Axel García Bonilla y Otros.

Expediente 490/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
490/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Axel García Bonilla y Otros.
  • Axel García Bonilla
  • Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el que devuelve parcialmente diligenciado al exhorto 276/2023, con número de orden 394/2023, del índice de este juzgado, que se envió para notificar a los quejosos ***, el auto de quince de noviembre del año en curso, y requerirlos si ratificaban o no la demanda de amparo. Dese de baja la presente comunicación oficial y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin que haya lugar acusar de recibo a la autoridad oficiante, toda vez que el mismo sistema lo genera. Ahora, de la diligencia de notificación personal de veintitrés de noviembre del año en curso, hecha por el Actuario adscrito al juzgado exhortado, a los directos quejosos se obtiene que sí ratificaron la demanda de amparo, a excepción de Luis Alberto Flores Mandujano, quien manifestó desistirse del juicio de amparo; asimismo, de la razón asentada en la misma fecha, por el citado diligenciario se advierte que el diverso inconforme Iván García Mijares Hernández, el veintiuno de octubre de este año, obtuvo su libertad al haber compurgado la pena de prisión impuesta, por lo que también tenemos de dichas diligencias que los directos quejosos se encuentran internados en la penitenciaría de la Ciudad de México, ubicada en la plaza Santa Martha Aclatitla, alcaldía Iztapalapa, lugar en que se están ejecutando los actos reclamados. INCOMPETENCIA Es oportuno asentar que en auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, este Juzgado se pronunció respecto a que del libelo de amparo por el que se ejerce la acción constitucional, no se desprende que se ubique en el caso de excepción previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, dado los actos reclamados señalados por los promoventes. Cabe señalar que, aun cuando se haga referencia al dispositivo en comento en la demanda, esto no implica estar frente a una desaparición forzada, privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, extradición, destierro, incomunicación, deportación, proscripción, deportación o expulsión, incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, que eximan el requisito de la firma electrónica, pues se trata del traslado de los quejosos de un centro penitenciario a otro, o de la reubicación de los quejosos de dormitorio dentro del mismo centro en el que se encuentran internos. Circunstancia que tampoco se puede desprender del contenido de la demanda pues no tiene capítulo de hechos, aunado a que no señalan cuál es el acto que reclaman a la totalidad de los jueces federales de la república, para determinar si existe algún dato que haga suponer que se trata de alguno de los mencionados actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Incluso de lo que se puede desprender de la demanda el acto reclamado se fija en una cuestión administrativa que deriva del cambio de una celda a otra, circunstancia que no se encuentra prevista en los actos descritos por el 22 Constitucional ni 15 de la Ley de Amparo. Así, se arriba a la consideración de que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por cuestión de territorio para continuar conociendo de la demanda, esto es así, atendiendo a la propia naturaleza jurídica de los actos reclamados, y que en el presente caso, los quejosos manifestaron, bajo protesta de decir verdad que se encuentran recluidos en la penitenciaria de la Ciudad de México, lo que se encuentra corroborado como se dijo con las diligencias practicadas el veintitrés de noviembre del año en curso por el Actuario adscrito al juzgado exhortado. En ese sentido, partiendo de las reglas fundamentales que en materia de competencia prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Conforme al citado precepto legal, existen tres reglas fundamentales de competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda. 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, por regla general, son los actos ejecutivos los que determinan la competencia de los jueces de distrito, por lo que resulta necesario hacer algunas reflexiones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera, que es la fundamental, la competencia del juez de distrito se fija atendiendo al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución. Es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Debe recordarse que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva; por lo que, para determinar la competencia de un juez de distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Así, es el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de los jueces de Distrito. En el segundo supuesto, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, ante el juez de distrito en donde se presentó la demanda. Además, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del juez de distrito es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda. Esta regla se aplica a actos absolutamente negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, se insiste, rigen las dos reglas precedentes. Además de lo anterior, resulta necesario señalar que cuando son señalados como autoridades responsables todos los Jueces de Distrito de la misma materia, de cierto ámbito territorial, debe atenderse, además de la cercanía a la especialización. Esto es, cuando se promueve un juicio de amparo contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un distrito, es competente el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia P./J.44/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 190008, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito. Además, los artículos Primero, fracción XXVII, y Segundo, fracción XX y Cuatro fracción XX, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, señalan: "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: (.) XX. VIGESIMO CIRCUITO: Estado de Chiapas. (.) XX. VIGESIMO CIRCUITO: 1. Cuatro tribunales colegiados con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2. Dos tribunales unitarios con sede en Tuxtla Gutiérrez. 3. Nueve juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas: dos especializados de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa; siete juzgados de Distrito mixtos: cinco con sede en Tuxtla Gutiérrez y dos con residencia en Tapachula. XX. VIGESIMO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa y los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acala, Aldama, Altamirano, Amatán, Amatenango del Valle, Angel Albino Corzo, Benemérito de las Américas, Berriozábal, Bochil, Catazajá, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Chilón, El Bosque, Francisco León, Huitiupán, Huixtán, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, Larrainzar, La Concordia, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Maravilla Tenajapa, Marqués de Comillas, Mitontic, Montecristo de Guerrero, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pantepec, Pichucalco, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago el Pinar, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Sunuapa, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón y Zinacantán. Los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. En el presente caso, de la referida demanda de amparo se advierte que los actos que reclaman de las autoridades que señalan como responsables, tendrán ejecución en la Ciudad de México, pues los quejosos se encuentran reclusos en la penitenciaría de la Ciudad de México, ubicada en ***. Y dado que los impetrantes señalaron como responsables a todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del primero al décimo sexto, Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México del primero al décimo séptimo, Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas; en consecuencia, este juzgado federal considera que le compete conocer de la presente demanda de amparo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, pues resulta ser el órgano jurisdiccional más cercano al lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, en virtud de que la parte quejosa no lo señaló como autoridad responsable. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J.6/2020 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022197, de título y contenido: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si es posible declarar fundado el impedimento presentado por el secretario encargado del despacho de un Juzgado de Distrito, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto en donde se reclaman actos emitidos por ese mismo órgano (dictados por otro titular). Criterio jurídico: Si bien el supuesto planteado técnicamente resulta ser un problema de incompetencia; sin embargo, por economía procesal es válido considerarlo como una causa de impedimento. Justificación: Conforme con la finalidad del juicio de amparo y a lo previsto en los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto por parte de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, se concluye que en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de que no se trate del mismo titular, se actualiza su incompetencia funcional para conocer del asunto. No obstante lo anterior, por economía procesal, cuando se plantea un impedimento por las mismas razones, es posible declararlo fundado, pues tanto la competencia como la figura del impedimento, de origen comparten el mismo fin, es decir, servir como un límite a la función jurisdiccional.". Sin que pase inadvertido que los accionantes de amparo no realicen una precisión adecuada de los actos reclamados, ni tampoco de las autoridades responsables; sin embargo, dicha cuestión podrá ser materia de aclaración, en su caso, por parte del juez de Distrito competente que se avoque al conocimiento del asunto. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para tal efecto, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de tales órganos jurisdiccionales, a través del servicio de mensajería denominado Estafeta, a fin de que asuma el conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al juez que corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación de la competencia y acusar el recibo correspondiente vía interconexión. Esta determinación tiene sustento en la ejecutorias 167/2023 y 178/2023 dictadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al resolver los recursos de queja interpuestos por los aquí quejosos en diversos juicios de amparo 489/2023 y 493/2023 del índice de este juzgado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Es menester precisar que la jurisprudencia citada, se atiende por considerar que no se opone a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza, Saturnino Palomeque Culebro, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido los presentes autos, con el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al que acompaña copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja penal 165/2023 de su índice, interpuesto por ****. Acúsese recibo vía interconexión, para lo cual se faculta al actuario de la adscripción a firmar electrónicamente el oficio que derive de la presente determinación e incorporar el acuse que se obtenga de dicho envío al expediente electrónico. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), Ahora, en virtud que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al resolver el citado medio de impugnación lo declaró fundado, revocó el auto dictado el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el presente juicio de amparo indirecto 490/2023, y ordenó se provea en torno a la ratificación de la demanda de amparo de que se trata por parte de los quejosos y en su caso, sobre su admisión o no, como en derecho proceda. En consecuencia, se acata la ejecutoria de mérito dictada por la superioridad, por lo tanto, con fundamento en los artículos 17 de la Constitución General de la República, 298, 300 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en obvio de mayores dilaciones se ordena girar atento exhorto vía juicio en línea al JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional se sirva comisionar a quien corresponda, y; Se sirva comisionar a quien corresponda, se constituya a la Penitenciaria de la Ciudad de México, y notifique personalmente a los quejosos ***, el contenido íntegro del presente proveído, y en el acto de la notificación, con copia de la demanda de amparo, los requiera para manifiesten si es su voluntad o no ratificar la demanda de amparo promovida vía juicio en línea, la cual carece de firma electrónica y autógrafa. Asimismo, los aperciba para que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por no presentada en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al funcionario judicial que realice la diligencia; hecho lo anterior, deberá devolver a la brevedad la comunicación oficial de referencia por la misma vía junto con las actuaciones que practique; hecho que sea, se proveerá lo procedente. En atención a lo ordenado en párrafos que anteceden, se ordena crear el expediente correspondiente y registrar en el Libro de control electrónico designado para tal efecto para su diligenciación. Notifíquese y por exhorto a los directos quejosos. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza, Saturnino Palomeque Culebro, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta de mayo de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese al cuaderno de antecedentes el oficio firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual, informa que admitió el recurso de queja interpuesto por 1Carlos Alberto Angelino Barrón por sí y como representante común de los diversos quejosos 2Edwin Daniel Guerra Córdova, 3 Iván García Mijares Hernández, 4Erick Adrián Rosas Gamiño, 5Luis Gabriel Jop Corzo, 6Axel García Bonilla, 7José Othón Ramiro Hernández Lima, 8José Antonio Contreras Chávez, 9Enrique Mejía Bello, 10Enrique Alvarado Saucillo, 11Eduardo Flores Castro, 12Luis Alberto Flores Maldonado, 13Luis Fernando Martínez Reyes, 14Cristian Eduardo Nava Verde, 15Juan Carlos Cárcamo Cano, 16Alejandro Díaz Madrid y 17Hugo Melchor Nieto, en contra del auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, el cual quedó registrado con el número de recurso de queja 165/2023 de su índice. Asimismo, acusa recibo del oficio con el que se le remitió el expediente original del que deriva este cuaderno, para la substanciación del medio de impugnación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario Saturnino Palomeque Culebro, con quien actúa y da fe, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto 105/2023, orden 154/2023, que se le envió a efecto de notificar al representante común de la parte quejosa Carlos Alberto Angelino Barrón, el proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés. (...) Por otra parte, vistos la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que obran las constancias de notificación del proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés (fojas 30 a 33), que tuvo por interpuesto el recurso de queja hecho valer por el inconforme Carlos Alberto Angelino Barrón, representante común de los quejosos, contra el proveído de diecisiete de abril del año en curso (fojas 06 a 15), en el que se desechó por improcedente la demanda de amparo; consecuentemente, como está ordenado en proveído de nueve de mayo del año en curso (fojas 45 a 49), remítase el original del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en turno, para la sustanciación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. 2. SE RINDE INFORME. De conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe en el sentido de que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. (...) Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Doris Yadira Ponce Figueroa, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del secretario, Saturnino Palomeque Culebro, con quien actúa y da fe, quien certifica que la promoción que dio origen a este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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