establecido en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos. Resulta jurídicamente ineficaz, en razón que la juez responsable, no obstante reconoció la existencia de la irregularidad apuntada por la defensa del quejoso, adujo que lo rescatable y creíble del informe homologado, es que los elementos aprehensores hayan visto a Axel Uriel Espinoza Franco, portando el arma de fuego desde que salió de la vivienda hasta que subió a la motocicleta, circunstancia que se encontraba corroborado con otros datos de prueba, como lo son el diverso informe policial homologado suscrito por los agentes Estatales de Investigación Mario Alberto Sierra Santos, Aurelio Santome Sampe, Moisés Morales Velasco y Alejandro Ruiz Ruiz, quienes en términos generales refirieron que en el operativo se encontraban en la calle Álvaro Obregón y la Privada del mismo nombre, que en el lugar se encontraban personas armadas, también se percataron que un guardia nacional resultó herido por proyectil de arma de fuego, y que salían personas armadas y si bien, no señalaron al imputado Axel Uriel Espinoza Franco, ni refieren alguna persona que coincida con su vestimenta, es un indicio de que en el interior de los domicilios se encontraban personas armadas, lo cual concatenó con lo manifestado por el guardia nacional que resultó herido, Felipe Cuevas Ubaldo, quien a grosso modo relató que cuando ya se encontraba lesionado, vio a la persona que salió con el arma de fuego del domicilio de tres pisos color naranja y amarillo que fue cateado, y que posteriormente fue detenido por elementos de la agencia Estatal de Investigaciones. Es decir, la juez expuso que existen otros indicios que aportan credibilidad al señalamiento del disidente, como la persona que probamente realizó el antijurídico de portación de arma de fuego del uso exclusivo de las fuerzas castrenses, de ahí lo ineficaz del argumento. De igual forma deviene Jurídicamente ineficaz el concepto de violación en el cual expone el quejoso que el Juez responsable indebidamente adujo observar la jurisprudencia con número de registro 2014800, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". En el criterio mencionado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar el tipo penal aplicable; el nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera esa resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Por ello, este juzgador estima que el quejoso tiene una apreciación errónea de lo realizado por el Juez natural en el auto de vinculación reclamado, ello porque el Ministerio Público sí expuso todos los datos de prueba con los que contaba, mismos que fueron valorados por la autoridad responsable y también, se estableció el grado de intervención de Axel Uriel Espinoza Franco. Se precisó cómo se cumplieron con los elementos del tipo de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y la forma en la que intervino el quejoso, es decir, de autor material del delito. Como quedó expuesto con anterioridad, en uso de la facultad que le confiere el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez responsable valoró cada dato de prueba de forma individual, justificando en todo momento el porqué de su determinación, pues de cada uno de ellos relacionado en la audiencia especificó qué se obtenía de éstos y en qué grado servían para acreditar el hecho imputado, motivos por los cuales como se anticipó, resulta jurídicamente ineficaz lo argumentado. Todo lo hasta aquí apuntado, sirve de base para declarar infundado el agravio que aduce la parte quejosa en el sentido que la juez de control federal, dejó de observar el principio de libre valoración y de sana Crítica. Ello es así, porque no se advierte que haya vulnerado el derecho de defensa de la quejosa; pues tuvo conocimiento de los datos de prueba aportados, oportunidad de formular sus peticiones y hacer las observaciones que estimare pertinentes, teniendo contacto con el defensor público designado; además porque fundó y motivo la decisión cuestionada, realizó la justipreciación de los medios de convicción conforme a las reglas establecidas por el Código Nacional del Procedimientos Penales, esto es, conforme a la sana crítica, lo que implica un sistema de valoración libre, sin contradecir las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Sirve de apoyo la tesis IV.1o.P.5 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, visible en la página 1522, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRÍTICA Y MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 592 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De la interpretación del citado numeral se advierte que los medios de prueba en el juicio oral penal, el cual es de corte acusatorio adversarial, deberán ser valorados conforme a la sana crítica, sin contradecir las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, y dispone, además, que la motivación de esa valoración deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a las que se arribe en la sentencia. Ahora bien, la sana crítica implica un sistema de valoración de pruebas libre, pues el juzgador no está supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance que debe reconocerse a aquéllas; es el conjunto de reglas establecidas para orientar la actividad intelectual en la apreciación de éstas, y una fórmula de valoración en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, las cuales influyen de igual forma en la autoridad como fundamento de la razón, en función al conocimiento de las cosas, dado por la ciencia o por la experiencia, en donde el conocimiento científico implica el saber sistematizado, producto de un proceso de comprobación, y que por regla general es aportado en juicio por expertos en un sector específico del conocimiento; mientras que las máximas de la experiencia son normas de conocimiento general, que surgen de lo ocurrido habitualmente en múltiples casos y que por ello pueden aplicarse en todos los demás, de la misma especie, porque están fundadas en el saber común de la gente, dado por las vivencias y la experiencia social, en un lugar y en un momento determinados. Así, cuando se asume un juicio sobre un hecho específico con base en la sana crítica, es necesario establecer el conocimiento general que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva a una específica calificación popular, lo que debe ser plasmado motivadamente en una resolución judicial, por ser precisamente eso lo que viene a justificar objetivamente la conclusión a la que se arribó, evitándose con ello la subjetividad y arbitrariedad en las decisiones jurisdiccionales." En ese tenor, el suscrito concluye que contrario a lo aseverado por el solicitante del amparo en sus conceptos de violación, el Juez de Control al emitir el auto de vinculación a proceso, cumplió con las exigencias establecidas por el artículo 16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir la determinación en estudio se encuentra fundada y motivada, ya que de la videograbación de la audiencia se aprecia que precisó los fundamentos legales aplicables al caso concreto, así como los motivos por los cuales consideró que los hechos sometidos a su conocimiento se adecuaban a la hipótesis del antisocial de que se trata y que existían datos de prueba que denotan, hasta ese momento, que existe la probabilidad de que el imputado -aquí quejoso- Axel Uriel Espinoza Franco, realizó la comisión del hecho que la ley señala como delitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. De ahí que no pueda estimarse que existió vulneración en su perjuicio de los derechos fundamentales de presunción de inocencia y de debido proceso tutelados por la Carta Magna. Se cita por ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), consultable en la página 125, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." Consecuentemente, al resultar por una parte infundados y por la otra jurídicamente ineficaces los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal por lo que al auto de vinculación se refiere. b) Resolución de Medida De Coerción Definitiva. Ahora bien, el quejoso Axel Uriel Espinoza Franco, también reclama de la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Control y del Director de Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA, la resolución de once de agosto de dos mil veinte, en la parte en que le impuso la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada en dicho centro de internamiento. A su vez, argumenta que la misma deviene ilegal en razón de que la juez responsable no observó lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la imposición de la medida cautelar, debido a que la prisión preventiva decretada el nueve de agosto de dos mil veinte, dejó de tener vigencia el once de agosto siguiente al ser presentado el directo quejoso y dar comienzo a la continuación de la audiencia de término constitucional, la cual finalizó con el dictado de la vinculación a proceso, por lo que al estar en una fase procesal distinta, la juez debió de observar las formalidades de la fracción II del referido artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y no el diverso 161. El concepto de violación sintetizado resulta infundado por las razones que ahora se exponen. En principio, cabe destacar que los artículos 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, la cual podrá ser decretada por el Juez de Control, de manera oficiosa, entre otros supuestos, tratándose de delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos. En el mismo sentido, se prevé la procedencia de la prisión preventiva en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe añadir, que las medidas cautelares en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, dependen del auto de vinculación a proceso; y su objetivo, se encuentra previsto en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece, que tales medidas serán impuestas por resolución judicial y por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, la seguridad de la víctima u ofendido o de los testigos, así como evitar la obstaculización del procedimiento. En tanto, que los requisitos legales para su procedencia y determinación, así como la facultad de las partes de ofrecer los medios de prueba para demostrar la procedencia o improcedencia de dichas medidas, se encuentran previstos en el artículo 154 de la citada legislación adjetiva penal. Por lo que, para que se pueda dictar prisión preventiva justificada es necesario que el agente del Ministerio Público o la víctima u ofendido deben peticionarla al juez, siempre y cuando concurran los requisitos (i) que una vez formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro y (ii) se haya vinculado a proceso al imputado. En el caso concreto, en audiencia inicial de nueve de agosto de dos mil veinte, la juez responsable, a petición del Ministerio Público, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal, ya sea hasta la continuación de audiencia o por las siguientes etapas sin perjuicio de lo que se resuelva sobre la vinculación a proceso, bajo el argumento de la existencia de un riesgo fundado de que el directo quejoso no comparezca al proceso penal. Determinó que la finalidad para la que se pide la medida cautelar es legítima, porque es encaminada a garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, de manera inmediata en la continuación de la audiencia y en las siguientes si fuera el caso. De igual forma, manifestó que la misma es idónea para garantizar la presencia del imputado en la continuación de la audiencia y, en su caso, la secuela procesal. Por lo que hace a la necesidad de la medida, estableció que si bien hasta ese momento no contaba con elementos para acreditar si existe o no un arraigo por parte del imputado en un domicilio fijo; sin embargo, si se patentizan otros elementos objetivos que evidencian la probabilidad de que Axel Uriel Espinoza Franco se sustraiga de la acción, como lo son la actitud que tomó momentos antes de su detención, consistente en salir corriendo de uno de los domicilios cateados portando el arma de fuego para intentar huir del lugar a bordo de una motocicleta, circunstancia que denotaba la intención de no someterse al procedimiento penal, propósito que pudiera verse completado de retornar el quejoso al lugar de su detención Santa María Zoquitlán, Oaxaca, localidad en la que impera la inseguridad por la presencia de grupos delictivos, que no permiten el libre acceso a esa población, lo que haría más fácil eludir el procedimiento, aunado a la posibilidad de obtener una pena de prisión, la cual por mínima que fuera, era un incentivo suficiente para asumir un riesgo de sustracción del imputado y que otras medidas menos lesivas no serían suficientes para garantizar su permanencia en el proceso penal. Por ello, impuso como medida cautelar en contra de Axel Uriel Espinoza Franco la prisión preventiva justificada prevista en el artículo 155 fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tendrá una duración hasta en tanto se resuelva el asunto en forma definitiva mediante una sentencia de juicio oral o abreviado y que la misma se cumplirá en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Posteriormente, en la continuación de audiencia de once de agosto de dos mil veinte, una vez que la juzgadora de origen, dictó auto de vinculación a proceso en perjuicio del disidente, el agente del Ministerio Público Federal, solicitó que prevaleciera y continuara la medida cautelar impuesta en la audiencia inicial, no obstante, ahora exista un dato de prueba que pudiera acreditar el arraigo del imputado en el Estado de México; sin embargo, eso no aseguraba su presencia, puesto que seguían prevaleciendo los elementos que arrojaron un riesgo de fuga al momento imponerle la medida cautelar en la audiencia de inicio. Ante esa solicitud, la juez de control indicó que en audiencia inicial ya se había vinculado a proceso al imputado y precisó que la medida cautelar se impuso por el tiempo que dure ese proceso penal, ya sea hasta la continuación de audiencia o por las siguientes etapas del proceso, por ello, ante esa duración de la medida lo que en caso imponía era una revisión de la misma conforme al artículo 161 del código Nacional de Procedimientos Penales.(como se aprecia en el punto 01:32:25 de la continuación de audiencia de 11 de agosto de 2029). Indicó que atendiendo a que en ese momento existe información respecto al arraigo del imputado, resultaba procedente revisar la medida cautelar en cuanto a los primeros factores el peligro de sustracción y la posibilidad de completarla en el caso de retornar a Santa María Zoquitlán, así como la posibilidad de obtener una pena de prisión, la cual por mínima que fuera, era un incentivo suficiente para asumir un riesgo de sustracción. Sin embargo, después de analizar los nuevos elementos integrados a la carpeta de investigación respecto del arraigo del imputado, así como lo manifestado por su defensor, junto con los factores de riesgo de sustracción enunciados en párrafos precedentes, estableció que los nuevos datos proporcionados son insuficientes para garantizar su permanencia en el proceso. Adujo que si bien de ellos se desprende que el quejoso antes de ser detenido vivía en el Estado de México y trabajaba en una miscelánea como empleado, con motivo de la contingencia sanitaria fue despedido, situación que lo motivó a viajar a Oaxaca y tomar un empleo que le ofrecieron, información que analizada con el contexto de los hechos que probablemente se le atribuyen al imputado, son insuficientes para garantizar su permanencia en el proceso, puesto reflejan que con independencia de la entidad en que viva el imputado, lo que interesa es que tenga un domicilio con un trabajo remunerado y otras circunstancias que evidencien que no únicamente estaría materialmente en ese lugar, si no que existan documentos que lo hagan permanecer en ese sitio, en razón de ello, aun cuando su familia aportó información a la carpeta de investigación, eso no garantiza que el directo agraviado vaya a continuar residiendo con ellos, por lo que aún subsiste la posibilidad de que retorne a Santa María Zoquitlán, lugar en donde consiguió trabajo en este Estado, y con ello, la oportunidad de obtener las facilidades y condiciones para mantenerse en ese lugar. De ahí que determinó que aun con el nuevo material aportado a la carpeta de investigación, no existe garantía suficiente que Axel Uriel Espinoza Franco, será localizable para el proceso penal, por ello subsiste el peligro de sustracción suficientemente alto que hace necesario la medida cautelar en los términos en que fue impuesta, por ello no era factible la modificación de la medida decretada. Circunstancia que robusteció, además, con los datos de prueba aportados. En ese sentido, se colige que la determinación de imposición de medida cautelar de prisión preventiva justificada, se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que en términos del artículo 19 de la Carta Magna, así como lo dispuesto en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los datos de prueba que conforman los antecedentes de la investigación del Ministerio Público, se puede establecer que tal y como lo refirió la autoridad judicial, ante el conocimiento de nuevos elementos relacionados con el arraigo del quejoso, lo que podría constituir una variación objetiva de las condiciones que justificaron la medida cautelar primigenia, determinó realizar su revisión. No obstante, del nuevo análisis conjunto de los datos de prueba aportados en la investigación determinó que aun y con la acreditación de la existencia del domicilio que indicó, subsistía la medida cautelar, atendiendo a que todavía es alto el riesgo de que el imputado pretenda sustraerse de la secuela del procedimiento, como lo demostró con la actitud que tomó momentos antes de su detención, así como su posible retorno a la localidad donde llegó a trabajar y fue detenido, en la cual existe el indicio de que impera la inseguridad por la presencia de grupos delictivos que no permiten el libre acceso a esa población, lo que le haría más fácil eludir el procedimiento judicial, además de la posibilidad de obtener una pena de prisión, la cual por mínima que fuera, es un incentivo suficiente para asumir un riesgo de sustracción del imputado, y que otras medidas menos lesivas no serían suficientes para garantizar su permanencia en el proceso penal. De ahí, que si al momento de la emisión del acto reclamado, se tuvo por demostrado, no obstante con los nuevos datos aportados, aún existe riesgo de sustracción de la justicia, por lo que se estima acertado que subsistiera la prisión preventiva justificada, contra el quejoso, ya que los datos de prueba valorados por la responsable, impiden garantizar la comparecencia del imputado en el proceso penal. Ahora bien, en atención al concepto de violación que enuncia la parte quejosa, este órgano constitucional lo estima infundado; ello es así, habida cuenta que la prisión preventiva decretada en audiencia de nueve de agosto de dos mil veinte, no venció con la presentación del imputado a la continuación de la audiencia, como aduce el defensor, toda vez que como se detalló en párrafos precedentes, la responsable atendiendo a la solicitud del Ministerio Público Federal y a los elementos que establecieron el riesgo de sustracción del imputado, estableció que la medida cautelar subsistía por el tiempo que dure el proceso penal, ya sea hasta la continuación de la audiencia o por las siguientes etapas, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre la vinculación a proceso, de ahí lo infundado de su argumento; decisión que revisó y reiteró en la continuación de la audiencia inicial, en lo que a solicitud de la fiscalía concluyó sobre la pervivencia de la medida cautelar, por existencia del peligro de sustracción del quejoso. Consecuentemente, ante lo infundado del concepto de violación formulado, y no advertirse deficiencia de la queja que suplir, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados respecto de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada. Negativa que abarca los actos de ejecución reclamados al encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán, Oaxaca, al no impugnarse por vicios propios. Finalmente, resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer en autos por el representante social adscrito a este órgano jurisdiccional, pues sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia; de ahí que deba estarse a lo resuelto en la presente sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." DECISIÓN En ese orden de ideas, ante lo infundado y jurídicamente ineficaces de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado en favor Axel Uriel Espinoza Franco en contra de auto de vinculación a proceso e imposición de medida cautelar de prisión preventiva justificada, dictadas en la causa penal 234/2020 por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Control, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y el encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán, Oaxaca Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE Único. La Justicia de la Unión NO ampara Ni protege a Axel Uriel Espinoza Franco en contra de auto de vinculación a proceso e imposición de medida cautelar, dictadas en la causa penal 234/2020 por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Control, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y el encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán, Oaxaca, por las razones precisadas en el apartado IX de este fallo. Notifíquese personalmente.SE NOTIFICA POR LISTA EL PRESENTE ACUERDO EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INTALACIONES DE ESTE JUZGADO NO OBSTANTE EL CITATORIO QUE SE LE DEJO
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado señalado en cuenta. Dese vista a las partes. Notifíquese."
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito considera que debe diferirse la audiencia constitucional que estaba programada para el día de hoy. La razón esencial: se encuentra pendiente que las partes tengan conocimiento de los informes justificados rendidos por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca y el encargado del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, con la debida anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; por lo que dicha circunstancia impide la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del día de hoy, se difiere y se fijan las trece horas con cincuenta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veinte, para su celebración. Por otra parte, agréguese el escrito señalado en la cuenta al juicio de amparo en que se actúa y téngase al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado de distrito formulando sus alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, expídase, en su oportunidad, copia certificada de la resolución que se dicte en este juicio. Notifíquese."
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