Aurelio Xolo Gazcón y Otros.

Expediente 1117/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1117/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Aurelio Xolo Gazcón y Otros.
  • Aurelio Xolo Gazcón

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio y proveído de cuenta; a través de los cuales, con el oficio de cuenta, el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, acusa recibo del oficio 21596/2023 de este registro, mediante el cual se devolvieron los autos originales del juicio de amparo 537/2023-VII de su índice; y de la determinación de cuenta, se advierte que esa autoridad continuará con el conocimiento del juicio de amparo 537/2023 de su índice, promovido por Juan Manuel Cavazos Lira, José Manuel García Enríquez y Aurelio Xolo Gazcón; circunstancias de las que se toma conocimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, del estado de autos del presente juicio, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 19, fracción I, inciso b) de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, después de cumplidos seis meses de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos), mediante el cual, el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, declina la competencia a este Juzgado de Distrito para conocer del juicio de amparo 537/2023-VII de su índice, promovido por los quejosos Juan Manuel Cavazos Lira, José Manuel García Enríquez y Aurelio Xolo Gazcón, en contra de: "La omisión de pronunciarse, proveer e informar en relación con el recurso de apelación promovido por los quejosos contra el traslado involuntario 25/2023 del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez" En consecuencia, fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid- 19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1117/2023-II. Ahora, visto el comunicado de cuenta, se advierte que las consideraciones que expuso el Juez declinante para sostener su legal incompetencia, fueron los siguientes: "En el caso, del análisis de la demanda de amparo y tomando en consideración lo señalado en el artículo 37 de la ley de la materia, se advierte que este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer del asunto que nos ocupa y se considera que en términos de lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Amparo, le corresponde al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en turno, en que conforme a lo narrado en el escrito de demanda de amparo, se encuentra registrado el expediente donde tienen origen los actos reclamados; lo anterior, con base en las siguientes razones. De acuerdo con la demanda de amparo, los quejosos dicen encontrarse privados de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social Número Cuatro "Noroeste", con residencia en Tepic, Nayarit; y, reclama actos de una autoridad residente en el Estado de México. En efecto, los actos reclamados del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, lo son, sustancialmente la omisión de notificarle el estado procesal que guarda el recurso de apelación, interpuesto contra el traslado involuntario que fueron objeto, lo que, ocasiona dilación, circunstancias, como ya se dijo, relacionadas con la administración de justicia dentro de los plazos de ley. Cierto, de acuerdo con lo plasmado en el escrito inicial de demanda, los quejosos se encuentran privados de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con residencia en El Rincón, municipio de esta ciudad y reclama de una autoridad residente en el Estado de México, la omisión apuntada, relacionada con la omisión de informar el estado procesal que guarda el recurso de apelación, interpuesto contra el traslado involuntario que fueron objeto los quejosos. Esta interpretación, además, es acorde con el principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal y que busca conservar la unidad del proceso. Ahora, con relación a los actos reclamados en la demanda de amparo que tienen la naturaleza jurídica de actos omisivos con efectos positivos, dentro del trámite del proceso que se sigue a los solicitantes del amparo. Lo anterior pues si bien en apariencia son actos netamente de carácter omisivo; lo cierto es que ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad judicial responsable continúe con la abstención que se le impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos procesales y eventualmente sustantivos de los imperantes de amparo, como es el de acceso a la justicia (de manera pronta y expedita); ya que al demorar los tópicos a que aquéllos hicieron referencia, y en su caso, dictar la resolución correspondiente dentro de los plazos de ley, continuarían en incertidumbre jurídica, lo que se traduciría en una vulneración a uno de los derechos fundamentales tutelados por la Constitución Federal, esto es, el derecho a la seguridad jurídica. En suma, retarda la decisión final en el expediente que se les sigue y con ello se trasgrede, como ya se dijo, de manera directa el derecho fundamental de acceso a la justicia y en general, el debido proceso. De modo que, al establecerse que el acto reclamado tiene la naturaleza jurídica de actos omisivos con efectos positivos, esto implica que se reconoce que tales actos conlleven un principio de ejecución, ya de que, de esa manera, se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión que ha sido apuntada. En efecto, se considera que, en la especie, se actualiza la primera regla de competencia, en la hipótesis de que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto se esté ejecutando, porque si bien es verdad que en el presente asunto se reclama la omisión o inactividad procesal, también es cierto que ese "no hacer" por parte de la responsable Juez (a) de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, provoca que continúe ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de los quejosos, como lo es, el de acceso a la justicia (de manera pronta y expedita) y, por consiguiente, el derecho a la seguridad jurídica y debido proceso; ya que al dilatarse la sustanciación del procedimiento dentro de los plazos de ley, y en su caso, el dictado de la resolución, se traduce en una vulneración de dichos derechos fundamentales tutelados por la Constitución Federal; en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan. Además, de concederse el amparo, los efectos serían para que se actuara en el expediente, que se radica ante la autoridad residente en el Estado de México. Por tanto, tomando en consideración lo expuesto con anterioridad, se reitera que es legalmente competente para conocer del asunto, el juez de distrito en cuya jurisdicción reside la autoridad que conoce del expediente respectivo (en el Estado de México). No representa obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que los quejosos se encuentren recluidos, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste". con sede en El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, pues tal situación no finca competencia, porque la sola mención del domicilio no es suficiente para justificarla, sino más bien, de acuerdo a las reglas que se establecen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se sigue la preminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues de esa manera éste tiene mayor facilidad para recabar las pruebas con mayor eficacia; además, ateniendo a la naturaleza de los actos reclamados, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión; por tanto, la jurisdicción rectora no reside en el lugar de reclusión, sino ante la autoridad responsable que ha omitido una obligación de hacer lo que las leyes procesales le imponen, lo que tiene por objeto la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [.]". Al respecto, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por el Juzgado Tercero de Distrito en Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, por los motivos siguientes: En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que para conocer de la demanda de garantías será competente el Juez de Distrito: i. Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. ii. El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material. iii. Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. De las reglas competenciales en cita, se aprecia la exigencia que los actos reclamados tengan ejecución material, a diferencia de los que no la requieren. De lo que se sigue que las normas de competencia reguladas en el precepto invocado establecen una serie de supuestos de competencia aplicables de forma sucesiva y excluyentes entre sí. Si bien la autoridad que dicta u ordena los actos reclamados llega a desempeñar un papel fundamental en la afectación de los derechos fundamentales de un quejoso, el creador de la norma le da preeminencia a la ejecución del acto para distinguir qué juez de distrito debe conocer de un juicio de amparo, lo que tiene un sustento racional derivado del sistema nacional de división territorial, bajo el cual, se establecen los límites competenciales para que los juzgadores ejerzan su jurisdicción y que maximiza el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, pues facilita al demandante de tal servicio el acudir ante el órgano bajo cuya jurisdicción deban tener ejecución, traten de ejecutarse, se estén ejecutando, o se hayan ejecutado los actos reclamados; y, que por su cercanía, está en aptitud de actuar con mayor eficacia para resolver los asuntos que se sometan a su consideración, así, el quejoso tiene mayores posibilidades de defensa, pues cuenta con más facilidad para aportar las pruebas que estime pertinentes, promover en el juicio e interponer los recursos procedentes. En ese sentido, los actos que requieran de ejecución material en un solo lugar, otorgarán competencia para resolver el juicio de amparo al juez de Distrito que ejerza jurisdicción en ese sitio. Los actos que requieran de ejecución material en más de un lugar, generarán la competencia para resolver el juicio de amparo al juez de Distrito que ejerza jurisdicción en cualquiera de esos lugares, por lo que corresponderá resolver el asunto quien hubiere prevenido en su conocimiento. Finalmente, los actos que no requieran de ejecución material producirán la competencia relativa al juez de Distrito ante quien se hubiere promovido la demanda de amparo. La "ejecución material", como criterio de preeminencia para fincar competencia al juez de amparo, debe entenderse que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que produzcan un cambio material, ya sea por sí mismo o que sus efectos conlleven a esa situación; esto es, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado en sentido de que establezca una orden, mandato, cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que en lo determinante comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado la omisión de la responsable (Juez de Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez), de pronunciarse, proveer e informar en relación con el recurso de apelación promovido por los quejosos contra el traslado involuntario 25/2023 de su índice. De lo que se obtiene que, aun cuando, a decir de los solicitantes, promovieron recurso de apelación contra la determinación en cita, no se les ha informado lo que se acordó al respecto. De lo que se desprende, que lo reclamado no trae aparejada una ejecución material, pues constituye un acto negativo carente de ejecución; esto es así, ya que se trata de un acto meramente omisivo, que no tiene un efecto distinto de la inhibición de la autoridad jurisdiccional a actuar. En ese tenor, la regla establecida en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo que dispone que cuando el acto reclamado no requiera ejecución, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo anterior es así, ya que, únicamente, los actos negativos con efectos positivos, o los de carácter meramente positivo, producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existente; en cambio, los negativos simples o meramente declarativos no alteran el estado actual de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica particular. Así, lo que en realidad reclaman los justiciables es que no se atendió su recurso, por lo mismo, no se ha admitido el mismo. Lo que pone de relieve que se trata de un acto meramente omisivo por parte de las autoridades responsables, que no amerita, como se dijo, una ejecución material. Ahora bien, del oficio de cuenta, se advierte que el Homólogo Federal declinó la competencia del presente asunto, en atención a que aduce que el expediente del que deriva el acto reclamado, tiene su origen en esta circunscripción territorial, aunado a que si bien el acto reclamado es de carácter omisivo, lo cierto es que ese "no hacer" tiene efectos positivos, pues mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos procesales y eventualmente sustantivos de los impetrantes de amparo como lo es el acceso a la justicia (de manera pronta y expedita) y continuarían en incertidumbre jurídica, lo que se traduce en una vulneración al derecho de la seguridad jurídica, circunstancia que no comparte este juzgador por lo anteriormente señalado. Sobre todo, porque los argumentos expuestos en esta determinación se sustentan en la resolución emitida el catorce de abril de dos mil veintitrés por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en el conflicto competencial 7/2023 de su índice, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, derivado de una controversia similar. Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, toda vez que, como ya se precisó, el artículo 37 de la Ley de Amparo, refiere que deberá conocer el Juez del lugar en que se presentó la demanda de amparo, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material; por tanto, se advierte que la parte quejosa acudió ante los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia Tepic, en turno, a promover la presente demanda de amparo, ya que en el caso en particular, los actos que reclama, son actos declarativos, es decir, no implica la realización de una obligación de hacer o dar, sin que pueda afirmarse que conlleva un principio de ejecución material; por tanto, la competencia para conocer del presente sumario constitucional corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se presentó la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXV, página 606, Quinta Época, Materia Común, de rubro y texto: "ACTOS DECLARATIVOS. Por actos declarativos debe entenderse aquellos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero que no implica modificación alguna de derechos o de situaciones existentes". Así como la diversa jurisprudencia 1ª./J.17/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". Y la diversa tesis II.2.P.11 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, página 1460, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO QUE CARECE DE EJECUCIÓN MATERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE HAYA PRESENTADO LA DEMANDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada establece que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, lo será aquel que tenga jurisdicción en donde resida la autoridad que dictó la resolución reclamada. Por su parte, el artículo 37 de la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece prevé que, en esos casos, el competente es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por lo que de una interpretación histórica de esta última disposición, se hace evidente la intención del legislador ordinario de modificar esa regla de competencia y, por ende, debe interpretarse literalmente, ya que el órgano legislativo sólo consideró como parámetro objetivo para fincar la competencia de los Jueces de Distrito, la naturaleza ejecutiva del acto impugnado, pues en estos supuestos el competente es aquel donde el acto debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; pero en caso de que el acto carezca de esa característica, el competente es el Juez de la jurisdicción ante quien se haya presentado la demanda. De suerte que es manifiesta la intención del legislador de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia, al permitir que éstos opten por el tribunal al que les resulta más sencillo acudir, conclusión a la que se llega, haciendo un análisis comparativo del mencionado artículo 36 de la ley abrogada y las dos iniciativas de proyecto para la expedición de la nueva ley. Sin que se soslaye, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en el juicio de amparo, en virtud de que las interpretaciones realizadas fueron en relación con disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y, por tanto, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el citado medio de difusión el dos de abril de dos mil trece, al contraponerse a lo regulado por la legislación vigente, aquél es inaplicable". En las relatadas condiciones, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, no acepta la competencia planteada por el Juzgado Tercero de Distrito en Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para conocer del presente asunto. Por tanto, devuélvase el expediente al Juzgado oficiante, solicitándole de manera atenta y respetuosa el acuse de recibo correspondiente; asimismo, se sirva informar si insistió en declinar competencia y el trámite dado a la misma. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente; y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Cúmplase

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