Avisai Iván Martínez Vázquez

Expediente 484/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
484/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • Avisai Iván Martínez Vázquez
  • Juan Hernández García
  • K. N. C. G.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que este sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 484/2023, promovido por ********************en favor de la menor de edad de identidad reservada de iniciales ******************** ANTECEDENTES. Del escrito inicial de demanda se advierte que ******, quien promovió en favor de la menor de edad de identidad reservada de iniciales ********************, manifestaba que ésta se encontraba detenida e incomunicada en el Albergue y Transito para Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Oaxaca, sin que mediara algún ordenamiento judicial que sustentara tales actuaciones. Por lo que, ante tales circunstancias que la parte promovente estimó violatorias de la esfera jurídica de la directa quejosa es que acudió a esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. ********************en favor de la menor de edad de identidad reservada de iniciales ********************, presentó un escrito el doce de mayo de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados al Director General del Sistema DIF Oaxaca y otras autoridades. La parte promovente señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 3°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este órgano jurisdiccional el doce de mayo de dos mil veintitrés y por auto de esa propia fecha se radicó bajo el número de expediente 484/2023, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados y se previno al promovente para efecto de que aclarara su demanda de amparo. En virtud de la suspensión de plano decretada, mediante diligencia de doce de mayo de dos mil veintitrés, la actuaria adscrita le notificó a la menor de edad el auto de esa propia fecha y dio fe del estado físico de ésta. Una vez fenecido el plazo para que la parte promovente aclarara la demanda de amparo sin que realizara lo anterior, por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda de amparo, únicamente respecto de los actos consistentes en la incomunicación, privación de la libertad ambulatoria, maltrato físico y psicológico de la menor de edad quejosa, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra un acto en materia administrativa y las autoridades responsables residen dentro de la demarcación territorial en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, en virtud que la demanda de amparo debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo los capítulos de actos reclamados y de antecedentes, a fin de advertir de manera plena lo realmente planteado, en relación a la causa de pedir y con ello el órgano jurisdiccional se encuentre en calidad de resolver la Litis realmente planteada, se tiene como autoridades responsables y actos reclamados: Autoridades responsables: Director General del Sistema DIF, Oaxaca. Procurador Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. Jefa del Departamento de Albergue y Tránsito para, Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF, Oaxaca. Actos reclamados: Privación de la libertad ambulatoria de la menor de edad de identidad reservada de iniciales K. N. C. G. al encontrarse detenida en el Albergue y Transito para Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Oaxaca. La incomunicación, maltrato físico y psicológico. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS CONSISTENTES EN MALTRATO FISICO, PSICOLÓGICO E INCOMUNICACIÓN. En el caso, las autoridades responsables Director General del Sistema DIF, Oaxaca, Procurador Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca y Jefa del Departamento de Albergue y Tránsito para, Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF, Oaxaca, no rindieron sus informes justificados. No obstante, respecto de los actos consistentes en el maltrato físico, psicológico e incomunicación, no es dable hacer efectivo lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, esto es, tener por cierto la existencia de los actos reclamados ante la ausencia de informe justificado. Lo anterior, en virtud de lo que se advierte de la siguiente relación de constancias que obran en autos: De la diligencia actuarial de doce de mayo de dos mil veintitrés, asentada por la fedataria adscrita a este Juzgado se desprende que la menor de edad quejosa de iniciales ********************, de manera expresa le manifestó que no contaba con lesiones físicas (salvo un raspón provocado por intentar huir del albergue), así como que no se encontraba incomunicada pues había tenido contacto telefónico con su madre y fue visitada por el cónsul del Salvador en Oaxaca. Del oficio ***/**/**/***/*** de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés suscrito conjuntamente por la Directora Jurídica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, por la encargada de Despacho de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca y la Jefa de Departamento de Albergue y Transito para Niñas, Niños y Adolescentes, se advierte que las responsables dotaron a la menor de edad de hospedaje, alimentación atención médica, psicológica y legal, así como que le permitían la comunicación constante y de manera personal con el cónsul de su país de origen. Anexando para corroborar su dicho en copias autenticadas, del certificado médico a nombre de la menor de edad, fotografías de ésta, de la diligencia de escucha de la menor de quince de mayo de este año (de la que se advierte que la quejosa manifestó que le han permitido la comunicación con su madre, y que el trato recibido en el albergue ha sido bueno), bitácoras alimentarias. Constancias que tienen valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, y de las cuales se desprenden que la menor de edad no ha sido objeto de los actos de incomunicación, tortura, o objeto de cualquiera de los diversos actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Por lo que, ante la inexistencia de los actos reclamados en cita y al no existir elemento de prueba que desvirtúe lo expuesto, cobra firmeza el contenido de los referidos informes justificados; por consiguiente, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. VI. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD AMBULATORIA. Contrario a lo anterior, respecto de la privación de la libertad ambulatoria de la menor de edad, este acto debe tenerse por cierto, en virtud que del informe relativo a la suspensión de plano así como de las constancias que acompañaron al mismo las autoridades responsables Directora Jurídica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, por la encargada de Despacho de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca y la Jefa de Departamento de Albergue y Transito para Niñas, Niños y Adolescentes, de la que se desprende que la menor de edad ******************** se encontraba bajo el resguardo de éstas en el Centro de Asistencia Social "CASA PATO, CASA DE ALAS LUGAR DE VIDA," DIF Oaxaca. Lo anterior, en virtud de que el contenido del informe relativo a la suspensión de plano, produce plenos efectos para determinar la existencia del acto reclamado. Tiene aplicación al presente caso la tesis II.2o.P.25 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 42, mayo de 2017, tomo III, página 1933, Decima Época, con registro digital 2014261, de rubro y texto siguiente: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado. En consecuencia, lo procedente es analizar si respecto a este acto se actualiza una causa de improcedencia o de lo contrario entrar al fondo del estudio del acto reclamado. VII. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El suscrito advierte que, respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados, como ocurre en el presente caso. Ahora, en el presente asunto se advierte que la quejosa de identidad reservada de iniciales **********, fue canalizada al albergue denominado como "****", del sistema DIF en el Estado de Oaxaca, por el Instituto Nacional de Migración, esto en razón de ser una menor de edad extranjera que se encontraba transitando sola por el territorio nacional, como consta del acta de canalización de niña, niño y adolescente de siete de mayo de dos mil veintitrés, que se encuentra anexa al informe relativo a la suspensión de plano rendido por las autoridades responsables. La Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, por oficio **/****/***/***/***, de trece de junio de dos mil veintitrés, remitió copias certificadas del acuerdo de prueba y alegatos y de la resolución definitiva de situación migratoria, ambos de diez de mayo de este año, dictado en el expediente migratorio de la menor de edad ***/****/**/***/***/***, en esta resolución el instituto referido determinó otorgarle a la menor de edad el beneficio de retorno asistido a su país de origen. Asimismo, se advierte que por oficio ***/***/**/***/***, el Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, informó al cónsul de El Salvador que el día cinco de junio de dos mil veintitrés se ejecutaría el retorno asistido de la quejosa indicando los vuelos y horas a los que se sujetarían para realizar tal acción. Para ejecutar lo anterior, el multicitado instituto por oficio ***/***/**/***/** de dos de junio de dos mil veintitrés, comunicó a la Jefa del Albergue y Transito para Niñas, Niños y Adolescentes DIF Oaxaca (***** ), que a las nueve horas del cinco de junio del año en curso personal de su adscripción se apersonaría en el albergue con la finalidad de iniciar el retorno asistido a su país de origen de la quejosa de iniciales ******. Circunstancia que se hizo efectiva a las ocho horas con cuarenta minutos del cinco de junio de este año, según consta del acta de reintegración de la adolescente ******, de nacionalidad Salvadoreña, de la cual se advierte que, previa valoración médica, el personal del DIF estatal hizo entrega de la menor quejosa a la oficial de Protección a la Infancia del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. Medios de pruebas que adquieren la naturaleza jurídica de documental pública y que tiene valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Por lo anterior, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, esto en razón que derivado del procedimiento administrativo migratorio ***/***/**/***/***/***, se originó que la menor de edad quejosa se encontrara ante el resguardo de las autoridades señaladas como responsables en el albergue denominado "*****", y con posterioridad se ejecutó una resolución que consistió en llevar a cabo el retorno asistido de la quejosa a su país de origen, por conducto del personal Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, por lo cual dejó de estar bajo el resguardo de las autoridades responsables. Por tanto, como la menor de edad dejó de estar bajo el resguardo de las autoridades que señaló como responsables, al momento en que fue entregada a personal del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, para la ejecución de su retorno asistido, esto motiva que exista una cesación de efectos respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad ambulatoria de ésta. Ahora bien, este órgano jurisdiccional en todo momento tuteló el interés superior de dicha menor, pues derivado de la suspensión de plano otorgada, durante su estancia en el Centro de Asistencia Social, contó con los cuidados necesarios, alimentación adecuada, asistencia médica y psicológica, recreación, así como asistencia consular. Además se destaca que, desde el momento en que la menor fue entrevistada por la actuaria de la adscripción, le manifestó que se encontraba en comunicación con el Cónsul de El Salvador por el trámite para que la retornaran a su País de origen. En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del invocado acto reclamado, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de acto que ha quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasiona agravio alguno a la quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. VIII. DECISIÓN Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa. Sobreseimientos que se decreta en términos de lo previsto en las fracciones IV y V del artículo 63 de la Ley de Amparo, conforme a lo expuesto en los apartados V y VI de este fallo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************en favor de La menor de edad de identidad reservada de iniciales ********************, por las consideraciones expuestas en los considerandos V y VII de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. De conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngase a ******************** representante especial de la menor de edad quejosa, realizando manifestaciones en vía de alegatos y anunciando como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presunciones en su doble aspecto. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el diecinueve de los corrientes le fue otorgada una licencia al Titular de este Juzgado en términos de lo previsto por los artículos 44, segundo párrafo, y 86, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el lapso comprendido en la data en que se actúa, la cual fue comunicada a través del oficio CCJ/ST/3476/2023 suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, como del estado que guardan los autos se desprende que la audiencia constitucional en este juicio de amparo está señalada para esta fecha; sin embargo, conforme a lo establecido por el normativo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho por licencia del Titular, carece de facultad para fallar este asunto, por lo que para evitar violar las normas que rigen al procedimiento constitucional en perjuicio de los sujetos que integran la relación jurídico procesal en este sumario, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración a las DOCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

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