Aurora Pinto Rodríguez

Expediente 52/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
52/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Aurora Pinto Rodríguez
  • Director del Hospital Regional de Uruapan, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que el término de quince días otorgado en auto de data seis de junio de dos mil veintitrés, a la parte quejosa, notificado el siete de junio del año en curso, corrió del nueve al veintinueve de junio pasado -descontándose de dicho cómputo los días que mediaron previstos en el numeral 19 de la Ley de Amparo-, sin que se haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del auto que declaró imposibilidad material para cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en autos. De este modo, conforme a los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de la sentencia constitucional es de orden público, por lo que debe ser acatada sin demora por las autoridades responsables, sin excepción alguna y, sin que ésta pueda ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios ni a criterios evasivos u omisivos por parte de éstas. Ahora, en auto de seis de junio de dos mil veintitrés se declaró que existe imposibilidad material para cumplir la ejecutoria de amparo, en virtud del fallecimiento de la quejosa Aurora Pinto Rodríguez, por lo que se ordenó hacer saber al autorizado de la parte quejosa, para en su caso, se inconformara con esa determinación, apercibiéndosele que de no hacer manifestación alguna, se procedería en términos de lo previsto por el artículo 196 de la ley de la materia, último párrafo, esto es, que se remitiría al Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, en acatamiento a la jurisprudencia de la Segunda Sala que más adelante se precisará, no ha lugar a remitir el expediente a la superioridad como se precisó en auto de seis de junio de dos mil veintitrés, toda vez, que al haberse declarado sin materia el cumplimiento de la ejecutoria, en virtud del fallecimiento de la quejosa, dejó de tener ejecución el acto reclamado en el presente asunto, consistente en la falta de atención médica; de ahí que, no hay derecho fundamental que reparar, y al no haber sido recurrido dicho proveído, se debe ordenar su archivo como asunto concluido. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 27/2023 (11a.), de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Undécima Época, Libro 26, Junio de 2023, Tomo V, página 4417, cuyo rubro y texto dicen: INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PROCEDE EL ENVÍO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUANDO DEJA DE EXISTIR LA MATERIA DEL CUMPLIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN Y/O POR CONVENIO DE LAS PARTES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho al analizar, en el trámite de cumplimiento de la sentencia de amparo, un supuesto de inexistencia de materia debido al desistimiento de la acción por la parte actora y/o por convenio entre las partes en el juicio de origen. La persona juzgadora de amparo declaró sin materia el cumplimiento y envió el incidente de inejecución de sentencia al órgano revisor, quien emitió pronunciamiento. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que en caso de desistimiento de la acción por la parte actora y/o convenio de las partes en el juicio de origen, la persona juzgadora de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada al efecto, debe declarar sin materia el cumplimiento, sin abrir ni enviar el incidente de inejecución de sentencia, toda vez que éste resulta improcedente. Justificación: El operador de amparo debe distinguir que puede haber imposibilidad jurídica o material de cumplimiento cuando pervive la materia del acato; empero, no se actualiza tal figura en el supuesto de que la materia haya dejado de existir y, por ende, no hay derecho fundamental que reparar en términos de lo ordenado en la sentencia. Así, en el caso de desistimiento de la acción por la parte actora y quejosa y/o convenio firme entre las partes, se constituye la inexistencia de materia del cumplimiento, ya que desaparece el objeto de la reparación ordenada; por tanto, el órgano judicial de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada para ello, debe declarar que el trámite de cumplimiento quedó sin materia. Así, previa vista a las partes para que estén en condiciones de hacer valer lo que a su derecho corresponda conforme al artículo 201 de la Ley de Amparo, en su oportunidad ordenará el archivo del expediente. Consecuentemente, por regla general es innecesario que la persona juzgadora abra un incidente de inejecución de sentencia y es improcedente su trámite ante el Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la finalidad principal es lograr el cumplimiento de la ejecutoria, no tanto el sancionar a las autoridades. En ese sentido se proporciona congruencia al sistema de cumplimiento, ejecución e inejecución a que se contraen los artículos contenidos en el título tercero de la Ley de Amparo, la doctrina jurisprudencial y, en general, la normatividad aplicable, esto es, los acuerdos generales emitidos al respecto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. Es conservable, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General, motivo por el cual trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, se transferirá al depósito documental respectivo. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el numeral 34 del citado acuerdo. Asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, seis de junio de dos mil veintitrés. Súmese a lo actuado el escrito de cuenta que remite Julio César Magaña Orozco, autorizado en términos amplios del quejosa Aurora Pinto Rodríguez, atento a su contenido, téngasele cumpliendo con el requerimiento que le fue hecho en proveído de veinticinco de mayo del año en curso, para lo cual exhibe el acta de defunción de la quejosa quien acaeció el quince de mayo de dos mil veintitrés, de lo que se toma conocimiento. EFECTO DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. En sentencia pronunciada el cuatro de abril de dos mil veintitrés, la cual causó ejecutoria el veinticinco de mayo del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto que las autoridades responsables Director del Hospital General de Uruapan "Dr. Pedro Daniel Martínez" y Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, realicen lo siguiente: .se concede la protección constitucional para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, dicten un acuerdo administrativo o establezcan la mejor opción para ordenar a quien corresponda, se realicen las medidas necesarias para otorgar a la parte quejosa, de manera continua y permanente -definitiva- la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos que requiere para su padecimiento consistente en insuficiencia renal crónica; además de que se le proporcione en lugar cercano a su domicilio. En el caso en concreto se tiene que la quejosa directa falleció en el Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, según se desprende del acta de defunción que se adjunta al escrito de cuenta y la manifestación que realizó la responsable por conducto de la Administradora del Hospital General del citado nosocomio, según se desprende el proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Con la cual este juzgado concluye que, si bien es verdad, que las autoridades responsables realizaron las gestiones necesarias para que le fuera proporcionada a la quejosa la atención médica que requería, lo cierto es que no se está en condiciones de calificar si dicha atención médica resultó certera respecto de su padecimiento, a fin de declarar cumplido o no el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que con el fallecimiento de la quejosa dejó de tener ejecución el acto reclamado en el presente asunto, consistente en la falta de atención médica. Bajo ese contexto, dado que los efectos positivos del amparo protector debían de surtir sus efectos sobre la quejosa Aurora Pinto Rodríguez, de quien ya se tiene por acreditado el fallecimiento, se declara que EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase saber al autorizado de la parte quejosa que cuenta con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se procederá en términos de lo previsto por el artículo 196 de la citada legislación, último párrafo, esto es, se remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico, así como las capturas del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. NOTIFÍQUESE; y PERSONALMENTE AL AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que el término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió en los términos señalados en la misma, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Cabe precisar, que en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Aurora Pinto Rodríguez, contra los actos reclamados al Director del Hospital General de Uruapan "Dr. Pedro Daniel Martínez" y Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, para los efectos precisados en el considerando octavo de esta resolución." Tomando en consideración que en sentencia dictada en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "OCTAVO. Efectos de la concesión. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, dicten un acuerdo administrativo o establezcan la mejor opción para ordenar a quien corresponda, se realicen las medidas necesarias para otorgar a la parte quejosa, de manera continua y permanente -definitiva- la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos que requiere para su padecimiento consistente en insuficiencia renal crónica; además de que se le proporcione en lugar cercano a su domicilio." Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que a la letra indica: "Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable (.)" Ahora bien, se ordena agregar a sus autos el oficio 5009/2023, mediante el cual la Administradora del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", comunica que la quejosa ingresó el ocho de mayo en curso, quien debido a sus padecimientos fue internada y pese a las atenciones médicas brindadas, falleció el quince de mayo de dos mil veintitrés, anexa nota medica del servicio de urgencias, así como también certificado de defunción sin que sea legible el nombre del Médico que haya levantado el acta de defunción ante lo borroso de esa documental. Por otra parte, se recibe escrito de Julio César Magaña Orozco, autorizada de la quejosa, del que se desprende que fue informado por un familiar que la quejosa falleció debido a complicaciones de su enfermedad renal y por medio de la aplicación de WhatsApp, le enviaron el acta de defunción de la fallecida quejosa, misma que exhibe al presente. Por tanto, a fin de estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponde, requiérase al autorizado de la quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir del momento al que quede notificado del presente proveído, exhiba ante este órgano jurisdiccional copia certificada del acta de defunción de la quejosa directa Aurora Pinto Rodríguez, o bien, informen el impedimento legal o material que tenga para ello. NOTIFÍQUESE; y personalmente al promovente del presente juicio de amparo Julio César Magaña Orozco.

  4. Principal

    En razón de que JULIO CÉSAR MAGAÑA OROZCO autorizado de la quejosa, no compareció ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el veintiséis de mayo del año en curso, por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDO QUE DICE: Uruapan, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que el término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió en los términos señalados en la misma, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Cabe precisar, que en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Aurora Pinto Rodríguez, contra los actos reclamados al Director del Hospital General de Uruapan "Dr. Pedro Daniel Martínez" y Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, para los efectos precisados en el considerando octavo de esta resolución." Tomando en consideración que en sentencia dictada en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "OCTAVO. Efectos de la concesión. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, dicten un acuerdo administrativo o establezcan la mejor opción para ordenar a quien corresponda, se realicen las medidas necesarias para otorgar a la parte quejosa, de manera continua y permanente -definitiva- la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos que requiere para su padecimiento consistente en insuficiencia renal crónica; además de que se le proporcione en lugar cercano a su domicilio." Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que a la letra indica: "Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable (.)" Ahora bien, se ordena agregar a sus autos el oficio 5009/2023, mediante el cual la Administradora del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", comunica que la quejosa ingresó el ocho de mayo en curso, quien debido a sus padecimientos fue internada y pese a las atenciones médicas brindadas, falleció el quince de mayo de dos mil veintitrés, anexa nota medica del servicio de urgencias, así como también certificado de defunción sin que sea legible el nombre del Médico que haya levantado el acta de defunción ante lo borroso de esa documental. Por otra parte, se recibe escrito de Julio César Magaña Orozco, autorizada de la quejosa, del que se desprende que fue informado por un familiar que la quejosa falleció debido a complicaciones de su enfermedad renal y por medio de la aplicación de WhatsApp, le enviaron el acta de defunción de la fallecida quejosa, misma que exhibe al presente. Por tanto, a fin de estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponde, requiérase al autorizado de la quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir del momento al que quede notificado del presente proveído, exhiba ante este órgano jurisdiccional copia certificada del acta de defunción de la quejosa directa Aurora Pinto Rodríguez, o bien, informen el impedimento legal o material que tenga para ello. NOTIFÍQUESE; y personalmente al promovente del presente juicio de amparo Julio César Magaña Orozco.

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