Axel García Bonilla y Otros.

Expediente 493/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
493/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Axel García Bonilla
  • Axel García Bonilla y Otros.
  • Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual, inserta el auto de diecisiete de noviembre del año en curso, del que se advierte que el titular de dicho órgano jurisdiccional, aceptó la competencia planteada por este juzgado y se avocó al conocimiento del presente asunto. ARCHIVO. En tal virtud, con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. DESTINO DE EXPEDIENTE. En consecuencia, de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b)1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de junio de dos mil veintitrés, se indica que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de seis meses, pues se trata de un expediente en el que este Juzgado declinó la competencia para su resolución al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General, tampoco fue motivo de información reservada de alguna de solicitud de acceso a la información. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I2, y 93 del Acuerdo General invocado, y previo cercioramiento de que todas las constancias que integran este cuaderno de antecedentes estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el párrafo anterior, procédase a la destrucción de este asunto y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Se ordena estampar el sello de DESTRUIBLE en la carátula del presente cuaderno de antecedentes, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 344 del acuerdo en comento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de la Secretaria que autoriza, Lizzeth Guadalupe Ibarias Chang, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese al presente cuaderno de antecedentes, el sobre de cuenta, que devuelve el servicio de mensajería acelerada denominado Estafeta, con la leyenda "rechazado por destinatario", mismo que contiene el original del juicio de amparo 493/2023 y el oficio 23631/2023, de veintinueve diciembre de dos mil veintitrés ***, dirigido al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Atento a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones, reenvíese el oficio 23631/2023, con el expediente original del juicio de amparo 493/2023, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, a través del servicio de mensajería denominada Estafeta, para los efectos precisados en el referido oficio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de la Secretaria que autoriza, Lizzeth Guadalupe Ibarias Chang, con quien actúa y da fe, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento con el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada por ese Tribunal en sesión celebrada el trece de septiembre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja penal 167/2023, interpuesto por ****, de la que se advierte que al resolver el citado medio de impugnación declaró fundado el recurso de queja, y revocó el auto recurrido dictado el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo indirecto 493/2023, del índice de este Juzgado, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por los citados quejosos, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que detallan en su escrito de demanda de amparo. Conforme lo anterior, se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo vía interconexión, para lo cual se faculta al actuario de la adscripción a firmar electrónicamente el oficio que derive de la presente determinación e incorporar el acuse que se obtenga de dicho envío al expediente electrónico. Es oportuno asentar que en auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, este Juzgado se pronunció respecto a que del libelo de amparo por el que se ejerce la acción constitucional, no se desprende que se ubique en el caso de excepción previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, dado los actos reclamados señalados por los promoventes. Cabe señalar que, aun cuando se haga referencia al dispositivo en comento en la demanda, esto no implica estar frente a una desaparición forzada, privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, extradición, destierro, incomunicación, deportación, proscripción, deportación o expulsión, incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, que eximan el requisito de la firma electrónica, pues se trata del traslado de los quejosos de un centro penitenciario a otro, o de la reubicación de los promovente de dormitorio dentro del mismo centro en el que se encuentran internos. Circunstancia que tampoco se puede desprender del contenido de la demanda pues no tiene capítulo de hechos, aunado a que no señalan cuál es el acto que reclaman a la totalidad de los Jueces Federales de la República, para determinar si existe algún dato que haga suponer que se trata de alguno de los mencionados actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Incluso de lo que se puede desprender de la demanda el acto reclamado se fija en una cuestión administrativa que deriva del cambio de una celda a otra, circunstancia que no se encuentra prevista en los actos descritos por el 22 Constitucional ni el 15 de la Ley de Amparo. INCOMPETENCIA Por otra parte, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el trece de septiembre de dos mil veintitrés, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se arriba a la consideración de que no se surte la competencia legal por cuestión de territorio, a favor de este juzgado, atendiendo a la propia naturaleza jurídica de los actos reclamados, y que en el presente caso, los quejosos manifestaron, bajo protesta de decir verdad que se encuentran recluidos en la penitenciaria de la Ciudad de México. Esto es así, partiendo de las reglas fundamentales que en materia de competencia prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "(...)." Conforme al citado precepto legal, existen tres reglas fundamentales de competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda. 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, por regla general, son los actos ejecutivos los que determinan la competencia de los jueces de distrito, por lo que resulta necesario hacer algunas reflexiones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera, que es la fundamental, la competencia del juez de distrito se fija atendiendo al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución. Es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Debe recordarse que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva; por lo que, para determinar la competencia de un juez de distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Así, es el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de los jueces de Distrito. En el segundo supuesto, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, ante el juez de distrito en donde se presentó la demanda. Asimismo, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del juez de distrito es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda. Esta regla se aplica a actos absolutamente negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, se insiste, rigen las dos reglas precedentes. Además de lo anterior, resulta necesario señalar que cuando son señalados como autoridades responsables todos los Jueces de Distrito de la misma materia, de cierto ámbito territorial, debe atenderse, además de la cercanía a la especialización. Esto es, cuando se promueve un juicio de amparo contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un distrito, es competente el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o uno especializado, aun cuando resida en otro circuito. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia P./J.44/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 190008, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. (...). Además, los artículos Primero, fracción XXVII, Segundo, fracción XX y Cuarto, fracción XX, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, señalan: "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: (.) XX. VIGÉSIMO CIRCUITO: Estado de Chiapas. (.) XX. VIGÉSIMO CIRCUITO: 1. Cuatro tribunales colegiados con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2. Dos tribunales unitarios con sede en Tuxtla Gutiérrez. 3. Nueve juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas: dos especializados de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa; siete juzgados de Distrito mixtos: cinco con sede en Tuxtla Gutiérrez y dos con residencia en Tapachula. XX. VIGÉSIMO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa y los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acala, Aldama, Altamirano, Amatán, Amatenango del Valle, Angel Albino Corzo, Benemérito de las Américas, Berriozábal, Bochil, Catazajá, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Chilón, El Bosque, Francisco León, Huitiupán, Huixtán, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, Larrainzar, La Concordia, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Maravilla Tenajapa, Marqués de Comillas, Mitontic, Montecristo de Guerrero, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pantepec, Pichucalco, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago el Pinar, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Sunuapa, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón y Zinacantán. Los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán." En el presente caso, de la referida demanda de amparo se advierte que los actos que reclaman de las autoridades que señalan como responsables, tendrán ejecución en la Ciudad de México, pues los quejosos se encuentran reclusos en la penitenciaria de la Ciudad de México. Y dado que los impetrantes señalaron como responsables a todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto, Jueces de Distrito en Materias Administrativa y Civil de la Ciudad de México del Primero al Décimo Séptimo, Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, excepto los de Ciudad Obregón Sonora, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas; en consecuencia, este juzgado federal considera que le compete conocer de la presente demanda de amparo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, pues resulta ser el órgano jurisdiccional más cercano al lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, en virtud de que la parte quejosa no lo señaló como autoridad responsable. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J.6/2020 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022197, de título y contenido: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si es posible declarar fundado el impedimento presentado por el secretario encargado del despacho de un Juzgado de Distrito, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto en donde se reclaman actos emitidos por ese mismo órgano (dictados por otro titular). Criterio jurídico: Si bien el supuesto planteado técnicamente resulta ser un problema de incompetencia; sin embargo, por economía procesal es válido considerarlo como una causa de impedimento. Justificación: Conforme con la finalidad del juicio de amparo y a lo previsto en los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto por parte de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, se concluye que en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de que no se trate del mismo titular, se actualiza su incompetencia funcional para conocer del asunto. No obstante lo anterior, por economía procesal, cuando se plantea un impedimento por las mismas razones, es posible declararlo fundado, pues tanto la competencia como la figura del impedimento, de origen comparten el mismo fin, es decir, servir como un límite a la función jurisdiccional.". Sin que pase inadvertido que los accionantes de amparo no realicen una precisión adecuada de los actos reclamados, ni tampoco de las autoridades responsables; sin embargo, dicha cuestión podrá ser materia de aclaración, en su caso, por parte del juez de Distrito competente que se avoque al conocimiento del asunto. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para tal efecto, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de tales órganos jurisdiccionales, a través del servicio de mensajería denominado Estafeta, a fin de que asuma el conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al juez que corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación de la competencia y acusar el recibo correspondiente vía interconexión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Por otra parte, debe decirse el criterio que se cita en este proveído, que interpreta la Ley de Amparo abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponen a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que trata, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante el cual informa que en proveído de veinticinco de mayo del año en curso, ese Órgano Colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de dieciocho de abril del año en curso (fojas 06 a 11), dictado en el juicio de amparo en que se actúa; mismo que quedó registrado como recurso de queja *****; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 3,604 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano