AURORA ISLAS JUAREZ y Otros.
Expediente 1059/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1059/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 19/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Aurora Islas Juarez
- AURORA ISLAS JUAREZ y Otros.
- Graciela Miron Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, devuélvase el disco versátil digital, exhibido por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla (Javier Vázquez Fernández); requiriéndolo para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Civil y Penal de Tecamachalco, Puebla, por medio del cual, atento a lo requerido en la interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, devuelve sin diligenciar el despacho 762/2017 deducido del presente asunto, ya que las quejosas ********************y ********************, ya no se encuentran recluidas en el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a dichas quejosas el presente proveído junto con la interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, así como las subsecuentes notificaciones por medio de lista de acuerdos. Atento a lo anterior, dese de baja el despacho 7622/2017 del índice de este juzgado en el libro de gobierno. LA INTERLOCUTORIA DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1059/2017-E, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por AURORA ISLAS JUÁREZ Y GRACIELA MIRÓN LÓPEZ; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por AURORA ISLAS JUÁREZ Y GRACIELA MIRÓN LÓPEZ, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual después de reservarse, sus dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo vigente, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: A la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla, el no pronunciarse respecto a la petición de revisión de la medida cautelar impuesta a las quejosas (privación de su libertad), con posterioridad al haber dictado a su favor auto de no vinculación a proceso respecto al delito de homicidio, y auto de vinculación a proceso respecto a los diversos delitos de posesión de arma de fuego sin licencia de uso exclusivo del ejército y fuerza aérea, posesión de cartuchos útiles para armas de fuego uso exclusivo del ejército y fuerza aérea, y cohecho (delitos que no imponen prisión preventiva oficiosa), después de que dicho juez declinó competencia a un Juez de Control Federal; y, como consecuencia, la privación de la libertad de las quejosas. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Previo Foja 1 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla (Javier Vázquez Fernández) Negó, pero del contenido del informe se advierte su existencia 50 a 53 2 2. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Joanna Karina Perea Cano) Negó 29 3 3. Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con el carácter de Juez de Control (Marcela Elizabhet García Cante) Negó 30 4 4. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control (Antonio Trujillo Ruiz) Negó 34 5 5. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en carácter de Juez de Control (Luis Eduardo Jiménez Martínez) Negó 35 6 6. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Josué Osvaldo Garduño Sánchez) Negó 36 7 7. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Francisco Rubén Martínez Iñiguez) Negó 31 8 9. Delegado en el Estado de Puebla de la Procuraduría General de la República Negó 32 CUARTO. Las citadas autoridades responsables 2. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Joanna Karina Perea Cano), 3. Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con el carácter de Juez de Control (Marcela Elizabhet García Cante), 4. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control (Antonio Trujillo Ruiz), 5. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en carácter de Juez de Control (Luis Eduardo Jiménez Martínez), 6. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Josué Osvaldo Garduño Sánchez), 7. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Francisco Rubén Martínez Iñiguez), y 9. Delegado en el Estado de Puebla de la Procuraduría General de la República, al rendir su respectivo informe previo, negaron la existencia de los actos que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En el mismo sentido debe considerarse respecto de la autoridad 8. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana Unidad de Investigación Especializada en Homicidios, no obstante que no obre en autos su informe previo, toda vez que dicha autoridad en su calidad de ejecutora se encuentra imposibilitada para ejecutar cualquier mandato, pues su existencia ha sido negada por las autoridades responsables ordenadoras indicadas, lo anterior sólo para el efecto de la suspensión. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo vigente, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución del acto reclamado. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. QUINTO. La diversa autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla (Javier Vázquez Fernández), al rendir su informe previo, negó la existencia de los actos que se les reclaman, sin embargo, del contenido de su informe se advierte la existencia de dichos actos; en ese tenor, se provee sobre la suspensión definitiva en los siguientes términos: Atento a la naturaleza del acto reclamado (el no pronunciarse respecto a la petición de revisión de la medida cautelar impuesta a las quejosas), debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Por tanto, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como ocurre con el acto reclamado precisado; pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de acto, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, lo que no ocurre en el caso, pues el acto reclamado por la parte quejosa es un acto negativo traducido en una omisión, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender". SEXTO. Ahora bien, toda vez que las quejosas se encuentran recluidas en el Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, Puebla, con fundamento en el artículo 166, fracción I, de la Ley de amparo vigente, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado (privación de su libertad con motivo de la medida cautelar impuesta), para el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado de Distrito únicamente por lo que respecta a su libertad personal (en el lugar en que se encuentra recluida) y a disposición del Juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento, esto hasta que se encuentre firme la sentencia que se pronuncie en los autos del juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. Concesión que se hace extensiva respecto a la autoridad ejecutora 10. Director del Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, Puebla, no obstante no obre en autos su informe previo, pues las quejosas se encuentran internas en dicho Centro de Reinserción, sólo para el efecto de la suspensión. SÉPTIMO. Finalmente, toda vez que las quejosas se encuentran internas en el Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, Puebla, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, Puebla; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a las aquí quejosas Aurora Islas Juárez y Graciela Mirón López, y se cerciore de su identidad; Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente - incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1059/2017-E-; Notifique a la parte quejosa la presente resolución; Les corra traslado con copia autorizada de la presente resolución; y, Asiente razón en el sentido de si las quejosas quisieron o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por AURORA ISLAS JUÁREZ Y GRACIELA MIRÓN LÓPEZ, en términos de los considerandos cuarto y quinto de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por AURORA ISLAS JUÁREZ Y GRACIELA MIRÓN LÓPEZ, en términos del considerando sexto de esta interlocutoria."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Civil y Penal de Tecamachalco, Puebla, por medio del cual, atento a lo requerido en la sentencia de treinta de octubre de dos mil diecisiete, devuelve sin diligenciar el despacho 802/2017 deducido del presente asunto, ya que las quejosas Aurora Islas Juárez y Graciela Mirón López, ya no se encuentran recluidas en el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a dichas quejosas el presente proveído junto con la sentencia de treinta de octubre de dos mil diecisiete, así como las subsecuentes notificaciones por medio de lista de acuerdos. Atento a lo anterior, dese de baja el despacho 802/2017 del índice de este juzgado en el libro de gobierno. LA SENTENCIA DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EN LO CONDUCENTE DICE: "R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******* y *******, contra los actos reclamados a las autoridades 1. Juez de Control de la Región Judicial con sede en Tecamachalco, Puebla (Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez), 2. Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal (Joanna Karina Perea Cano), 3. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio (Marcela Elizabeth García Cante), 4. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio (Antonio Trujillo Ruiz), 5. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio (Luis Eduardo Jiménez Martínez), 6. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio (Josué Osvaldo Garduño Sánchez), 7. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio (Francisco Rubén Martínez Iñiguez), 8. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana Unidad de Investigación Especializada en Homicidios, 9. Delegado en Puebla de la Procuraduría General de la República y 10. Director del Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, Puebla, en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que aún no obra el despacho 802/2017 (número de orden 966/2017), que se giró el treinta de octubre de dos mil diecisiete, al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, a fin de notificar la sentencia dictada en dicha fecha a las aquí quejosas ********************y******************** en el lugar en donde se encuentran recluidas, esto es, en el Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, Puebla. En ese contexto, requiérase al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, remita a este órgano jurisdiccional el despacho 802/2017 (número de orden 966/2017), que se giró el treinta de octubre de dos mil diecisiete. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a este requerimiento, se hará efectiva la multa con la cual se le conminó el treinta de octubre del año en curso.
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