Aurora Pino Cipriano

Expediente 757/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
757/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Aurora Pino Cipriano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, la quejosa ********************, manifiesta su inconformidad ante el cumplimiento a la ejecutoria del presente amparo por parte de la autoridad responsable. Atento a lo anterior, dígasele a la parte quejosa que no ha lugar de acordar su inconformidad, en virtud de que el nueve de abril de dos mil veintiuno se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y el catorce de mayo de dicha anualidad, se remitió al archivo el mismo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintitrés. Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, la quejosa Aurora Pino Cipriano, solicita copia certificada de la sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal citado, expídanse las copias certificadas del presente juicio que solicita la promovente, previa comparecencia y firma que de su recibo obre en autos, para su debida constancia legal; hecho lo cual, devuélvase el presente cuaderno al archivo.

  3. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. d) No hay originales que devolver. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará u transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  4. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que el Director Técnico en ausencia del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México, realizó en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: 1. La omisión por parte del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", de atender su petición de resguardo domiciliario de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, no obstante de haber obtenido respuesta favorable por parte del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, para que atendiera su petición la autoridad citada en primer término. 2. El inicio y trámite del procedimiento administrativo de remoción o conclusión del cargo que desempeña, en agravio de la quejosa, así como la posible baja del cargo que desempeña sin otorgarle su garantía de audiencia. 3. La negativa a realizar el pago de su salario y demás prestaciones que corresponden al cargo que desempeña. Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se terminó de engrosar la sentencia correspondiente, en la que por un lado se sobreseyó y por el otro se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ** para los siguientes efectos: Siguiendo los lineamientos de la presente resolución, responda las peticiones elevadas, el trece de julio de dos mil veinte, por la aquí quejosa, y que le fueron returnadas por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, sin que esto implique de deba emitir tal respuesta en sentido alguno, sino únicamente atendiendo la totalidad de los puntos que le fueron planteados de acuerdo con los lineamientos que establezca la norma aplicable al momento de su presentación; y, Notifique dicha respuesta a la ahora quejosa. El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió al Director Técnico en ausencia del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México, remitiera las constancias que demostraran el cumplimiento al fallo protector; por lo que, posteriormente en auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable; comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y para acreditar su dicho remitió diversas constancias atinentes al cumplimiento solicitado. De lo anterior se advierte que el Director Técnico en ausencia del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México, dio cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo. Ahora bien, las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

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