Aurora Santos Padilla

Expediente 2396/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2396/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
07/06/2018

Partes del expediente

  • Aurora Santos Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 132 y 133), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que, por una parte sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de nueve de mayo del año que transcurre (foja 134), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el trece de marzo del año actual (fojas 94 a 109), se determinó por una parte, sobreseer y, por otra conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, así como los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley de ingresos; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus respectivas competencia, devuelvan a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de ******************** respecto de la cantidad de ******************** por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" e "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO" (fojas 17, 18 y 87), así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley, para que las autoridades responsables no aplicaran en el presente y ni en el futuro, tales preceptos legales; y B). Devolver a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), respecto de la cantidad de $22,141.96 (veintidós mil ciento cuarenta y uno 96/100 moneda nacional), que pagó, por concepto de de "INSCR. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO"; "INSCRI. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", cantidad que deberá estar debidamente actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentado por la autoridad responsable Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas (fojas 132 y 133), informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria el cuatro de mayo del presente año (foja133), por la cantidad de $22,493.61 (veintidós mil cuatrocientos noventa y tres 61/100, moneda nacional), con motivo de la inconstitucionalidad de los artículos aplicados materia de reclamo y la cantidad debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que si tenemos que al monto de $22,141.96 (veintidós mil ciento cuarenta y uno 96/100, moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), nos da como resultado la cantidad de $21,861.96 (veintiún mil ochocientos sesenta y uno 96/100, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete y el cuatro de mayo del año actual, se efectuó la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable devolvió las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre de dos mil diecisiete a abril del año que transcurre. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril de presente año entre el índice para el mes de octubre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecisiete fue 128.717; y para el mes de abril 131.987. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02540. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de ********************por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $555.29 (quinientos cincuenta y cinco pesos 29/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $22,493.61 (veintidós mil cuatrocientos noventa y tres pesos 61/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la autoridad responsable debía devolver al quejoso era de ********************sin embargo, éste reintegró la diversa de ********************, es decir, reintegró un excedente de ********************, pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectué el quejoso, a fin de entregar dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por una parte, sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 132 y 133), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que, por una parte sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de nueve de mayo del año que transcurre (foja 134), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el trece de marzo del año actual (fojas 94 a 109), se determinó por una parte, sobreseer y, por otra conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, así como los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley de ingresos; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus respectivas competencia, devuelvan a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de ******************** respecto de la cantidad de ******************** por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" e "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO" (fojas 17, 18 y 87), así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley, para que las autoridades responsables no aplicaran en el presente y ni en el futuro, tales preceptos legales; y B). Devolver a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), respecto de la cantidad de $22,141.96 (veintidós mil ciento cuarenta y uno 96/100 moneda nacional), que pagó, por concepto de de "INSCR. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO"; "INSCRI. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", cantidad que deberá estar debidamente actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentado por la autoridad responsable Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas (fojas 132 y 133), informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria el cuatro de mayo del presente año (foja133), por la cantidad de $22,493.61 (veintidós mil cuatrocientos noventa y tres 61/100, moneda nacional), con motivo de la inconstitucionalidad de los artículos aplicados materia de reclamo y la cantidad debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que si tenemos que al monto de $22,141.96 (veintidós mil ciento cuarenta y uno 96/100, moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), nos da como resultado la cantidad de $21,861.96 (veintiún mil ochocientos sesenta y uno 96/100, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete y el cuatro de mayo del año actual, se efectuó la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable devolvió las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre de dos mil diecisiete a abril del año que transcurre. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril de presente año entre el índice para el mes de octubre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecisiete fue 128.717; y para el mes de abril 131.987. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02540. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de ********************por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $555.29 (quinientos cincuenta y cinco pesos 29/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $22,493.61 (veintidós mil cuatrocientos noventa y tres pesos 61/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la autoridad responsable debía devolver al quejoso era de ********************sin embargo, éste reintegró la diversa de ********************, es decir, reintegró un excedente de ********************, pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectué el quejoso, a fin de entregar dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por una parte, sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de representante legal de dicha dependencia, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por********************, a través del cual en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo, informa que turnó los datos necesarios a la Dirección General de Tesorería, a efecto de que se realice la transferencia electrónica a la parte quejosa; sin embargo, agréguese a sus autos en vías de cumplimiento el comunicado mérito. En la inteligencia de que este órgano de control constitucional estará en espera del acatamiento total de la sentencia concesoria de amparo; en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en acuerdo de doce de abril del año actual (fojas126 y 127).

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