Austrebertha Lombera Espino

Expediente 595/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
595/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Austrebertha Lombera Espino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD CONTESTA REQUERIMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta número SG/DRC/DATP/1233/2023, firmado por el Jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales de la Dirección del Registro Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en la ciudad de Morelia, por medio del cual, en atención al requerimiento de trece de noviembre de dos mil veintitrés, informa que no existe registro dentro de su base de datos estatal, del acta defunción de la aquí quejosa ********************; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante auto de treinta y uno de octubre de la presente anualidad, se tuvo al autorizado de la parte quejosa informando que su representada falleció el pasado veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, anexando para acreditar su dicho copia del certificado de defunción que le fuera expedido por la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán; en ese contexto, mediante oficio que derive del presente proveído, hágase del conocimiento de las autoridades responsables dicha circunstancia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se ordena la devolución del presente expediente al archivo de este órgano jurisdiccional y en su momento procédase conforme a lo ordenado en auto de diez de octubre de la presente anualidad. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal de autos de los que se advierte que en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se requirió al Director del Registro Civil del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, para que remita copia certificada del acta de defunción de la quejosa ********************, sin que a la fecha, lo haya realizado. REQUERIMIENTO. En ese sentido, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al citado Director del Registro Civil del Estado, con residencia en esta Morelia, Michoacán, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que reciba la notificación respectiva, remita copia certificada del acta de defunción de la quejosa ********************, a fin de estar en aptitud de determinar lo conducente respecto al cumplimiento de la ejecutoria del presente juicio. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad que de hacer caso omiso al requerimiento en cuestión, se hará acreedora a la imposición de multa de CIEN Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 259 de la Ley de la materia en vigor. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA INFORMA DEFUNCIÓN. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito firmado por el licenciado ********************, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que después de contactarse con un familiar de la parte quejosa ********************, éste le informó que la misma falleció el veintinueve de octubre de dos mil veintitrés; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Director del Registro Civil del Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que reciba la notificación respectiva, remita copia certificada del acta de defunción de la quejosa ********************, a fin de estar en aptitud de proveer lo correspondiente. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad que de hacer caso omiso al requerimiento en cuestión, se hará acreedora a la imposición de multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 259 de la Ley de la materia en vigor. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de octubre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que el término de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió del veintiséis al veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en la que, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Resolución que fue declara firme mediante auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, requiriéndose en esa misma fecha a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos. Seguido el trámite de ejecución, las autoridades responsables Director del Hospital General de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán de Ocampo y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, informaron el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por las autoridades responsables, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANALISIS DE LA RESPONSABLE "La autoridad responsable Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con sede en Morelia, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Hospital General de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, así como a este último, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la quejosa ********************, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal e hipertensión que padece, para lo cual deben hacer su diagnóstico médico de salud, proporcionarle la atención médica y medicamentos que requiere; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, en la actualidad, debiendo, para ello, tomar en cuenta: En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia de la parte quejosa (Arteaga, Michoacán de Ocampo), a efecto de que sea la más cercana a su domicilio. Ordenen que se haga la valoración médica correspondiente a la parte quejosa, al menos dos veces por año, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. Para efecto del inciso anterior, será obligación de la quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, para que sea valorado medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto, al menos dos veces por año. En caso de que el servicio de hemodiálisis para su enfermedad de insuficiencia renal crónica, se siga prestando en instituciones privadas, como la que actualmente lo presta; esto es, la clínica denominada "******************** ", ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, bajo el pago de la autoridad responsable, ésta se encontrará obligada a estar reportando mensualmente a la autoridad responsable que le hace el pago, si la parte quejosa ha recibido, cuántas veces y cuándo, las sesiones de hemodiálisis contratadas. Por lo que, deberán dictar cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios se requiera, a fin de seguir brindando la atención médica necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida y salud de la parte quejosa. Respecto a los efectos de la reparación del derecho a la salud, es preciso disponer que la atención médica adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requiera, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En el caso de que las autoridades responsables carecieran de ellas deberán recurrir a instituciones públicas privadas o de la sociedad civil especializada. Finalmente, las autoridades responsables deberán cubrir los gastos necesarios para el restablecimiento de su salud. En ese sentido, corresponderá -en su momento- a las autoridades responsables acreditar ante este Juzgado la culminación o restablecimiento íntegro del derecho a la salud, para el cese de los efectos del amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, cumplan con la ejecutoria de amparo teniendo en consideración que el acto reclamado es de tracto sucesivo, deberán informar lo que hayan dispuesto sobre el tratamiento correspondiente de forma definitiva a este Juzgado sobre el cumplimiento, a fin de estar en aptitud de archivar el juicio de amparo de que se trata, a partir de tal información (en una sola ocasión)(.) Las autoridades responsables Director del Hospital General de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán de Ocampo y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, para cumplir con la sentencia de amparo, realizaron lo siguiente: a) Mediante promoción registrada bajo el número de control interno 15601, mismo que fueron recibido en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el día veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, hicieron del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se encuentran suministrando la atención médica correspondiente a la parte quejosa, así como el número de sesiones de hemodiálisis que requiere para vivir, el cual le es brindado de forma subrogada. b) Asimismo, mediante diversa promoción registrada bajo el número de control interno 13649, hicieron del conocimiento que a efecto de garantizar la atención médica requerida por la aquí quejosa celebraron contrato abierto de compraventa y prestación de servicios por licitación pública por medios de identificación electrónica, con la empresa denominada ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que la aquí quejosa continuará recibiendo dicha atención médica en la clínica particular ********************, con domicilio conocido en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. c) Asimismo, se tuvo a las autoridades responsables de referencia reiterando su compromiso a efecto de seguir suministrando el número de sesiones que requiere la parte quejosa para vivir. Así, del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que se ha restituido a la parte quejosa en el derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la autoridad responsable ha seguido con su actuar los lineamientos descritos en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. Lo anterior, sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional las manifestaciones realizadas por el autorizado de la parte quejosa mediante escrito presentado en este órgano jurisdiccional el veintiséis de septiembre de la presente anualidad, en el que señaló que su representada efectivamente se encuentra recibiendo las sesiones de hemodiálisis que requiere para vivir en la clínica denominada "********************", ubicada en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán; sin embargo, hizo del conocimiento que no se le estaban proporcionando los medicamentos que forman parte del citado tratamiento, circunstancia que fue desvirtuada por la parte la autoridad responsable mediante promoción recibida en este órgano jurisdiccional el dos de octubre de la presente anualidad, en la que exhibió las constancias de las que se advierte que se le continúa brindando la atención medica que la parte quejosa necesita, así como los medicamentos correspondientes, las cuales cabe señalar, cuentan con la firma autógrafa de la impetrante de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." Asimismo, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo es de tracto sucesivo; sin embargo, es importante destacar que el fallo protector del cual ahora se declara su cumplimiento, no debe entenderse como una medida sin limitación material o temporal alguna, pues además de la incertidumbre que con ello se generaría tanto a la parte quejosa, como a las autoridades responsables y a la misma población en la que radica la aquí quejosa, implicaría ejercer sobre las autoridades responsables una vigilancia permanente de sus actividades por parte de este órgano jurisdiccional, lo cual no está previsto expresamente en la norma constitucional, convencional o legal alguna, ya que de procederse así se estaría dejando de lado la propia actividad jurisdiccional de este Juzgado Federal y en su caso el cumplimiento de la prestación de atención médica por parte de las citadas autoridades responsables. Reiterándose que el vigilar de manera permanente la actividad propia de las autoridades responsables, no encuentra justificación alguna e implicaría una invasión desmedida a las actividades propias de las autoridades responsables. SE EXHORTA A LAS PARTES. Sin embargo, no obstante el cumplimiento decretado en párrafos precedentes, se exhorta a las autoridades Director del Hospital General de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán de Ocampo y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, para que continúen girando las instrucciones necesarias para que se le sigan proporcionando con la periodicidad requerida las sesiones hemodialíticas o dialíticas a la quejosa relativo al padecimiento de insuficiencia renal crónica, ya por conducto de la institución en cualquiera de sus unidades hospitalarias o de forma subrogada, ya en lo público, ya en lo particular, sin que sea obstáculo el presupuesto; en el entendido que deberá asentarse en el expediente clínico de la parte quejosa que le tratamiento brindado lo es con motivo de la concesión del amparo y protección de la justicia federal, dentro del presente juicio de garantías. SUBSISTEN APERCIBIMIENTOS. Se hace del conocimiento que quedan subsistentes los apercibimientos con los que se les conminó en autos, esto es, para el caso de no realizar las gestiones necesarias con la finalidad de observar el fallo protector, se harán acreedoras a una multa de manera individual equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, toda vez que los actos reclamados dentro del presente juicio de garantías constituyen omisiones por parte de las autoridades responsables relacionadas con el derecho a la salud que, por su naturaleza, CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA VIDA DE LA QUEJOSA, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional, se exhorta a la PARTE QUEJOSA para que en caso de que exista negativa de la atención médica materia de la Litis dentro del presente expediente, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional a efecto de que se provea lo que en derecho corresponda. ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de CONSERVACIÓN, en términos de los artículos 14 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por lo tanto, una vez que venza el plazo de TRES AÑOS, a que se refiere el artículo 17 del citado acuerdo, transfiérase para su resguardo el presente expediente al depósito documental correspondiente. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 19, fracción II, del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. Ahora bien, por cuanto hace al expediente único del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 17, fracción III, inciso b) de la normativa invocada, procede su conservación; por lo tanto, una vez que venza el plazo de TRES AÑOS, a que se refiere el artículo 17 del citado acuerdo, transfiérase para su resguardo el presente expediente al depósito documental correspondiente. Hágase la anotación en la carátula RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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