Avimael Cazales Gonzalez
Expediente 1334/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1334/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Avimael Cazales Gonzalez
- Nancy Alejandra Castro Gomez
- AVIMAEL CAZALES GONZALEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido, con fundamento en el punto 7.4 del Manual para la Organización de Archivos Judiciales Bajo el Resguardo del Consejo de la Judicatura Federal y artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, pero se concedió la suspensión de plano, no es de relevancia documental, y es susceptible de depuración cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, en términos de lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, procede integrar el presente proveído al expediente físico, por resultar indispensable para el impulso del asunto. Notifíquese por lista al quejoso; y por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.A
- Principal
S E N T E N C I A V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 1334/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Nancy Alejandra Castro Gómez, a favor de ***; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, mediante Buzón Judicial y turnado al día siguiente hábil por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla a este juzgado de Distrito, Nancy Alejandra Castro Gómez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, a favor de ***, contra los actos del 1. Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Puebla y 2. Fiscal General del Estado de Puebla, precisados en la demanda de amparo. La parte promovente narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación y concesión de la suspensión de plano. Por acuerdo dictado el nueve de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, entre otras cuestiones, registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 1334/2022; concedió la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos consistentes en desaparición forzada y tortura, de los que la promovente señaló que era víctima el directo quejoso ***; y se dio vista al Ministerio Público con los posibles actos de tortura. Por autos de diez, trece y catorce de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a las autoridades responsables informando el acatamiento de la suspensión de plano. Tercero. Ratificación y trámite del juicio. Mediante auto de diez de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional proveyó lo conducente a la razón actuarial de nueve de diciembre de dos mil veintidós, a través de la cual, además de otros asuntos, el directo quejoso ratificó la demanda de amparo promovida en su favor por Nancy Alejandra Castro Gómez; esto es, admitió la demanda de amparo; se dio la intervención que le corresponde al Ministerio Público Federal de la adscripción, y, se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que refiriera si era su deseo señalar como autoridad responsable a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, Gisela Mateo Roque, al ser ella quien integró la investigación iniciada en su contra; apercibida que de no hacerlo se tendría únicamente como autoridades responsables las que señaló en la demanda y sobre esa base se tramitaría y resolvería el presente sumario constitucional; por lo que, al no desahogar la vista en el plazo concedido, mediante proveído de dieciséis de enero del año en curso, se declaró precluido su derecho para ampliar la demanda en dichos términos. Cuarto. Cita para audiencia. En acuerdo de tres de enero de dos mil veintitrés, se señalaron las once horas con dos minutos del treinta de enero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades ordenadoras de esa materia, con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el directo quejoso ***reclama al 1. Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Puebla y al 2. Fiscal General del Estado de Puebla, la desaparición forzada de la que aduce fue objeto. Es así, pues si bien la parte promovente también señaló como acto reclamado "la violación del artículo 22 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos"; lo cierto es que el incumplimiento de un precepto constitucional no constituye en sí un acto atribuible a una autoridad, sino lo es la actuación a través de la cual cometió la transgresión, que es, en este caso, la desaparición forzada; por tanto, esta violación debe ser considerada como parte de los conceptos de violación. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, las autoridades responsables 1. Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Puebla y el 2. Fiscal General del Estado de Puebla, negaron la existencia del acto que se les reclama, como se desprende de sus informes con justificación; con los que se le dio vista al quejoso por autos de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés. Sin que sea suficiente la simple negativa de estas autoridades para declarar por inexistente el acto reclamado; pues tratándose de actos como el aquí reclamado -desaparición forzada- esta autoridad jurisdiccional federal debe investigar sobre su existencia allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar esto; en el entendido de que la carga de la prueba recae en las autoridades responsables, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su existencia para descartar los actos. En relación con lo anterior se cita el siguiente criterio: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA CARGA DE LA PRUEBA DE ACREDITAR SU INEXISTENCIA CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. De la interpretación del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se concluye que tratándose de la referida violación de derechos humanos, cuando se demuestra que la detención de la víctima se efectuó por agentes estatales, la carga de la prueba de que no está desaparecida corresponde a la autoridad; por tanto, es inexacto que a las víctimas directa e indirectas, con el carácter de quejosos, se les pida que desvirtúen la negativa de las autoridades responsables, sino que corresponde a estas últimas al rendir su informe respectivo demostrar o justificar que revelaron la suerte o paradero de la persona interesada, para evidenciar que siempre estuvo comunicada y nunca desaparecida. Lo anterior, acorde con lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los párrafos 139, 140 y 166 de la sentencia de 23 de noviembre de 2009 del Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) en donde estableció que la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es aquél quien tiene el control de los medios para aclarar los hechos ocurridos. Asimismo, constata dicha premisa, la circunstancia de que el mencionado tribunal interamericano ha considerado que la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos y, finalmente, en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXI/2015 (10a.), de título y subtítulo: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO.", ha determinado que la carga de la prueba de, entre otros actos, los tratos crueles e inhumanos, recae en el Estado, por lo que es ilegal que se argumente que el quejoso no probó plenamente ese acto para descartarla. Es por ello que, este juzgado reunió copia de diversas actuaciones derivadas de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/FLAGRANCIA-A7022332/2022, del índice de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, Gisela Mateo Roque, iniciada en contra del aquí quejoso, por la probable comisión del delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro de los narcóticos denominados marihuana y cristal, en perjuicio de la sociedad. Constancias que, por tratarse de documentales públicas, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las que se advierte lo siguiente: - Que el quejoso *** no fue objeto de desaparición forzada, pues en realidad fue detenido en flagrancia a las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos del ocho de diciembre de dos mil veintidós, por elementos policiacos (foja 34 vuelta), quienes lo pusieron a disposición de la representación social a las diecinueve horas con veinte minutos, del mismo día, quien, entre otras cosas, calificó de legal la detención y se decretó la retención del detenido por cuarenta y ocho horas (foja 35), y se inició la indagatoria antes mencionada y a las veinte horas con cincuenta minutos de la misma data, le asignó como defensor particular al abogado que el quejoso nombró y en ese momento tuvo comunicación con el mismo (fojas 36 vuelta y 37). Además, en la diligencia que practicó la actuaria judicial federal adscrita a este órgano de amparo (fojas 12 y 13), dio fe de que: - A las quince horas con treinta minutos del nueve de diciembre de dos mil veintidós, el quejoso ***le manifestó que a la una de la madrugada había tenido comunicación con su hermano Miguel Ángel Cazalez González. Por tanto, previas las gestiones de investigación realizadas por este órgano constitucional, se advierte que las autoridades responsables no practicaron el acto señalado como desaparición forzada sobre el aquí impetrante de amparo. Ello es así, pues de acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la desaparición forzada se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Lo que en el caso no ocurrió, pues como se vio, después de que agentes policiacos detuvieran al quejoso en flagrancia, lo pusieron a disposición del Ministerio Público, quien inició una carpeta de investigación y le asignó al impetrante de amparo el defensor particular que solicitó, y tuvo comunicación con dicho abogado y con su hermano Miguel Ángel Cazalez González. Además, mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintidós, el quejoso *** comunicó bajo protesta de decir verdad a esta autoridad que el doce de diciembre del año pasado, obtuvo su libertad, al haberse calificado de ilegal la detención practicada por los elementos policiales estatales (foja 48). Consecuentemente, al no existir los actos reclamados a las autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 63, fracción IV, 65, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Nancy Alejandra Castro Gómez, a favor de ***, contra los actos consistentes en desaparición forzada y tortura, reclamados a las autoridades responsables 1. Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Puebla y 2. Fiscal General del Estado de Puebla, al quedar comprobada su inexistencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; electrónicamente a la autoridad responsable 1. Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Puebla; y, por oficio a la autoridad responsable 2. Fiscal General del Estado de Puebla y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial, se advierte que el término de quince días para que la parte quejosa ampliara su demanda de amparo otorgado en auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, para que refiriera si era su deseo señalar como autoridad responsable a ********************Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, transcurrió del veintiséis de diciembre de dos mil veintidós al trece de enero de dos mil veintitrés, toda vez que dicho auto se le notificó por lista -previo citatorio- el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, previo descuento de los días sábado y domingo, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se tiene por perdido el derecho que tiene la parte quejosa otorgado en auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, para ampliar su escrito inicial de demanda. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de enero de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Visto, agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por conducto de su representante, con el que da cuenta la secretaria y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. DOMICILIO, CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMEROS TELEFÓNICOS Por otro lado, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la autoridad responsable a las personas que señala, así como el domicilio que proporciona, así como los correos y números telefónicos para entablar comunicación. MEDIOS ELECTRÓNICOS Ahora, atendiendo a que la autoridad responsable citada solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." NOTIFICACIONES Y ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, en virtud que la multicitada autoridad 1. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a través de quien legalmente lo representa, solicitó que las notificaciones de las resoluciones judiciales que deriven de este expediente, se le realicen de forma electrónica, así como la consulta del mismo vía electrónica; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del ya mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que el usuario "MrMorales" a nombre de Enrique Morales Hernández, se encuentra vigente, se le concede el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se ordena que las notificaciones de las resoluciones judiciales se realicen vía electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Signifíquese a la autoridad responsable 6. Secretario de Seguridad Pública, a través de quien legalmente lo representa, que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. Notifíquese electrónicamente a la autoridad responsable 1. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a través de quien legalmente lo representa; por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" adscrito; y, por lista a las demás partes.
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