Aurora Martínez Rodríguez
Expediente 877/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 877/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 12/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Aurora Martínez Rodríguez
- Aurora Martínez Rodríguez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término para que se interpusiera recurso de revisión en contra del auto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. toda vez que se concedió la suspensión de plano en el presente asunto, este expediente es susceptible de depuración, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Dese vista a la parte quejosa para que, si a su interés conviene, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca por sí o por conducto de sus autorizados a recoger las documentales que aportó el juicio en que se actúa, apercibida que de no hacerlo, seguirá la suerte del presente expediente y se procederá a su destrucción conforme a lo establecido en el precitado acuerdo; deberá generar el código QR correspondiente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a fin de comparecer a recoger dicha documental.-
- Principal
Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, devuelve diligenciado el exhorto 494/2021-II, con número de orden 1927 de este índice. Dese de baja dicha comunicación del libro de gobierno respectivo. En atención al contenido de las constancias de la comunicación antes referida, téngase notificada a la Directora Contenciosa, en representación de la Secretaría de Salud, Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y Titular de la Dirección de Epidemiología, residentes en la Ciudad de México del auto de veintiocho de octubre del año en curso, lo anterior, para los efectos legales conducentes. Ahora, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que feneció el término de tres días concedido a la Directora Contenciosa, en representación de la Secretaría de Salud, Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y Titular de la Dirección de Epidemiología, residentes en la Ciudad de México, en auto de veintiocho de octubre del año en curso, a fin de que exhibiera nueve copias de su oficios de agravios, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tiene no interpuesto el medio de impugnación que las autoridades de referencia hicieron valer contra el auto de dieciocho de octubre de este año, de conformidad con lo que establece el artículo 100, último párrafo, de la Ley de Amparo.
- Principal
agréguese para que obre como corresponda el oficio del Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato, en su carácter de Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de ocho de diciembre del actual, informa que el menor quejoso de iniciales E.H.M., completó el esquema de vacunación contra el virus SARS-COV-2, pues ya recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Ahora, con base en la manifestación de la autoridad responsable y la documental anexa al oficio que se provee, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que al menor de iniciales E.H.M., ya le fue suministrada la primera y segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2; por tanto, se concluye que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional. El artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Los efectos del acto reclamado cesan cuando éstos se suspenden o acaban. En otras palabras, cuando la autoridad lo revoca o deroga. Para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En el caso, la parte quejosa reclamó la omisión de las autoridades responsables de vacunar al menor de iniciales E.H.M., contra el virus SARS-CoV-2 y solicitó el amparo y protección de la justicia federal para que le fuera aplicado el biológico preventivo correspondiente. No obstante, en lo informado por la responsable, se aprecia que el nueve y treinta de noviembre del año en curso, el menor de iniciales E.H.M., fue inoculado con la primera y segunda dosis del biológico del laboratorio Pfizer-BioNTech, completándose el esquema de vacunación a que alude la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-Cov-2, para la Prevención de la Covid-19 en México. Por tanto, la conducta omisiva de las autoridades responsables desapareció de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo. Conviene precisar que la desaparición de la conducta omisiva antes de la presentación de la demanda de amparo, implica la inexistencia del acto de autoridad y actualiza la causa de sobreseimiento que prevé el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando la omisión desaparece con posterioridad a la presentación de la demanda, cesan los efectos del acto negativo y con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El caso que nos ocupa, se ubica en la segunda hipótesis, pues se observa que la omisión dejó de existir con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda y, en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia conocida como cesación de efectos. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De acuerdo con lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". [Énfasis añadido]. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Director Interino del Hospital Militar Regional del Irapuato, en su carácter de Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, informó que señaló las nueve horas del treinta de noviembre de dos mil veintiuno para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-Cov-2 al menor quejoso de iniciales E.H.M., sin que al momento haya remitido constancia alguna de la que se desprenda el cumplimiento de lo anterior.-En esa medida, a efecto de verificar el cumplimiento de la suspensión decretada en autos, requiérase al Director del Hospital Militar Regional del Irapuato, en su carácter de Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita las constancias que acrediten la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-Cov-2 a E.H.M..-Se apercibe a la autoridad requerida de que en caso de no cumplir con lo aquí ordenado, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización y se dará vista al agente del Ministerio Público por el delito en que pudieran incurrir por desacato a una orden dictada en materia de amparo.
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