Aurora Hernández Blancarte

Expediente 618/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
618/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
16/08/2018

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • Aurora Hernández Blancarte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 88 a 90), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho (foja 91), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 47 a 69), se determinó conceder a la quejosa Aurora Hernández Blancarte, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".a) Los artículos 23, fracción VIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, en la cuenta con referencia 00097007357A15800244, realizado el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Sentencia que causó ejecutoria el veinte de junio de dos mil dieciocho (foja 85 y 86), por lo que se requirió al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y al Recaudador de Rentas de dicha secretaría, con sede en esta ciudad, a fin de que la acataran. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el once de julio del presente año (fojas 88 a 89), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el cuatro de julio de dos mil dieciocho, entregó a la aquí quejosa Aurora Hernández Blancarte, un cheque por la cantidad de seis mil ciento catorce pesos con dos centavos, lo cual acreditó con la copia inserta del cheque 0000568, de cuatro de julio del año en curso y copia de la identificación oficial de la accionante de garantías (fojas 89 y 90). Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho (foja 8) y que el cuatro de julio del dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo (foja 89), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero de dos mil dieciocho al mes de mayo del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero del año en que se actúa entre el índice para el mes de mayo del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil dieciocho fue de 131.773 y para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 132.009, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.9982; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $6,107.02 (seis mil ciento siete pesos 02/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $6,107.02 (seis mil ciento siete pesos con dos centavos moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $6,104.02 (seis mil ciento cuatro pesos con dos centavos moneda nacional), es decir, hay un déficit de $3.00 (tres pesos moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a la quejosa, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 88 a 90), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho (foja 91), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 47 a 69), se determinó conceder a la quejosa Aurora Hernández Blancarte, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".a) Los artículos 23, fracción VIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, en la cuenta con referencia 00097007357A15800244, realizado el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Sentencia que causó ejecutoria el veinte de junio de dos mil dieciocho (foja 85 y 86), por lo que se requirió al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y al Recaudador de Rentas de dicha secretaría, con sede en esta ciudad, a fin de que la acataran. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el once de julio del presente año (fojas 88 a 89), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el cuatro de julio de dos mil dieciocho, entregó a la aquí quejosa Aurora Hernández Blancarte, un cheque por la cantidad de seis mil ciento catorce pesos con dos centavos, lo cual acreditó con la copia inserta del cheque 0000568, de cuatro de julio del año en curso y copia de la identificación oficial de la accionante de garantías (fojas 89 y 90). Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho (foja 8) y que el cuatro de julio del dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo (foja 89), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero de dos mil dieciocho al mes de mayo del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero del año en que se actúa entre el índice para el mes de mayo del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil dieciocho fue de 131.773 y para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 132.009, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.9982; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $6,107.02 (seis mil ciento siete pesos 02/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $6,107.02 (seis mil ciento siete pesos con dos centavos moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $6,104.02 (seis mil ciento cuatro pesos con dos centavos moneda nacional), es decir, hay un déficit de $3.00 (tres pesos moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a la quejosa, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de representante legal del Recaudador de Rentas de esa secretaría, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexos de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguense al presente cuaderno de antecedentes para que obren como corresponda la copia certificada del oficio que remite el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con domicilio en Culiacán, Sinaloa y anexo que acompaña, mediante el cual, en lo que al caso interesa, acusa recibo del juicio de amparo 472/2017, que le fue enviado y recibió el once de junio de la presente anualidad, siendo turnado en la misma fecha al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, para que en auxilio de las labores de este Tribunal Federal dicte la sentencia correspondiente.

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