Austreberta Alcazar Gamiño o Austreberta Alcaraz Gamiño

Expediente 1122/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1122/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Austreberta Alcazar Gamiño o Austreberta Alcaraz Gamiño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 24 a 27), en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá DESTRUIRSE; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda, en virtud a no haberse aperturado el incidente respectivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    ? Informe justificado. Visto el comunicado signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado y remite copia certificada de los autos del juicio laboral número 189/2018, entre otras constancias contiene la radicación de ocho de noviembre del presente año, cuya omisión constituye la materia de reclamo en esta instancia constitucional, atento a ello, se provee lo siguiente: Efectivamente, del análisis integral de la demanda y de las constancias que obran en autos se advierte que lo que reclama la quejosa es la omisión de radicar la demanda laboral presentada el nueve de abril de dos mil dieciocho. Por lo que atendiendo al acto reclamado y a las constancias exhibidas por la autoridad responsable como justificación a su informe, este juzgador estima que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por tanto, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Ahora, para una mayor comprensión del asunto se relatan los siguientes antecedentes: 1. El ocho de abril de dos mil dieciocho, la parte actora del juicio de origen -aquí quejosa- presentó su escrito de demanda contra la Secretaría de Educación en el Estado, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (foja 17 a 19). 2. El dos de agosto de dos mil dieciocho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, acordó el escrito de demanda presentado por la parte quejosa mediante el cual la previno para que en un plazo de tres días proporcionara las claves presupuestales que cubrió durante el tiempo que laboró, además de señalar el salario que percibía, ello para estar en condiciones de emitir el laudo respectivo (foja 20). 3. El veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se le notificó dicho auto que contenía la prevención realizada a la quejosa (foja 21). 4. El veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, la quejosa presentó su escrito aclaratorio, a fin de dar cumplimiento al requerimiento de dos de agosto de dos mil dieciocho (se advierte de la foja 22). 5. El ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, dictó un acuerdo mediante el cual tuvo por recibida y radicada la demanda de la quejosa, además ordenó notificar y emplazar a la parte demandada (foja 22 y 23). Documentales a las que se les otorga eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al ser de naturaleza pública por haberse expedido por autoridad competente. Expuesto lo anterior, de las constancias aportadas al presente juicio por la autoridad responsable se aprecia que si bien ésta previno a la parte quejosa el dos de agosto de dos mil dieciocho y le notificó dicho requerimiento hasta el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, también lo es que ya radicó el escrito presentado por la parte quejosa el nueve de abril de dos mil dieciocho en el juicio laboral 189/2018, lo que ocurrió el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -ocho de octubre de dos mil diecinueve- por lo que se estima que ha cesado sus efectos el acto reclamado por esta vía constitucional. De esta forma, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al acabar su actuación u omisión, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de dichos efectos; la que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido a la quejosa en el goce del derecho violado. En esas condiciones, se advierte que la causal de improcedencia que se estudia, se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuyo fin es la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho consustancial violado, restableciendo las cosas que guardaban antes de la vulneración, cuando la actuación reclamada sea de carácter positivo; y cuando sea de naturaleza negativa, obligar a la autoridad responsable que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y, a cumplir, por su parte, lo que la disposición constitucional o tratado internacional exija. Lo que se logra al cesar los efectos del acto reclamado, ya que se deja insubsistente éste y también todos sus efectos, los cuales han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional. De modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio promovido por Austreberta Alcázar Gamiño; por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas, así como la citación para la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con diez minutos del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal sentido, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia citada, procede decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, acorde con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Hágase del conocimiento lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar y las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: AUSTREBERTA ALCAZAR GAMIÑO O AUSTREBERTA ALCARAZ GAMIÑO. Informe justificado. Visto el comunicado signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado y remite copia certificada de los autos del juicio laboral número 189/2018, entre otras constancias contiene la radicación de ocho de noviembre del presente año, cuya omisión constituye la materia de reclamo en esta instancia constitucional, atento a ello, se provee lo siguiente: Efectivamente, del análisis integral de la demanda y de las constancias que obran en autos se advierte que lo que reclama la quejosa es la omisión de radicar la demanda laboral presentada el nueve de abril de dos mil dieciocho. Por lo que atendiendo al acto reclamado y a las constancias exhibidas por la autoridad responsable como justificación a su informe, este juzgador estima que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por tanto, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora, para una mayor comprensión del asunto se relatan los siguientes antecedentes: 1. El ocho de abril de dos mil dieciocho, la parte actora del juicio de origen -aquí quejosa- presentó su escrito de demanda contra la Secretaría de Educación en el Estado, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (foja 17 a 19). 2. El dos de agosto de dos mil dieciocho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, acordó el escrito de demanda presentado por la parte quejosa mediante el cual la previno para que en un plazo de tres días proporcionara las claves presupuestales que cubrió durante el tiempo que laboró, además de señalar el salario que percibía, ello para estar en condiciones de emitir el laudo respectivo (foja 20). 3. El veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se le notificó dicho auto que contenía la prevención realizada a la quejosa (foja 21). 4. El veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, la quejosa presentó su escrito aclaratorio, a fin de dar cumplimiento al requerimiento de dos de agosto de dos mil dieciocho (se advierte de la foja 22). 5. El ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, dictó un acuerdo mediante el cual tuvo por recibida y radicada la demanda de la quejosa, además ordenó notificar y emplazar a la parte demandada (foja 22 y 23). Documentales a las que se les otorga eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al ser de naturaleza pública por haberse expedido por autoridad competente. Expuesto lo anterior, de las constancias aportadas al presente juicio por la autoridad responsable se aprecia que si bien ésta previno a la parte quejosa el dos de agosto de dos mil dieciocho y le notificó dicho requerimiento hasta el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, también lo es que ya radicó el escrito presentado por la parte quejosa el nueve de abril de dos mil dieciocho en el juicio laboral 189/2018, lo que ocurrió el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -ocho de octubre de dos mil diecinueve- por lo que se estima que ha cesado sus efectos el acto reclamado por esta vía constitucional. De esta forma, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al acabar su actuación u omisión, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de dichos efectos; la que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido a la quejosa en el goce del derecho violado. En esas condiciones, se advierte que la causal de improcedencia que se estudia, se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuyo fin es la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho consustancial violado, restableciendo las cosas que guardaban antes de la vulneración, cuando la actuación reclamada sea de carácter positivo; y cuando sea de naturaleza negativa, obligar a la autoridad responsable que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y, a cumplir, por su parte, lo que la disposición constitucional o tratado internacional exija. Lo que se logra al cesar los efectos del acto reclamado, ya que se deja insubsistente éste y también todos sus efectos, los cuales han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional. De modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio promovido por Austreberta Alcázar Gamiño; por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas, así como la citación para la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con diez minutos del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal sentido, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia citada, procede decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, acorde con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Hágase del conocimiento lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar y las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Cumplimiento de la prevención. Visto el escrito suscrito por Austreberta Alcázar Gamiño, mediante el cual cumple con las prevenciones formuladas por este órgano jurisdiccional en auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 5-7), en el que se le requirió para que aclarara lo siguiente: Indique cuál es la fecha de la presentación de la demanda laboral, ya que se advierten dos fechas distintas, esto es, nueve de abril de dos mil dieciocho y nueve de abril de dos mil diecinueve. La quejosa aclare su nombre, toda vez que se cita el nombre de Austreberta Alcazar Gamiño y Austreberta Alcaraz Gamiño, esto con el fin de que la responsable cuente con los elementos necesarios para rendir su informe. Al respecto, la parte quejosa manifestó lo siguiente: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que la fecha en la que presente el escrito inicial de demanda lo fue en data 09 nueve de ABRIL DE 2018, DOS MIL DIECIOCHO, respecto del punto número dos de dicho requerimiento, señalo que mi nombre preciso y correcto lo es AUSTREBERTA ALCÁZAR GAMIÑO, para todos y cada uno de los hechos del escrito de demanda de garantías, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar" (sic). Por consiguiente, téngase a la quejosa dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos; se deja sin efectos el apercibimiento contenido en proveído de nueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 5-7). Admisión. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE A TRÁMITE, contra actos de: AUTORIDAD RESPONSABLE TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. Por el acto que hace consistir en: La omisión de radicar la demanda presentada el nueve de abril de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral número 189/2018. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicitó. Intervención de la Agente del Ministerio Público de la Federación Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, dejando a su disposición copia de la demanda en el local de este juzgado, y notifíquesele el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista de acuerdos en términos del normativo 26, fracción III, de la ley reglamentaria aplicable. "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PUBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA. En los términos del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán al Ministerio Público por medio de lista que se fijará en lugar visible en el juzgado; por tanto, si de las constancias del juicio se observa que la notificación del auto admisorio se realizó por medio de lista al representante social, tal notificación debe considerarse ajustada a derecho. Consecuentemente, resulta infundada la argumentación que se hace consistir en que la referida notificación debió hacerse por oficio o en forma personal, dado que no hay ninguna disposición en la Ley de Amparo que así lo establezca". Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las diez horas con diez minutos del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Requerimiento de informe justificado Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro del plazo de quince días; exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio; la constitucionalidad o legalidad de la omisión que se le atribuye, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no hacerlo se presumirá cierta la omisión reclamada salvo prueba en contrario y con fundamento en el dispositivo 260, fracción II, de la ley instrumental aplicable se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Apercibimientos. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el actuario correspondiente deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. Requerimiento de información sobre la actualización de causales de sobreseimiento De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos de la omisión reclamada o acontezca una causa notoria de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este Órgano Jurisdiccional Federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en términos del numeral 251 de la ley de la materia. Autorizados para firmar oficios. Se autoriza a los secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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