Aurelio Lopez Roman

Expediente 263/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
263/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
05/06/2019

Partes del expediente

  • Aurelio Lopez Roman
  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    IV-Del estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de nueve de mayo del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio de garantías, sin que las partes quejosa y tercera interesada, hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada. NOTIFÍQUESE, personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    iv.-De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes no realizaron manifestación alguna respecto del proveído de ocho de abril del año en curso, en que se tuvo al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con residencia en Morelia, Michoacán, informando sobre el cumplimiento requerido en relación con el fallo protector dictado en el presente asunto y tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pág. 243 Jurisprudencia(Común) "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, debe precisarse lo siguiente: Mediante sentencia engrosada el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Aurelio López Román y Jovita Román García (fojas 118 a 129). En acuerdo de catorce de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo al apoderado jurídico de los quejosos, interponiendo recurso de revisión en contra de la referida sentencia (fojas 146 a 147). Mediante ejecutoria pronunciada en sesión de siete de marzo del año en curso (fojas 170 a 196), dentro del amparo en revisión administrativa 106/2018, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, revoco la sentencia recurrida y concedió a la parte quejosa el amparo de la Justicia Federal solicitado, para que la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con residencia en Morelia, Michoacán, realizara lo siguiente: Dejar sin efectos el proveído de nueve de marzo de dos mil dieciocho; y, Dictar uno nuevo en el que: I. Reitere como procedente la medida cautelar solicitada por el aquí tercero interesado. II. Siguiendo los lineamientos anotados en el considerando que antecede, provea lo conducente para garantizar el pago de daños y perjuicios al que pueda resultar afectado con la medida de que se trata; en el entendido de que esta parte puede obtener su levantamiento, otorgando a su vez contragarantía. Así, mediante acuerdo de ocho de abril actual (foja 211), se tuvo al responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario responsable, informando respecto del cumplimiento dado al fallo protector, y al efecto remitió copia certificada del proveído dictado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve en el expediente 239/2016 (fojas 208 y 209). Documental que tiene pleno valor probatorio, de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º. Del examen de las constancias de referencia, se desprende que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con residencia en Morelia, Michoacán, efectuó lo siguiente: Dejó sin efectos el proveído de nueve de marzo de dos mil dieciocho y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, emitió uno nuevo en el que determinó procedente conceder la medida precautoria solicitada por el aquí tercero interesado, Santiago Hernández Báez, para el efecto de que se permita al prenombrado por parte de Jovita Román García y Aurelio López Román, demandados en el juicio agrario, el acceso al predio rústico en conflicto, sin forzar ninguna entrada ni cerca para la recolecta de los frutos de aguacate que se encuentran sembrados en el predio rústico comunal denominado "La Ladera" ubicado al oriente de la comunidad indígena "Santiago Tingambato", en el municipio de Tingambato, Michoacán, así como para que estas plantas puedan ser abonadas y se les hagan los trabajos de mantenimiento a las mismas por parte de Santiago Hernández Báez. Asimismo, señaló como garantía para el pago de daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con la medida de que se trata, la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N), la cual fijó con base en la manifestación que refirieron los representantes legales de Santiago Hernández Báez, al señalar que actualmente el sembradío de aguacates en la superficie que nos ocupa, es de dos cortes al año, y que por cada uno de ellos se recolectan de cinco a diez toneladas de aguacate, señalando también que el precio por tonelada es de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), debiendo por tanto garantizar el solicitante Santiago Hernández Báez, la cantidad señalada en cualquiera de las formas fijadas por la ley. Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se declara que LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Con lo anterior, dése vista a las partes, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFÍQUESE personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    iv.-Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con residencia en Morelia, Michoacán, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticinco de marzo del año en curso, informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto remite las constancias respectivas. Con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el oficio y documental de referencia, dése vista a las partes, para que dentro de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 2 de 2 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pág. 243 Jurisprudencia(Común) "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, por medio del cual, remite los autos originales del juicio de amparo 263/2018-IV en que se actúa, un tomo de pruebas, así como testimonio de la ejecutoria dictada el siete de marzo de dos mil diecinueve, dentro del amparo en revisión 106/2018, por el Tribunal de su adscripción, textualmente se resuelve: "PRIMERO. Se revoca la sentencia impugnada. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jovita Román García y Aurelio López Román, contra los actos reclamados de la autoridad responsable, puntualizados en el resultando primero de este fallo. Amparo que se concede para los efectos precisados en el considerando séptimo de la presente ejecutoria." Acúsese recibo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes; realícense las anotaciones en el libro de gobierno; asimismo, glósense solamente las constancias originales que existen en el cuaderno de antecedentes correspondiente. Ahora, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en este juicio de garantías, la autoridad responsable, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con residencia en Morelia, Michoacán, deberá realizar lo siguiente: Dejar sin efectos el proveído de nueve de marzo de dos mil dieciocho; y, Dictar uno nuevo en el que: I. Reitere como procedente la medida cautelar solicitada por el aquí tercero interesado. II. Siguiendo los lineamientos anotados en el considerando que antecede, provea lo conducente para garantizar el pago de daños y perjuicios al que pueda resultar afectado con la medida de que se trata; en el entendido de que esta parte puede obtener su levantamiento, otorgando a su vez contragarantía. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la referida responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que reciba el oficio de notificación, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo e informe lo propio a este juzgado federal. Con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se procederá de conformidad con el invocado precepto legal, específicamente en los términos establecidos en el párrafo segundo; esto es, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, como lo establecen los diversos numerales 238 y 258 de la ley de la materia. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Tiene aplicación la tesis de rubro y texto siguiente: Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007918 1 de 1 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pág. 19 Jurisprudencia(Común) "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, por resultar innecesaria su retención, devuélvase al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con residencia en Morelia, Michoacán, la documental que anexó a su informe justificado, consistente en copias certificadas del expediente 239/2016, sobre controversia agraria, de donde deriva el acto reclamado; se solicita al Magistrado responsable, se sirva acusar el recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables.

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