Avelina Benitez Delgado

Expediente 1170/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1170/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
04/09/2023

Partes del expediente

  • Avelina Benitez Delgado
  • Francisca Benítez Delgado
  • Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee. Intégrese a los autos el oficio signado por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, en atención a su contenido, dígasele que con fecha cuatro de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria el presente asunto, se ordenó su archivo definitivo y se ordenó la devolución de las constancias que las autoridades remitieron con su informe justificado. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha en que se actúa no obra el acuse de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables, con la finalidad de notificarles el auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós. Se reexpiden oficios. En tales condiciones, se ordena reexpedir los oficios de mérito a fin de que sus destinatarios queden enterados de su contenido. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito de Rafael Sánchez Guerra apoderado de la moral tercera interesada "Servicios Administrativos y Contables Marc", S. A. de C. V., y como lo pide, hágasele la devolución de los documentos que indica, previa copia certificada de los mismos que se deje en autos, dado que el veintidós de febrero pasado, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio. 1.2. Trámite de entrega. A efecto de materializar la entrega de los documentos, con fundamento en el artículo 3o, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID 19, requiérase al promovente para que se ponga en contacto con la licenciada Karla del Rosario Herrera Bacab, secretaria encargada del trámite de este asunto, al número telefónico oficio 4433226960, extensiones, 1161 y 1162 a fin de coordinarse para tal efecto; asimismo, para que, una vez ocurrido lo anterior, agende cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y genere el código QR a su nombre, debiendo confirmar, la autorización y QR brindados. Se precisa que en la hora y fecha que se le programe deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que pueda ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para la recepción de los documentos a devolver. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab, quien da fe. Xitlali I1170/2021 OFICIO(S) Xitlali

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA TERCERA INTERESADA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTTRABLES MARC, S.A. DE C.V., la siguiente sentencia: VISTOS, para resolver, el juicio de amparo indirecto 1170/2021, promovido por Avelina Benítez Delgado, por alegada violación de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al juez tercero de Primera Instancia en materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo y otra autoridad; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. Lo anterior, al tenor de las siguientes, CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama en su calidad de tercera extraña a juicio los actos de las siguientes autoridades: Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo. La resolución de veintiséis de febrero de dos mi veintiuno, emitida en el toca civil I-2/2021, mediante la cual declara procedente la acción reivindicatoria planteada en la vía de reconvención dentro del juicio ordinario civil 1022/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia también señalado como responsable. Juez tercero de Primera Instancia en materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo. La falta de llamamiento al juicio ordinario civil 1022/2018, que sobre prescripción positiva y otras prestaciones, promovió Francisca Benítez Delgado, frente a Servicios Administrativos y Contables Marc, Sociedad Anónima de Capital Variable. Todo lo actuado en el referido juicio ordinario. El proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual ordena la ejecución forzosa de la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno atribuida a la magistrada responsable, mediante el cual ordena que se le destituya de la posesión del lote cinco, manzana dieciocho, inmueble nueve, ubicado en calle Revilla de Camargo, número noventa y ocho, colonia Fray Antonio de San Miguel Iglesias, Morelia, Michoacán de Ocampo. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actos cuya ejecución debe tener verificativo en Morelia, Michoacán, territorio en que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. La magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, al rendir su informe justificado negó la existencia de la resolución de veintiséis de febrero de dos mi veintiuno, emitida en el toca civil 2/2021, mediante la cual declara procedente la acción reivindicatoria planteada en la vía de reconvención dentro del juicio ordinario civil 1022/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo. Refirió además que en el toca 2/2021, de su índice, se dictó resolución el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno y correspondía a distintas partes de las referidas en la demanda de amparo, esto es, dicho cuaderno se originó en virtud del recurso de apelación interpuesto por Emilia Castillo González, contra la sentencia definitiva dictada en el juicio sumario civil 288/2019, que sobre acción real hipotecaria y pago de pesos promovió la moral Caja Solidaria Epitacio Huerta, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado frente a J. Jesús López Ramírez y otros, en la cual condenó a los demandados a pagar a la moral actora la cantidad de dinero reclamada como importe del capital que constituye el contrato de mutuo de origen, sus intereses, así como pago de gastos y costas. Lo cual se corrobora con las copias certificadas del referido toca civil 2/2021, que en apoyo a su informe justificado remitió la magistrada responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; de las que destaca la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, que apoya su negativa. Máxime que, de las constancias originales del juicio ordinario civil 1022/2018, remitidas por el juez tercero responsable, se desprende la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, de la cual se dolió la quejosa, fue dictada por el magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, no así por la magistrada señalada como responsable; actuaciones que al ser constancias auténticas, adquieren valor probatorio pleno acorde a los artículos 129, 130, 197 y 202 del referido supletorio Código adjetivo Civil Federal. No obstante lo anterior, en proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa por el término de quince días, a fin de que manifestara si deseaba ampliar su demanda respecto de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo y de ser el caso, indicara el acto reclamado a dicha autoridad. Sin que hiciera uso de dicho derecho, contrario a ello, mediante escrito recibido en este órgano judicial el diez de febrero del año en curso, la quejosa reiteró señalar como responsable a la referida magistrada de la Segunda Sala en Materia Civil. En esa medida, toda vez que la parte impetrante no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar lo contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, respecto del acto reclamado a la autoridad aquí precisada. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El juez tercero de Primera Instancia en materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo, al rendir su informe justificado aceptó la certeza de los actos reclamados, lo que se corrobora con los autos originales del juicio ordinario civil 1022/2018, que fue valorado en el considerando que antecede. QUINTO. Causales de improcedencia. Conforme al artículo 62 de la Ley de amparo, de oficio se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que la quejosa no justificó su interés jurídico. Acorde a los citados preceptos, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de éstos; sin embargo, cuando se reclama un acto proveniente de autoridades judiciales, administrativas, agrarias o del trabajo, el agraviado debe justificar que es titular de un derecho subjetivo que se ve afectado de manera personal y directa con tal acto. De ahí que, para que sea procedente el juicio de amparo no basta que la parte quejosa funde sus pretensiones en un simple interés, pues se requiere que acredite la titularidad de un derecho subjetivo que se vea afectado con el acto que en la vía constitucional reclama. La afectación a dicho derecho subjetivo debe comprobarse de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Entonces, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, de forma genérica, se debe demostrar lo siguiente: La existencia de un derecho legítimamente tutelado, respecto del cual el gobernado sea titular; y La transgresión de dicho derecho por los actos de autoridad tildados de inconstitucionales, lo cual faculta a aquel para solicitar la protección constitucional en su contra. En efecto, la quejosa reclama: La falta de llamamiento al juicio ordinario civil 1022/2018, que sobre prescripción positiva y otras prestaciones, promovió Francisca Benítez Delgado, frente a Servicios Administrativos y Contables Marc, Sociedad Anónima de Capital Variable. Todo lo actuado en el referido juicio ordinario. El proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual ordena la ejecución forzosa de la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno atribuida a la magistrada responsable, mediante el cual ordena que se le destituya de la posesión del lote cinco, manzana dieciocho, inmueble nueve, ubicado en calle Revilla de Camargo, número noventa y ocho, colonia Fray Antonio de San Miguel Iglesias, Morelia, Michoacán de Ocampo. Para acreditar su interés jurídico, la impetrante en sus antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad manifestó que el veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, celebró un contrato de compra vente en conjunto con Francisca Benítez Delgado, donde la empresa "Morelia Valladolid, 450 Sociedad Anónima de Capital Variable", les vendió un inmueble ubicado en la casa tres, marcada con el número quinientos treinta y cinco, construida en los lotes uno y dos, de la manzana dieciocho, de la calle Jacarandas, del conjunto habitacional en condominio Ocolusen I, actualmente, colonia Fray Antonio de San Miguel, en Morelia, Michoacán. Que al oeste de dicho inmueble existía un lote baldío que les interesó a la quejosa y a su hermana Francisca Benítez Delgado, por lo que comentaron con los representantes de la citada empresa "Morelia Valladolid", quienes les indicaron que lo circularan y con posterioridad formalizarían la escritura, que el diez de diciembre de dos mil, circularon el inmueble con malla ciclónica, por lo que desde entonces, ambas han mantenido la posesión del predio de manera pública, continua, pacífica, ininterrumpida y en calidad de dueñas. Las que hacen prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el cual establece que los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio. Sin embargo, dichas manifestaciones son insuficientes para acreditar el primer elemento, que es la existencia de un derecho legítimamente tutelado respecto del lote cinco, manzana dieciocho, inmueble nueve, ubicado en calle Revilla de Camargo, número noventa y ocho, colonia Fray Antonio de San Miguel Iglesias, Morelia, Michoacán de Ocampo, pues en sus manifestaciones rendidas bajo protesta de decir verdad, no refiere que dicho inmueble es el que circuló con malla ciclónica y detenta la posesión en la forma que refiere, en conjunto con Francisca Benítez. No obstante lo anterior, dichas manifestaciones no acreditan el derecho subjetivo del cual la gobernada sea titular, pues ello debe fundarse en un justo título que ampare su derecho real de propiedad o algún contrato de fecha cierta que acredite su prerrogativa a usar y disfrutar dicho bien. Pues, la anterior manifestación en todo caso debió adminicularse con pruebas que corroboren que la quejosa tiene un derecho real el cual fue conculcado en un procedimiento del cual no es parte, siempre y cuando no sean actos en sí mismos violatorios de derechos humanos y garantías a que hace referencia la Ley de Amparo (hipótesis que no acontece), pues reclama violaciones procesales consistentes en falta de llamamiento a procedimiento, todo lo actuado en el mismo, así como la orden de lanzamiento del inmueble controvertido. Es por ello que no se acreditó el interés jurídico de la quejosa para solicitar el amparo y por tanto, el derecho subjetivo para que se ejerza la función jurisdiccional federal para dar respuesta de fondo al reclamo de justicia que pretende, siendo uno de los presupuestos que debe verificarse fehacientemente para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior tiene fundamento en la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, de epígrafe y contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." En virtud de lo expuesto, toda vez que la parte quejosa no demostró su interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, se decreta el sobreseimiento en el juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Así pues, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues al actualizarse dicha causa de improcedencia y decretarse el sobreseimiento del juicio, impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Finalmente, no pasa inadvertido el alegato formulado por el tercero interesado Servicios Administrativos y Contables Marc, Sociedad Anónima de Capital Variable; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Avelina Benítez Delgado, contra los actos que reclamó al juez tercero de Primera Instancia en materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán de Ocampo y magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con veintisiete minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, juez cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo, en el juicio de amparo 1170/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Así pues, la secretaria da cuenta con un oficio que se recibió en la Oficialía de Partes, mismo que se registró con el folio 2740; a lo que el juez acuerda, téngase por rendido el alegato ofertado por la moral tercera interesada. Enseguida, la secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al juez con la demanda de amparo, admisión, e informes justificados rendidos; el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el juez declara abierto el período probatorio y la secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por las partes; sobre el particular el juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas ofertadas y se cierra esta fase al no haber prueba pendiente por desahogar. Finalmente, el juez abre el período de alegatos y la secretaria da cuenta con el formulado por los apoderados de la persona moral tercera interesada "Servicios Administrativos y Contables Marc, S.A. de C.V."; a lo que el juez acuerda: ténganse por rendido el alegato de cuenta y por perdido el derecho de las demás partes a formularlos, se decreta el cierre de esta etapa y se procede a dictar la siguiente: El juez Sergio Santamaría Chamú La secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo 1170/2021 OFICIO(S) 4377 y 4378

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