Aurelio Murguía Gallegos
Expediente 929/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Aurelio Murguía Gallegos
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que al efecto señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de once de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Aurelio Murguía Gallegos. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asnto concluido. Conforme al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Aurelio Murguía Gallegos contra actos del Juzgado Segundo Menor Civil de Irapuato, Guanajuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 929/2022-IV. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Analizada la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de diez de junio del año en curso, que el Juez Segundo Menor Civil de Irapuato, Guanajuato, emitió en el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada, aquí quejosa, contra el auto de diez de mayo de dos mil veintidós, en el juicio ejecutivo mercantil 136/2022 de su índice; en que confirmó dejar sin efectos la citación para la sentencia definitiva . Por lo que, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, es decir, no es de imposible reparación. Los artículos antes invocados, establecen textualmente lo siguiente: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." La resolución de que se trata no es susceptible de ser analizada en la vía de amparo indirecto por afectar únicamente derechos de naturaleza formal o adjetiva, pues su afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio ejecutivo mercantil, pues en todo caso, los únicos bienes jurídicos que esa determinación podría llegar a lesionar son de fuente exclusivamente adjetiva. Por tanto, el acto reclamado no es de los que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en razón de que solamente produce efectos de naturaleza adjetiva o procesal, mas no afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos de la quejosa. Lo anterior es así, ya que no obstante que el sentido de la resolución reclamada es dejar sin efectos la citación de la sentencia definitiva porque se encontraba pendiente de rendir un dictamen pericial, a cuyo perito le había sido conferida prórroga para presentar el referido dictamen, ello solamente puede afectar derechos de naturaleza procesal de la parte quejosa, que pueden ser subsanados durante la secuela procesal del juicio. En efecto, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tomar en cuenta que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello, que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito en turno correspondiente, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo que le sea adverso. En consecuencia, no es procedente la vía de amparo indirecto contra la resolución que reclama el promovente, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que, en todo caso, sólo implicaría la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, que podrían ser reparados de obtener sentencia favorable. En este orden de ideas, se concluye que la acción de amparo es improcedente, con base en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo que se trata. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Guillermo Prieto, número 257, interior 204, zona centro de Irapuato, Guanajuato.
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