Aurelio Padilla Rodríguez
Expediente 530/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 50 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Aurelio Padilla Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los cuales se advierte que por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al contenido del oficio 2708/2020, y anexos, remitido por la Directora General de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Colima, con el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, término que transcurrió del veintiocho al treinta de octubre siguiente, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, únicamente por la citada autoridad, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su cumplimiento. Cabe recordar que Aurelio Padilla Rodríguez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en la orden de aprehensión dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Colima, Colima, dentro de la causa penal número 212/2017, y su ejecución por parte del Director de Control de Procesos de la Fiscalía Regional de Colima, Colma, Procurador de Justicia en el Estado de Michoacán, y Director de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, ambos con residencia en Morelia. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO En sentencia pronunciada el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, la cual causó ejecutoria en auto de siete de octubre siguiente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Colima, Colima, realizara lo siguiente: Deje insubsistente el mandato de captura reclamado, y Siguiendo los lineamientos planteados en esta resolución, con plenitud de jurisdicción dicte otra, la que podrá ser en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales de que aquella adolece, o en sentido diverso, según proceda. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de lo reclamado a la autoridad judicial. DOCUMENTOS QUE APORTÓ LA RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO A fin de acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Colima, Colima, remitió el oficio 2977/2019, al cual adjuntó las siguientes documentales: Copia certificada del oficio sin número dictado en el expediente 212/2017 y dirigido al Director General de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia en el de la resolución Estado de Colima, con fecha de recepción de doce de diciembre dos mil diecinueve, mediante el cual transcribe los puntos resolutivos de la orden de aprehensión de doce de diciembre de dos mil diecinueve. Copia certificada de la resolución de fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 212/2017, de la que se advierte que declaró insubsistente la orden de aprehensión dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, y con plenitud de jurisdicción, emitió un nuevo mandato de captura subsanando los vicios formales que adolecía aquél. Ahora bien, en relación a los vicios formales mencionados en la sentencia de ampro, se determinó: "Dicha autoridad emitió el mandato de captura combatido por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 167 Bis del Código Penal de Colima "abrogado"; sin embargo, dicha responsable no dejó asentadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales tuvo verificativo dicho injusto; es decir, aquellas en que tuvo lugar el incumplimiento que se atribuye al sujeto activo y de qué pruebas lo advirtió". Además, respecto al primero de los elementos del cuerpo del delito que enunció -a quien no cumpla con su obligación de dar alimentos-, dicha autoridad fue omisa en asentar las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se actualizó el incumplimiento de que se trata. Tampoco esgrimió los razonamientos que permitan advertir por qué se estima que el activo, hoy quejoso, tiene la obligación de dar alimentos y cómo se demostró. Asimismo, dicha autoridad [.]fue omisa en destacar, cuáles hechos o datos advirtió de cada una de dichas pruebas en concreto, para tener por demostrado el elemento de que se trata en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometió el delito; es decir, qué fue lo que cada prueba aportó para demostrar el incumplimiento de mérito y si éstas son aptas y suficientes para ello. Ello es así, pues si bien es cierto que la responsable de mérito asentó las circunstancias que al parecer advirtió de los testimonios aludidos, de dichas consideraciones no se advierten el modo, tiempo y lugar de los hechos conocidos por las atestes, relacionados con lo manifestado por la parte ofendida. Al respecto, la autoridad responsable en la nueva resolución señaló: "Se afirma lo anterior, porque el referido tipo penal de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, que se trata, se adicionó al Código Penal para el Estado de Colima, mediante el decreto 441, publicado en el periódico Oficial "El Estado de Colima" el l0 diez de diciembre del 2011 dos mil once, esto es, su creación es posterior en parte de los hechos que se le imputan al aquí incoado AURELIO PADILLA RODRÍGUEZ; toda vez que Ia denuncia de FRANCISCA YESENIA ÁVILA NAVA, se desprende que el incoado de mérito dejó de su obligación de suministrar alimentos a su menor hija cinco años antes de la interposición de la denuncia, esto es, que la denunciante FRANCISCA YESENIA ÁVILA NAVA ha suministrado totalmente los gastos que originan la manutención de la menor, a partir del mes de octubre del año 2010 dos mil diez, (fecha de denuncia 14 de octubre del 2015). Es decir, los hechos, materia de la consignación, comprenden desde el día 14 catorce de octubre del año 2010 dos mil diez, hasta el día 14 de octubre del año 2015 dos mil quince (fecha en que comparece FRANCISCAYESENIA ÁVILA NAVA a denunciar los hechos que originaron la presente). En las relatadas condiciones, este juzgador, al determinar la procedente de la Orden de captura solicitada por la representación social, deberá tener en cuenta el Decreto 441 publicado en el periódico oficial "El Estado de Colima" el 10 diez de diciembre del 2011 dos mil once y hacer la distinción de los hechos materia de conocimiento acorde al tipo penal que en su momento se encontraba vigente (ámbito de validez temporal de la ley penal), y se determinará que parte de esos hechos acreditan los elementos del cuerpo del delito de OMISIÓN DE CUIDADO ( en la hipótesis de incumplimiento de los deberes económicos) ; y otra que justifique conducta ilícita por el ya reformado ilícito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, no debiéndose limitar en caso de ser precedente a decretar la orden de aprehensión, en contra del procesado de mérito, por los ilícitos ya enunciados, el último de ellos que tipifica y reprime el ordinal 167 BIS del Código Penal para el Estado de Colima. [.] Bajo este contexto lo que procede es que también se decrete al imputado AURELIO PADILLA RODRÍGUEZ, por el delito de OMISIÓN DE CUIDADO, previsto y sancionado por el artículo 194 del Código Penal para el Estado de Colima, vigente en la época en que acontecieron tales hechos; esto es, los denunciados como omitivos por parte de la representación legal de la menor desde a partir de día 14 de octubre del año 2010 dos mil diez hasta un día después de la publicación del Decreto 441 publicado en el periódico oficial "El Estado de Colima" el 10 de diciembre del año 2011 dos mi once. Esto en aras de no trasgredir los derechos fundamentales, relativos al debido proceso legal y de la defensa adecuada. En tanto que los hechos que comprenden del 11 once de diciembre de 2011 dos mil once, hasta el día 14 catorce de octubre del año 2015 dos mil quince (fecha de denuncia) son constitutivos del diverso ilícito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLGACIONES DE ASSTENCIA FAMILIAR que tipifica y reprime el artículo 167 Bis, del ordenamiento legal en cita". Por otro lado, en la sentencia de amparo, se advirtió otro vicio de formalidad consistente en: En relación al segundo de los elementos del delito [.] no precisó [.] qué fue lo que advirtió de dicha documental para arribar a la determinación de que la citada Y.L.P.N., es hija de AURELIO PADILLA RODRÍGUEZ, de que ésta es menor de edad, y que por ello, se encuentra obligado a cuidar de la vida y del sano desarrollo de "su hija", conforme al Código Civil para el Estado de Colima, y si la documental en que se apoyó, es apta y suficiente para ello y por qué lo estimó así. Al respecto, la autoridad responsable describió los medios probatorios y procedió a su debida valoración, y señaló: 2.- Para acreditar el grado de parentesco entre el incoado y la menor de edad, obra las copias simples del acta de nacimiento con número de folio 0652 expedida por el Oficial del Registro Civil FRANCISCO ORTEGA RAMOS, Oficial del registro Civil de Coalcomán, Michoacán, a nombre de Ia hoy ofendida YESENIA LIZBETH PADILLA NAVA, con la que se hace constar que efectivamente la ofendida de referencia es menor de edad. Documental a la cual se le da un valor probatorio pleno con fundamento en los articulas 224 en relación al 238 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, al ser un documento público, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 225 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Colima, en virtud de que fue expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, el documento se encuentra escrito en el idioma español, contiene el membrete y el sello de la dependencia a que corresponde, y la firma de quien lo expide, el cual fue ofrecido como medio probatorio dentro de los términos establecidos por el numeral 224 del citado cuerpo de leyes y que adquiere valor probatorio pleno en conformidad a los estipulado en los artículos 234 y 238 del mismo ordenamiento [.]. En esa tesitura, es preciso decir que los anteriores elementos del cuerpo del delito de OMISION DE CUIDADO, de que se trata, se encuentran acreditados en piezas de autos, principalmente con la denuncia de FRANCISCA YESENIA NAVA AVILA representante legal de la menor YESENIA LIZBETH PADILLA NAVA; así como con los testimonios de SILVIA LOURDES HOLLMAN DUARTE y MARIA ELENA AVILA MENDOZA; quienes son coincidentes en señalar que AURELIO PADILLA RODRIGUEZ, ha incumplido totalmente con su obligación de suministrar alimentos a su menor hija, contándoles también que la denunciante vivió en unión libre con su denunciado en el Estado de Michoacán, y a raíz de que ésta se mudó a vivir a esta Ciudad, el imputado ha hecho caso omisión de sus deberes de Alimentista, pues ha dejado totalmente dicha responsabilidad sobre la denunciante quien con la ayuda de su actual pareja, de su familia y con el sueldo que ella percibe, sufraga las necesidades de la menor pero también les consta que esto no es a cabalidad puesto que no Ie alcanza el dinero para cubrir todas sus necesidades básicas, teniendo incluso que recurrir la denunciante a ellas, pidiéndoles prestado para la comida de la menor y para los gastos de su escuela y vestidos; sin que cuenta de manera alguna con el apoyo obligado legal de su denunciado con quien no tiene ningún tipo de contacto; coincidiendo totalmente su dicho con lo vertido por la denunciante. Con lo cual se constata el primer elemento del cuerpo del delito. Ya que también se encuentra acreditada con medio de prueba idóneo (certificación de nacimiento la relación de parentesco que existe entre el procesado de la causa y la menor ofendida (padre e hija), lo que acredita el segundo elemento del cuerpo del delito de misión de cuidado, de que se trata. Es preciso decir, que este delito de OMISION DE CUIDADO se configura respecto de los hechos acontecidos desde el día 14 catorce de octubre del año 2010 dos mil diez (ya que en la denuncia interpuesta por la representante legal el día 14 de octubre del año 2015 dos mil quince, refiere que hace cinco años su denunciado dejó de aportar dinero alguno para su menor hija. Considerando entonces en obviedad aritmética, para este delito del 14 catorce de octubre del 2010 dos mil diez, un día después del 10 diez de diciembre del 2011 dos mil once (fecha de publicación del decreto 441 en el periódico oficial "El Estado de Colima**** Consecuentemente, son elementos constitutivos del cuerpo delito de INCUMPLIMIEN DE LA OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, los siguientes.- Que el agente activo incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho recibirlos conforme al Código Civil. Que carezca de motivo justificado para ello.[.] El primer elemento constriñe a la acreditación del incumplimiento de la obligación de dar alimentos, habiéndose acreditado plenamente con todas y cada una de las constancias que integran la presente indagatoria en particular con la denuncia presentada ante esta autoridad por FRANCISCA YESENIA NAVA ÁVlLA, la Cual originó la integración de la presente, así como con las testimoniales a cargo de los ciudadanos SILVIA LOURDES HOLLMAN DUARTE y MARÍAELENAÁVILA MENDOZA, quienes coinciden en señalar hechos de tiempo, modo y lugar, al manifestar a la autoridad ministerial que tienen conocimiento de que FRANCISCA YESENIANA VAÁVILA y AURELIO PADILLA RODRÍGUEZ, vivieron en unión libre por aproximadamente cinco meses y de dicha relación procrearon su hija la menor YESENIA LIZBETH PADILLA NAVA tal y como se desprende del acta de nacimiento, que ha sido la familia de la denunciante quien la apoyado económicamente para cubrir las necesidades básicas de la menor, ya que AURELIO PADILLA RODRÍGUEZ, siempre ha sido muy desobligado, manifestando que no tiene dinero cuando la ofendida le ha pedido apoyo para pagar la manutención de su menor hija desatendiéndose de sus obligaciones desde cinco años antes de la interposición de la denuncia de hechos, es decir desde el año 2010 dos mil diez (la denunciada del 14 catorce de octubre del año 2015 dos mil quince); año en que la denunciante se mudó a vivir a esta Ciudad de Colima, Colima a casa de su señora madre, ya que según su propio dicho a partir de este momento, pierde todo contacto con el padre de su hija; incluso ésta no tiene desde ese tiempo, ningún tipo ni de comunicación ni de convivencia con su padre, ahora indiciado en ésta causa penal, dejando el imputado en total abandono a la menor, ya que si bien es cierto antes de que se mudaran a este Ciudad el imputado le depositaba la denunciante para el sostenimiento de la menor, a partir de que se vinieron a vivir a esta Entidad; dejó de hacer deposito alguno en favor de la menor agraviada sin mostrar tampoco el inculpado algún interés en convivir con la menor. Lo anterior se desprende del propio dicho de la denunciante ante la autoridad ministerial y de las testimoniales que han sido referidas y transcritas líneas anteriores, a las que se les otorgo valor probatorio semiplena de conformidad con el artículo 242 en relación con los numerales 234, 238 Y demás relativos del código de procedimientos penales para el estado de colima, en razón a su idoneidad con el objeto inmediato de conocimiento, por reunir el presupuesto exigido para la iniciación de la presente, ya que los hechos narrados fueron congruentes, que apreciados en forma plural y en conjunto con las demás probanzas conducen a la convicción plena sobre la existencia de delito y la probable responsabilidad penal del denunciado; sin dejar de lado, que el incriminado en ningún momento, aun y cuando fue requerido incluso mediante Exhorto para que respondiera a la imputaciones que en su contra se realizan, omitió hacer pronunciamiento alguno ni allegó medio de prueba que desmintiera el dicho de la denunciante o de sus testigos, no obstante lo anterior, cabe mencionar que tratándose de éste delito en particular, corresponde al imputado acreditar que no ha dejada de cumplir con su obligación para con su menor hija, sin que esto en alguno momento hasta el día en que se provee, hubiere ocurrido; [.] quedando ya asentado también el grado de parentesco existente entre la menor con el inculpado, esto corroborado con documental publica idónea consistente en acta de nacimiento con 'número de folio 0652 expedida por el Oficial del Registro Civil FRANCISCO ORTEGA RAMOS, Oficial del Registro Civil de Coalcómán, Michoacán, a nombre de la hoy ofendida YESENIA LIZBETH PADILLA NAVA, con la que se hace constar que efectivamente la ofendida de referencia es menor de edad. Documental a la cual se le da un valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 224 en relación al 238 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, al ser un documento público, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 225 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado de Colima, en virtud de que fue expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, el documento se encuentra escrito en el idioma español, contiene el membrete y el sello de la dependencia a que corresponde, y la firma de quien lo expide el cual fue ofrecido como medio probatorio dentro de los términos establecidos por l numeral 224 del citado cuerpo de leyes que adquiere valor probatorio pleno de conformidad a lo estipulado en los artículos 234 y 238 del mismo ordenamiento: [.] Luego entonces, debido al parentesco acreditado con documental idónea, resulta que el inculpado AURELIO PADILLA RODRÍGUEZ, se encuentra obligado a cuidar de la vida y del sano desarrollo de su menor hijo, implicando los gastos que genera su alimentación, vivienda, vestido, educación, servicios médicos y demás que requieran para su sano desarrollo. [.] Obligación a la que ha sido omiso, en lo que ve a este delito de INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR desde el día 11 once de diciembre del año 2011 dos mil once, un día después del 10 diez de diciembre de 2011 dos mil once fecha de publicación, del decreto 441 en el periódico oficial "El Estado de Colima); hasta a interposición de la denuncia 14 catorce de octubre del año 201S dos mil quince. Ahora bien, como lo establece el Código Civil vigente para el Estado de Colima, en su capítulo de alimentos, dice: 'los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, a falta o por imposibilidad de los padres la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximas en grados. Por tanto, el inculpado AURELIO PADILLA RODRIGUEZ sin justificación alguna está faltando a su obligación de padre. de tal forma que, el bien jurídico protegido por la figura del delito que nos ocupa es la seguridad y la integridad física de la familia [.] Finalmente, en la sentencia de ampro, se detectó un vicio más en la resolución reclamada, respecto a la probable responsabilidad del inculpado: "Por otro lado, en el apartado relativo a la probable responsabilidad del hoy quejoso,**** sin embargo, omitió destacar lo que en esencia advirtió de cada una de ellas; es decir, cuál parte de lo que asentó, advirtió de la denuncia; qué otra del testimonio de Silvia y cuál del diverso de María Elena, pues lo que asentó lo realizó de manera genérica, fusionando las pruebas. Ahora, es verdad que la responsable en el apartado que nos ocupa, a fin de justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de comisión del delito señaló: No obstante lo anterior, ello resulta insuficiente para tener por justificadas las circunstancias de mérito, porque dicha autoridad, se reitera, no precisó cuál fue en concreto, la conducta de "ejecución" que se atribuye al hoy quejoso y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aconteció el incumplimiento que se le atribuye, además, con cuáles de las pruebas del sumario se demostró y qué fue lo que tomó en consideración de cada una para arribar a dicha determinación. Ante lo expuesto, es evidente que la responsable no realizó un análisis exhaustivo de las pruebas, para concluir cuáles de ellas lograron a su juicio determinar acreditada la probable responsabilidad del inculpado en la hipótesis que refirió, lo que hace que el acto reclamado no cumpla con los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación". A lo anterior, la autoridad responsable señaló: "Recalcando que la probable responsabilidad del imputado se actualizó, en virtud de que la averiguación existen datos que hacen probable que AURELIO ADILLA RODRÍGUEZ, es el responsable de las conductas analizadas en el considerando anterior, ya que los elementos de prueba que fueron aportados al presente sumario durante el período de preparación de la acción procesal penal, los cuales por economía procesal no se transcriben pero que se dan por reproducidos como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias, y a las cuales se les otorgó ya va probatorio conforme a los artículos del 233 al 238 en relación eI 278 del código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, por reunir las exigencias establecidas por dichos numerales; asimismo de manera relevante con la denuncia de la REPRESENTANTE LA MENOR FENDIDA, la C. YESENlA LIZETH PADILLA NAVA, en la que puede apreciarse que tal situación podría poner en riesgo la integridad física de la ofendida", acreditándose además el testimonio rendido por los CC. SILVIA LOURDES HOLLMAN DUARTE Y MARIA ELENA AVILA MENDOZA, esencialmente manifiestan que conocen de los hechos en razón de que la C. FRANCISCA YESENIA NAVA AVILA, quien tiene la guardia y custodia de la menor YESENIA LIZBETH PADILLA NAVA, es ella con ayuda d su familia quien cubre los gastos de la menor, que tuvo el apoyo del inculpado solo por dos años después del nacimiento de la menor, pero que desde hace cinco año que no le ha apoyado económicamente con los gastos de manutención de la menor de referencia, y que cuando la denunciante lo llamaba para referirle el apoyo, le decía que no tenía dinero, que después le depositaria, porque no le habían pagado, y que es la Señora ZENAIDA ÁVlLA MENDOZA, madre de la denunciante quien la ayuda con los gastos de calzado, vestido, medicamentos útiles escolares para sus hijo; por lo tanto queda penalmente identificado con los medios de convicción que quedaron expuestos Las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución se desprenden del mismo material probatorio, supuesto que existe en concordancia en cuanto a que los hechos concernientes al delito que origino la presente causa ocurrieron desde el mes de año 2010, esto tomando como referencia el mes de la interposición de la denuncian (octubre de 2015 dos mil que de ésta se desprende según el dicho de la madre de la menor que el probable responsable tiene 05 cinco años que se ha desatendido completamente de su obligación hacia la menor de edad agraviada, sin precisarse hora exacta, pero en la jurisdicción de la ciudad de Colima, Colima". Finalmente, el Juez responsable concluyó su determinación con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO: En cumplimiento de la ejcutoria citada líneas AMPARÓ Y PROTEGIÓ A AURELIO PADILA RODRÍGUEZ, se declaran insubsistentes LAS ORDENES E APREHENSIÓN dictadas por este Juzgado Penal, el día 31 treinta y uno de mayo de 2018 dos mil dieciocho y 21 de Octubre de 2019. SEGUNDO: Se decreta la correspondiente ORDEN DE APREHENSIÓN, en contra de AURELIO PADILLA RODRÍGUEZ, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de OMISIÓN DE CUIDADO previsto y sancionado por el artículo 194 del Código Penal vigente para el Estado de Colima; en lo que corresponde del 14 catorce de octubre del año 2010 dos mil diez, hasta el día 11 once de diciembre del año 2011 dos mil once, es decir, hasta un dia después del 10 diez de diciembre de 2011 dos mil once (fecha de publicación del decreto 441 en el periódico oficial "El Estado de Colima; así como por el delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR desde el dia 11 once de diciembre del año 2011 dos mil once hasta la interposición de la denuncia 14 catorce de octubre del año 2015 dos mil quince; ambos injustos cometidos en agravio de la menor de edad YESENIA LIZBETH PADILLA NAVA representada legamente por su señora madre FRANCISCA YESENIA NAVA ÁVILA". Por otro lado, mediante oficio 2708/2020, la Directora General de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Colima, informo que la orden de aprehensión dictada contra el quejoso Aurelio Padilla Rodríguez girada por el Juez Primero Penal de Colima, en el expediente 212/2017, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, cometido en agravio de la menor F. L. P. N, representada por Francisca Yesenia Nava Avila, quedó sin efecto el doce de diciembre de dos mil diecinueve, dictándose además una nueva en contra del quejoso de referencia. Por su parte, el Director General de Amparos, a nombre del Procurador General de Justicia de Estado, en su denominación correcta Fiscal General del Estado, remitió el oficio FGE/DGJDH/DA/0201/2020, al que anexó el diverso de catorce de octubre de dos mi diecinueve, dirigido al Coordinador General de la Policía de Investigación, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de ampro, solicitó no realizar ningún acto tendente a ejecutar la orden de aprehensión dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho por el Juez Primero Penal de Colima, Colima, en la causa penal 212/2017. Finalmente, la Directora de Mandamientos Judicial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, remitió copia del oficio FGE/CGPI/DMJ/1741/2019 y anexos, dirigido al agente investigador responsable de la sección de aprehensiones de dicha representación social, a efecto de que se abstuviera de realizar cualquier acto relativo a la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, asimismo anexó la consulta de mandamiento judicial a nombre de Yesenia Lizbeth Padilla Nava, de la que se advierte que cuenta con estado de orden cancelada, y fecha de consulta de catorce de diciembre de dos mil diecinueve. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA. El quejoso presentó escrito el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual manifiesta que no se encuentra de acuerdo con el cumplimiento que dio la autoridad responsable a la sentencia de amparo, pues considera que se excedió en su función pública al emitir el mandato de captura también por el delito de omisión de cuidado, porque a su decir, no se presentó denuncia por ese delito, y que no era el momento para hacer una reclasificación del delito, el cual no puede ser posible porque la menor se encontraba bajo la guarda y custodia de su madre y es ella quien tiene los deberes de cuidado. No asiste la razón al quejoso, toda vez que corresponde a la autoridad jurisdiccional la clasificación de los hechos denunciados y no al particular, por ello, basta que en la denuncia se hagan saber los hechos que se consideran constitutivos de delito para que sea la autoridad competente quien haga su debida clasificación, de ahí que resulte innecesario que se haya hecho o no, mención al delito de omisión de cuidado, en la denuncia respectiva, puesto que la clasificación legal de los hechos denunciados corresponde a la autoridad judicial; además, la concesión de amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable emitiera una nueva resolución con plenitud de jurisdicción, pero subsanando los vicios formales de que adolecía la anterior; en el caso que el mandato de captura se libró por los mismos hechos materia de la consignación, por ello, es factible cambiar la clasificación legal de los hechos, por la que técnicamente corresponda, siempre que no exista variación de los mismos. En relación a que no se debe considerar al quejoso responsable de los deberes y cuidados por los que se le atribuye el ilícito de omisión de cuidado, no es posible atender su alegación, toda vez que ello, no es parte de la litis en el presente juicio, en todo caso, constituye materia de estudio del nuevo fallo emitido por la autoridad responsable, puesto que la concesión de amparo se otorgó con plenitud de jurisdicción, siendo para de ello, la nueva clasificación legal que realizó de los hechos denunciados. Apoya lo anterior la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito: "DELITO. CUANDO NO ES VIOLATORIA DE GARANTIAS SU RECLASIFICACION. De acuerdo con diversas ejecutorias sostenidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se violan garantías en perjuicio de los indiciados, cuando se cambia la clasificación del delito sin modificar los hechos delictuosos que se les imputaron desde el ejercicio de la acción penal y respecto de los cuales tuvieron la posibilidad de defensa". Sentado lo anterior, del examen de las documentales aludidas, las que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que el Juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Colima, Colima, cumplió en sus términos con la sentencia de amparo, dado que de las constancias enunciadas se advierte que se dejó insubsistente la orden de aprehensión de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el expediente 212/2017, y emitió una nueva determinación purgando los vicios formales que adolecía y con plenitud de jurisdicción, giró orden de aprehensión contra el quejoso Aurelio Padilla Rodríguez por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de OMISIÓN DE CUIDADO previsto y sancionado por el artículo 194 del Código Penal vigente para el Estado de Colima; en lo que corresponde del 14 catorce de octubre del año 2010 dos mil diez, hasta el día 11 once de diciembre del año 2011 dos mil once, es decir, hasta un dia después del 10 diez de diciembre de 2011 dos mil once (fecha de publicación del decreto 441 en el periódico oficial "El Estado de Colima; así como por el delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR desde el dia 11 once de diciembre del año 2011 dos mil once hasta la interposición de la denuncia 14 catorce de octubre del año 2015 dos mil quince; ambos injustos cometidos en agravio de la menor de edad YESENIA LIZBETH PADILLA NAVA representada legamente por su señora madre FRANCISCA YESENIA NAVA ÁVILA. Por otra parte, las autoridades responsables ejecutoras se abstuvieron de realizar cualquier acto relativo a la orden de aprehensión de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho emitida en contra del quejoso. En consecuencia, procede concluir que, el agravio sufrido por la parte peticionaria del amparo, ha sido reparado, por tanto, la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Atento a lo anterior, se ordena notificar a la parte quejosa y a la tercero interesada, haciéndoles saber que cuentan con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, conforme lo dispone el numeral 196 de la citada legislación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se hace del conocimiento de las partes que en este expediente se han reanudado los términos procesales conforme a la SECNO/1/2021, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBNLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, A LA PARTE TERCERO INTERESADO Y.L.P.N. POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL (MSADRE), CC. FRANCISCA YESENIA NAVA ÁVILA, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Uruapan, Michoacán, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los cuales se advierte que por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al contenido del oficio 2708/2020, y anexos, remitido por la Directora General de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Colima, con el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, término que transcurrió del veintiocho al treinta de octubre siguiente, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, únicamente por la citada autoridad, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su cumplimiento. Cabe recordar que Aurelio Padilla Rodríguez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en la orden de aprehensión dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Colima, Colima, dentro de la causa penal número 212/2017, y su ejecución por parte del Director de Control de Procesos de la Fiscalía Regional de Colima, Colma, Procurador de Justicia en el Estado de Michoacán, y Director de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, ambos con residencia en Morelia. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO En sentencia pronunciada el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, la cual causó ejecutoria en auto de siete de octubre siguiente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Colima, Colima, realizara lo siguiente: Deje insubsistente el mandato de captura reclamado, y Siguiendo los lineamientos planteados en esta resolución, con plenitud de jurisdicción dicte otra, la que podrá ser en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales de que aquella adolece, o en sentido diverso, según proceda. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de lo reclamado a la autoridad judicial. DOCUMENTOS QUE APORTÓ LA RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO A fin de acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Colima, Colima, remitió el oficio 2977/2019, al cual adjuntó las siguientes documentales: Copia certificada del oficio sin número dictado en el expediente 212/2017 y dirigido al Director General de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia en el de la resolución Estado de Colima, con fecha de recepción de doce de diciembre dos mil diecinueve, mediante el cual transcribe los puntos resolutivos de la orden de aprehensión de doce de diciembre de dos mil diecinueve. Copia certificada de la resolución de fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 212/2017, de la que se advierte que declaró insubsistente la orden de aprehensión dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, y con plenitud de jurisdicción, emitió un nuevo mandato de captura subsanando los vicios formales que adolecía aquél. Ahora bien, en relación a los vicios formales mencionados en la sentencia de ampro, se determinó: "Dicha autoridad emitió el mandato de captura combatido por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 167 Bis del Código Penal de Colima "abrogado"; sin embargo, dicha responsable no dejó asentadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales tuvo verificativo dicho injusto; es decir, aquellas en que tuvo lugar el incumplimiento que se atribuye al sujeto activo y de qué pruebas lo advirtió". Además, respecto al primero de los elementos del cuerpo del delito que enunció -a quien no cumpla con su obligación de dar alimentos-, dicha autoridad fue omisa en asentar las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se actualizó el incumplimiento de que se trata. Tampoco esgrimió los razonamientos que permitan advertir por qué se estima que el activo, hoy quejoso, tiene la obligación de dar alimentos y cómo se demostró. Asimismo, dicha autoridad [.]fue omisa en destacar, cuáles hechos o datos advirtió de cada una de dichas pruebas en concreto, para tener por demostrado el elemento de que se trata en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometió el delito; es decir, qué fue lo que cada prueba aportó para demostrar el incumplimiento de mérito y si éstas son aptas y suficientes para ello. Ello es así, pues si bien es cierto que la responsable de mérito asentó las circunstancias que al parecer advirtió de los testimonios aludidos, de dichas consideraciones no se advierten el modo, tiempo y lugar de los hechos conocidos por las atestes, relacionados con lo manifestado por la parte ofendida. Al respecto, la autoridad responsable en la nueva resolución señaló: "Se afirma lo anterior, porque el referido tipo penal de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, que se trata, se adicionó al Código Penal para el Estado de Colima, mediante el decreto 441, publicado en el periódico Oficial "El Estado de Colima" el l0 diez de diciembre del 2011 dos mil once, esto es, su creación es posterior en parte de los hechos que se le imputan al aquí incoado AURELIO PADILLA RODRÍGUEZ; toda vez que Ia denuncia de FRANCISCA YESENIA ÁVILA NAVA, se desprende que el incoado de mérito dejó de su obligación de suministrar alimentos a su menor hija cinco años antes de la interposición de la denuncia, esto es, que la denunciante FRANCISCA YESENIA ÁVILA NAVA ha suministrado totalmente los gastos que originan la manutención de la menor, a partir del mes de octubre del año 2010 dos mil diez, (fecha de denuncia 14 de octubre del 2015). Es decir, los hechos, materia de la consignación, comprenden desde el día 14 catorce de octubre del año 2010 dos mil diez, hasta el día 14 de octubre del año 2015 dos mil quince (fecha en que comparece FRANCISCAYESENIA ÁVILA NAVA a denunciar los hechos que originaron la presente). En las relatadas condiciones, este juzgador, al determinar la procedente de la Orden de captura solicitada por la representación social, deberá tener en cuenta el Decreto 441 publicado en el periódico oficial "El Estado de Colima" el 10 diez de diciembre del 2011 dos mil once y hacer la distinción de los hechos materia de conocimiento acorde al tipo penal que en su momento se encontraba vigente (ámbito de validez temporal de la ley penal), y se determinará que parte de esos hechos acreditan los elementos del cuerpo del delito de OMISIÓN DE CUIDADO ( en la hipótesis de incumplimiento de los deberes económicos) ; y otra que justifique conducta ilícita por el ya reformado ilícito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, no debiéndose limitar en caso de ser precedente a decretar la orden de aprehensión, en contra del procesado de mérito, por los ilícitos ya enunciados, el último de ellos que tipifica y reprime el ordinal 167 BIS del Código Penal para el Estado de Colima. [.] Bajo este contexto lo que procede es que también se decrete al imputado AURELIO PADILLA RODRÍGUEZ, por el delito de OMISIÓN DE CUIDADO, previsto y sancionado por el artículo 194 del Código Penal para el Estado de Colima, vigente en la época en que acontecieron tales hechos; esto es, los denunciados como omitivos por parte de la representación legal de la menor desde a partir de día 14 de octubre del año 2010 dos mil diez hasta un día después de la publicación del Decreto 441 publicado en el periódico oficial "El Estado de Colima" el 10 de diciembre del año 2011 dos mi once. Esto en aras de no trasgredir los derechos fundamentales, relativos al debido proceso legal y de la defensa adecuada. En tanto que los hechos que comprenden del 11 once de diciembre de 2011 dos mil once, hasta el día 14 catorce de octubre del año 2015 dos mil quince (fecha de denuncia) son constitutivos del diverso ilícito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLGACIONES DE ASSTENCIA FAMILIAR que tipifica y reprime el artículo 167 Bis, del ordenamiento legal en cita". Por otro lado, en la sentencia de amparo, se advirtió otro vicio de formalidad consistente en: En relación al segundo de los elementos del delito [.] no precisó [.] qué fue lo que advirtió de dicha documental para arribar a la determinación de que la citada Y.L.P.N., es hija de AURELIO PADILLA RODRÍGUEZ, de que ésta es menor de edad, y que por ello, se encuentra obligado a cuidar de la vida y del sano desarrollo de "su hija", conforme al Código Civil para el Estado de Colima, y si la documental en que se apoyó, es apta y suficiente para ello y por qué lo estimó así. Al respecto, la autoridad responsable describió los medios probatorios y procedió a su debida valoración, y señaló: 2.- Para acreditar el grado de parentesco entre el incoado y la menor de edad, obra las copias simples del acta de nacimiento con número de folio 0652 expedida por el Oficial del Registro Civil FRANCISCO ORTEGA RAMOS, Oficial del registro Civil de Coalcomán, Michoacán, a nombre de Ia hoy ofendida YESENIA LIZBETH PADILLA NAVA, con la que se hace constar que efectivamente la ofendida de referencia es menor de edad. Documental a la cual se le da un valor probatorio pleno con fundamento en los articulas 224 en relación al 238 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, al ser un documento público, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 225 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Colima, en virtud de que fue expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, el documento se encuentra escrito en el idioma español, contiene el membrete y el sello de la dependencia a que corresponde, y la firma de quien lo expide, el cual fue ofrecido como medio probatorio dentro de los términos establecidos por el numeral 224 del citado cuerpo de leyes y que adquiere valor probatorio pleno en conformidad a los estipulado en los artículos 234 y 238 del mismo ordenamiento [.]. En esa tesitura, es preciso decir que los anteriores elementos del cuerpo del delito de OMISION DE CUIDADO, de que se trata, se encuentran acreditados en piezas de autos, principalmente con la denuncia de FRANCISCA YESENIA NAVA AVILA representante legal de la menor YESENIA LIZBETH PADILLA NAVA; así como con los testimonios de SILVIA LOURDES HOLLMAN DUARTE y MARIA ELENA AVILA MENDOZA; quienes son coincidentes en señalar que AURELIO PADILLA RODRIGUEZ, ha incumplido totalmente con su obligación de suministrar alimentos a su menor hija, contándoles también que la denunciante vivió en unión libre con su denunciado en el Estado de Michoacán, y a raíz de que ésta se mudó a vivir a esta Ciudad, el imputado ha hecho caso omisión de sus deberes de Alimentista, pues ha dejado totalmente dicha responsabilidad sobre la denunciante quien con la ayuda de su actual pareja, de su familia y con el sueldo que ella percibe, sufraga las necesidades de la menor pero también les consta que esto no es a cabalidad puesto que no Ie alcanza el dinero para cubrir todas sus necesidades básicas, teniendo incluso que recurrir la denunciante a ellas, pidiéndoles prestado para la comida de la menor y para los gastos de su escuela y vestidos; sin que cuenta de manera alguna con el apoyo obligado legal de su denunciado con quien no tiene ningún tipo de contacto; coincidiendo totalmente su dicho con lo vertido por la denunciante. Con lo cual se constata el primer elemento del cuerpo del delito. Ya que también se encuentra acreditada con medio de prueba idóneo (certificación de nacimiento la relación de parentesco que existe entre el procesado de la causa y la menor ofendida (padre e hija), lo que acredita el segundo elemento del cuerpo del delito de misión de cuidado, de que se trata. Es preciso decir, que este delito de OMISION DE CUIDADO se configura respecto de los hechos acontecidos desde el día 14 catorce de octubre del año 2010 dos mil diez (ya que en la denuncia interpuesta por la representante legal el día 14 de octubre del año 2015 dos mil quince, refiere que hace cinco años su denunciado dejó de aportar dinero alguno para su menor hija. Considerando entonces en obviedad aritmética, para este delito del 14 catorce de octubre del 2010 dos mil diez, un día después del 10 diez de diciembre del 2011 dos mil once (fecha de publicación del decreto 441 en el periódico oficial "El Estado de Colima**** Consecuentemente, son elementos constitutivos del cuerpo delito de INCUMPLIMIEN DE LA OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, los siguientes.- Que el agente activo incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho recibirlos conforme al Código Civil. Que carezca de motivo justificado para ello.[.] El primer elemento constriñe a la acreditación del incumplimiento de la obligación de dar alimentos, habiéndose acreditado plenamente con todas y cada una de las constancias que integran la presente indagatoria en particular con la denuncia presentada ante esta autoridad por FRANCISCA YESENIA NAVA ÁVlLA, la Cual originó la integración de la presente, así como con las testimoniales a cargo de los ciudadanos SILVIA LOURDES HOLLMAN DUARTE y MARÍAELENAÁVILA MENDOZA, quienes coinciden en señalar hechos de tiempo, modo y lugar, al manifestar a la autoridad ministerial que tienen conocimiento de que FRANCISCA YESENIANA VAÁVILA y AURELIO PADILLA RODRÍGUEZ, vivieron en unión libre por aproximadamente cinco meses y de dicha relación procrearon su hija la menor YESENIA LIZBETH PADILLA NAVA tal y como se desprende del acta de nacimiento, que ha sido la familia de la denunciante quien la apoyado económicamente para cubrir las necesidades básicas de la menor, ya que AURELIO PADILLA RODRÍGUEZ, siempre ha sido muy desobligado, manifestando que no tiene dinero cuando la ofendida le ha pedido apoyo para pagar la manutención de su menor hija desatendiéndose de sus obligaciones desde cinco años antes de la interposición de la denuncia de hechos, es decir desde el año 2010 dos mil diez (la denunciada del 14 catorce de octubre del año 2015 dos mil quince); año en que la denunciante se mudó a vivir a esta Ciudad de Colima, Colima a casa de su señora madre, ya que según su propio dicho a partir de este momento, pierde todo contacto con el padre de su hija; incluso ésta no tiene desde ese tiempo, ningún tipo ni de comunicación ni de convivencia con su padre, ahora indiciado en ésta causa penal, dejando el imputado en total abandono a la menor, ya que si bien es cierto antes de que se mudaran a este Ciudad el imputado le depositaba la denunciante para el sostenimiento de la menor, a partir de que se vinieron a vivir a esta Entidad; dejó de hacer deposito alguno en favor de la menor agraviada sin mostrar tampoco el inculpado algún interés en convivir con la menor. Lo anterior se desprende del propio dicho de la denunciante ante la autoridad ministerial y de las testimoniales que han sido referidas y transcritas líneas anteriores, a las que se les otorgo valor probatorio semiplena de conformidad con el artículo 242 en relación con los numerales 234, 238 Y demás relativos del código de procedimientos penales para el estado de colima, en razón a su idoneidad con el objeto inmediato de conocimiento, por reunir el presupuesto exigido para la iniciación de la presente, ya que los hechos narrados fueron congruentes, que apreciados en forma plural y en conjunto con las demás probanzas conducen a la convicción plena sobre la existencia de delito y la probable responsabilidad penal del denunciado; sin dejar de lado, que el incriminado en ningún momento, aun y cuando fue requerido incluso mediante Exhorto para que respondiera a la imputaciones que en su contra se realizan, omitió hacer pronunciamiento alguno ni allegó medio de prueba que desmintiera el dicho de la denunciante o de sus testigos, no obstante lo anterior, cabe mencionar que tratándose de éste delito en particular, corresponde al imputado acreditar que no ha dejada de cumplir con su obligación para con su menor hija, sin que esto en alguno momento hasta el día en que se provee, hubiere ocurrido; [.] quedando ya asentado también el grado de parentesco existente entre la menor con el inculpado, esto corroborado con documental publica idónea consistente en acta de nacimiento con 'número de folio 0652 expedida por el Oficial del Registro Civil FRANCISCO ORTEGA RAMOS, Oficial del Registro Civil de Coalcómán, Michoacán, a nombre de la hoy ofendida YESENIA LIZBETH PADILLA NAVA, con la que se hace constar que efectivamente la ofendida de referencia es menor de edad. Documental a la cual se le da un valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 224 en relación al 238 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, al ser un documento público, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 225 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado de Colima, en virtud de que fue expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, el documento se encuentra escrito en el idioma español, contiene el membrete y el sello de la dependencia a que corresponde, y la firma de quien lo expide el cual fue ofrecido como medio probatorio dentro de los términos establecidos por l numeral 224 del citado cuerpo de leyes que adquiere valor probatorio pleno de conformidad a lo estipulado en los artículos 234 y 238 del mismo ordenamiento: [.] Luego entonces, debido al parentesco acreditado con documental idónea, resulta que el inculpado AURELIO PADILLA RODRÍGUEZ, se encuentra obligado a cuidar de la vida y del sano desarrollo de su menor hijo, implicando los gastos que genera su alimentación, vivienda, vestido, educación, servicios médicos y demás que requieran para su sano desarrollo. [.] Obligación a la que ha sido omiso, en lo que ve a este delito de INCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR desde el día 11 once de diciembre del año 2011 dos mil once, un día después del 10 diez de diciembre de 2011 dos mil once fecha de publicación, del decreto 441 en el periódico oficial "El Estado de Colima); hasta a interposición de la denuncia 14 catorce de octubre del año 201S dos mil quince. Ahora bien, como lo establece el Código Civil vigente para el Estado de Colima, en su capítulo de alimentos, dice: 'los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, a falta o por imposibilidad de los padres la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximas en grados. Por tanto, el inculpado AURELIO PADILLA RODRIGUEZ sin justificación alguna está faltando a su obligación de padre. de tal forma que, el bien jurídico protegido por la figura del delito que nos ocupa es la seguridad y la integridad física de la familia [.] Finalmente, en la sentencia de ampro, se detectó un vicio más en la resolución reclamada, respecto a la probable responsabilidad del inculpado: "Por otro lado, en el apartado relativo a la probable responsabilidad del hoy quejoso,**** sin embargo, omitió destacar lo que en esencia advirtió de cada una de ellas; es decir, cuál parte de lo que asentó, advirtió de la denuncia; qué otra del testimonio de Silvia y cuál del diverso de María Elena, pues lo que asentó lo realizó de manera genérica, fusionando las pruebas. Ahora, es verdad que la responsable en el apartado que nos ocupa, a fin de justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de comisión del delito señaló: No obstante lo anterior, ello resulta insuficiente para tener por justificadas las circunstancias de mérito, porque dicha autoridad, se reitera, no precisó cuál fue en concreto, la conducta de "ejecución" que se atribuye al hoy quejoso y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aconteció el incumplimiento que se le atribuye, además, con cuáles de las pruebas del sumario se demostró y qué fue lo que tomó en consideración de cada una para arribar a dicha determinación. Ante lo expuesto, es evidente que la responsable no realizó un análisis exhaustivo de las pruebas, para concluir cuáles de ellas lograron a su juicio determinar acreditada la probable responsabilidad del inculpado en la hipótesis que refirió, lo que hace que el acto reclamado no cumpla con los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación". A lo anterior, la autoridad responsable señaló: "Recalcando que la probable responsabilidad del imputado se actualizó, en virtud de que la averiguación existen datos que hacen probable que AURELIO ADILLA RODRÍGUEZ, es el responsable de las conductas analizadas en el considerando anterior, ya que los elementos de prueba que fueron aportados al presente sumario durante el período de preparación de la acción procesal penal, los cuales por economía procesal no se transcriben pero que se dan por reproducidos como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias, y a las cuales se les otorgó ya va probatorio conforme a los artículos del 233 al 238 en relación eI 278 del código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, por reunir las exigencias establecidas por dichos numerales; asimismo de manera relevante con la denuncia de la REPRESENTANTE LA MENOR FENDIDA, la C. YESENlA LIZETH PADILLA NAVA, en la que puede apreciarse que tal situación podría poner en riesgo la integridad física de la ofendida", acreditándose además el testimonio rendido por los CC. SILVIA LOURDES HOLLMAN DUARTE Y MARIA ELENA AVILA MENDOZA, esencialmente manifiestan que conocen de los hechos en razón de que la C. FRANCISCA YESENIA NAVA AVILA, quien tiene la guardia y custodia de la menor YESENIA LIZBETH PADILLA NAVA, es ella con ayuda d su familia quien cubre los gastos de la menor, que tuvo el apoyo del inculpado solo por dos años después del nacimiento de la menor, pero que desde hace cinco año que no le ha apoyado económicamente con los gastos de manutención de la menor de referencia, y que cuando la denunciante lo llamaba para referirle el apoyo, le decía que no tenía dinero, que después le depositaria, porque no le habían pagado, y que es la Señora ZENAIDA ÁVlLA MENDOZA, madre de la denunciante quien la ayuda con los gastos de calzado, vestido, medicamentos útiles escolares para sus hijo; por lo tanto queda penalmente identificado con los medios de convicción que quedaron expuestos Las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución se desprenden del mismo material probatorio, supuesto que existe en concordancia en cuanto a que los hechos concernientes al delito que origino la presente causa ocurrieron desde el mes de año 2010, esto tomando como referencia el mes de la interposición de la denuncian (octubre de 2015 dos mil que de ésta se desprende según el dicho de la madre de la menor que el probable responsable tiene 05 cinco años que se ha desatendido completamente de su obligación hacia la menor de edad agraviada, sin precisarse hora exacta, pero en la jurisdicción de la ciudad de Colima, Colima". Finalmente, el Juez responsable concluyó su determinación con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO: En cumplimiento de la ejcutoria citada líneas AMPARÓ Y PROTEGIÓ A AURELIO PADILA RODRÍGUEZ, se declaran insubsistentes LAS ORDENES E APREHENSIÓN dictadas por este Juzgado Penal, el día 31 treinta y uno de mayo de 2018 dos mil dieciocho y 21 de Octubre de 2019. SEGUNDO: Se decreta la correspondiente ORDEN DE APREHENSIÓN, en contra de AURELIO PADILLA RODRÍGUEZ, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de OMISIÓN DE CUIDADO previsto y sancionado por el artículo 194 del Código Penal vigente para el Estado de Colima; en lo que corresponde del 14 catorce de octubre del año 2010 dos mil diez, hasta el día 11 once de diciembre del año 2011 dos mil once, es decir, hasta un dia después del 10 diez de diciembre de 2011 dos mil once (fecha de publicación del decreto 441 en el periódico oficial "El Estado de Colima; así como por el delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR desde el dia 11 once de diciembre del año 2011 dos mil once hasta la interposición de la denuncia 14 catorce de octubre del año 2015 dos mil quince; ambos injustos cometidos en agravio de la menor de edad YESENIA LIZBETH PADILLA NAVA representada legamente por su señora madre FRANCISCA YESENIA NAVA ÁVILA". Por otro lado, mediante oficio 2708/2020, la Directora General de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Colima, informo que la orden de aprehensión dictada contra el quejoso Aurelio Padilla Rodríguez girada por el Juez Primero Penal de Colima, en el expediente 212/2017, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, cometido en agravio de la menor F. L. P. N, representada por Francisca Yesenia Nava Avila, quedó sin efecto el doce de diciembre de dos mil diecinueve, dictándose además una nueva en contra del quejoso de referencia. Por su parte, el Director General de Amparos, a nombre del Procurador General de Justicia de Estado, en su denominación correcta Fiscal General del Estado, remitió el oficio FGE/DGJDH/DA/0201/2020, al que anexó el diverso de catorce de octubre de dos mi diecinueve, dirigido al Coordinador General de la Policía de Investigación, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de ampro, solicitó no realizar ningún acto tendente a ejecutar la orden de aprehensión dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho por el Juez Primero Penal de Colima, Colima, en la causa penal 212/2017. Finalmente, la Directora de Mandamientos Judicial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, remitió copia del oficio FGE/CGPI/DMJ/1741/2019 y anexos, dirigido al agente investigador responsable de la sección de aprehensiones de dicha representación social, a efecto de que se abstuviera de realizar cualquier acto relativo a la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, asimismo anexó la consulta de mandamiento judicial a nombre de Yesenia Lizbeth Padilla Nava, de la que se advierte que cuenta con estado de orden cancelada, y fecha de consulta de catorce de diciembre de dos mil diecinueve. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA. El quejoso presentó escrito el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual manifiesta que no se encuentra de acuerdo con el cumplimiento que dio la autoridad responsable a la sentencia de amparo, pues considera que se excedió en su función pública al emitir el mandato de captura también por el delito de omisión de cuidado, porque a su decir, no se presentó denuncia por ese delito, y que no era el momento para hacer una reclasificación del delito, el cual no puede ser posible porque la menor se encontraba bajo la guarda y custodia de su madre y es ella quien tiene los deberes de cuidado. No asiste la razón al quejoso, toda vez que corresponde a la autoridad jurisdiccional la clasificación de los hechos denunciados y no al particular, por ello, basta que en la denuncia se hagan saber los hechos que se consideran constitutivos de delito para que sea la autoridad competente quien haga su debida clasificación, de ahí que resulte innecesario que se haya hecho o no, mención al delito de omisión de cuidado, en la denuncia respectiva, puesto que la clasificación legal de los hechos denunciados corresponde a la autoridad judicial; además, la concesión de amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable emitiera una nueva resolución con plenitud de jurisdicción, pero subsanando los vicios formales de que adolecía la anterior; en el caso que el mandato de captura se libró por los mismos hechos materia de la consignación, por ello, es factible cambiar la clasificación legal de los hechos, por la que técnicamente corresponda, siempre que no exista variación de los mismos. En relación a que no se debe considerar al quejoso responsable de los deberes y cuidados por los que se le atribuye el ilícito de omisión de cuidado, no es posible atender su alegación, toda vez que ello, no es parte de la litis en el presente juicio, en todo caso, constituye materia de estudio del nuevo fallo emitido por la autoridad responsable, puesto que la concesión de amparo se otorgó con plenitud de jurisdicción, siendo para de ello, la nueva clasificación legal que realizó de los hechos denunciados. Apoya lo anterior la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito: "DELITO. CUANDO NO ES VIOLATORIA DE GARANTIAS SU RECLASIFICACION. De acuerdo con diversas ejecutorias sostenidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se violan garantías en perjuicio de los indiciados, cuando se cambia la clasificación del delito sin modificar los hechos delictuosos que se les imputaron desde el ejercicio de la acción penal y respecto de los cuales tuvieron la posibilidad de defensa". Sentado lo anterior, del examen de las documentales aludidas, las que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que el Juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Colima, Colima, cumplió en sus términos con la sentencia de amparo, dado que de las constancias enunciadas se advierte que se dejó insubsistente la orden de aprehensión de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el expediente 212/2017, y emitió una nueva determinación purgando los vicios formales que adolecía y con plenitud de jurisdicción, giró orden de aprehensión contra el quejoso Aurelio Padilla Rodríguez por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de OMISIÓN DE CUIDADO previsto y sancionado por el artículo 194 del Código Penal vigente para el Estado de Colima; en lo que corresponde del 14 catorce de octubre del año 2010 dos mil diez, hasta el día 11 once de diciembre del año 2011 dos mil once, es decir, hasta un dia después del 10 diez de diciembre de 2011 dos mil once (fecha de publicación del decreto 441 en el periódico oficial "El Estado de Colima; así como por el delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR desde el dia 11 once de diciembre del año 2011 dos mil once hasta la interposición de la denuncia 14 catorce de octubre del año 2015 dos mil quince; ambos injustos cometidos en agravio de la menor de edad YESENIA LIZBETH PADILLA NAVA representada legamente por su señora madre FRANCISCA YESENIA NAVA ÁVILA. Por otra parte, las autoridades responsables ejecutoras se abstuvieron de realizar cualquier acto relativo a la orden de aprehensión de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho emitida en contra del quejoso. En consecuencia, procede concluir que, el agravio sufrido por la parte peticionaria del amparo, ha sido reparado, por tanto, la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Atento a lo anterior, se ordena notificar a la parte quejosa y a la tercero interesada, haciéndoles saber que cuentan con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, conforme lo dispone el numeral 196 de la citada legislación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se hace del conocimiento de las partes que en este expediente se han reanudado los términos procesales conforme a la SECNO/1/2021, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
Uruapan, Michoacán, ocho de octubre de dos mil veinte. Glósese a los autos sin necesidad de emitir mayor pronunciamiento el oficio y anexos de cuenta que suscribe la Directora General de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Colima, ello en razón a que en proveído de cinco de octubre de dos mil veinte se recibió el mismo y se acordó en cuanto a su contenido, lo que se asienta para constancia y efectos legales. Notifíquese.
- Principal
Uruapan, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veinte. Intégrense a lo actuado el oficio 2708/2020 y anexos, suscrito por la Directora General de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Colima, atento a su contenido, téngasele dando cumplimiento a lo requerido por este Tribunal en el diverso comunicado 22169 derivado del provisto de cuatro de diciembre pasado (en relación con el diverso 3755 derivado del auto de ocho de septiembre del año en curso), mediante el cual le fue solicitado, la fecha en que recibió dicho comunicado y al efecto refirió que lo tuvo por recibido el día doce de marzo pasado, cabe precisar que dicha solicitud se formuló con la intención de estar en condiciones de requerir a dicha autoridad el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al respecto dicha responsable refiere lo siguiente: No omito informa que la Orden de Aprehensión dictada contra el quejoso AURELIO PADILLA RODRÍGUEZ girada por el Juez Primero Penal de Colima, en el expediente 212/201, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, cometido en agravio de la menor F. L. P. N, representada por FRANCISCA YESENIA NAVA AVILA, misma que le fue informada a usted el día 15 de noviembre del año 2018; dicha orden quedó SIN EFECTO el día 12 de Diciembre del año 2019, dictándose además una nueva en contra del quejoso de referencia, dando cumplimiento a la ejecutoria dictada por usted; se le anexa copia fotostática certificada de oficios. Como lo refiere la responsable en cuestión, y a fin de sustentar su dicho, anexa a su oficio de cuenta las siguientes constancias: Copia certificada del oficio 3916/2019. Copia certificada del oficio sin número, con nombre de asunto "Se comunica orden de aprehensión." Signado por el Juez Primero de lo Penal de colima, colima, fechado el doce de diciembre pasado. Por consiguiente, dése vista a la parte quejosa con las constancias relacionadas, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución fundada y motivada en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. ...Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
Quedan 46 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,363 expedientes
- Auditoria Superior de la Federación y su Titular6/2022
- Aureliano Andrade Martinez610/2016
- Aurelio Martinez Nuñez385/2021
- Aurelio Martínez Nuñez261/2021
- Aurelio Padilla Rodíguez608/2019
- Aurelio Padilla Rodríguez22/2020
- Aurora Pinto Rodríguez52/2023
- Aurora Rodriguez Saavedra99/2021
- Ausencio Aguilar Solórzano401/2023
- Austreberto Torres Maldonado798/2023
- Auxilio Villaseñor Torres325/2016
- Avelino Gutiérrez Velázquez8/2021