Aurelio Lopez Nolasco
Expediente 152/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 152/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Aurelio Lopez Nolasco
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. De conformidad con lo establecido en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021 emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que la Comisión Especial adoptó como medida, entre otras, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, por lo que se suspendieron los plazos y términos procesales durante el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, con excepción de aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia, los tramitados como juicio en línea y los casos urgentes señalados. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional del procedimiento de ejecución de sentencia. Asimismo, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene presente el contenido del "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19" vigente, de conformidad con el diverso Acuerdo General 1/2021, en que se ordenó el levantamiento de manera escalonada de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas, entre otros, por el referido Acuerdo General 13/2020. Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, así como a la Circular SECNO/15/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal es que en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio en la etapa de ejecución. Por recibido el oficio registrado con el número 15873, signado por el Subprocurador de Recursos Administrativos y Autorizaciones de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, por el que remite diversas constancias con las que informa que se ha dado cumplimiento al fallo protector. También, se agregan los diversos escritos registrados con los números 16017 y 2420, suscritos por el quejoso y por el autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio de los cuales realizan diversas manifestaciones respecto de las constancias con las que la autoridad responsable dice haber acatado el fallo protector, con las cuales se le dio vista en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede realizar el siguiente pronunciamiento: SENTENCIA DE AMPARO El cinco de octubre dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva en los presentes autos, donde se concedió el amparo y la protección de la justicia federal para el siguiente efecto: "(.) para el efecto de que el Subprocurador de Recursos Administrativos y Autorizaciones de la Ciudad de México, dé respuesta congruente al escrito presentado por el quejoso, así como para que la respuesta a esas peticiones, les sean notificadas." En proveído de seis de noviembre de dos mil veinte, se declaró que la sentencia de referencia había causado ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO Sobre estas bases, la protección constitucional implica que la autoridad responsable Subprocurador de Recursos Administrativos y Autorizaciones de la Ciudad de México, dé respuesta congruente al escrito presentado por el quejoso el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, así como para que la respuesta a esa petición, le sea notificada. Al respecto, a través de dicho escrito el quejoso solicitó la declaratoria de caducidad de los créditos fiscales respecto de los bimestres primero del dos mil siete al cuarto de dos mil catorce, relacionados con la cuenta predial ****, relativa al domicilio ubicado en ****. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO Mediante oficio ****, el Subprocurador de Recursos Administrativos y Autorizaciones de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, remitió copia certificada de la resolución de prescripción o caducidad, contenida en el oficio ****, de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, emitida por dicho Subprocurador De la lectura de dicha determinación se advierte que el Subprocurador de Recursos Administrativos y Autorizaciones resolvió la solicitud planteada respeto de la cuenta predial ****, en los siguientes términos 1. Bimestres otorgados por caducidad del cuarto al sexto de dos mil nueve y del sexto de dos mil doce al cuarto de dos mil catorce. 2. Consideró improcedente la solicitud planteada respecto de los bimestres primero de dos mil siete al tercero de dos mil ocho y primero a tercero de dos mil nueve, por la inexistencia de documento en donde conste la determinación de crédito fiscal respecto de la cuenta y bimestres correspondientes para computar el término de prescripción, así como no haber transcurrido el término establecido para actualizar la caducidad; 3. Concedió la prescripción respecto de los bimestres cuarto a sexto de dos mil ocho y del primero de dos mil diez al quinto de dos mil doce, al advertir la existencia de la determinación de crédito fiscal contenida en el oficio ****, de tres de abril de dos mil catorce. Con copia de las citadas constancias se dio vista al quejoso, a efecto de que realizara manifestaciones respecto del cumplimiento al fallo protector. CONCLUSIÓN De lo anterior se observa que, la autoridad responsable acreditó el cumplimiento de la sentencia de amparo con las constancias remitidas, pues emitió respuesta debidamente fundada y motivada a la solicitud de prescripción y caducidad realizada por el quejoso respecto de la cuenta predial ****, la cual fue notificada por este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/99, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 122 que señala: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones del quejoso en el sentido de que a autoridad fue omisa en decretar la caducidad de la totalidad de los créditos fiscales en relación con los bimestres señalados, más los que se sigan actualizando, por haber prescrito de pleno derecho, pues si bien la autoridad se encontraba obligada a dar respuesta a la solicitud planteada, dicha respuesta no tenía que ser en sentido positivo con su pretensión, ni podía abarcar cuestiones diversas a las solicitadas inicialmente. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Ciudad de México, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por ******, por propio derecho, contra los actos que reclama del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16, 123, fracción XII y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 152/2021-I, y fórmense los expedientes que refiere el artículo 3° de la ley de la materia. INCOMPETENCIA Previo a acordar lo que en derecho proceda, conviene establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la litis planteada en la demanda, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Sobre esa base, la legislación establece las reglas de competencia siguientes: a) Competencia por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); b) Competencia por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); c) Competencia por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada -amparo indirecto y directo-); d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Sustenta lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." COMPETENCIA POR MATERIA En el caso, este Juzgado de Distrito considera que carece de competencia legal para conocer del asunto por razón de la materia, la cual es regulada por los artículos 48, 49, 52 y 55 de La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", que regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los siguientes términos: "Artículo 48. Los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo. Artículo 49. Cuando se establezcan en un mismo lugar varios juzgados de distrito que no tengan competencia especial o que deban conocer de la misma materia, tendrán una o varias oficinas de correspondencia común, las cuales recibirán las promociones, las registrarán por orden numérico riguroso y las turnarán inmediatamente al órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Los preceptos transcritos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regulan la competencia por materia de los Jueces de Distrito, en la parte que aquí atañe, del siguiente modo: Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Jueces de Distrito en Materia Laboral. Asimismo, dispone que los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial, conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del capítulo transcrito. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las normas generales que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Al respecto, la materia laboral se sustenta en el texto del artículo 123 de la Constitución Federal que contiene una serie de derechos a favor de la clase trabajadora, de tal suerte que toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los referidos derechos o a la consecución de esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución y por la ley reglamentaria correspondiente. En el caso, de una lectura integral de la demanda y atendiendo a la causa de pedir, este Juzgador observa que la parte quejosa reclama de manera destacada el oficio de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, emitido por la Subdirectora de Administración y Desarrollo de Personal del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", a través del cual, se le comunicó la rescisión de la relación de trabajo que lo unía con el referido Instituto. Como antecedentes de los actos reclamados, la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguientes: Que ha sido trabajador de base del Instituto Nacional de Cardiología, en términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado "B" del artículo 123 Constitucional. Desde el uno de julio de dos mil nueve, fue electo para el desempeño de actividades como Secretario General para la Defensa y Representación de sus Derechos Sindicales. Que a través del oficio número DGRHO/2418/2020 de cinco de junio de dos mil veinte, le fue concedida comisión sindical para el desempeño de actividades sindicales, vigente del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Que el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, fue notificado del oficio por virtud del cual, el Subdirector de Finanzas y Responsable de la Dirección de Administración y la Subdirectora de Administración y Desarrollo de Personal, ambos del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", determinaron rescindir su relación laboral con el Instituto Nacional de Cardiología. Asimismo, de la revisión realizada al escrito de demanda, se advierte que el promovente de amparo, pretende controvertir de manera destacada los fundamentos y motivos que sirvieron de base para rescindir la relación laboral que mantenía con el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", el cual es un acto de naturaleza estrictamente laboral que involucra cuestiones relacionados con derechos sustantivos de naturaleza laboral. Se dice lo anterior, ya que para poder estar en posibilidad de analizar -de ser procedente el juicio-, si dichos actos afectan o no sus derechos fundamentales como trabajador sindicalizado del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", será necesario analizar las normas constitucionales y secundarias en materia laboral que alega violadas -i.e. artículo 123 constitucional, así como el contrato de trabajo al que él esté sujeto-; normas respecto de las cuales este Juzgador carece de competencia material para conocer. De manera que si en esta instancia constitucional se reclaman cuestiones atinentes a la relación laboral del quejoso con el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", entonces es claro que la competencia material del asunto es de carácter laboral. Por lo expuesto, este Juzgador determina que debe conocer del presente asunto un Juez de Distrito especializado en la materia laboral y, con fundamento en el artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Federal, declara carecer de competencia legal por materia para conocer de la demanda de amparo, con independencia de que el juicio de amparo sea o no procedente, por lo que se ordena remitir el original del presente cuaderno de amparo, con las respectivas copias de la demanda y escritos aclaratorios al JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, a quien se estima competente para conocer de ésta, por los motivos apuntados con anterioridad, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, y si en su caso, acepta o no la competencia planteada. Con copia de todo lo actuado, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. SUSPENSIÓN En otro aspecto, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo, cuando se presenta una demanda de amparo ante un juez de distrito y éste considere carecer de competencia, la remitirá de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Al respecto, dado que los actos reclamados no versan sobre dicho tipo de violaciones y que la parte quejosa si bien, solicitó la suspensión del acto reclamado, sin embargo, la misma no es de las antes precisadas de carácter urgentes, en consecuencia, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno sobre dicho tópico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir el que expone y; como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala para tales efectos y que tengan debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a las personas autorizadas en términos de la última parte del referido numeral. HÁBILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a que practiquen las diligencias que se requieran en el presente asunto en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Por último, no ha lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente en atención a la jurisprudencia cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Notifíquese.
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